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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-10-2017

Juicio a los Magistrados en Crdoba
Otero lvarez era un burcrata eficiente que ejerca y defina el curso de las acciones

Katy Garca
Rebelin


Los representantes del Ministerio Pblico Fiscal, Carlos Gonella y Facundo Trotta, expusieron ante el Tribunal, hace una semana, los argumentos probatorios que dan cuenta de la complicidad de un grupo de magistrados durante el terrorismo de estado.

Le pidieron al Tribunal que no aplique el criterio utilizado por la Cmara Federal de Tucumn que dej afuera por falta de mrito al ex secretario penal Luis Alberto Lpez. Aplicarlo para el fiscal Gonella sera generar lagunas de impunidad insoportables. Este dato cobra importancia habida cuenta que el presidente de este tribunal, Julin Falcucci, vot en ese sentido cuando integr la Cmara de alzada. Carlos Otero lvarez ex secretario penal se defini como un fedatario. Esta semana alegan los defensores particulares de los imputados.

El fiscal general Carlos Gonella acus por un total de 118 vctimas. Present ante el Tribunal los hechos que involucran a los imputados Carlos Otero lvarez (71), ex secretario del Juzgado federal n 1, en 92 hechos, y al ex defensor oficial Ricardo Haro (83). El fiscal auxiliar Facundo Trotta lo hizo por 14, que comprometen al ex fiscal Antonio Cornejo (82) y al ex juez Miguel ngel Puga (74). Las penas solicitadas van de 2 a 7 aos de prisin. Para Haro, en funcin de la edad y del tiempo transcurrido, 2 aos. Puga y Cornejo 5, y Otero lvarez, 7. En todos los casos con inhabilitacin especial por el doble de tiempo de la condena.

En esta causa qued acreditado que no se realizaron diligencias para investigar crmenes de lesa humanidad, afirm Trotta. En tanto que Gonella subray que Los criminales seguan torturando y matando porque saban que la Justicia no hara absolutamente nada. Por eso asesinaron a 30 presos polticos. Ambos actuaron en otros juicios de lesa humanidad como la Megacausa La Perla y la causa Videla (UP1), respectivamente.

Tras analizar la prueba los fiscales le manifestaron al Tribunal una disidencia en relacin al fallo de la Cmara Federal de Tucumn que revoc el procesamiento del ex secretario penal Luis Eduardo Lpez acusado por crmenes de lesa humanidad ocurridos en 1975.

El planteo est dirigido al presidente Julin Falcucci cuyo voto fue acorde a esa resolucin. Quiero someter a discusin los argumentos jurdicos (de la Cmara de Tucumn) porque disentimos, dijo Gonella. Y agreg que No se trata de auditar la conducta del juez. Decimos que se trata de una decisin autnoma de denunciar cosa que el imputado no hizo y que surge claramente de la ley. En este caso, dijo, la acusacin se enmarca en el contexto de un plan sistemtico de persecucin poltica. Hay hechos elocuentes y graves que el secretario penal certific junto al juez Zamboni Ledesma, afirm. Ms adelante Trotta record que en Crdoba la Cmara Federal cre otro precedente bien diferente a la tucumana. La obligacin de denunciar subsiste, dijo tras leer varios pasajes del fallo.

Ley de Fugas

En 1975, por aplicacin de la ley 20840 -promulgada por el Congreso el 30 de septiembre de 1974 y que establece penalidades  para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones las fuerzas de seguridad detenan ilegalmente a numerosos militantes populares provenientes de diversas vertientes polticas.

Un grupo de 30 presas y presos polticos, que permaneca alojado en la Unidad Penitencia N1 (UP1), a disposicin de la Justicia Federal, fue ejecutado por aplicacin de la Ley de Fugas entre abril y octubre de 1976. El modus operandi estaba bien aceitado. Los presos, amordazados, encapuchados y atados, eran retirados de la prisin por personal militar. A las pocas horas, o al otro da, los diarios informaban que un grupo de delincuentes subversivos fueron abatidos en un enfrentamiento o bien por aplicacin de la ley de fugas.

En 2010, durante el juicio que sent en el banquillo de los acusados a los jerarcas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamn Menndez, junto a un grupo de militares y policas, los ejecutores fueron juzgados y condenados por los delitos de secuestros, allanamientos, tormentos y asesinatos. Ahora bien.

Por qu el poder judicial no fue indagado en aqul momento? Era lo justo. Pero la causa fue desglosada. La Sagrada Familia como se denomina a la justicia federal por sus relaciones endogmicas protegi a sus pares va dilaciones y apartamientos. El juzgamiento de la pata civil de la dictadura no ha sido fcil porque las corporaciones opusieron frreas resistencias. Haber llegado a esta instancia despus de 41 aos de lucha es gracias a las convicciones de un grupo de querellantes como Luis Miguel Baronetto, Raquel Altamira, Elba Ins Pucheta, Juan Miguel Ceballos y tambin Diego Bauducco y Virginia Arquiola, que se sumaron al clamor por justicia. Pero no alcanz para que sean juzgados como partcipes necesarios. Estn imputados por abuso de autoridad, violacin de los deberes de funcionario pblico, incumplimiento de la obligacin de perseguir delincuentes y encubrimiento.

Trotta record el contexto de poca donde actuaban los Comandos Libertadores de Amrica al mando de Hctor Pedro Vergez (a) Vargas que se jactaba de secuestrar militantes polticos, estudiantiles, sindicales y a otros que no militaban y la Polica de Crdoba torturaba y detena clandestinamente antes del Golpe. Eran secuestrados y torturados antes de ser blanqueada la detencin como pas con Luis Miguel Baronetto, Marta Juana Gonzlez, Eva Zamora y Luis Pihn, ejemplific.

Adaptados y orgnicos

Gonella tom la expresin del testigo Luis Angulo ex abogado defensor de presos polticos y actual ministro de Justicia y Derechos Humanos-, cuando sintetiz que la actuacin de la justicia fue un simulacro. Creo que se qued corto, manifest. Fue una parodia de lo grotesco. La consumacin del blanqueamiento de los crmenes contra la humanidad que se cometan en el Departamento de Informaciones (D2) y que la justicia convalidaba. Despus de 41 aos, dijo, este Tribunal tiene la posibilidad de reparar el dao.

Analiz que el Terrorismo de Estado es un fenmeno complejo donde las fuerzas de seguridad aplicaban sistemticamente mtodos represivos ilegales. Destac que antes del Golpe de estado del 24 de Marzo de 1976, la Constitucin Nacional tena plena vigencia y que los funcionarios acusados se alinearon convalidando los crmenes contra perseguidos polticos.

As como en 2010, durante el juicio Videla, denunci al cardenal Ral Francisco Primatesta como cmplice de la dictadura en Crdoba, subray el rol de la justicia federal en todo el pas. Por caso, record el reciente fallo en Mendoza donde fueron condenados a prisin perpetua por delitos de lesa humanidad los ex jueces federales, Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren

En este proceso, dijo, que la prueba documental es fundamental. Porque en los expedientes quedaron los rastros burocrticos de los funcionarios actuantes a travs de firmas, certificados, hbeas corpus. En este punto cit un estudio antropolgico cuyo anlisis da cuenta del perfil de los jueces de aqul tiempo. Estn los orgnicos, que juraron por los estatutos y que actuaban en consecuencia. Colaborando y encubriendo los crmenes ms graves; los independientes, que tenan la dignidad de aprovechar los intersticios para salvar vidas, como el camarista Daniel Pablo Carrera, que luego renunci. Y por ltimo, los adaptados. Los que subsisten en cualquier rgimen, sea dictadura o democracia. Son funcionales al poder. Creo que ac tenemos adaptados y orgnicos.

Para los fiscales el terrorismo de estado cont con la connivencia de la mayora de los magistrados y en esta causa qued acreditado que no se realizaron diligencias para investigar crmenes de lesa humanidad.  Consideran que si los funcionarios hubieran cumplido con su deber se hubiera determinado cmo fueron los hechos.

Ms que fedatario

El fiscal Gonella neg que  Otero lvarez haya sido un mero fedatario. Est acusado en 92 hechos por no haber denunciado allanamientos, tormentos y homicidios relevados como enfrentamientos o intentos de fuga. Explic que durante la instruccin el imputado ejerci su derecho de defensa. Lo hizo en forma fctica y jurdica cuando fue acusado por complicidad. Fenomenolgicamente la conducta no era de omisiones de deberes funcionales; estoy convencido de que eran partcipes, expres.

Anticipndose a la prxima etapa manifest que La defensa querr exculparlo mostrando la foto de un burcrata alejado de Montoya y Giraudo - empleados del juzgado- con un rol de simple fedatario, devaluado, desfasado por empleados, sin poder de decisin. Para eso se vale de Lpez Pea -el ltimo testigo y ex empelado convocado a declarar- y de los oficios y testimonios de otros testigos como Luis Rubio. Seores jueces: la fiscala, va a demostrar que tena un rol activo, que las causas hablan por s mismas, anunci y pas a desarrollar.

Explic que Rubio, actual vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), logr como abogado defensor la libertad del abogado Miguel Garca en tiempo rcord. Esto demuestra que cuando Otero lvarez mova un dedo poda impedir una muerte, afirm. Y aadi que claramente lo hizo por la relacin de amistad que mantenan. Fue convocado, solo para que diga eso, consider. Aunque valor que haya reconocido que era pblico y notorio que el D2 actuaba en la clandestinidad.

En esa direccin apunt a una nota secreta y reservada de Menndez, fechada el 21 de noviembre de 1975, enviada al subprefecto Hctor Claudio Gastaldi, Director General del Servicio Penitenciario Provincial. En ese documento constan qu dimensiones deben ser relevadas. Establecimiento, cantidad de presos, nmina de delincuentes subversivos, nombre y apellido completo, documento, infraccin, organizacin subversiva, Juzgado y secretara correspondiente donde estuviera la causa. Tales datos eran compartidos durante las reuniones de la llamada Comunidad informativa.

El comandante manifest su preocupacin por ms de 126 presos polticos a disposicin de la justicia federal y orden que en caso de ser liberados se informe de inmediato para que sean puestos a disposicin del PEN. El nico caso en que no se cumpli fue con Garca, grafic.

En ese orden asegur que est acreditado que era un burcrata eficiente que ejerca y defina el curso de las acciones. Numerosos testigos denunciaron que se haca presente en las crceles junto al Juez y les tomaba declaracin en presencia de personal militar armado. Los abogados que declararon dijeron que l los atenda y que recibi hbeas corpus.

Para el fiscal est acreditado mediante pruebas testimoniales y documentales que hubo un patrn de comportamiento sistemtico de actuacin del imputado. Consista en tomar conocimiento a travs de los medios de prensa de los acontecimientos ocurridos y luego bajar en certificados a los expedientes lo que activaba un trmite que terminaba con una declaracin de extincin de la accin penal por muerte de las vctimas que estaban imputados en la causa, resumi.

Y as termino la historia

Tras detallar cada uno de los crmenes el fiscal conclua con esta frase: Y as termin la historia, y as termin la vida dice el nombre de la vctima- sin que nadie haya investigado. Narr algunos casos emblemticos. Como la ejecucin a Ral Paco Bauducco en el patio de la prisin. Tras una requisa violenta, mientras lo obligaban a realizar movimientos vivos junto a 60 presos, se hinc en el piso porque padeca de artrosis en las rodillas. Le exigan ponerse de pie. No poda hacerlo. Con la venia de Mones Ruiz el cabo Prez lo ejecut de un tiro en la cien.

Este hecho es de una gravedad superlativa, dijo el fiscal y repas la conducta del funcionario. Informo que de acuerdo a noticias periodsticas el interno Bauducco fue abatido al haber intentado quitarle el arma al jefe de la custodia de la crcel penitenciaria donde se encontraba alojado, dice un informe elevado a su seora que consta en el expediente. Desde la crcel llegaba otra versin ms cercana a lo sucedido. Dice que intent quitarle el arma al cabo Prez. El certificado de defuncin da cuenta de la herida de bala. Paradjicamente, dijo, Juan Bautista Sasiai fue el nico funcionario pblico que cumpli con el deber establecido por el cdigo de procedimientos. En una nota le expone al Juez que durante la requisa result abatido un delincuente subversivo que se abalanz sobre el custodio. El acta de defuncin estaba en blanco pero a nadie le result anormal.

Doris Caffieri, durante su testimonio reclam que en 41 aos la justicia no le haya pedido perdn. Perdn por subestimar su inteligencia e intentar hacerle creer que su esposo que no conoca de armas podra haber intentado quitrsela al asesino.

En el caso paradigmtico del abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) secuestrado en la puerta del Juzgado federal 1, a quien le rechazaron dos habeas corpus y termin fusilado remarc que quedaba claro que los motivos se relacionaban con el asesoramiento brindado al padre de Horacio Siriani, asesinado a golpes en el D2, y porque defenda presos polticos. En cuanto a la omisin de denunciar la detencin ilegal tambin la deriv a los subalternos y se posicion, cmodo, como un cumplidor de rdenes del Juez. Otro tema de anlisis fueron las persecuciones a los abogados en el ejercicio profesional.

Ricardo Haro

Est acreditado que Ricardo Haro no cumpla con la ley. Omiti esos deberes en varios hechos, argument Gonella. Y complet que la obligacin del defensor no se diluye en la inaccin del juez. Al fiscal se le atribuyen 9 hechos. Describi varias situaciones donde queda expuesto un patrn sistemtico. Por caso, en el hecho 15, donde la vctima Francisco San denunci que le tomaron declaracin encapuchado y golpeado y durante la indagatoria no lo asisti el abogado defensor y tampoco qued constancia de los apremios denunciados. Cit otros casos similares. Como el de Alczar. El testigo narr que cuando fue llevado a la central de polica junto a su esposa fue amenazado y denunci apremios ilegales que el defensor no consign. Y record que cuando fue llevado al tribunal a declarar lea el diario y no lo escuchaba.

Otro ejemplo impactante fue la lectura de una denuncia realizada por Liliana Pez de Rinaldi quien declar tormentos, apremios y violaciones. Lo mismo ocurri con las denuncias de Marta Rosetti de Arquiola y Doris Caffieri de Bauducco. En este ltimo caso le recomend a la mujer que no denunciara los apremios ilegales porque podra ser un perjuicio para obtener la libertad.

En otro tramo desmont el argumento que postula que el ascenso a camarista se produjo porque era molesto para la dictadura.

-No habr sido un premio?- se interroga y afirma: Tengo la ntima conviccin que as fue.

Neg que el defensor haya presentado numerosos habeas corpus porque no hay constancia. Para el fiscal qued acreditada la conducta omisiva.

Puga y Cornejo

Tanto (el juez federal) Puga como (el fiscal) Cornejo compartan los mismos hechos con la diferencia que al juez se le atribuye no haber investigado la privacin ilegtima de la libertad y el homicidio de Miguel Hugo Vaca Narvaja. Al fiscal Cornejo por no haber investigado las torturas a Florencio Daz. Teniendo en cuenta los roles que desempeaban el reproche que se les formula es no haber promovido la investigacin para determinar la existencia de los delitos, explic, Trotta.

Tras describir los 14 casos, evalu que Cuesta entender que habiendo tomado conocimiento de la gravedad de los crmenes a travs de las vctimas, no hayan cumplido con los deberes inherentes a sus cargos. Para nosotros, la prueba documental y los testimonios as lo acreditan. Y acot que Fueron complacientes y se adaptaron al plan sistemtico de violaciones a los derechos humanos. En eso el testigo Luis Angulo fue muy claro cuando dijo que necesitaban de una estructura jurdica y judicial que se adaptara a esos lineamientos.

Burdos montajes

Remarc que Puga hablaba de excesos de celo profesional por parte de la polica del D2 como consecuencia de las actitudes de los subversivos. En el caso del ex preso Miguel ngel Ceballos segn consta en un oficio firmado por Vicente Meli, jefe del estado mayor de la Cuarta Brigada Aerotransportada, dirigido al juez y encabezado con la frase formular denuncia, informa que el 11 de octubre de 1976 fueron abatidos en un enfrentamiento los subversivos Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar Garca, Oscar Hugo Huber, Miguel ngel Ceballos, Florencio Esteban Daz y Marta Juana Gonzlez de Baronetto. Se le corre vista al fiscal Cornejo y en abril se dicta el cierre de la causa por muerte. Como en todos los casos, no haba bajas en la fuerza policial. Se trat de un burdo montaje para ocultar las causas de la muerte, afirm, leyendo un tramo de la sentencia de la Causa Videla. En el caso de Huber el mdico consign que se trataba de un homicidio dada la cantidad de orificios de bala que presentaba en el cuerpo.

En cuanto a Vaca Narvaja destac que el diario titula con su nombre la noticia. Y el comunicado del Tercer Cuerpo es tragicmico porque en este caso hubo una fuga sin enfrentamientos. El vehculo tuvo un desperfecto, se fue a la banquina, se produjo un incendio, y los detenidos huyeron. Al no responder a la voz de alto, argumentan, fueron abatidos Gustavo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo y Vaca Narvaja. Lo nico que se hizo fue archivar la causa.

No fueron meros olvidos o mora en la administracin de justicia. Decimos que hubo un plan de omisin generalizado y deliberado de no investigar lo cual se convirti en un combo perfecto porque haba policas y militares que torturaban y asesinaban y una justicia que no investigaba.

Los crmenes cometidos, dijo, son de lesa humanidad y en consecuencia imprescriptibles. Los delitos atribuidos a los acusados se aplican tambin a las autoridades estatales que actuaron como autores cmplices y la conducta tolerante de los funcionarios pblicos como en este caso. Legalizaron lo ilegal, afirm, y ley los testimonios de los testigos que aluden a la ausencia de Justicia.

Este martes 10 y mircoles 11, arrancan los alegatos de los defensores.

Katy Garca es periodista

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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