Portada :: Ecologa social
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-10-2017

Nucleares en septiembre: tic, tac, tic, tac...

Miguel Muiz
Mientras tanto


Comps de espera: los movimientos normativos estratgicos ya estn hechos; faltan las jugadas tcticas relacionadas con el volumen de beneficios. Toca seguir los indicios que ofrecen las declaraciones y artculos de opinin.

Al margen de las nucleares hay mucho ruido en los temas energticos, la palabra cambio se repite en todos los escritos y cada grupo de intereses la interpreta a su manera; las renovables siguen en el punto de mira, los rumores de fusiones empresariales se disparan, los movimientos de los grupos de presin europeos para determinar la letra pequea de las polticas de transicin se hacen cada vez ms evidentes, los expertos de la comisin montada por el gobierno del PP an no han dicho nada pero su misma existencia provoca reacciones, continan los movimientos polticos y empresariales en torno a centrales trmicas, etc. Todos los enlaces sobre las informaciones nucleares que aparecen en este artculo se hallan en la hemeroteca de septiembre , pero se ha aadido una seleccin de los otros temas para lectoras/lectores que tengan inters en la relacin anterior.

Centrndose en las nucleares: se han producido dos excepciones en el silencio posterior al cierre de Garoa; el 1 de septiembre, el ASTECSN, el sindicato que agrupa a los inspectores y profesionales que luchan por la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), realiz unas declaraciones en que mostraba su frustracin por el juego al que ha sido sometido el trabajo de los tcnicos por parte de Enel-Endesa e Iberdrola y sus polticos delegados en el Consejo del CSN en el caso Garoa; su denuncia se puede considerar parte del tan socorrido "derecho al pataleo", pero es importante destacar que existen profesionales que se toman en serio su trabajo, que no se limitan al corporativismo y a la frivolidad ante el espectculo protagonizado por la industria nuclear y sus delegados del CSN.

La otra excepcin ha sido el futuro laboral de la plantilla de Garoa; el da 9 se anunci un preacuerdo, que fue ratificado en referndum el 14 por la mayora. Los medios se hicieron eco de las grandes cifras y apuntaron el carcter secreto de algunos detalles sobre prejubilaciones y recolocaciones. En resumen, el acuerdo incluye a 227 trabajadores y "parece ser" que unos 30 podran ser prejubilados, otros 65 seguiran trabajando en otros puestos de Nuclenor y los restantes, "algo menos de 120", se quedarn para el desmantelamiento. Las cifras no cuadran y los "parece ser" se repiten, pero ya se sabe que todo lo que rodea a la nuclear es objeto de secretismo. En la votacin participaron 211 trabajadores, y el acuerdo fue apoyado por 145.

Aquellos miles de puestos de trabajo perdidos, que la retrica contra el cierre de la central siempre ha esgrimido, ni se conocen ni se cuantifican en detalle pero sirven para hacer poltica. El da 9, mientras se desarrollaban las negociaciones entre Nuclenor y el comit de empresa, se reunieron las Cortes de Castilla y Len para pedir al gobierno del PP el clsico plan de reindustrializacin "que compense la prdida de actividad econmica y de empleo" que el cierre patronal ha provocado. No hubo palabras malsonantes hacia los que mandan, ni una mencin a Enel-Endesa ni a Iberdrola, ni a los cinco aos de maniobras en torno a la central; en contraste con la virulencia del perodo 2006-2009, tal parecera que Garoa ha cerrado por evolucin biolgica y consenso espiritual. La narrativa de la sesin, recogida por los medios, muestra la impotencia de los polticos profesionales ante los poderes empresariales, y su enorme capacidad para convertir cualquier asunto, por importante o nimio que sea, en enfrentamientos partidistas repletos de acusaciones y ajustes de cuentas dialcticos en clave del particular universo en que se desarrolla su actividad.

Otra muestra de esa manera de abordar conflictos ambientales y sociales desde la poltica institucional se produjo el da 7 en el caso del Almacn Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Caas; en este caso ha sido la Junta de Castilla-La Mancha la que ha decidido rizar el rizo de los despropsitos pidiendo un nuevo estudio de impacto ambiental que, o bien reformule "la perspectiva dada" al proyecto del ATC con un nuevo procedimiento de consultas e informacin pblica, o bien lleve a una Declaracin de Impacto Ambiental que declare la imposible construccin. De esta manera se corre un tupido velo sobre el despilfarro de dinero pblico que supusieron los estudios previos de ubicacin, la propaganda y los viajes promocionales; para ello se pide un nuevo derroche para repetir la jugada. El pozo sin fondo que hasta ahora ha supuesto el ATC sigue la tradicin histrica de la energa atmica: ingentes cantidades de dinero pblico para enriquecimiento de empresas privadas y aprovechados de turno.

Pero lo ms significativo del mes han sido las maniobras en torno al decreto-ley (DL) del gobierno del PP sobre el cierre de centrales con las nucleares en el punto de mira. Como se analiz en el artculo de septiembre"http://www.mientrastanto.org/boletin-160/notas/julio-y-agosto-energeticos-y-nucleares", ese DL es la pieza clave para obligar a las empresas a moderar su exigencia de ms dinero pblico para engordar sus beneficios, y la presentacin de propuestas a la "consulta pblica" abierta por el ministerio ha sido el cauce elegido para fijar posiciones. El cruce de declaraciones y respuestas en los medios especializados entre el 16 y el 24 de septiembre da pistas acerca de los posicionamientos.

Para eludir el crudo lenguaje de los beneficios se emplea el eufemismo de la "seguridad de suministro" y la constante invocacin a los "precios"; as, el da 16 un grupo de empresas lideradas por Iberdrola (incluida EDP que ltimamente aparece en todas las informaciones sobre cambios empresariales, Elctrica de Viesgo, Sedigas, "y otras") se pronunciaron pidiendo al ministerio un mecanismo de "pagos por capacidad" que permita mantener abiertas las nucleares y el gas natural necesario para "garantizar el suministro" (ntese que el carbn no se menciona en este bloque); es necesario destacar la manipulacin de conceptos: estas empresas consideran que el Gobierno no puede intervenir en la decisin de abrir o cerrar centrales por causas econmicas ya que vulnerara el "ordenamiento jurdico" (sagrada invocacin al dogma neoliberal de los "mercados"), pero que, si lo hiciera, esa intervencin debera considerarse una obligacin de "servicio pblico", por lo que deberan cobrar por prestarlo. En pocas palabras, que nadie nos toque los privilegios que nos sitan por encima de la sociedad, pero si deciden tocarlos que nos paguen por ello.

Por supuesto, no falt la reclamacin de Iberdrola de una "retribucin regulada y estable para las centrales nucleares", unida al lamento por la "elevada fiscalidad" que soportan y las prdidas por los "bajos precios del mercado". Esta propuesta supone un regreso a los tiempos del "marco legal estable", se intenta eludir el conflicto planteado por la anterior exigencia de la "bajada de impuestos" en el marco del RD por la va del incremento de subvenciones; es decir, se aceptaran los impuestos que marca la normativa actual a cambio de que se ingresen ms dineros pblicos a las elctricas. Se marca as una lnea de argumentacin que se puede resumir en: si el nuevo RD supone un retorno a los tiempos de la regulacin, se regula a mi favor y se me da dinero.

La reclamacin de Enel-Endesa se produjo tres das ms tarde y abri una lnea diferente, ms en coincidencia con el gobierno del PP. El 19, present sus propuestas al RD y advirti de que "Espaa necesitara 11.000 MW ms en 2025 si se prescinde de la nuclear y el carbn" (ah va un toque indirecto a ese "escenario de transicin y cambio climtico" sobre el que trabaja el grupo de expertos improvisado por el gobierno); en su defecto, seala la empresa, se producira un incremento de los precios de la electricidad. Luego la reivindicacin propia, el lamento de que "en las actuales condiciones de regulacin y de mercado" no se pueden hacer inversiones medioambientales para garantizar el futuro de sus dos grandes centrales de carbn nacional en Teruel (Andorra) y Len (Compostilla).

Planteado as el asunto otras empresas no tardaron en sumarse, el da 21 la Asociacin de Productores Independientes de Energa Elctrica, formada por pequeas empresas poco conocidas (Engie, Bizkaia Energia, Alpiq y Global 3), anunci que en su presentacin de propuestas al RD exigan un "pago extra" en caso de cierre temporal.

Todas las empresas quieren cobrar, pues o se consideran parte de un sistema intocable (y deben ser indemnizadas si alguien intenta cambiarlo), o consideran que realizan un "servicio pblico" (y deben ser retribuidas por la funcin que cumplen); leyendo los artculos y declaraciones de sus portavoces, se llega a la conclusin de que las empresas elctricas no tienen como finalidad obtener beneficios sino sufrir, ya sea sobrellevando la pesada carga que le imponen los mercados o ayudando a la gente.

Todas estas maniobras son la parte visible de un proceso; la otra parte se desarrolla fuera de la vista de la sociedad y slo emerger cuando se haya resuelto. Para las personas y grupos que trabajamos para adelantar el final de la cadena de sufrimientos y peligros que supone la energa nuclear, este comps de espera supone tiempo en nuestra contra si no se avanza en la bsqueda de la manera de incidir en lo que estn haciendo, tic, tac, tic, tac, tic, tac...

 

Miguel Muiz es miembro de Tanquem les Nuclears-100% Renovables, del Colectivo 2020 LIBRE DE NUCLEARES y del MIA en Catalua; mantiene la web www.sirenovablesnuclearno.org 

 

Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-161/notas/nucleares-en-septiembre-tic-tac-tic-tac-tic-tac

 



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter