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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-10-2017

Legitimidad, poder y lneas rojas del debate en Cuba

Pedro Monreal Gonzlez
Cuba Posible


Reconoce el poder en Cuba la legitimidad poltica de actores que han propuesto cambios que oficialmente se consideran que estn en abierta contradiccin con la esencia del socialismo? Existe una lnea roja respecto a la legitimidad poltica de los actores que hacen propuestas de cambio en Cuba?

En principio, las respuestas a ambas preguntas parecen ser positivas, pero antes de continuar, conviene precisar que la legitimidad poltica no equivale a la legalidad, ni a la autoridad. Nos referimos aqu a la legitimidad poltica en su relacin con la moralidad.

Es un tema, sin duda, complicado y a ello volver ms adelante; pero lo que deseo dejar establecido desde el inicio es que me refiero a que un actor cuenta con legitimidad poltica si moralmente se justifica su intervencin en la poltica. Abordamos aqu la manera en que el poder reconoce la legitimidad de otros actores, especficamente de los individuos o de entidades no oficiales, que intervienen en la poltica cubana, particularmente en sus procesos deliberativos.

En modo alguno sugiero que el poder poltico deba ser el juez de la legitimidad poltica, pero el poder siempre hace una valoracin de la legitimidad de los actores que intervienen en el debate pblico, y es eso lo que me interesa exponer.

Circunscribimos aqu el comentario sobre legitimidad poltica a un tema especfico: la reforma del sistema econmico y social en Cuba, algo que en los cdigos oficiales se denomina la actualizacin del modelo. Igualmente delimitamos el comentario al debate poltico pblico sobre la reforma econmica, y no al debate acadmico que discurre a travs de publicaciones y eventos especializados.

Intento abordar esta cuestin de un modo entendible para que pueda tener utilidad prctica en el debate poltico. Por tanto, se han puesto a un lado las consideraciones conceptuales, se han soslayado las citas bibliogrficas y se ha asumido el riesgo que pudiera resultar de la simplificacin de los conceptos.

Balanceando la legitimidad y el realismo poltico

Volviendo a la primera pregunta: reconoce el poder en Cuba la legitimidad poltica de actores que han propuesto cambios que oficialmente se consideran que estn en abierta contradiccin con la esencia del socialismo?

Pudiera tomarse como una evidencia de respuesta afirmativa lo expresado por Ral Castro en relacin con la discusin de los Lineamientos: algunos pronunciamientos no se ven reflejados en esta etapa, ya sea porque se requiere profundizar en la temtica, al no disponerse de las condiciones requeridas o en otros casos, por entrar en abierta contradiccin con la esencia del socialismo, como, por ejemplo, 45 proposiciones que abogaron por permitir la concentracin de la propiedad (Informe Central al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, PCC, abril de 2011).

Durante aquel proceso de consulta, el poder poltico no solamente registr esas propuestas y las proces, sino que ofreci a los ciudadanos una explicacin categrica, pero respetuosa, acerca de las razones por las que esas propuestas no fueron incorporadas en los documentos revisados de los Lineamientos.

Pasemos a la segunda pregunta: existe una lnea roja respecto a la legitimidad poltica de los actores que hacen propuestas de cambio en Cuba?

La respuesta es tambin positiva. La legalidad impone, de hecho, una visin moral que establece una clara demarcacin de lo que oficialmente se considera como polticamente legtimo en Cuba. Es decir, la ley establece parmetros que no solamente desde la perspectiva del poder- despojaran de moralidad las propuestas de determinada naturaleza. Los actores que las formulasen no seran considerados, oficialmente, como polticamente legtimos. De hecho, pudieran ser sancionados jurdicamente.

Las leyes vigentes en Cuba establecen lmites en el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanos, especificando que estos no pueden ser ejercidos contra lo establecido en la Constitucin y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisin del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infraccin de este principio es punible (artculo 62 de la Constitucin de Cuba).

Si se aplicase un enfoque lineal, pudiera pensarse que cualquier propuesta que entrase en abierta contradiccin con la esencia del socialismo ira contra la existencia y fines del Estado socialista y, por tanto, no existira la ms mnima posibilidad de que oficialmente se reconociera la legitimidad poltica de los actores que las formulasen.

Sin embargo, como se ha mencionado antes, esas propuestas en abierta contradiccin con la esencia del socialismo han sido hechas y, no obstante, el poder ha reconocido la legitimidad poltica de los ciudadanos que las plantearon, aunque el poder decidi que eran propuestas no aceptables. Aqu hay un claro ejemplo de que la poltica no es un proceso lineal.

Son propuestas a las que llamo fuera de zona, en el sentido de que van ms all de lo que hoy es poltica oficial y que rebasan el alcance de lo que recogen los documentos de los Lineamientos y de la actualizacin.

Pudiera saberse de antemano si el poder poltico reconocer la legitimidad de un actor que haga una propuesta fuera de zona?

No puede conocerse con certeza porque en ello influyen al menos dos factores inconstantes. Primero, la variabilidad que pudiera existir en la percepcin que tiene el poder sobre la pertinencia de los temas que se debaten, una variabilidad que usualmente es el efecto de la realidad cambiante sobre el pensamiento.

Lo que hoy est fuera de zona, pudiera maana estar dentro. Ha ocurrido con la tenencia de divisas, con los mercados campesinos, y con los por cientos de participacin de los inversionistas extranjeros. No hay razones para asumir que no pudiera ocurrir algo similar con la escala de lo que hoy se considera de manera nebulosa- como la concentracin de la propiedad. Hasta septiembre de 2010 un restaurante privado solamente poda tener 12 sillas. Hoy puede tener, legalmente, cuatro veces aquella cantidad. La realidad cambia, y con ella las demarcaciones de lo que debe o puede ser moralmente justificado en materia poltica.

En segundo lugar, en el reconocimiento de la legitimidad de los actores influye el tipo de proceso deliberativo. Los mtodos de las grandes consultas que son oficialmente organizadas (como ha sido el caso de las consultas masivas en torno a los Lineamientos y a la conceptualizacin), han mostrado la existencia de mrgenes relativamente amplios para el reconocimiento oficial de la legitimidad de los actores en el debate pblico.

Es polticamente coherente que, si los ciudadanos son oficialmente convocados para que opinen con libertad sobre la reforma del modelo econmico y social, se les reconozca -de entrada- su justificacin moral para hacer propuestas, o sea, su legitimidad como actores polticos.

En ese caso, la justificacin moral del ciudadano para intervenir en la poltica -mediante propuestas en el marco de un proceso deliberativo- no ha dependido de lo que este diga. El derecho ciudadano para proponer ha entraado legitimidad poltica.

Sin embargo, cuando el debate pblico no discurre por la va de esas grandes consultas, es menos perceptible el reconocimiento, por parte del poder, respecto a la legitimidad de los actores polticos que hacen propuestas fuera de zona. No se trata de que el poder haga directamente un pronunciamiento deslegitimador acerca de esos actores. De hecho, no he identificado que ello haya sucedido pblicamente desde que se iniciaron los debates sobre los Lineamientos y la actualizacin.

Las menciones oficiales a plataformas de pensamiento neoliberal y de restauracin capitalista un caso de no reconocimiento de legitimidad de actores- han sido expresadas de manera general, pero tal calificacin deslegitimadora no parece haber sido aplicada oficialmente de manera pblica- a persona o entidad alguna.

Lo que ocurre cuando el debate no asume la forma de una gran consulta es que los actores no pueden contar con un reconocimiento preceptivo de legitimidad poltica que les permita enfocarse de manera constructiva en el debate. Este se convierte en bronca. En un dime que te dir sobre la propia legitimidad para proponer.

Los mltiples comentaristas que, sin representar formalmente el poder, cuentan con acceso a plataformas de expresin colindantes con los medios oficiales, no parecen haber realizado crticas pblicas al PCC por su decisin de haber reconocido la legitimidad poltica de quienes hicieron proposiciones que abogaron por permitir la concentracin de la propiedad durante la consulta de los Lineamientos.

Sin embargo, algunos de esos comentaristas -que dicen no estar orientados- han hecho llover rales de punta sobre quienes han hecho propuestas menos radicales, relativas a un mayor papel del mercado y del sector privado. No se ha tratado simplemente de debatir ideas, sino de tratar de convertir lo que pudiera ser una propuesta fuera de zona (atrevida, pero realizada por un actor moralmente justificado para intervenir) en una propuesta fuera de juego (moralmente inaceptable).

De hecho, el debate ha perdido el tono constructivo y se ha desviado por los vericuetos de los insultos y de los intentos de descalificacin personal.

Es posible aspirar a un debate que reconozca un amplio marco de legitimidad poltica?

En principio tal posibilidad existe y cuenta con dos antecedentes importantes. En primer lugar, se trata de algo que ya ha ocurrido. Las grandes consultas le reconocieron a cualquier ciudadano la justificacin moral -es decir, la legitimidad poltica- para hacer propuestas, con independencia de lo que pudiera expresarse, dentro de un espectro de permisividad bastante amplio.

En segundo lugar, se cuenta con la evidencia de que quienes desean hacer propuestas relativamente audaces -en comparacin con las oficiales- consideran que cuentan con legitimidad poltica para hacerlo con independencia de que no se haga en el marco de una gran consulta y con independencia de lo que piensen otros participantes sobre esa legitimidad.

De hecho, el inventario de propuestas es considerable, se incrementa constantemente, y abarca un amplio espectro de temas. Todo ello, a pesar de que existe un ambiente enrarecido y poco constructivo para debatir pblicamente por fuera de las grandes consultas.

No se trata de que otros participantes en el debate deban coincidir con esas propuestas y, mucho menos, se trata de que esas propuestas deban ser aceptadas e incorporadas en los documentos oficiales y en las polticas pblicas. Naturalmente, el debate en s mismo pudiera ser agrio y hasta exaltado. Ese no sera un problema mayor si se aceptase que los participantes en el debate tienen justificacin moral para intervenir en la poltica nacional.

Quienes intervienen en la poltica, incluyendo sus procesos deliberativos, aspiran a contar con el poder coercitivo del Estado para que se materialicen las propuestas que hacen; propuestas que si se aplicasen pudieran modificar la institucionalidad en la que deben vivir todos los ciudadanos, tanto quienes hicieron las propuestas como los que se opusieron a ellas.

Los participantes en la poltica nacional no solo aspiran a la materializacin de sus propuestas debido a intereses personales, afiliaciones ideolgicas y compromisos partidistas o grupales, sino tambin debido a las diferencias morales que pudieran tener respecto a las propuestas que hacen otros actores.

Plantear propuestas distintas en materia de reforma econmica es una forma de competencia poltica y quienes compiten en la poltica difieren tanto en el contenido como en la forma de la moral. Se difiere respecto a lo que es bueno o es malo, y tambin en relacin con el igual respeto y consideracin que se deben quienes participan en el debate.

Intentar hacer una discusin de este tipo siempre nos lleva a un viejo problema de la tica: el conflicto que existe entre el punto de vista del individuo y determinados requerimientos de imparcialidad que demanda la participacin del individuo en la vida social y poltica.

Esos requerimientos de imparcialidad pudieran adoptar formas diversas, siendo una de ellas la igualdad en el tratamiento a otros en relacin con el ejercicio de determinados derechos, como pudiera ser la posibilidad de hacer propuestas de reforma econmica.

Puede existir un debate democrtico socialista en Cuba en el que no se le reconozca a una parte de los ciudadanos la justificacin moral de hacer propuestas?

Mi respuesta es que no existen evidencias que permitan asumir razonablemente que pudiera tener lugar en Cuba un debate sistemtico y constructivo sobre la reforma del modelo econmico y social del pas sin un reconocimiento amplio a la legitimidad poltica de los actores que intervienen en el debate pblico, de forma similar a como ya ocurri en el marco de las grandes consultas.

Fuente: http://cubaposible.com/legitimidad-poder-lineas-rojas-debate-cuba/



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