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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-10-2017

La verdadera batalla por Barcelona

Alfredo Apilnez
Rebelin


Primera parte

EL EMBATE: Buitres sobre la ciudad

"Sangre, sudor y lgrimas arrancadas a millones, por qu?, por la renta! "

Lord Byron

Un fantasma recorre Barcelona: la rebelin de los inquilinos. Hastiados de la caresta de la vida, del desempleo y la precariedad laborales y ante el brutal incremento de rentas impuesto por el sindicato de caseros, decenas de miles de inquilinos de la rosa de fuego se declaran en huelga cesando en el pago de alquileres. La represin no se hace esperar. Los lazos de ayuda mutua tejidos por las clases populares a travs de dcadas de speras luchas contra los amos de la ciudad propician la solidaridad y la resistencia contra el ataque conjunto de los rentistas de la Cmara de la Propiedad y las fuerzas defensoras del orden burgus. En un ambiente de gran crispacin -que da lugar, en ocasiones, a intercambios de disparos-, los masivos intentos de desahucio, con lanzamiento incluido de muebles a la calle, son frecuentemente atajados por los aguerridos arrendatarios, organizados en el Comit de Defensa Econmica. Los presos gubernativos, en su mayor parte relacionados con los desahucios, inician una huelga de hambre, mientras el conflicto del sector del metal que conmociona a la ciudad se transforma en huelga general. Siguen cuarenta y ocho horas de extrema tensin con varios muertos, veinte heridos graves y centenares de detenciones que provocan la desarticulacin del Comit de Defensa Econmica y la detencin de sus dirigentes. Se pone en evidencia cmo la recin inaugurada repblica recibida esperanzadamente por las clases populares- mimetiza sin complejos los modos represivos del rgimen anterior cuando se trata de lidiar con las reclamaciones de los desposedos.

El relato anterior no es una agorera prognosis de historia ficcin sobre la aguda conflictividad social en la hipottica Repblica Catalana. Se trata de una sucinta descripcin basada en el excelente ensayo de Manel Aisa- de la huelga de alquileres que sacudi Barcelona en el convulso verano de 1931. El advenimiento de la Segunda Repblica y el impacto profundo de la crisis econmica de 1929 desencadenaron un rebrote de las luchas sociales alimentado por las expectativas luego frustradas- de reformas socioeconmicas profundas generadas por el nuevo rgimen. Mutatis mutandis, en la actual situacin de agudo deterioro de las condiciones de vida y de intensificacin de la violencia inmobiliaria en la ciudad de los prodigios, la respuesta por parte de unas clases populares profundamente desestructuradas dista mucho de la que en aquel momento ofreci una clase obrera altamente politizada por el anarquismo revolucionario. Contrariamente a la hegemona que encarnaba en la Segunda Repblica el movimiento anarquista frente al minoritario nacionalismo burgus, en la actual fase de exaltada efervescencia identitaria, los escasos brotes de resistencia ante la apisonadora neoliberal son ahogados por el fragor de la omnipresente cuestin nacional. Cabra pues sospechar que sin menoscabo de su indudable arraigo y del xito logrado en la movilizacin popular- el eje nacional-patritico, con su idealista vocacin interclasista aglutinadora de la voluntat dun poble, ha contribuido a esa anestesia al diluir el componente social de las luchas populares que haba revitalizado la sorprendente eclosin quincemayista.

Y sin embargo, sobran como entonces- los motivos para la ruptura de la paz social. La antigua rosa de fuego de la que Engels deca que era la ciudad del mundo con ms barricadas-, deviene, al comps de su conversin en golosina para la explotacin de la marca Barcelona la millor botiga del mon de los fastos olmpicos y el grotesco Frum 2004 -, un modelo perfecto de la nueva matriz de rentabilidad del capitalismo neoliberal: la extraccin de rentas basada en las burbujas de activos y en la en los clsicos trminos de Harvey - acumulacin por desposesin. El filsofo francs Henri Lefevre , ya en 1974, en el inicio del apogeo del capitalismo financiarizado, sealaba cul iba a ser el renovado objetivo del capital ante la crisis de rentabilidad provocada por el agotamiento del modelo industrial-fordista de los treinta gloriosos: el inmobiliario y la construccin dejan de ser un circuito secundario, una rama anexa y retrasada del capitalismo industrial y financiero para situarse en primer plano de la nueva matriz de acumulacin. Pocos ejemplos mejores que el de la capital de Catalua la antigua fbrica de Espaa- para ilustrar esa drstica transformacin de la estructura econmica volcada actualmente hacia la valorizacin del suelo y el espacio urbanos como objetivos predilectos del capital financiero.

En los inicios de la cacareada recuperacin de la maltrecha economa espaolacogida de los frgiles hilos de la poltica monetaria expansiva del BCE, el petrleo barato y el coyuntural aluvin turstico- y ante la imposibilidad de reiniciar por ahora- el inflado de nuevas burbujas hipotecarias por la fragilidad de la demanda de los millenials y el enorme stock de ladrillo procedente de la debacle de 2008, la fiera rentista cambia de estrategia. El siguiente anuncio de la promotora Urbania International, con excelentes relaciones con varios fondos de inversin internacionales, resume, mejor que cualquier coleccin de datos estadsticos, el modus operandi de la nueva ofensiva de los tiburones inmobiliarios: La estrategia es hacer una mejora moderada y una renovacin del edificio, reemplazando los contratos actuales por un esquema de gestin de vivienda turstica, lo que automticamente trae consigo un aumento de los ingresos por alquiler y la revalorizacin fsica de la propiedad misma para la posterior desinversin. La apuesta por el alquiler es pues la clave de bveda de la recomposicin de la burbuja inmobiliaria y sus lites asociadas.

La tormenta perfecta, que impacta de lleno contra las crecientemente precarias condiciones de vida de unas clases populares machacadas por la devaluacin salarial y la pobreza rampante, est servida: las masivas inyecciones de liquidez del BCE, canalizadas hacia la banca y los fondos oportunistas; el volcado hacia el alquiler de miles de viviendas procedentes de los despojos del colapso de 2008; la creacin con el seuelo de jugosas ventajas fiscales- de las SOCIMIS, autnticas multinacionales del rentismo financiarizado y la invasin vertiginosa del alquiler turstico propulsado por la plataforma Airbnb conforman un cicln especulativo que torna prohibitivo el acceso a un bien bsico para enormes bolsas de poblacin. Su absoluto desvalimiento se agudiza con la complicidad flagrante de los dueos del BOE con las sucesivas reformas de la neoliberal LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) y el chollo fiscal del que disfruta el arrendador en detrimento del arrendatario en lugar destacado- con los intereses del sindicato de caseros. Salva Torres, alma mater de la asociacin 500x20 , que cuenta en su haber con una admirable tarea de investigacin financiero-jurdica y de activismo social por la defensa del eslabn ms dbil de la opresora cadena de la violencia inmobiliaria, indica hacia dnde bascula la preferencia de los " ecunimes " legisladores: En 2014, los inquilinos recibieron ayudas por 353 millones de euros mientras que los propietarios consiguieron cerca de 15.000 millones en ayudas, exenciones fiscales y fraude. Pero si a esos regalos aadimos los 1.785,43 millones de euros en desgravacin por compra de vivienda habitual, nuestro pas es lder europeo en ayudas a la vivienda y en desahucios. Esto tiene un nombre: poltica clasista y neoliberal a favor de la propiedad frente a la vivienda entendida como un derecho y no como un activo financiero. Javier Burn , gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, se refiere lastimosamente a los cien aos de no tener polticas pblicas de vivienda para explicar la casi absoluta inexistencia de vivienda pblica o de alquiler social que pueda amortiguar el embate especulativo.

Los fondos de capital-riesgo como Blackstone , la infausta SAREB el llamado banco malo, financiado con dinero pblico procedente del rescate europeo y atiborrado de la morralla inmobiliaria de las extintas cajas- y los 4 grandes bancos supervivientes de la hecatombe, convertidos en las mayores inmobiliarias del pas tras la plaga de embargos hipotecarios, son los nuevos caseros del alquiler profesional.

Barcelona se convierte as en la joya de la corona del ataque combinado de las panzer division financiero-inmobiliarias. Su enorme potencial como meca turstico-congresual, la existencia de un parque de alquiler muy superior al del resto del estado (30% del total de viviendas) y la hegemona local de una alta burguesa rentista orbitando alrededor de la todopoderosa Caixa y de gigantes inmobiliarios como Nez y Navarro- con potentes socios internacionales la convierten en diana predilecta del ataque de los financistas: en 2016, la inversin inmobiliaria profesional en BCN fue de casi 2000 millones de euros (el 85% del presupuesto global del Ayuntamiento y el 20% del total de todo el pas).

El resultado es fcilmente previsible. En los dos ltimos aos las rentas han escalado ms de un 25% en los barrios ms golosos del centro turstico y siguen acelerndose mientras los desahucios por impago de alquiler ya superan con creces a los de vivienda habitual. Las imgenes de espantados vecinos mostrando angustiados los implacables burofax, en los que los nuevos multi-propietarios les conminan al abandono inmediato de la vivienda mediante la va expeditiva de la no renovacin contractual, representan el smbolo de la nueva ofensiva de violencia inmobiliaria. Los ayuntamientos del cambio y la regeneracin democrtica asisten desbordados ante la avalancha: el seor Burn, a la par que desgrana medidas pretendidamente realistas, como fomentar la colaboracin pblico-privada y buscar el equilibrio entre rentabilidad y habitabilidad, reconoce la impotencia del ayuntamiento del cambio ante la enormidad de un problema estructural. El ritmo de construccin de viviendas sociales de titularidad municipal, a pesar de la aceleracin propulsada por los adalides de la regeneracin democrtica, sigue siendo, en sus resignadas palabras, una gota de agua en el ocano. El ataque de los especuladores en activos -cunta jeremiada nostlgica escuchamos del capitalismo productivo, que haca cosas tiles para la gente!-, junto con la impotencia cuando no connivencia descarada- de las administraciones pblicas inciden de lleno en el creciente desvalimiento de las clases populares. El 50% de la poblacin forma parte del precariado: persona sin perfil financiero solvente que no le permite contratar una hipoteca pero tampoco pagar alquileres de dos dgitos: la media en BCN es de 14/m2. El retraso infinito de la emancipacin juvenil, la expulsin-gentrificacin de la poblacin tradicional de los prohibitivos barrios fashion y el hacinamiento en viviendas compartidas o en la casa de los abuelos configuran un panorama de empobrecimiento generalizado con insospechados daos colaterales. Como refiere el compaero Salva Torres: Los pequeos propietarios no pueden competir con el mercado profesional de alquiler de las grandes firmas pero nunca se enfrentarn a esa mafia que los empobrece ni a esas leyes que hacen el trabajo sucio de juntar la peor oferta (propietarios empobrecidos) con la peor demanda solvente (inquilinos precarizados). Un mercado as configurado slo puede degenerar en una guerra entre pobres, con actitudes reaccionarias de esos propietarios marginales contra los inquilinos. Asimismo, se est produciendo un aumento inusitado de la frmula de compra conocida como nuda propiedad . Tal argucia perversa consiste en la adquisicin de un inmueble habitado por una persona mayor, con el derecho de reversin hacia el comprador en el momento del fallecimiento del titular. El objetivo es rentabilizar la inversin muy rebajada por la necesaria espera a que el bicho ocupante pase a mejor vida- a travs del alquiler sobrevalorado.

El carcter parasitario e improductivoen abierto contraste con la oposicin, irreconciliable pero transparente, entre explotador y explotado en el lugar de trabajo- de semejante modelo de actividad econmica se refleja en su matriz de rentabilidad precapitalista: la extraccin de rentas de la sacrosanta propiedad privada transmitida por herencia. La renta es el flujo infinito al contrario que una patente, que tiene duracin determinada hasta que revierte al dominio pblico- de liquidez que recibimos simplemente por ser propietarios de algo, sin aportar trabajo o valor de ninguna clase. Como dice Stuart Mill, refirindose a los terratenientes absentistas-: Puede decirse que se enriquecen mientras duermen, sin trabajar, arriesgar o economizar. Segn el principio general de la justicia social, qu derecho tienen a ese aumento de sus riquezas?. Ni siquiera la ortodoxia econmica neoclsica otorga refrendo terico para la extraccin ilimitada de rentas de un bien de uso depreciable cuyo valor de cambio aumenta contra toda lgica racional- indefinidamente. Qu justificacin tiene cobrar alquileres desorbitados por viviendas antiguas la mayora del parque de Barcelona tiene entre 40 y 60 aos- que ya han sido amortizadas varias veces por sus propietarios a travs del flujo de rentas y las generosas desgravaciones fiscales? Los proudhonianos clsicos consideraban que la explotacin capitalista se fundamentaba en distintas categoras econmicas que consistan en parasitar el esfuerzo ajeno: la plusvala en el trabajo, el lucro en el comercio, el inters en el crdito y la renta en el alquiler. Ni que decir tiene cules son las predominantes en la actual fase senil y crecientemente depredadora del sistema de la mercanca. Lefevre resume el ataque global a las condiciones de vida de la poblacin que una matriz rentista-extractiva como la descrita supone: Todas las condiciones se renen as para un dominio perfecto, para una refinada explotacin de la gente, a la que se explota a un tiempo como productores, como consumidores de productos y como consumidores de espacio.

Segunda parte

LAS RESISTENCIAS: legalismo versus ilegalismo

Hoy es muy difcil esperar que los nuevos sindicatos de vivienda asuman una medida como sta, pero tal y como los sindicatos laborales combativos deben aspirar a acabar con el trabajo asalariado, los sindicatos de inquilinos deben aspirar a acabar con la renta. Abolir los alquileres puede parecer una propuesta muy extrema, pero ni siquiera el argumentario econmico ms convencional puede refutar su coherencia

Ruymn Rodrguez

"Esa poltica tiene dos criterios: no engaarse y no desnaturalizarse. No engaarse con las cuentas de la lechera reformista ni con la fe izquierdista en la lotera histrica. No desnaturalizarse: no rebajar, no hacer programas deducidos de supuestas vas gradualistas al socialismo, sino atenerse a plataformas al hilo de la cotidiana lucha de clases y a tenor de la correlacin de fuerzas de cada momento, pero sobre el fondo de un programa al que no vale la pena llamar mximo porque es el nico: el comunismo"

Manuel Sacristn Luzn

Ante la virulencia del embate financiero-inmobiliario contra las condiciones de vida y habitacin de unas clases trabajadoras crecientemente desvalidas, surgen los interrogantes acerca de qu tipo de estrategias de resistencia pueden obstaculizar el desarrollo de la maquinaria de la apisonadora neoliberal. Es posible contener, desde las instituciones pblicas o los movimientos sociales, los efectos devastadores de un modelo como el descrito? Puede embridarse el voraz capitalismo financiarizado a travs de las palancas institucionales o legislativas? Cules son sino las posibilidades de construir una resistencia popular eficaz contra la ola desatada de violencia inmobiliaria?

Las organizaciones que se han erigido en protagonistas de la respuesta social ante los efectos ms dramticos del colapso inmobiliario de la ltima dcada se caracterizan por la adopcin de una estrategia basada en la reduccin de daos y en la propuesta de reformas legislativas -de las que la dacin en pago ha sido la reivindicacin estrella-.

El ejemplo paradigmtico ha sido la lucha contra los desahucios llevada a cabo por la PAH, cuya casa matriz se sita en la ciudad de Barcelona. El mrito indudable de llevar a la esfera pblica una violencia extrema del sistema la aberrante arquitectura legal del sistema hipotecario espaol con su brutal regulacin del impago crediticio- queda sumamente atenuado por el grave error que implica centrar casi exclusivamente la lucha contra la violencia inmobiliaria en su medida estelar: la 'dacin en pago'. Adems de soslayar con ello la crtica de fondo de todo el sistema de generacin de crdito bancario (creacin de dinero-deuda de la nada e inflado de colosales burbujas de activos), causante real de la catstrofe inmobiliaria, la cpula de la organizacin ha rechazado recurrir a los mecanismos que hubieran sido realmente eficaces para impedir que muchos hipotecados en quiebra perdieran su vivienda. Limitndose a la denuncia del abuso que supona la reclamacin de la deuda restante, tras la entrega de la vivienda al banco, se renunciaba a la denuncia global de todo el entramado fraudulento basado en el crdito hipotecario. La PAH-Madrid , organizacin enfrentada por este motivo a la casa matriz barcelonesa, define la dacin como una alternativa txica y letal en su aplicacin generalista y populista. Y lo cierto es que, como han demostrado quienes han tenido el coraje de ir ms all en la investigacin y denuncia de los atropellos perpetrados por la banca patria, motivos para cuestionar la legalidad de todo el sistema no faltaban en absoluto. Trapaceras fraudulentas, reconocidas en sentencias de tribunales espaoles y europeos, como la masiva titulizacin de hipotecasque conduca al absurdo de que el banco que exiga la deuda no era el legtimo acreedor al haberla empaquetado y vendido, desapareciendo su rastro en la nebulosa financiera-; el vencimiento anticipado , que faculta al acreedor para la ejecucin de la hipoteca y la reclamacin completa de la deuda pendiente transcurridos nicamente dos impagos o la colusin de la gran banca europea en la fijacin del Eurbor y del IRPH para cargar intereses abusivos el 90% de las hipotecas eran de tipo variable- al incauto deudor son slo algunos botones de muestra de las cargas de profundidad que podan desvelar la flagrante ilegalidad de todo el procedimiento hipotecario. Sin embargo, cumpliendo a la perfeccin con el sostenella y no enmendalla, en su ltima Iniciativa Legislativa Popular , la PAH sigue insistiendo en su propuesta de dacin en pago retroactiva, junto con otras medidas paliativas como el etreo alquiler justo o asequible. No es en absoluto osado aventurar que semejante tctica derrotista ha facilitado, a su pesar, la gestacin de la actual burbuja del alquiler gracias al volcado al sediento mercado de centenares de miles de viviendas procedentes de lanzamientos hipotecarios incluidas miles procedentes de daciones en pago- por parte de la gran banca y de la SAREB. Tales daos colaterales explican quizs la dureza de la PAH-Madrid en su descripcin de las causas del distanciamiento ocurrido en la organizacin: "unos llegaron al Congreso, Asambleas o alcaldas. Su instrumentalizacin del problema hipotecario les rindi diferentes beneficios personales y polticos. Otros seguimos de manera organizada en la defensa de nuestras familias frente a bancos, jueces y polticos. Quizs una pista innegablemente malvola- que explique su moderantismo adaptativo la proporcione el antroplogo social Gerard Horta al consignar la rpida colocacin, como asesores o cargos municipales en el consistorio barcelons, de los principales responsables de los colectivos proinmigrantes y activistas contra el CIE , surgidos al calor del triunfo electoral del ciudadanismo progresista encarnado en Barcelona en Com cuyos mximos dirigentes provienen de la PAH-.

Paralelamente a la basculacin del rentismo financiero-inmobiliario de la propiedad al alquiler, el activismo social centrado en la lucha por la vivienda digna se ha desplazado de la contencin de los enormes daos provocados por el drama hipotecario a la lucha contra la redoblada violencia inmobiliaria causada por la burbuja del alquiler - actualmente, el 93 % de los desahucios en Barcelona son por impago de arrendamiento-. El da 12 de mayo de 2017 se celebr la presentacin en sociedad del Sindicato de Inquilinos de Barcelona. La defensa del derecho a la vivienda y a un alquiler asequible, estable, seguro y digno constituiran, segn su manifiesto fundacional, sus propsitos fundamentales. La formacin de un parque pblico de vivienda social, la lucha por la regulacin de los precios, la reforma de la neoliberal LAU y el asesoramiento a afectados por los efectos de la draconiana legislacin vigente representan sus ejes prioritarios de actuacin. En sus coloristas el naranja es el uniforme del movimiento- encuentros ciudadanos, el mantra del alquiler justo, las invectivas contra los fondos buitres y la lucha contra la especulacin que nos ahoga centran las intervenciones. El ambiente armonioso remite a las evanglicas asambleas de la PAH, con sus referencias a la inteligencia colectiva y a vehicular las emociones a travs del lenguaje dulcificado empoderamiento, revolucin democrtica, ciudadanismo, femenino genrico, etc- de clara ascendencia quincemayista. Al igual que la PAH, su declogo de propuestas, rezuma legalismo y requerimientos de reformas a las administraciones pblicas que contengan la apisonadora de la violencia inmobiliaria. En su manifiesto fundacional, el sindicato se ubica en la tradicin abierta por la huelga de alquileres del 31 como si su manifiesto carcter reformista-paliativo pudiera entroncar con el anarquismo revolucionario- que nos recuerda que la lucha por los derechos de los inquilinos no es aqu una experiencia nueva.

La recin constituida marzo de 2017- Coordinadora de asambleas de vivienda de Barcelona reclama en su declaracin de principios medidas similares: limitacin de alquileres, reduccin de alojamientos tursticos, paralizacin de desahucios sin alternativa habitacional, etc. Aadiendo asimismo en su exhortacin final una dupla de exigencias dirigida a las inmobiliarias, conminndolas cul si de la fbula del escorpin y la rana se tratara- a que dejen de especular con el precio del alquiler y exigiendo a la administracin que intervenga tomando medidas contra el vaciamiento de los barrios.

La genealoga de las referidas organizaciones junto con el observatorio DESC, el llamado think tank de la PAH y del sindicato de inquilinos-, compaeros de viaje de la nebulosa de los Comunes y del nuevo municipalismo regeneracionista, podra remontarse a los colectivos de lucha por el derecho a la vivienda surgidos en los aos previos al colapso de 2008. Resulta llamativa la notable coincidencia de postulados con el contenido de la Carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanstica, del ao 2006. El documento fue redactado por la Plataforma vecinal contra la especulacin, en el marco del Taller contra la violencia inmobiliaria y urbanstica, caldo de cultivo del que surgi la V de Vivienda , organizacin que protagoniz las primeras movilizaciones masivas en Barcelona por el derecho a la vivienda y que fue uno de los embriones de la PAH -fundada en el ao 2009-. Una somera ojeada muestra que las medidas propuestas control de precios, reforma de la LAU, denuncia de la especulacin desaforada, etc.-no han variado significativamente en la ltima dcada. La primera frase de la Carta define a la perfeccin la esencia sociolgica del movimiento: Soar con un piso en condiciones adecuadas se ha convertido en una pesadilla para un gran nmero de habitantes de Barcelona.

La justificacin de la moderacin de tales medidas adquiere siempre ribetes tacticistas, basados en la prudencia y la adaptacin a los malos tiempos: hay que ser realistas y no pedir imposibles, sintonizando con el sentir mayoritario de la poblacin, para sumar adhesiones y elaborar programas de mnimos que aglutinen sensibilidades diferentes evitando sectarismos. La dulcificacin terminolgica tan caracterstica de los compas de la nueva poltica, descendiente bastarda del quincemayismo- refleja ese afn de apelacin al sentido comn de los hombres y mujeres de bien: garantizar derechos ciudadanos, lucha contra la pecaminosa especulacin, construccin de alternativas de regeneracin democrtica, transversalidad de las luchas, municipalismo, etc.

El primer punto de las diez propuestas del manifiesto del Sindicato de Inquilinos barcelons resume esta aspiracin de fuerte aroma pequeoburgus: hace falta estabilidad y una mayor duracin de los contratos para poder desarrollar proyectos vitales. Como parte indisoluble de este realismo, carente de veleidades utpico-revolucionarias, se apela a la contencin de los poderes econmicos exigiendo reformas legales (en lugar destacado, la furibundamente neoliberal LAU) y la intervencin pblica en el control del ataque encarnizado del capital financiero contra las frustradas seguridades de la clase media. Detrs de frmulas como la bsqueda del reequilibrio del contrato social en favor de la ciudadana, se esconde el mismo benestarismo naf que ha llevado a la bancarrota a la socialdemocracia, incapaz de comprender que el capitalismo neoliberal no entiende de lmites ni de contrapesos redistributivo-keynesianos. La actual alcaldesa de Barcelona y antigua lideresa del movimiento antidesahucios expresa la esencia armonista del movimiento: El anhelo de tener una vivienda propia es muy respetable y entonces en un modelo ideal de vivienda debera existir un fuerte parque de vivienda social, un parque importante de alquiler regulado como hay en otros pases, un parque de cooperativismo y cesin de uso (modelo entre la propiedad y el alquiler) y podra haber tambin pequea propiedad. No hay que confundir la pequea propiedad con la gran propiedad de la especulacin con la vivienda".

No se pueden dejar de escuchar, por debajo de las bellas proclamas ciudadanistas del derecho a la ciudad, los ecos de la sarcstica descripcin de Lefevre acerca de los vanos anhelos de vuelta a un capitalismo redistributivo caractersticos de la atribulada middle class: Colgar el abrigo en el vestbulo de la entrada. Y, ya ms ligero, salir a tus asuntos despus de haber confiado los nios a los Jardines de Infancia de la galera, reunirte con los amigos y tomar algo juntos en el drugstore. He aqu realizada la imagen perfecta de la alegra de vivir.

Existen otras formas de resistencia contra la violencia legal del sistema de la mercanca alejadas de la ilusin gradualista o del reformismo paliativo? Entroncando con mucha ms justicia histrica que el sindicato barcelons- con el movimiento anarcosindicalista de los aos 30, se ha fundado tambin este ao el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. En la seccin Finalidades y medios de su declaracin de principios aparece el siguiente postulado: El objetivo del sindicato es garantizar para todas las personas sin recursos una vivienda digna. Intentar lograrlo organizando a [email protected] [email protected], promoviendo en [email protected] la necesidad de entender sus problemas como un conflicto colectivo, tejiendo redes de solidaridad y apoyo mutuo y reforzando la idea autonomista de que les corresponde a [email protected] resolver, sin delegar, sus propios problemas".

Aparentemente, el diagnstico y las estrategias tienen una msica similar a la de las organizaciones "hermanas" de la ciudad condal. Nada ms lejos de la realidad: el ideario del Sindicato canario excluye la confianza en la va legalista-institucional con sus vanas esperanzas de alterar el statu quo a travs de la presin sobre los poderes del Estado. A aos-luz de quienes ven en el respetable anhelo a tener una vivienda propia un legtimo ideal de vida, sus actuaciones reflejan la necesidad de tirar por la calle de en medio, sin rebajarse ni desnaturalizarse con la tentacin reformista. Ni una sola mencin a reformas legislativas ni a recurrir a las palancas de la poltica oficial para introducir cuas en la maquinaria del expolio: se aspira a crear una organizacin que no nos reduzca a simples reguladores de las desigualdades del Sistema. Una estrategia que ponga sobre la mesa la necesidad de probar otras alternativas de gestin de la vivienda, que aspire a que sta se d de forma directa por parte de los vecinos sin injerencias de intereses privados y que plantee la necesidad de que las decisiones sobre las viviendas las tomen quienes las habitan

Ruymn Rodrguez, uno de los portavoces del Sindicato, autor de una magnfica recopilacin de textos donde relata sus experiencias de activismo social, describe las herramientas que sirven para la aplicacin prctica de tales principios: Socializamos suministros, paramos desahucios, realojamos familias sin techo, recurrimos a huelgas de alquileres... Queremos ser el tipo de herramienta que era el sindicalismo anarquista en los aos treinta pero adaptada a los tiempos que corren.

Se trata de aprovechar las perspectivas transformadoras y de movilizacin social que abre ante la desactivacin bajo la hegemona neoliberal del conflicto clsico en el centro de trabajo- el frente de lucha por la vivienda, una problemtica que implica a todos los mecanismos coercitivos del sistema: los tres poderes legales, el empresariado, la clase rentista-financiera y las fuerzas de seguridad. Contrariamente a la confianza del frente ciudadanista en el legalismo y la capacidad institucional para cambiar la "correlacin de fuerzas", el Sindicato canario propugna la defensa del ilegalismo como principio de actuacin. Acompaado, cuando sea necesario, del recurso siempre tctico a la legalidad y a los resortes institucionales como mecanismos para aprovechar el lado garantista que a pesar de su carcter de clase- tiene la legislacin de una democracia moderna. El compaero Ruymn expresa con brillantez las insolubles contradicciones de la ilusin gradualista de las nuevas fuerzas del cambio: Cuando se rehuye el conflicto, solucionamos los problemas y dficits del Sistema y lo reforzamos en vez de debilitarlo. En la FAGC (Federacin Anarquista de Gran Canaria) nos dimos cuenta de esta incongruencia cuando asistentes sociales y ayuntamientos empezaron a enviarnos gente para que la realojramos. La lucha social no puede permanecer insensible a las necesidades de la gente, pero tampoco puede ser el tapn de las fugas del Sistema ni la oportunidad de reenganche de los excluidos al modelo capitalista.

Se trata pues de evitar la doble tentacin del infantilismo revolucionario grupsculos que ven la insurreccin a la vuelta de la esquina, habituales en la fragmentada constelacin de los "autnomos" de extrema izquierda- y de la institucionalizacin domesticada: los dos guettos a travs de los que se encierra y desactiva la posibilidad prctica de incidir en la modificacin sustancial de la vida cotidiana.

Como demuestra la prctica, breve pero fructfera, del sindicato canario, la necesidad de poner en jaque a la constelacin jurdico-policial de blindaje de la sacrosanta propiedad privada exige poner el acento en el papel neurlgico de la okupacin como herramienta poltica y no meramente asistencial. En lugar de una concepcin defensiva de la okupacin, como medio de realojo de las vctimas de la violencia inmobiliaria ante la falta de alternativas habitacionales enfoque caracterstico de la PAH-, se trata de recurrir a la okupacin poltica como herramienta de socializacin y arma de lucha contra el establishment: la Comunidad la Esperanza , la mayor comunidad okupa de Espaa y la sede del sindicato canario, es el smbolo del intento de trascender el cariz paliativo del realojo mediante el carcter combativo de la okupacin poltica como revulsivo para aglutinar colectivos y unificar las luchas.

Las prcticas comunitarias que en ella se desarrollan ofrecen atisbos de las potencialidades de desarrollo de la vida social, sin las bridas y camisas de fuerza que las reglas del juego imperantes en la sociedad mercantil imponen. A pesar de su condicin minoritaria, el solo hecho de crear entornos autnomos donde se abran posibilidades de desarrollar actividades que impliquen cooperacin, apoyo mutuo y estmulo de tejidos asociativos y vecinales supone la puesta en cuestin de los cimientos de la ciudad-mercadera y de los pragmticos consejos de los reformistas pequeoburgueses que tan sarcsticamente describe el subcomandante Marcos : lo que deberan hacer es ver cmo administrar el muro sin pretender derribarlo: cambiar de guardia, intentar hacerlo un poco ms justo, amable. De todas formas, resgnense, siempre estarn de este lado. Si siguen as, slo le estn haciendo el juego a la administracin, al gobierno, al Estado, al cmo se diga, no importa la diferencia porque el muro es el muro y siempre lo oyen? , siempre estar ah.

Mientras no resurja la movilizacin social, aletargada desde la luminosa eclosin quincemayista y anestesiada actualmente por las falsas expectativas creadas por el asalto institucional y el frenes identitario, la tarea de la hora consiste en la construccin paciente de nueva cultura material de vida que vaya agrietando ese muro que algunos piensan que es intil intentar derribar -colaborando con ello, quizs involuntariamente, en su mantenimiento-. En las sabias palabras de Joaqun Miras , Ahora no hay movilizacin social; la que se inicia en el 15-m del 2011 ha sido desmontada por quienes se convierten de inmediato en sus usufructuarios que proclaman que basta con votarles a ellos para cambiar el mundo. El cambio que pueda llegar a haber en una sociedad, poco o mucho, integrado a medio plazo o a corto plazo, depende de la movilizacin, de la lucha social que haya habido () Pero eso no es lo que ocurre ahora aqu. Aqu no hay movilizacin de masas, lucha social organizada, o como queramos decirlo. Y proseguimos en pleno neoliberalismo.

Blog del autor: https://trampantojosyembelecos.wordpress.com/2017/10/21/la-verdadera-batalla-por-barcelona/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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