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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-10-2017

La afectada, madre de tres hijos, alega que fue estafada por una supuesta propietaria con la que firm un contrato de alquiler
La PAH-Valencia se moviliza contra el desahucio de una familia por la denuncia de Bankia

Enric Llopis
Rebelin


Absolucin y alquiler social para Lissy y su familia. Cerca de 50 personas se concentraron el lunes en la Ciudad de la Justicia de Valencia -convocadas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH)- en apoyo de Lissy. Esta ciudadana de 36 aos, de origen peruano y con la nacionalidad espaola, se enfrentaba a una denuncia de Bankia por usurpacin. En una rueda de prensa convocada a la puerta de los juzgados explic que fue vctima de una estafa. Durante tres meses estuve pagando el alquiler a una persona que deca ser titular de la vivienda, cuando esto era falso, explica junto a los activistas de la PAH. Madre de tres hijos de 10, ocho y tres aos, Lissy lleva dos aos viviendo en este piso propiedad de Bankia, que haba permanecido antes de que ella llegara- ms de cinco aos cerrado, segn le comunic una vecina. Hace un mes me lleg la orden de lanzamiento, remata esta ciudadana a quien la plataforma antidesahucios apoya desde hace varios meses.

Actualmente se encuentra en situacin de desempleo. Dnde me voy ahora con los nios?, se pregunta en pblico; pido a Bankia que me deje el piso en rgimen de alquiler social, pero se niegan a negociar. Con el fin de evitar el desahucio, la PAH se ha ofrecido como colectivo mediador entre la afectada y el banco. Lissy no tena conocimiento de la situacin, dado que firm un contrato de alquiler por el que pag a una particular; pero ms all de la propiedad jurdica, la vivienda es un derecho humano, afirma uno de los portavoces de la PAH, Jos Luis Gonzlez.

Adems la afectada ha mostrado la documentacin que acredita los intentos por acceder a una vivienda social de la Generalitat Valenciana. Realiz la primera solicitud en el ao 2014, sin recibir respuesta; renov la peticin en 2017, a la que se le respondi en el mes de agosto: se hallaba en el nmero 295 sobre un total de 1.753 demandantes.

Hace tiempo que Bankia se sita en el centro de las crticas realizadas por los grupos antidesahucios. Por ejemplo, la PAH de Vallekas denunci el pasado 11 de mayo que la entidad bancaria haba desahuciado a un mnimo de 21 personas (en seis lanzamientos) durante un mes en este distrito madrileo; 11 de los afectados eran menores de edad, segn un comunicado de la plataforma, que haca referencia a la previsin de al menos otros cuatro desahucios para la segunda mitad del mes de mayo. Portavoces de la PAH denunciaron que se trataba de una oleada sin precedentes de desalojos, que inclua situaciones como las de deudores hipotecarios, inquilinos estafados y hogares en situacin considerada irregular.

Mientras, el pasado siete de septiembre el Banco de Espaa haca pblicos los datos actualizados del informe sobre ayudas financieras en el proceso de reestructuracin del sistema bancario espaol. Desde mayo de 2009, seala el documento, las ayudas pblicas comprometidas ascienden a 54.353 millones de euros aportados por el Fondo Estatal de Reestructuracin Ordenada Bancaria (FROB), de las que en diciembre de 2016 slo se haban recuperado 3.873 millones de euros. Se da la circunstancia que el FROB posee actualmente el 100% del holding Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y, a travs de ste, de manera indirecta, el 67% de Bankia. Las ayudas financieras a las entidades integradas en BFA Caja Madrid, Bancaja, Caja vila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caixa Laietana y Caja Insular de Canarias- suman 24.424 millones de euros.

El informe sobre las remuneraciones anuales de los consejeros de Bankia, que la sociedad publica en su pgina Web, no se ha visto reducida en los ltimos tiempos. El presidente, Jos Ignacio Goirigolzarri, y los consejeros Jos Sevilla y Antonio Ortega son los mejor pagados. Han pasado, cada uno de ellos, de los 500.000 euros en 2015 a los 750.000 euros en 2016 (625.000 euros en metlico y otros 125.000 euros en concepto de acciones otorgadas). Los doce consejeros percibieron retribuciones por valor de tres millones de euros en 2016, mientras que en 2015 sumaron 2,3 millones. Adems, segn inform el peridico El Pas, Goirigolzarri Tellaeche abandon en 2009 el BBVA, donde trabaj durante tres dcadas y llevaba ocho aos como consejero delegado, con una pensin de tres millones de euros anuales. Dado que la percibi en una sola entrega, se embols 68,7 millones de euros.

Que no pot ser, gent sense casa i cases sense gent; Hay nios en la calle, y no le importa a nadie; Se nota se siente, la PAH est presente, gritaban los activistas concentrados, algunos de ellos con la zamarra verde de la plataforma. En un lugar visible de la pancarta se reivindicaba una Ley de Vivienda, que debera incluir cinco propuestas de mnimos: la dacin en pago con carcter retroactivo, adems de la eliminacin de las clusulas abusivas y las compensaciones por las mismas; un alquiler a precios asequibles; el final de los desahucios; la vivienda social para realojar a familias en pisos vacos, que se hallan en manos de la banca; y la garanta de los suministros bsicos (agua, luz y gas). El pasado mes de abril la PAH present la iniciativa a los grupos parlamentarios del Congreso.

La plataforma informa de que todos los grupos con los que mantuvieron reuniones, con excepcin del PP, presentaron propuestas por escrito que valoramos e incluimos en el texto. Sealan al PSOE como una de las claves para que la iniciativa legal avance; para ello, debera exigir su trmite y debate parlamentario ante la posibilidad de que el PP vete la propuesta. Por el momento, la PAH cuenta con el apoyo por escrito de los ediles socialistas en ayuntamientos como Barcelona, Buol, Caldes, Chiva, Elche, Orihuela, Sevilla, Talavera y Zamora. Tambin ha avalado la propuesta legal por escrito la consellera de Vivienda y Obras Pblicas del Gobierno Valenciano, Mara Jos Salvador, del PSOE.

Segn la estadstica del INE publicada el cinco de septiembre, en el segundo trimestre de 2017 se iniciaron 6.937 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el estado espaol, de las que 3.652 corresponden a personas fsicas (2.788, viviendas habituales) y otras 3.285 a personas jurdicas. Asimismo, la estadstica oficial apunta que el 58,6% de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas corresponden a hipotecas constituidas entre 2005 y 2008. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en 16.859 el nmero de lanzamientos durante el segundo trimestre de 2017; el 58,6% (9.896) fueron consecuencia de la aplicacin de la Ley de Arrendamientos Urbanos (alquileres), mientras que el 36,8% (6.197) derivan de ejecuciones hipotecarias y otros 776 a diferentes motivos.

Los portavoces de PAH-Valencia sealan que para frenar el desalojo de Lissy podra aplicarse la Constitucin espaola, que en el Artculo 47 dentro del Captulo tercero, de los principios rectores de la poltica social y econmica- establece que todos los espaoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes pblicos promovern las condiciones necesarias () para hacer efectivo este derecho. Otro instrumento jurdico que podra aplicarse, segn los activistas, es la Ley 2/2017 de tres de febrero de Funcin Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, aprobada con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, excepto el PP. El cinco de octubre la directora general de Vivienda de la Generalitat, Rebeca Torr, critic que el Gobierno central cuestionara 23 de los 37 artculos de la legislacin autonmica, tras la reunin de la Comisin Bilateral formada por las dos administraciones, en la que se trata de salvar un posible recurso de inconstitucionalidad. La directora general reconoci que en el Pas Valenciano existen ms de 500.000 vacas.

Otro argumento esgrimido por los activistas es el convenio suscrito en diciembre de 2016 por el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federacin Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP); en el convenio se establece que en los desahucios derivados de un procedimiento de ejecucin hipotecaria o impago de la renta, cuando el juez observe una situacin de especial vulnerabilidad, a travs de las diferentes administraciones pueda incluirse a los afectados en el programa de realojos de la Generalitat. Tambin apelan al Derecho Internacional. El Convenio de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de la ONU conden en un dictamen el pasado 20 de junio al Estado espaolpor vulnerar el derecho a la vivienda, al no garantizar las administraciones pblicas un alojamiento alternativo a una persona desahuciada en el barrio madrileo de Tetun, en octubre de 2013.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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