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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-10-2017

Cuatro etapas en el conflicto cataln

Jess Snchez Rodrguez
Rebelin


La decisin finalmente adoptada por Puigdemont al requerimiento del gobierno espaol, despus del pleno del Parlament cataln del da 10 de octubre en que simultneamente se realiz la DUI y qued suspendida, para aclarar si estaba declarada o no la independencia, se enmarca dentro de una cuarta etapa en el conflicto cataln sobre la que apuntaremos algunos pronsticos en la parte final de este artculo. Pero para ello es necesario previamente analizar las tres etapas anteriores, especialmente la tercera cerrada con la decisin del President el 10 de octubre.

Primera etapa: los preparativos de la va unilateral de independencia.

La primera etapa es la ms larga y tiene que ver con la condensacin del denominado desafo independentista. Por ser ya muy conocida y tener mucho inters en cuanto a la gestacin del movimiento independista cataln, pero no tanto para la etapa actual, solamente haremos un resumen de la misma, breve en relacin a la extensin temporal de esta etapa.

La reforma del Estatut iniciada en septiembre de 2005, con su aprobacin por el Parlament de Catalua, fue el punto de arranque del denominado derecho a decidir, como consecuencia de los obstculos interpuestos para que esa reforma llegase a buen fin. En febrero de 2006 se produjo la primera manifestacin de la Plataforma por el Derecho a Decidir cuyo objetivo era impedir modificaciones al Estatut aprobado el ao anterior por el Parlament, ste ser el punto de partida del proceso de movilizaciones que no dejara de crecer desde entonces. A las manifestaciones masivas se unen consultas no vinculantes sobre la independencia llevadas a cabo por cientos de municipios catalanes.

Este Estatut, modificado por el pacto Mas-Zapatero, aprobado por el Parlamento espaol, y votado favorablemente en un referndum en Catalua fue impugnado ante el Tribunal Constitucional (TC) por el PP, quin consigui a travs de esta va que el Estatut, ampliamente aceptado y refrendado, fuese podado en aspectos considerados esenciales. Esta situacin provoc que el apoyo independentista en Catalua creciese de manera exponencial. En la Diada de 2012 se alcanz el clmax de la movilizacin con la participacin de entre 1,5 y 2 millones de personas, e inmediatamente el entonces presidente cataln Artur Mas se ofreci a crear estructuras de Estado en Catalua. El conflicto cataln entr, as, en un desarrollo que termin desembocando en la situacin actual, y cuya caracterstica definitoria es la de alcanzar una secesin de manera unilateral, para lo cual era necesario que las principales instituciones polticas catalanas procediesen a poner en marcha mecanismos polticos (referndum) y jurdicos (leyes) al margen de la legalidad constitucional vigente. Estos eran los elementos que abran una crisis de Estado y de la democracia en Espaa.

En septiembre de 2012 una mayora del Parlament proclam la soberana de Catalua. Tras las elecciones de noviembre de 2012, se form un nuevo govern cataln que fue fruto de un pacto ERC-CiU, y que recoga como programa la aprobacin de una ley de consultas, realizar un referndum y desplegar la administracin tributaria catalana. En el enfrentamiento entre las instituciones polticas catalanas y las espaolas, el gobierno espaol acudi al TC, como intrprete superior de la Constitucin, para impugnar y anular las resoluciones de las primeras. As ocurri nuevamente con la declaracin de soberana del Parlament de enero de 2013. Las diferentes apelaciones de los nacionalistas catalanes a las instituciones espaolas para alcanzar un acuerdo para celebrar un referndum pactado sobre la independencia fueron rechazadas sistemticamente por estas ltimas.

Las instituciones polticas catalanas se inclinaron, entonces, por la celebracin unilateral de un referndum de independencia que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014. Al ser suspendida por el TC esta primera consulta, el govern la plante en un nuevo formato mediante el cual, aunque cont con los recursos de la Generalitat, sera desplegada con el apoyo de voluntarios y organizaciones civiles, formato tambin suspendido por el TC.

El resultado fue paradjico, pues si bien la consulta lleg a celebrarse sin demasiados incidentes ni obstaculizaciones, alcanzando una participacin de 2,3 millones (37% del censo electoral), sin embargo, sus resultados no tuvieron efectos polticos o jurdicos, y solo sirvi para dar paso a la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Catalua, de carcter plebiscitario para el bloque independentistas, que se celebraron el 27 de septiembre de 2015. Este carcter plebiscitario implicaba para el bloque independentista que, en caso de ganar en dichas elecciones, se proclamara la independencia en 18 meses.

Las elecciones plebiscitarias de 2015 arrojaron un resultado del 47,8% de votos para el bloque independentista formado por JxS (ERC+CDC) y CUP, y un 51,2% para el resto de partidos que, an oponindose a la independencia, no formaban un bloque opuesto al primero. La transformacin de votos en escaos, sin embargo, permiti que el bloque independentista contase con la mayora absoluta en el Parlament. Esa conformacin como bloque, a pesar de las tormentosas relacionas con la CUP, y esa mayora absoluta, inclin a los independentistas hacia una declaracin unilateral de independencia (DUI) previa celebracin de un nuevo referndum tambin unilateral.

Segunda etapa: la puesta en marcha del referndum unilateral de independencia

La segunda etapa se va a desarrollar entre el 6 de septiembre y el 1 de octubre. El objetivo del independentismo en esa etapa es lograr celebrar un referndum que le sirva de apoyo para la proclamacin posterior de la DUI. A tal efecto, tres semanas antes de la prevista celebracin del referndum, el 1 de octubre de 2017, mediante dos convulsas sesiones del Parlement el 6 y 7 de septiembre, en las que la mayora independentista prescindi de todos los requisitos reglamentarios y legales previstos, se aprobaron dos leyes, la primera para dar cobertura legal (del Parlament) a la celebracin del referndum, y la segunda para aprobar una ley que ejercera de constitucin provisional de la repblica tras la previsible DUI inmediatamente despus del referndum, la ley de transitoriedad jurdica.

En este momento la crisis de Estado en Espaa daba un salto cualitativo decisivo, en el sentido de que las instituciones del Estado entraban en un conflicto abierto de inciertas consecuencias. De un lado, el gobierno central puso en marcha todo el aparato judicial y coactivo contra la celebracin de la nueva consulta - tras la suspensin de las dos leyes aprobadas por el Parlament por el TC y, por tanto, de la prohibicin de celebrar el referndum - en una dinmica de intervencin parcial de la autonoma catalana que se centr especialmente en el control de su economa y el intento de hacer lo mismo con polica autonmica, y cuyo objetivo inmediato consista en bloquear la logstica del referndum. Por otro lado, el gobierno cataln y la mayora de los municipios de la comunidad entraron en una dinmica de semi desobediencia al TC y al ordenamiento jurdico vigente, siguiendo, por un lado, con todo lo concerniente a los preparativos del referndum e intentando sortear el bloqueo de sus logstica pero, por otro lado, plegndose parcialmente a los requerimientos de la fiscala y los rganos judiciales.

Esta etapa estuvo caracterizada por los siguientes rasgos: La desconfianza del gobierno central en la lealtad de los mossos de escuadra al ordenamiento jurdico y las instrucciones judiciales y fiscales, lo que le llev a desplazar miles de efectivos de la polica y guardia civil a Catalua. El objetivo del gobierno central de impedir la celebracin del referndum mediante el bloqueo de su logstica con la requisa de millones de papeletas, sobres, etc. La voluntad del bloque independentista de celebrar dicho referndum aunque la logstica fuese gravemente alterada y tuviese que celebrarse en condiciones de escasa credibilidad de los resultados, lo que supona, en la prctica, una actitud de semi-desobediencia a las resoluciones del TC, de la fiscala y de los jueces. La solidez del bloque independentista, formado a nivel poltico por el acuerdo de PDeCAT, ERC y CUP, y apoyado por dos organizaciones civiles indispensables para la movilizacin independentista, ANC, mnium Cultural. La poca solidez an del que luego terminara cristalizando como el bloque constitucionalista, opuesto a las demandas independentistas, formado a nivel poltico por PP, PSOE y Ciudadanos, y apoyado en la tercera etapa por una organizacin civil, Sociedad Civil Catalana (SCC).

Estas caractersticas y los objetivos principales en torno a la celebracin-impedimento del referndum se desarrollaron mediante un pulso judicial y policial que busc, por parte del Estado, no entrar an en una escalada ms grave de detenciones de responsables polticos principales, aunque ya se admitieron ante el TSJC, por ejemplo, querellas de la fiscala contra el ejecutivo de la Generalitat por desobediencia, prevaricacin y malversacin, o se impusieron multas por el TC a los miembros de la Sindicatura Electoral que decidi, ante ello, disolverse; las consecuencias de las denuncias y judicializacin del conflicto se haran ms patentes en la cuarta etapa. Sin embargo, el despliegue del operativo para bloquear la logstica del referndum llev a requisiciones, registros y detenciones que terminaron provocando una respuesta de masas del independentismo, como la que tuvo lugar el 20 de septiembre ante el registro en la Conselleria de Economa.

Esta etapa se cerr con el fracaso parcial de los objetivos de ambas partes como se pondra de manifiesto el 1 de octubre. De un lado, si bien la accin policial y judicial haba conseguido desmontar gran parte de la logstica del referndum, no consigui ni requisar las urnas, ni cerrar los colegios electorales donde se celebrara el referndum. De otro lado, si bien el independentismo consigui disponer de urnas y mantener abiertos los colegios electorales, la credibilidad de los resultados resultaba totalmente daada, nadie saba qu tipo de papeletas se utilizaban, quienes componan las mesas, que rgano controlaba el resultado, ni cul era el censo, que ante las dificultades encontradas se declar universal, de manera que cualquier ciudadano poda votar en cualquier lugar.

Tercera etapa: el referndum y sus consecuencias

La tercera etapa, la ms decisiva hasta el momento, se desarroll entre el 1 y el 10 de octubre. Se abri con una dramtica celebracin del referndum unilateral independentista. Previamente a su celebracin se haban ocupado diversos colegios dnde tendra lugar la votacin por parte de los independentistas. A pesar de la orden de una juez del TSJC a los mossos para que impidiesen la apertura de los colegios electorales, la polica autonmica mostr una actitud pasiva, limitndose a tomar en algunos casos declaraciones de los componentes de las mesas. Esta actitud parece que logr sorprender al gobierno central que haba esperado una actitud ms activa de los mossos en el impedimento del referndum ese da. La sorpresa dio paso inmediatamente a una decisin que producira un salto en el conflicto, la polica y la guardia civil recibieron rdenes de abortar el referndum ya en marcha y su dura intervencin en los colegios electorales ofreci escenas de gran violencia sobre ciudadanos que solo pretendan depositar un voto en una urna. ste fue un grave error del gobierno central que, lgicamente, el bloque independentista se dispuso a utilizar como legitimacin en su enfrentamiento con aquel. Error que, adems, no sirvi para evitar la continuacin de la votacin e, incluso, pudo haber contribuido a incentivar un voto protesta de ciudadanos no convencidos de participar.

La represin policial desplegada durante la celebracin de referndum origin tres efectos inmediatos y otros tres ms indirectos. El primero de ellos fue la celebracin de una combinacin de huelga general y paro cvico el 3 de octubre contra la represin, con desigual seguimiento en las empresas, pero con una clara visualizacin en la calle. El segundo fue que aunque los resultados del referndum tuviesen poca credibilidad, sin embargo, para los independentistas la resistencia popular ante la intervencin policial se convirti en un elemento importante de legitimidad de los resultados del referndum que podra evitar en su seno el retroceso de los dubitativos. El tercer efecto directo fue la conversin del conflicto cataln en una noticia mundial, con una visualizacin internacional que no haba tenido hasta ese momento. As pues, la represin policial durante el referndum se convirti en una victoria para el bloque independentista en cuanto reforz su cohesin y visualiz el conflicto a nivel internacional.

Pero tambin hubo tres efectos indirectos, esta vez favorables al bloque constitucionalista. El primero fue el desencadenamiento de una cascada del traslados de las sedes sociales y fiscales de importantes empresas y bancos radicados en Catalua, ms de 700 en el momento de redactarse este artculo, a otras ciudades espaolas fuera de Catalua ante el temor a las consecuencias de una agudizacin del conflicto y la posibilidad de encontrarse en un momento dado fuera de la cobertura de la UE. El segundo fue una reaccin de masas contraria al independentismo, en una mezcla de defensa de legalidad constitucional y de la unidad espaola, y cuya principal expresin tuvo lugar en Barcelona en 8 de octubre con una movilizacin masiva similar a las conseguidas por el independentismo y convocada por la SCC. El tercero fue la cristalizacin definitiva, o mejor dicho, la puesta en escena, del bloque constitucionalista, formado por PP, PSOE y Ciudadanos.

En esas condiciones tuvo lugar la sesin del Parlament del 10 de octubre en la que el bloque independentista debera concluir toda la trayectoria que haba venido planificando desde haca algunos aos, y cuya preparacin final haba sido establecida los das 6 y 8 de septiembre en el mismo Parlament, es decir, proceder a la DUI. El referndum solo era un expediente que debera justificar una decisin ya tomada de antemano, y la represin policial que tuvo lugar el 1 de octubre serva al independentismo como una justificacin complementaria para su decisin.

Pero tambin haban tenido lugar los efectos indirectos mencionados que dibujaban una situacin ms complicada de la inicialmente planificada para una independencia unilateral. La conciencia de esta situacin provoc un enfriamiento de los sectores ms moderados del independentismo, ubicados en el PDeCAT, y llev al president Puigdemont a iniciar una estrategia de ambigedades que, intentando no frustrar al independentismo, sirviese para ganar tiempo y buscar una salida negociada mediante una mediacin internacional. As, en la sesin del Parlament del 10 de octubre, Puigdemont realiz una declaracin unilateral de independencia y la suspendi inmediatamente con el objeto de dar una oportunidad para negociar, creando una situacin inslitamente ambigua y kafkiana en la que las diferentes partes del conflicto hacan la interpretacin que mejor les interesaba sobre si realmente haba sido o no declarada la independencia unilateral.

Si tuviramos que hacer una foto de la situacin, tras los acontecimiento ocurridos entre el 1-O y el 10-O, para resumir el contenido de esta tercera etapa, estos seran los siguiente:

Primero, el bloque independentista haba mantenido su capacidad de movilizacin de masas en Catalua, que se ha terminando convirtiendo casi en su nico elemento de fuerza en estos momentos. En sentido contrario, como expresin de su debilidad, se puede anotar el claro aislamiento internacional en que se encuentra, especialmente con los avisos provenientes de la UE rechazando la alteracin del orden constitucional de uno de sus Estados miembros, rechazando entrar a ejercer un papel de rbitro o moderador, y avisando que no reconoceran una independencia unilateral ante el peligro de contagio a otros Estados miembros con reivindicaciones nacionalistas en su seno. El traslado de la sede social y fiscal de las principales corporaciones y empresas econmico-financieras catalanas a otras ciudades espaolas fuera de Catalua, como expresin del temor a la evolucin econmica y la posibilidad de quedar fuera de la UE, y la falta de confianza en el proyecto independentista. La prdida del monopolio de la movilizacin en la calle. La falta de apoyos importantes a su estrategia en el resto del Estado espaol. Y una sensacin de divisin en el campo independentista, a partir de la declaracin-suspensin de la independencia, entre los impacientes de la CUP y los ms moderados sectores del PDeCAT.

El bloque constitucionalista, por su parte, ha ganado terreno en estos 15 das, despus del fracaso del 1-O - fracaso en la capacidad de obstaculizar totalmente la logstica del referndum y en el empleo de una violencia represiva condenada interior y exteriormente - en varios aspectos. El principal ha sido la solidez de dicho bloque (PP-PSOE-C's) escenificada en el apoyo a la aplicacin del artculo 155 sin fisuras y en el paso de una alternativa negativa (simple rechazo de las propuestas y actos del independentismo hasta ese momento) a otra positiva, en el sentido de ofrecer una posibilidad de reformar la Constitucin para actualizar el modelo territorial de Estado (ms all del recorrido de esta propuesta, su objetivo inmediato es el de ofrecer una imagen de dilogo dentro de la Constitucin, y est orientada a su electorado y a la comunidad internacional). Pero tambin expresan una mejora en su posicin en el conflicto las debilidades sealadas del independentismo: el traslado de las sedes sociales a otras comunidades; la movilizacin de masas del 8-0; el apoyo europeo, y del mundo en general, al orden constitucional; o la ausencia de apoyos de masas a las reivindicaciones independentistas en el resto del Estado (con la excepcin, tal vez, de Euskadi).

El tercer bloque - formado por el entorno de Podemos y sus alianzas, incluidos sindicatos, y que se caracteriza por su propuesta de un referndum pactado, y su apelacin al dilogo a travs de algn tipo de mediacin, con rechazo tanto de la DUI como de la aplicacin del artculo 155 - se encuentra aislado en el conflicto por su posicin equidistante y, adems, ve como est retrocediendo en dos aspectos importantes, que no tienen que ver propiamente con el conflicto cataln pero s con su proyecto y estrategia. El primero es la prdida de protagonismo de los problemas sociales en favor del problema nacional - que ha terminado eclipsando a cualquier otro tema en la agenda poltica espaola - dnde su posicin es ms dbil. El segundo, es el alejamiento de la posibilidad de alcanzar algn tipo de acuerdo con el PSOE de cara a desalojar al PP del gobierno, al distanciarse de manera importante sus posiciones con motivo del conflicto cataln, cuyo desarrollo y desenlace tendr, indudablemente, un efecto importante sobre la recomposicin del tablero poltico espaol.

Cuarta etapa: entre la DUI suspendida y el 155 amenazante

La cuarta y actual etapa del conflicto cataln se abri con la respuesta por parte del gobierno del PP a la declaracin-suspensin de la independencia dos das despus del pleno del Parlament, que tuvo tres vertientes diferentes. En primer lugar fue pactada con los otros dos partidos del bloque constitucionalista, PSOE y Ciudadanos, y consisti en dar un plazo hasta el lunes 16 de octubre para que Puigdemont aclarase ntidamente si se haba declarado la independencia o no, con un segundo plazo hasta el jueves 19 para que, en caso de una respuesta afirmativa, el govern tomase las medidas necesarias para retornar a la legalidad constitucional, todo ello como parte del procedimiento establecido para aplicar el artculo 155 de la Constitucin, mediante el cual el gobierno puede intervenir en el autogobierno cataln para obligar a las instituciones de dicha comunidad a retornar a la legalidad. En segundo lugar, se escenific el ultimtum dado el govern cataln en una sesin del parlamento espaol con la clara visualizacin del acuerdo alcanzado en tal sentido por el bloque constitucionalista. En tercer lugar, el ultimtum estuvo acompaado del anuncio de la puesta en marcha de una comisin parlamentaria con objeto de modificar la Constitucin y ofrecer una salida al conflicto cataln dentro del ordenamiento constitucional y a travs del rgano de la soberana nacional. Era la contrapropuesta de dilogo y reforma a la demanda del bloque independentista requiriendo una mediacin internacional para alcanzar un referndum pactado.

La primera respuesta a que estaba emplazado el govern cataln sigui el modelo de la anunciada declaracin de independencia suspendida, no aportando nada a la clarificacin de la situacin y haciendo entrar en vigor el segundo plazo dado por el gobierno para poner en marcha los mecanismos de intervencin sobre el autogobierno cataln al amparo del artculo 155 de la Constitucin.

Si finalmente se llegase a producir, sera la primera vez en las casi cuatro dcadas de vigencia de la actual Constitucin espaola que se llegase a la aplicacin de dicho artculo y, por lo tanto, se entrara en un terreno totalmente desconocido tanto sobre cules seran las medidas concretas adoptadas para reconducir la situacin, que inevitablemente debera de pasar por unas nuevas elecciones autonmicas en Catalua, como sobre cul sera la respuesta del bloque independentista, y la dinmica que se abrira con ambas actuaciones.

En paralelo al pulso estrictamente poltico y su desenlace han empezado a aparecer las primeras consecuencias de las intervenciones judiciales, con la prisin de los dos principales dirigentes de ANC y mnium Cultural y medidas cautelares para los principales mandos de los mossos bajo la acusacin del delito de sedicin.

La teora poltica seala que en las democracias liberales existe independencia entre los tres grandes poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. En la prctica todos sabemos que las cosas son ms complicadas.

Paralelamente al conflicto poltico y social propiamente dicho en Catalua, el poder judicial empez a intervenir en el mismo, bien a iniciativa propia o a travs de denuncias de la fiscala y/o particulares y organizaciones privadas y pblicas. Hay en curso, pues, procesos judiciales que van desde acusaciones de desobediencia, malversacin y prevaricacin contra miembros del govern, hasta acusaciones de sedicin contra los mximos responsables de los mossos, de ANC y mnium.

Se puede pensar que el poder ejecutivo y judicial actan independientemente, como dice la teora, o que hay algn tipo de sintona en sus actuaciones. Se puede pensar que el ejecutivo tiene ms capacidad de maniobra en tanto que el poder judicial est ms condicionado por su obligacin de atenerse a la ley sin consideraciones polticas.

Sea como fuere, no se puede pecar de ingenuidad como pretende aparentar el independentismo. Su discurso estratgico ha girado bsicamente en torno a una hiptesis bastante absurda: como el conflicto que se ha desencadenado es de naturaleza poltica, las desobediencias o violaciones de la ley vigente que se puedan producir no van a tener consecuencias porque el poder judicial va a mantenerse neutral y no va a intervenir.

Pero es que el propio independentismo tambin ha impulsado esa dinmica de judicializacin de la que ahora se escandaliza. Recordemos que la Generalitat present una denuncia contra la guardia civil en el juzgado de guardia de Barcelona por los interrogatorios a altos cargos del govern a finales de julio, y otra denuncia contra la polica y guardia civil por su actuacin en el da del referndum. Y es de suponer que cuando hace la denuncia es para que produzca efectos jurdicos y penales.

Conclusiones provisionales sobre un desarrollo totalmente imprevisible

Mi hiptesis provisional es la de que el discurso independentista se haba construido en torno a una estrategia de desarrollo pacfico con obstculos y dificultades capaces de ser salvados de alguna manera. Esa estrategia prevea la celebracin de un referndum no reconocido por el gobierno pero que no intentara abortar, una especie de repeticin del anterior del 9N, o similar al referndum que promovi en julio la Asamblea Nacional de Venezuela controlada por la MUD y que no fue reconocido por el gobierno de Maduro. Con una participacin amplia, el resultado del referndum debera servir para la DUI o/y para una mediacin internacional que sentase a negociar en un plano de igualdad al gobierno y al govern. Pero la reaccin del gobierno espaol para hacer abortar el referndum rompi esa estrategia.

El independentismo entr en shock en la primera quincena de octubre no solamente por la reaccin del gobierno ante el referndum, sino por otras consecuencias ya sealadas como la cristalizacin de un bloque constitucionalista bastante slido, la aparicin de un movimiento de masas importante de carcter anti-independentista, el rechazo cerrado de la comunidad internacional a la ruptura del orden constitucional espaol y a ejercer el papel de mediadores, la reaccin de empresa y bancos desplazando su sede social y fiscal fuera de Catalua, y la respuesta judicial algunas de las denuncias planteadas durante el conflicto.

La composicin heterognea del bloque poltico independentista, desde anti sistemas como la CUP hasta neoliberales como el PDeCAT, se ha resentido de ese shock mencionado, como se escenific en la sesin del Parlament en la que Puigdemont declar-suspendi la DUI. Ante la posicin de firmeza y dureza del gobierno y del bloque constitucionalista y el aislamiento del bloque independentista, su principal elemento de fuerza se encuentra en la reaccin popular de los sectores que le apoyan, con desobediencias civiles y movilizaciones callejeras. Pero ese elemento presenta tres problemas para el bloque independentista. El primero es que pasara la direccin del proceso a la minoritaria CUP - que marcara an ms los ritmos y las formas - pues domina mejor ese terreno, algo que seguramente levante el rechazo de PDeCAT. El segundo es que se abrira una dinmica incontrolable porque podra originar una reaccin no solo ms represiva por parte del Estado, sino de enfrentamiento civil; y podra aislar internacionalmente an ms al independentismo, pues ningn gobierno europeo desea que se exporte ese tipo de conflictos a algunas de las regiones con reivindicaciones nacionalistas en Europa. El tercero es que se produjese una agravacin de la situacin econmica y empujase al campo anti-independentistas a ms sectores sociales.

Blog del autor (artculos y libros): http://miradacrtica.blogspot.com/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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