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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-10-2017

La crisis de Espaa y la Constitucin de Antequera de 1883
La independencia de Andaluca como acto revolucionario

Iaki Gil de San Vicente
Rebelin

Nota: Ponencia presentada a las III Jornadas por la Constitucin Andaluza organizadas por Nacin Andaluza, sobre la actualidad de la Constitucin de Antequera de 1883, celebradas en la ciudad de Granada el 28 y 29 de octubre de 2017.



  1. Presentacin

  2. Lenin nos ayuda un poco

  3. El contexto de Antequera

  4. La Constitucion de Antequera

  5. Los nacionaldemcratas



1. Presentacin

El pasado 25 de julio, da nacional de Galiza, se conoci el Manifiesto Internacional de Compostela. Hemos dicho en otro texto La crisis de Espaa como marco de acumulacin del capital, 31 de agosto de 2017 que el Manifiesto era tanto la culminacin de un proceso de acercamiento y debate internacionalista como la apertura de otro proceso que se considera imprescindible ante la crisis de Espaa como marco de acumulacin de capital. Decamos en esa ponencia que no estamos ante la llamada crisis del rgimen del 78 sino ante una nueva crisis estructural del capitalismo espaol, es decir, de nuevo se estn agudizando rpidamente los antagonismos internos a las contradicciones que minan al Estado desde sus inicios proto burgueses.

La tesis de que nos enfrentamos solo a una crisis del rgimen del 78 nicamente aprecia parte que no todas de las expresiones sociopolticas externas de la crisis estructural, dejando fuera de su visin otras realidades; pero sobre todo, no bucea hasta el fondo, hasta las races histricas que hacen que, inevitablemente, el Estado espaol sea siempre ferozmente antiobrero y antipopular, sea una crcel de pueblos, sea incapaz de integrar a las burguesas regionales, sea incapaz de mantener la carrera imperialista por la productividad del trabajo, sea incapaz de reducir su corrupcin hasta las tasas normales en otros capitalismos, etctera.

Es cierto que unas facciones de la burguesa intentaron modernizar su Estado, y tal vez fuera posible que lo intentasen de nuevo con la cacareada segunda transicin que fracasara porque dejara sin tocar esas contradicciones estructurales. La tesis de la crisis del rgimen del 78 reivindica con razn reformas o cambios, segn las versiones, democrticos urgentes en estos momentos, pero debe ser integrada en una perspectiva estratgica ms amplia que a la fuerza pasa por el debate de si es posible llegar al socialismo que no nicamente a la III Repblica sin acabar con los pilares de la nacin espaola en su sentido actual, burgus, es decir, como el marco material y simblico de produccin de valor, reproduccin de la fuerza de trabajo y de acumulacin ampliada del capital en ese trozo de la pennsula ibrica que el nacionalismo espaol llama Espaa.

Tenemos dos ejemplos palmarios que muestran la imposibilidad de cambios cualitativos hacia el socialismo como trampoln al comunismo desde el Estado-nacin espaol actual. Uno es el de la sobreexplotacin y marginalidad perifrica de Andaluca, nacin en la que el 32,3% de la poblacin es pobre y el 41,7% se encuentran al borde de la llamada exclusin social: todas y todos sabemos que el Partido Socialista de Andaluca es una fuerza clave en el PSOE, en el Estado y en el nacionalismo espaol. Segn datos muy recientes, ahora mismo hay no menos de 2.600.000 andaluzas y andaluces que necesitados de recibir la renta bsica de lucha contra el empobrecimiento. Pues bien, el PSOE en el gobierno solo presta ayuda a 45.000 familias, o sea no llegan a 200.000 personas si suponemos que cada unidad familiar tiene cuatro personas.

El empobrecimiento, la precarizacin, la marginalidad del pueblo trabajador andaluz despus de tantos aos de gobierno del PSOE no responde solo a razones estrictamente econmicas sino tambin al lugar perifrico de sobreexplotacin que el Estado espaol impuso a Andaluca, como veremos. El nacionalismo espaol se volc a la desesperada para borrar el potente sentimiento andalucista que mostr su arraigo en aquella gigantesca manifestacin del 4 de diciembre de 1977 exigiendo derechos burgueses idnticos a los de Catalunya, Galiza y Euskal Herria.

Hoy la realidad andaluza sera muy otra si el nacionalismo espaol no hubiera logrado silenciar aquel gran sentimiento de identidad. Cmo lo hizo? Antes que nadie, deben ser las fuerzas andalucistas las que lo expliquen. Con todos los respetos en esta ponencia solo podemos sugerir algunas hiptesis: la situacin del independentismo popular por las represiones permanentes en el franquismo y en plena transicin como el asesinato de Garca Caparrs en Mlaga en 1977; el papel de la izquierda espaola con su tesis de que al socialismo solo poda llegarse dentro de una repblica espaola fuerte y unida, reduciendo la reivindicacin nacional andaluza a una simple autonoma regionalista de segunda categora; la nefasta accin de amnesia histrica y potenciacin del espaolismo del PSOE; el oportunismo cobarde de la mediana y pequea burguesa ante la perspectiva de un independentismo popular que podra fortalecerse peligrosamente si lograba conquistas importantes; la permanente intervencin del Estado y del bloque de clases dominante en Andaluca acelerando la periferizacin en medio de una severa crisis econmica con sus efectos desestructuradores como la emigracin, etctera.

Sea como fuere, aquella identidad fue sumergida en agua helada. Se pretendi liquidar hitos fundamentales como la Constitucin de Antequera, el regionalismo andaluz y la Asamblea de Ronda de 1918, el trienio bolchevique, la figura de Blas Infante, la Asamblea de Municipios en Sevilla en 1931, la masacre de Casas Viejas, los debates entre las dos Andalucas geogrficamente diferenciadas, la Asamblea en la Diputacin de Sevilla pocos das antes de la sublevacin fascista para debatir sobre un Estatuto, la sistemtica represin franquista del andalucismo popular y la fabricacin de una falsa Andaluca de castauelas, toros y sol como uno de los sostenes de la nacin espaola y como reclamo turstico, el resurgir de las luchas campesinas, populares y obreras y la recuperacin de tierras.

Dado que el PSOE es una pieza clave del capitalismo en Andaluca y en el Estado espaol, es imposible creer que la Andaluca popular, no la de los seoritos, pueda avanzar hacia su libertad dentro del Estado espaol y es imposible creer que esa misma libertad pueda ser disfrutada por todas las clases y pueblos explotados si contina existiendo el Estado-nacin espaol.

Es conocida la profunda identidad nacional espaolista del PSOE en Andaluca, como del PS de la CAV y de Nafarroa, o de Galiza, etctera, y su apoyo absoluto al nacionalismo imperialista del PSOE, que impulsa la aplicacin del artculo 155 contra Catalunya. El PSOE de Andaluca y las restantes sucursales autonmica, regionales y provinciales del PSOE es una mquina burocrtica de fabricar alienacin para fortalecer la unidad nacional espaola y con ella la tasa de ganancia del capital y su acumulacin ampliada en y gracias al Estado. El PSOE conjuntamente con el PS de Catalunya asumen que se aplique el artculo 155 a Catalunya, la parte ahora ms consciente de su identidad nacional propia de los Pasos Catalans en su conjunto.

Por tanto, cuando hablamos del PSOE hablamos de la nacin espaola, de su Estado y de su burguesa. Y una de las preguntas es: puede pensarse que las clases y naciones oprimidas avanzaremos al socialismo en su sentido verdadero, el comunista, que por tanto supone la previa independencia de las naciones oprimidas para que, en condiciones de democracia socialista, pueda decidir qu alianzas establecen con otros pueblos, sin vencer previamente el poder represor del PSOE, de la nacin espaola, de su Estado y de su burguesa? Hay ms preguntas. Una de ellas que responderemos en otra ponencia prxima es: podemos avanzar al socialismo en el sentido que lo entendemos siguiendo la senda de Podemos, del grueso de Izquierda Unida y del Partido Comunista de Espaa, y de otros sectores que se dicen marxistas y que niegan en la prctica en derecho de autodeterminacin?

Llegamos as al otro ejemplo, el del hachazo asestado a los derechos del pueblos cataln con el artculo 155 de la Constitucin monrquica espaola y la amenaza de aplicarlo tambin a Euskal Herria y Castilla-La Macha, por ahora supone una triste confirmacin de la perspectiva histrica y de las tareas que estamos debatiendo entre las fuerzas polticas que firmamos el Manifiesto de Compostela.

La burguesa espaola no puede tolerar que Catalunya se independice y no solo por la prdida econmica que ello implica sino tambin por el efecto domin que tendra ya lo est teniendo sobre la concienciacin de otras naciones oprimidas, en los sectores ms organizados de la clase trabajadora del Estado y sobre la misma legitimidad del marco estatal de acumulacin ampliada del capital que llaman Espaa. La crisis estructural del Estado explica por qu se ha advertido a la Comunidad Autnoma Vasca que tiene todos los ingredientes para que se le castigue con el artculo 155, y por qu tambin se ha amenazado a Castilla-La Mancha pese a enormes diferencias con el pueblo vasco.

En una ponencia anterior Espaa contra Catalunya, del 20 de septiembre de 2017 repetamos los cuatro grandes bloque de abismos insalvables que impiden que lo que se llama Espaa, o sea el marco estatal de acumulacin ampliada de capital, pueda constituirse en Estado-nacin capitalista al estilo de los Estado-nacin de la primera oleada de revoluciones burguesas triunfantes:

Una, rechazo a integrar democrticamente a las burguesas regionales y, ahora mismo, con el artculo 155 golpeando a Catalunya y amenazando a la CAV, tenemos otro ejemplo irrebatible.

Dos, atraso creciente en la productividad del trabajo confirmado por muchos ms datos nuevos: a pesar de la espuria recuperacin fugaz, el Estado se enfrenta a crecientes fuerzas que merman su independencia nacional, como la decisin del BCE para dejar de comprar activos y las exigencias alemanas de ms rigor en el cobro de deudas, o el dato de que Espaa ha bajado dos puestos ms en el ranking de la competitividad mundial, y por no extendernos sobre la dependencia creciente de Espaa basta saber que el capital extranjero ya controla el 43,1% de las acciones de la Bolsa espaola.

Tres, la gigantesca corrupcin estructural e histrica del bloque de clases dominante es ya inocultable tambin a escala mundial: un informe europeo muestra que Espaa es el Estado de la Unin Europea que menos medidas aplica contra la corrupcin judicial, de modo que al aumentar el rechazo pblico a la corrupcin se debilita uno de los sistemas ms efectivos para facilitar la acumulacin ampliada del capital en un reino caracterizado por su orgulloso analfabetismo cientfico y tecnolgico: Espaa ocupa el tercer lugar del mundo en economa sumergida por detrs de Grecia e Italia. Aunque la propaganda masiva y la guerra psicolgica contra el independentismo cataln han logrado desplazar a la corrupcin de las primeras noticias, sin embargo el creciente hartazgo popular va minando la legitimidad del sistema.

Y cuatro, la costumbre de recurrir a las soluciones represivas, violentas, al palo, antes que a los mtodos de integracin, cooptacin, negociacin, a la zanahoria, que hemos visto se est confirmando con el artculo 155, y que se refuerza desde hace tiempo contra la lucha de clases en su generalidad. La escalada represiva vena de antes, pero se endurecer por la exigencia de la CEOE de parar en seco el recrudecimiento de la lucha de clases que se est produciendo desde comienzos de 2017 e intensificando en los ltimos meses, segn demuestra su reciente informe que siempre la valora a la baja por intereses obvios; dentro de esta radicalizacin incluimos el aumento de las luchas de las mujeres trabajadoras, el descenso del poder de la Iglesia, etc.

Como sntesis de esta cudruple quiebra en sus bases, abismos que no nos cansamos de analizar en nuestras ponencias, es lgica la multiplicacin en los ltimos tiempos del vandalismo fascista abiertamente consentido por el Estado contra las izquierdas y contra el reformismo duro. Un fascismo brutal y tosco, extremadamente violento en muchas de sus expresiones pero que sirve para ocultar dos procesos de fondo ms amenazadores: uno, el fascismo invisible y hasta educado que penetra en los intersticios de la cotidianeidad reforzando la irracionalidad ms dictatorial en los micropoderes con los que el capital asegura en buena medida su reproduccin ampliada. Y otro, relacionado con el anterior en determinados contenidos, el reforzamiento de las tres expresiones del nacionalismo espaol que veremos luego cuando recurramos a Lenin para entender qu sucede.

Lo que llaman Espaa es el constructo ideolgico subjetivo que cohesiona y legitima, junto a otros, la lgica burguesa inmanente a la valoracin ampliada del capital en ese espacio productivo y reproductivo. En cuanto constructo ideolgico, Espaa y su nacionalismo imperialista es una fuerza material objetiva imprescindible para lubricar la explotacin de clase, patriarcal y nacional que sustenta la produccin de plusvalor.

La interaccin entre lo subjetivo y lo objetivo se materializa por ejemplo no solo en la poltica del PP, PSOE, Unidos-Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida, etc., en la negacin sustancial de los derechos nacionales de los pueblos oprimidos sino tambin y sobre todo en las manifestaciones en defensa de la unidad nacional espaola ya sea en su ncleo ms reaccionario y fascista como en su forma supuestamente democrtica.

2. Lenin nos ayuda un poco

Espaa como aceite ideolgico que lubrica el proceso de acumulacin, la han ido formando desde arriba, verticalmente y de manera desigual pero combinada a medio plazo las clases dominantes de pueblos y naciones de la pennsula con guerras, pactos y acuerdos entre ellas. Estas violencias, frecuentemente atroces, y negociaciones ms o menos claudicantes o ventajosas segn los casos, eran la base para cooptar y atraer, o marginar e incluso aplastar a las fracciones dbiles o resistentes de las clases propietarias en esos pueblos que por las razones que fueren se resistan a ser absorbidas por las fuerzas centrpetas del Estado dominante cada vez ms centralizado y ms fuerte.

No hace falta decir que la primeras y ltimas vctimas, las victimas permanentes y ms golpeadas fueron y son las mujeres trabajadoras, las clases explotadas, los pueblos ya oprimidos para entonces o que sufrieron y sufren enormes tajos en sus libertades nacionales hasta perderlas incluso.

Desde finales del siglo XV la centralizacin estatal que empezara a llamarse Espaa en los textos oficiales de la burocracia del Estado en menos de un siglo, se sustentaba material, cultural e ideolgicamente en dos grandes soportes caracterizados por su esencia violenta fsica y moral, como eran la Iglesia y la Inquisicin, y el Ejrcito. Ambos aparatos de fuerza producan una ideologa nacionalista funcional a la centralizacin del Estado.

La educacin catlica y la represin cultural y cientfica de la Inquisicin sirvieron mientras las fuerzas productivas no necesitaban muchos conocimientos tecnocientficos cada da ms sofisticados y complejos. La educacin moderna y laica, el librepensamiento crtico, fue reprimida durante siglos, mantenindose el dogmatismo cerril y autoritario bastantes decenios despus de haberse acabado legalmente con la ignominia de la esclavitud entre las dcadas de 1870 y 1890. Recordemos la dura historia de la Institucin Libre de Enseanza creada en 1876.

Espaa es un ente que tiende a empequeecer con el tiempo una vez que el bloque de clases dominante en el marco estatal de acumulacin no supo ni quiso dirigir la transicin al capitalismo desde las ruinas de un imperio saqueador y genocida, putrefacto en sus contradicciones internas, y superado definitivamente por las burguesas en ascenso. La fraccin ms poderosa del bloque de clases dominante, apoyada por otros grandes sectores de este bloque en el poder, antepona primero sus propios intereses y luego los del conjunto de ese bloque de poder, sacrificando todo desarrollo progresista y masacrando preventivamente incluso cualquier germen revolucionario. Una y otra vez eran liquidados o desactivados los intentos modernizadores y reformistas que surgan de vez en cuando, antes de que pudieran arraigar entre los pueblos y transformarse, tal vez, en fuerzas revolucionarias, como veremos en el resumen de la historia de Andaluca entre comienzos del siglo XIX y 1883, ao de la Constitucin de Antequera.

La historia del pueblo andaluz est surcada adems de por una decisiva presencia subterrnea o pblica de estallidos de heroica resistencia a las explotaciones mltiples, tambin y en el interior de esta admirable constancia de una tendencia a la radicalizacin de la conciencia y cultura popular bsicas hacia una conciencia y cultura nacional en proceso de plasmacin poltica, es decir, que tiene como objetivo la conquista de la independencia estatal.

El nacionalismo espaol es muy consciente de esta tendencia de fondo, de esta latencia innegable que resurge cuando confluyen determinadas crisis parciales en una gran crisis del sistema explotador. Y siempre la ha perseguido a muerte desde el momento, ms o menos corto, en el que el nacionalismo espaol entenda que esa reivindicacin haba superados los muy estrechos lmites de la tolerancia de Madrid.

La intelectualidad progresista espaola intua borrosamente algunos de los cuatro bloques de quiebras que venimos analizando, como se vio en el fugaz esfuerzo regeneracionista provocado por las derrotas de 1898, e intentaba buscar soluciones desde su ideologa nacionalista. No es este el lugar para extendernos en la historia terrible de cmo la casta intelectual democraticista y progresista espaola ha combatido los derechos de las naciones oprimidas por su Estado, y en concreto los de Andaluca. Pero el problema es ms grave y sus races son ms profundas que las del simple nacionalismo progresista espaol.

Llegados a este punto tenemos que buscar referentes histricos similares en aquella poca a la situacin de Andaluca y del Estado espaol. Tienen que ser referentes aprendidos de grandes imperios en descomposicin por los impactos asestados por el capitalismo mundial contra ellos, por ejemplo el imperio zarista, el chino, el austro-hngaro, el turco Por proximidad, los ms aleccionadores son el austro-hngaro y el zarista. Las propuestas del austro-marxismo en lo referente a la autonoma nacional-cultural y al papel de la intelectualidad sobre todo, en estas cuestiones desbordan el lmite de esta ponencia y adems carecen de la radicalidad poltico-cognoscitiva de las tesis de Lenin en la misma poca, por lo que recurrimos a este revolucionario:

En diciembre de 1913 Lenin estudi la complejidad de las corrientes intelectuales del nacionalismo gran-ruso, zarista an en esos momentos, y lleg a la conclusin totalmente vlida para el nacionalismo imperialista espaol incluso en la actualidad, de la existencia de, al menos, tres grandes corrientes poltico-ideolgicas dentro del nacionalismo opresor: una era el de los nacional-reaccionarios, conocidos de sobra por los muchos decenios de sus barbaridades; otro era el de los nacional-liberales, conocidos ms recientemente y denunciados por las fuerzas revolucionarias, y el ms moderno hasta entonces, el que estaba apareciendo en aquellos momentos de crisis: lo que Lenin define como nacionaldemocracia (Lenin, Los demcratas constitucionalistas y el derecho de los pueblos a la autodeterminacin, Obras completas, Progreso, Mosc 1984, tomo 24, pp. 222-224).

Como en otros muchos problemas, Lenin supo captar mejor que nadie las contradicciones en su estado vivo: la lucha de las clases y de los pueblos en el imperio zarista haba creado una intelectualidad revolucionaria que para mediados del siglo XIX defenda con vigor los derechos de las y los oprimidos. Herzen, Ogarev, Bakunin, Belinsky, Chernychevski y otros explicaban que los pueblos no rusos, las y los campesinos, etc., tenan derechos que chocaban con la dictadura zarista. Las leyes de liberalizacin de la servidumbre en 1861 y el potente desarrollo socioeconmico desde 1880 fortalecieron estas demandas. La revolucin de 1905 demostr que, en su raz, eran incompatibles con el zarismo.

Para detener la creciente legitimidad de la rebelin, la casta intelectual imperial tuvo que afilar y mejorar los brutos argumentos del nacionalismo gran-ruso reaccionario, dando paso al nacionalismo gran-ruso liberal que tambin qued desbordado con el tiempo. Para 1913 el nacionalismo gran-ruso democraticista, o nacionaldemocracia era ya criticado por la izquierda como la versin ms reciente del nacionalismo imperialista del zarismo. La guerra de 1914 tension todas las contradicciones de la opresin nacional, que llegaron al nivel de lo insoportable a partir de verano 1916, estallando entre otoo e invierno de 1917.

Lenin segua atentamente el rugir del volcn advirtiendo tan temprano como 1913 que ni la democracia constitucionalista ni la versin nacionaldemocrtica del nacionalismo imperialista gran-ruso podan resolver la opresin nacional. solo la revolucin podra hacerlo. Su agudeza y su exquisito mtodo dialctico, enriquecido en aquellos aos por la rigurosa relectura de Hegel, por los estudios sistemticos del imperialismo y del Estado, le permitieron identificar las tres fundamentales versiones intelectuales del nacionalismo imperialista gran-ruso, que a su vez eran parte de la misma evolucin ideolgica del nacionalismo reaccionario de otras burguesas, por ejemplo de la espaola como veremos en el quinto captulo.

Ahora mismo, en 2017, no solo los Pasos Catalans, Euskal Herria y Galiza somos objeto de las presiones represivas del nacionalismo ms reaccionario espaol, del nacionalismo liberal y de su versin nacionaldemocrtica, sino tambin lo estn siendo ya otros pueblos que el andaluz que se enfrenta a la pugna entre su corriente independentista y las promesas de la versin nacionaldemocrtica del nacionalismo espaol, que analizaremos en el captulo quinto. Esta tercera corriente del mismo nacionalismo espaol se presenta como la nica que puede garantizar por su alma izquierdista la definitiva transformacin democrtica del Estado espaol para resolver la crisis del rgimen del 78 mediante el logro, por fin, de la nacin de naciones que debe ser Espaa.

De esta forma se escamotea el debate decisivo sobre la viabilidad histrica de Espaa como marco de acumulacin de capital, con todos los horizontes tericos y polticos que cierra y que abre, para disolver la realidad objetiva las fuerzas represivas en Catalunya, las bases yanquis en Andaluca, la OTAN en Euskal Herria, la escuadra espaola en Galiza, por ejemplo en divagaciones abstrusas sobre el patriotismo constitucional, la multi-identidad dentro de la ciudadana democrtica, sobre la multi-culturalidad en un gobernanza que ha superado las identidades pre-polticas, etctera.

3. El contexto de Antequera

Antes de exponer los logros fundamentales de la Constitucin de Antequera, debemos resumir rpidamente sus races sociales porque no surgi de la nada, sino que fue el resultado cualitativo de una intensa acumulacin cuantitativa de duras experiencias de masas, de derrotas y masacres desatadas por las fuerzas represivas. Estas luchas respondan a los cambios socioeconmicos de fondo que Andaluca estaba sufriendo como efecto de los cambios de los flujos econmicos tras la independencia de Nuestra Amrica dentro a su vez de la industrializacin europea, a lo que hay que unir los efectos de la opresin nacional impuesta por el Estado espaol que, obligatoriamente, le condenaba a ser zona perifrica del centralismo.

Incluso en el inicio de este proceso uniformador, que se mostraba por ejemplo en las nuevas leyes de 1833 y 1835 que controlaban an ms a la Diputaciones en detrimento de los pueblos y en beneficio del Estado central, ya resurgi la vieja tradicin juntera andaluza. Fue la profunda crisis de sucesin de ese 1835 entre isabelinos y carlistas la que sirvi de chispa para que se creara la Junta Suprema de Andjar en ese ao en defensa de Isabel II pero desde un federalismo andaluz muy arraigado.

La Junta Suprema de Andaluca en Andjar demostr gran capacidad de autoorganizacin en forma de Estado de facto, que no de iure, ya que moviliz con sus propios recursos un importante ejrcito que se resisti a disolverse cuando se lo orden el gobierno espaol. Ante la negativa de la Junta a desarmarse, Espaa, que vea con inquietud el progresismo de Andjar, envi un ejrcito para destruirla pero el ejrcito se amotin y no invadi Andaluca. El gobierno espaol cambi entonces de tctica: consigui romper la unidad andaluza atrayendo a sus proyectos estatalistas a Crdoba, Sevilla y Cdiz, lo que origin una pequea guerra civil entre andaluces.

El paso de Mlaga a las posiciones espaolas supuso la muerte de la Junta, cuyo mayor logro fue demostrar que se poda actuar como un Estado de facto con un proyecto progresista burgus para la poca si se mantena la unidad andaluza. Pero el bloque de clases dominante formado por la gran burguesa terrateniente opt por Espaa a costa de empobrecer y explotar su pas. De entre las varias razones que le impulsaban a vender su nacin al ocupante destacan tres: el temor al progresismo del sector burgus que impulsaba a la Junta Suprema, el temor a los destrozos que en sus propiedades causara una definitiva invasin espaola, y sobre todo, el miedo a la revolucin popular que lata en el interior de Andaluca.

Los tres grandes miedos y otros temores de clase no eran infundados porque el pueblo trabajador andaluz malviva en condiciones insufribles. Como sucede siempre en la lucha de clases, cuando el pueblo y los sectores progresistas son derrotados, la gran burguesa procede a vengarse. En Andaluca el bloque de clases dominante, la alta burguesa y los grandes terratenientes ms la Iglesia en cuanto poder socioeconmico, se vengaron nada ms hundirse la Junta Suprema de Andjar: recordemos que el inhumano decreto de seoro de 1837 permita a los terratenientes apropiarse de las tierras comunales presentando como prueba unos papales fcilmente falsificables. La creacin de la Guardia Civil en 1844, si bien responde a una decisin tomada para reprimir el malestar social en todo el Estado, tambin tena mucho que ver con la especial intensidad de las formas de resistencia del campesinado andaluz.

Destruida as toda posibilidad de autogobierno, se aceler la periferizacin impuesta por Madrid y agudizada desde 1845, asfixiando el incipiente desarrollo capitalista endgeno de Andaluca. Tenemos el ejemplo del primer y fallido despegue industrial de Mlaga que no resisti mucho por varias razones que nos remiten a la estrategia del Estado espaol con respecto a su mercado nacional: no mejorar las comunicaciones con Mlaga y Andaluca, no potenciar otras industrias cercanas ni la cualificacin de la fuerza de trabajo del pas, mantener los altos costos del carbn asturiano por la dependencia espaola hacia Gran Bretaa, etctera. Sin embargo, el potencial productivo andaluz era tan grande que en otros lugares empezaron despegues similares sobre todo en agricultura que hicieron de Andaluca una economa importante pero dependiente de Espaa.

Las contradicciones entre el bloque progresista, con componentes revolucionarios, y el conservador y reaccionario se agudizaron al extremo debido a las profundas quiebras del desarrollo andaluz: fue surgiendo una burguesa federalista que desbordaba los estrechos lmites del Estado, lo que propici que su natural sentimiento cantonalista empezara a concretarse en un embrionario sentimiento nacional que se enfrentaba a la monarqua borbnica como expresin del centralismo espaol.

Pero en el subsuelo creca el malestar popular por las duras condiciones de malvivencia: la segunda desamortizacin, la de 1855, fue otro tremendo golpe contra el campesinado que vea cmo el amo era cada vez ms rico y poderoso mientras las y los campesinos cada vez ms pobres y aplastados; de rebote tambin era golpeado el artesanado, las y los trabajadores urbanos y la vieja pequea burguesa, porque todos estos sectores, franjas y fracciones de clases sufran los efectos de la centralizacin y concentracin de tierras y de capitales en la muy reducida clase dominante, bendecida por la Iglesia y protegida por el ejrcito espaol y sus grupos armados privados.

Sin embargo y debido a la propia lgica contradictoria del capitalismo, en medio de la miseria y de la sobreexplotacin surgan los grandes negocios de la burguesa andaluza: en 1846 se cre el Banco de San Fernando en Cdiz y en 1856 el Banco de Mlaga. Las desigualdades eran tan terribles que era comprensible y lgico, por tanto, que estallase la insurreccin popular de 1857 y que prendiera en amplias zonas de la provincia de Sevilla fue una respuesta a la imparable marginacin y explotacin: el pueblo quem el cuartel de la Guardia Civil en Utrera, recuper fincas, destruy archivos y registros de propiedad.

La represin salvaje: ms de un centenar de asesinados y trescientos prisioneros. La masacre no aplast la confluencia entre un sector burgus y pequeo burgus progresista y amplias franjas populares, jornaleros, artesanos En junio de 1861 seis mil campesinos armados ocupan durante una semana el pueblo de Loja. En Iznajar los alzados ocuparon el cuartel de la Guardia Civil.

La represin sostenida logr mantener mal que bien el orden de la explotacin durante unos pocos aos, hasta que a finales de 1868 y tras la demostrada incapacidad de la burguesa reformista de llevar adelante la su rebelin de septiembre en Cdiz, se reinici una oleada de revueltas populares que se sostiene durante 1869 en las que se va percibiendo la formacin de una identidad popular andaluza que surgir a los pocos aos en amplio movimiento federalista y cantonalista. Surgi el denigrado bandolerismo social que liber pueblos, administr justicia popular, recuper bienes y fue exterminado con cerca de tres mil muertos y miles de represaliados.

Sin embargo, la proclamacin de la I Repblica en febrero de 1873 azuz de nuevo la eterna reivindicacin del pueblo andaluz de una radical reforma agraria y la devolucin de los comunales privatizados en beneficio de los terratenientes. La negativa de la Repblica a avanzar en estas y otras medidas imprescindibles defraud a las fuerzas progresistas. En justa respuestas, las diversas intensidades y matices de los sentimientos de identidad cantonal, regional-fuerte y hasta nacional, sin mayores precisiones ahora, volvieron a mostrar su fuerza entre verano de 1873 y comienzos de 1874, sobre todo en Cartagena y en Andaluca.

Todas y todos conocemos las represiones posteriores y el golpe de Estado del general Pava en enero de ese 1874, un militar que haba ahogado en sangre la revolucin cantonal andaluza, que preparara con sus armas las condiciones para la reinstauracin de la monarqua en 1876, cerrando toda expectativa de progreso democrtico dentro del sistema estatal.

Entre 1881 y 1882 una sequa arrasadora ahog en hambre al campesinado andaluz lo que propici nuevas luchas y acciones clandestinas de recuperacin de alimentos y otros bienes vitales en tiendas y almacenes de la clase dominante: la justicia popular practicaba el derecho a vivir recuperando lo que le haba quitado la clase dominante. Si el hambre azotaba al campesinado tambin se debilitaba la economa del artesanado y de las y los trabajadores urbanos, de los pequeos tenderos e incluso de la vieja pequea burguesa. La autoorganizacin campesina lleg a pensar en hacer una huelga general a finales de 1882 antes de la temporada de lluvias que se prevean para invierno de 1882-1883.

Fue en este contexto extremo cuando fuerzas federalistas, democrticas y progresistas decidieron convocar un debate nacional para elaborar una Constitucin que sirviera no solo como revulsivo, como acicate de la conciencia nacional del pueblo andaluz, sino a la vez como gua presente y como objetivo irrenunciable que haba que conquistar lo antes posible. Entre 1882 y 1883 en las juntas y asambleas federales fue llenndose de contenido una ansia creciente entre el pueblo de Andaluca: luego ese contenido recogido de entre el pueblo adquiri en octubre de 1883 la forma de Constitucin de Antequera, muy progresista para su poca, como vamos a ver.

Pero el potencial de futuro de la Constitucin de Antequera dependa en buena medida de la dialctica entre la fuerza popular y la decisin de la burguesa progresista, que era muy dbil cuantitativamente. Adems, el desarrollo industrial fue apagndose desde ese final del siglo XIX: la burguesa andaluza en s era reducida en comparacin a la todava potente clase latifundista estrechamente unida a la Iglesia y su poder estremecedor.

Esta burguesa dbil no pudo crear un capitalismo autocentrado en Andaluca, endgeno al menos en los aspectos centrales, como hemos visto en el caso malagueo. Por el contrario, muchos capitales autctonos abandonaban Andaluca para establecerse en mercados extranjeros fueran del Estado espaol o de otros lugares europeos. Por si fuera poco y debido a las leyes espaolas que cedan amplios derechos al capital forneo, Andaluca era drenada en sus recursos mineros, agrarios, industriales, etc., por las firmas exteriores que no invertan prcticamente nada en el pas saqueado, empobrecindolo an ms. Y para rematar el hundimiento, como Andaluca no modernizaba su tecnologa, no inverta en capital constante, iba rezagndose cada vez ms de modo que cuando bajaron los precios de las mercancas simples en el mercado internacional, la economa del pas se desplom.

Una de las excusas que pona el bloque de clases dominante andaluz era que la economa no se recuperaba porque las continuas resistencias multifacticas del pueblo, incluidos los estallidos sociales, etc., asustaban a los inversores, ahuyentaban a los capitales forneos, reducan los beneficios, obligaban a mayores gastos en vigilancia y control para mantener el orden y la productividad

Por estas circunstancias, la Constitucin de Antequera fue vista desde el principio como un peligro porque poda dotar de un objetivo preciso y una estrategia adecuada al malestar social innegable. La desaparicin del imperio en 1898, los intentos regeneracionistas, las exigencias de algunos capitalistas para que el Estado iniciara por fin un proteccionismo arancelario, econmico e inversor, estas y otras presiones que facilitaron un ligero repunte industrial en el norte del Estado, no ayudaron a Andaluca. La poltica de Cnovas y de Maura, con su revolucin desde arriba, buscaban aplastar toda resistencia obrera y popular, reforzar el nacionalismo espaol y su centralidad estatal, y modernizar en lo posible la economa.

El desesperado subimperialismo que pretenda recuperar el Estado espaol desde 1902-1904 rememorando los delirios imperiales del siglo XVI contra el norte de frica, para compensar derrota de 1898, exiga una mayor supeditacin de Andaluca como base militar de operaciones subimperialistas, proyecto que a su vez exiga la llamada paz social en la retaguardia, el apoyo absoluto de la burguesa andaluza al subimperialismo espaol, y la supeditacin estratgica y estructural de Andaluca a los proyectos de Madrid. En este contexto era obvio que la Constitucin de Antequera era un peligro para el intento de crear la muy centralizada y subimperialista nacin burguesa espaola, intento fallido como se aprecia.

4. La constitucin de Antequera

Aqu vamos a hacer un rpido comentario de los artculos de la Constitucin de Antequera que nos parecen ms actuales desde la perspectiva de la crisis del marco estatal de acumulacin y de la emancipacin de los pueblos explotados.

El artculo 1 del Ttulo Primero sobre Condiciones y objetivos de la Federacin dice que son las autonomas cantonales las bases del poder andaluz que se establece como Federacin andaluza segn el artculo 4. Este modelo chocaba frontalmente con el ultracentralismo estatal que Madrid estaba imponiendo a la fuerza, provocando fuertes conflictos y tensiones por ejemplo en la parte de Euskal Herria que acababa de ocupar el ejrcito espaol con el apoyo de la burguesa autctona con la guerra entre 1873 y 1876, llamada carlista. El modelo cantonal de Antequera tena adems sorprendentes similitudes con la experiencia autoorganizativa de la Comuna de Pars de 1871, que sirvi como base definitiva para que Marx y Engels asentaran lo esencial de la teora del Estado, o mejor decir de la Comuna, segn rectific autocrticamente Engels en 1875.

En todo el Ttulo Primero no se cita el derecho burgus de propiedad, lo que es decisivo. Esta ausencia podra ser interpretada en el sentido de que los redactores entendan como obvio este derecho que por su arraigo social no necesitaba ser defendido en la Constitucin. Se pude aducir tambin que la actual Constitucin espaola espera hasta el artculo 33 para establecer el derecho de propiedad privada y de herencia, y que en el articulado precedente se defienden los derechos individuales y colectivos, lo que podra sugerir que tendran un rango superior al derecho burgus de propiedad.

Sin embargo, el derecho a la propiedad burguesa est presente desde el principio mismo de la actual Constitucin monrquica espaola sin esperar al artculo 33, precisamente en su forma sibilina de imponer por la fuerza la propiedad nacional espaola sobre las naciones oprimidas, que quedan subsumidas, o mejor decir, desintegradas en la nacin espaola. Es decir, a diferencia de la Constitucin de Antequera, republicana, federalista, cantonalista y andaluza, la actual monrquica, centralista y espaola impone la propiedad privada burguesa en el pilar del marco estatal de acumulacin del capital: la explotacin de las naciones oprimidas que son espaolizadas a la fuerza.

En la letra d) del artculo 4 se dice: Estudiar en principio la igualdad social y preparar su advenimiento definitivo, consistente en la independencia econmica de todos. En el lxico del republicanismo federal y democrtico de la poca el principio de igualdad social era muy parecido al del reformismo prohudoniano y socialista utpico que se centraba en la igualdad formal en el rea de la circulacin sin atacar la desigualdad real en la esfera de la produccin de plusvalor. Aun as, teniendo en cuenta el contexto sociopoltico del ideario federalista andaluz, es muy importante esta directa referencia a la igualdad social en un Ttulo Primero que no recoge nada sobre el derecho burgus de propiedad.

En el Ttulo Segundo De los habitantes de Andaluca, se especifican qu requisitos deben cumplir las personas para ser ciudadanas de Andaluca y por tanto para ser beneficiadas por una Constitucin tan progresista como la de Antequera: el artculo 5 se establece que solo hacen falta dos aos de residencia en Andaluca para adquirir la ciudadana andaluza. En la letra c) del artculo 6 se dice que se perder la ciudadana por embriaguez habitual. En la letra d) del artculo 6 se dice que se perder la ciudadana por recibir sueldo de Gobierno extranjero, y en la letra e) del artculo 6 se dice que se perder la ciudadana por asistencia habitual de la Beneficencia pblica.

Tiempo mnimo en Espaa para recibir la ciudadana. Puede creerse que atenta contra la libertad individual y que es autoritarismo exigir buena conducta social en lo relacionado con el alcohol y la vagancia para ser ciudadano. Sin embargo, visto desde la perspectiva socialista histrica hay que saber que en el socialismo utpico se valoraba mucho el buen comportamiento social y tico como un valor emancipador en una sociedad podrida por todos los vicios burgueses. Recurdense las muy actuales crticas del joven Engels de 1845 al papel del alcohol como arma contra la clase trabajadora, y en las muy coherentes crticas de la izquierda del momento contra los destructores efectos de los vicios burgueses sobre la conciencia y forma de vida de las clases trabajadoras.

Estos criterios son coherentes con la mxima del socialismo de cada cual segn capacidad, a cada cual segn su trabajo, o quien no trabaja no come, etc., que siguen siendo vlidas en el presente: debe prohibirse enriquecerse explotando el trabajo del pueblo u holgazanear a su costa; tambin debe prohibir ser un agente a sueldo de potencias extranjeras. La Constitucin de Antequera conecta as como principios elementales del socialismo.

Profundizando un poco ms en la decisiva cuestin del derecho de propiedad, el Titulo Tercero sobre Derechos y garanta: deberes, sera totalmente rechazado hoy en da por el neoliberalismo rampante. Hay tres artculos que precisan las limitaciones del derecho burgus de propiedad que s es nombrado muy brevemente: artculo 9, letra q): El derecho de propiedad limitado por los derechos sociales sin vinculacin ni amortizacin perpetua; artculo 21: Nadie ser privado del goce de sus bienes, haberes y derechos, a no ser por sentencia judicial; tampoco se encarcelar por deudas de carcter civil; y artculo 22: Toda expropiacin por causa de utilidad, ir precedida de la correspondiente indemnizacin.

O sea, los derechos sociales antesala del derecho socialista limitan el derecho de propiedad. En contra del individualismo burgus y en especial en su forma maltusiana y neoliberal, que anteponen el derecho individual al derecho, el derecho burgus en contra del derecho social, colectivo. La Constitucin de Antequera bordea el derecho socialista al anteponer la igualdad y el derecho social al derecho burgus. Desde esta posicin se comprende fcilmente el contenido de los artculos 21 y 22 arriba citados: en las condiciones andaluzas era vital garantizar esos derechos dada la gran impunidad de la gran burguesa bancaria, industrial y latifundista para golpear los derechos y las muy reducidas propiedades de los sectores resistentes, y para apropiarse de los comunales.

Otros artculos del Ttulo Tercero estipulan por ejemplo: El derecho a la asistencia pblica para los intiles para el trabajo que carezcan de medios, derecho que hoy se est liquidando sin escrpulos. Tambin se prohben por ejemplo: Dedicar fondos directa o indirectamente al sostenimiento de los ministros o del culto de cualquiera religin; Abandonar la instruccin pblica, dejando de sostener escuelas los Municipios, institutos los Cantones, establecimientos de enseanza superior la Regin; Descuidar la salubridad pblica, dejando de costear el personal facultativo necesario; Permitir que la beneficencia la enseanza, los cementerios o cualquier otro servicio pblico quede en poder de una clase, por lo que se secularizan; Mantener gnero alguno de relaciones entre la Iglesia y el Estado; o se obliga a Se establece la instruccin gratuita y obligatoria hasta los doce aos para ambos sexos.

Segn el artculo 14: Se reconoce la independencia civil y social de la mujer. Toda subordinacin que para ella establezcan las leyes queda derogada desde la mayora de edad. Segn el artculo 15: Todo ciudadano andaluz, es elector. Tambin lo sern las mujeres que, poseyendo las condiciones de ciudadana, cursen o hayan cursado en establecimientos de enseanza secundaria o profesional, nacionales o extranjeros. Como vemos, las trabas legales que se ponen en el artculo 15 a las mujeres sin enseanza secundaria o profesional refleja todava la fuerza de la opresin patriarcal pero tambin la fuerza en ascenso de las reivindicaciones feministas.

El artculo 33 es de un valor incuestionable sobre todo ahora que la burguesa presiona para restringir lo ms posible o en su totalidad derechos elementales conquistados por la clase obrera y el pueblo gracias a enormes y heroicas luchas: Se reconoce a los obreros, el derecho de huelga pacfica y la prctica de la resistencia solidaria. Cundo y por qu una huelga pacfica se transforma en resistencia solidaria? Qu es la resistencia solidaria? La praxis obrera responde estas y otras dudas con sus hechos, y frente a esta prueba histrica del algodn no sirven de nada las letanas y salmodias del reformismo pacifista. Tampoco puede ocultarse la lgica que conecta el artculo 33 de la Constitucin de Antequera de 1883 con el reconocimiento del derecho a la rebelin que se hace en el Prembulo de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos de 1948.

El Ttulo Cuarto Del Poder federal y sus facultades vuelve a tensar las relaciones con los derechos burgueses llegando a la incompatibilidad en algunos de ellos, como en la letra r) del artculo 37: Legislar respecto a los puntos siguientes: 1 Horas de trabajo. 2 Institucin de Jurados mixtos de obreros y capitalistas. 3 Garantas para la vida, higiene y seguridad de los obreros. 4 Organizacin y existencia de los Gremios profesionales destinados a garantir los intereses colectivos de los operarios en sus relaciones con el capital, pero sin intervencin en los asuntos interiores de dichos gremios. En el punto 6 de la letra r) del artculo 37 se establece el Crdito en favor de las sociedades obreras, ya agrcolas, ya industriales. Y en el punto 9: Sostenimiento de los ancianos, hurfanos, viudas e inutilizados del trabajo, y creacin de Cajas de asistencia.

Para esas fechas del siglo XIX sectores de la burguesa europea debatan mucho sobre la necesidad de establecer desde el Estado formas de ayuda social que paliasen las duras condiciones de vida y trabajo de las clases explotadas. No lo hacan por humanismo altruista, desinteresado, sino porque la experiencia empezaba a ensearles que, a la larga, era ms rentable compaginar la zanahoria con el palo que emplear solamente la fuerza y el miedo, el palo. Bismarck saba mucho de eso, pero no era el nico. Ahora bien, la Constitucin de Antequera no plantea nada parecido a una especie de proto Estado del bienestar, sino que proyecta un modelo de Estado democrtico popular cercano al concepto de Comuna de Engels y Marx de 1875.

En efecto, en el Titulo Quinto Del poder legislativo hay tres artculos que merecen ser reseados por su contenido de democracia radical: artculo 48: Las sesiones deben ser pblicas, as como las de las secciones y comisiones, salvo cuando los intereses del Pas exijan otra cosa, pero jams podr votarse leyes ni discutirse los presupuestos y las cuentas en sesin secreta.. Secretismo y burocracia son el cemento del Estado opresor, segn el joven Marx. Desde esta visin radicalmente democrtica y horizontal, comuna, soviet, consejo, asamblea, junta, cantn son formas diferentes de denominar a la autoorganizacin del pueblo en sus propias bases de produccin y reproduccin.

Segn el artculo 49: Cada semana habr sealado un da en el cual existir la barra. Todo ciudadano andaluz, toda sociedad o corporacin laica, podr presentar y defender cuantas mociones o proyectos estimen de inters general, siempre que no vengan a modificar la Constitucin y estn autorizados por cincuenta firmas autnticas de ciudadanos andaluces. Los proyectos sern presentados en la Secretara del Congreso, que los har publicar en el Diario de Sesiones, sealando con ocho das de antelacin aquel en que debe comenzarse a discutirse. La Secretara podr, de acuerdo con la Presidencia, negar la discusin al proyecto. Todo proyecto no tomado en consideracin y que altere el texto constitucional, ser necesariamente discutido, si lo piden diez mil ciudadanos o tres diputados.

Variando en intensidad democrtica y en las formas organizativas, lo expuesto en artculo 49 tiene alguna relacin con las experiencias democrticas horizontales y directas de la Comuna de Pars y de otras muchas experiencias autoorganizativas de las clases y de los pueblos explotados. En el artculo 51 se asume con un lenguaje propio una exigencia lgica desde la democracia socialista, como es la destitucin de las personas elegidas a cualquier cargo: Los diputados son inviolables en sus votos y opiniones, pero sus electores podrn imponerles el mandato imperativo y retirarles sus poderes para los efectos del sufragio permanente.

Los Ttulos Sexto y Sptimo sobre el poder ejecutivo y el judicial respectivamente, muestran la decisin de las fuerzas democrtico-burguesas y populares de avanzar hacia unos poderes que emanen del pueblo y no de los privilegios seculares de los terratenientes, de la Iglesia, de las fuerzas monrquicas y de sus ejrcitos.

En el decisivo Ttulo Octavo De La Hacienda Regional se lee en el artculo 78: La contribucin es sobre el capital fijo, nunca sobre el circulante, ni sobre la renta; ser nica y se aplicar a los capitales superiores a cincuenta pesetas. En el artculo 79: La contribucin crece progresivamente con el capital. La ley determinar la razn progresiva de este crecimiento y la que corresponde a los incrementos sucesivos del capital imponible, los tipos mnimos y mximo de dicha razn y la ndole y naturaleza de los valores que se estimarn como capital fijo. En el artculo 81: Nunca podrn establecerse contribuciones indirectas y menos crearlas sobre los servicios pblicos.

El reformismo blando, el que lloriquea infantilmente por todo pero se arrodilla cuando recibe la orden del Estado, ve este articulado de la Constitucin de Antequera como peligrosamente demaggico y populista porque puede excitar las ilusiones imposibles de la gente, de los de abajo. El reformismo duro, el que pretende avanzar hasta el borde, hasta el lmite de la tolerancia del capital, detenindose ah solo cuando constata que el Estado ya no va a permitir ms reivindicaciones por justas que sean, retrocediendo de inmediato cuando siente en peligro su apacible comodidad parlamentaria, tiene estos artculos como el sueo utpico que nunca intentar alcanzar ni menos an superar.

Para la izquierda revolucionaria, la conquista de este articulado es un necesario e importante avance tctico que multiplica las fuerzas conscientes de la clase trabajadora para acelerar el trnsito al comunismo. Hablamos de la siempre debatida dialctica entre reforma y/o revolucin, entre el papel de la reforma como impulsora de fuerzas sociales dentro de la estrategia revolucionaria.

En el tambin fundamental Ttulo Noveno Del ejrcito regional el artculo 85 dice: La designacin de los jefes, oficiales y clases corresponde a los subordinados respectivos, tanto para el ejrcito permanente como para la reserva. As, los individuos eligen a los cabos y sargentos, stos a los oficiales hasta el grado de capitn inclusivo, y los oficiales a los jefes.

En su origen, las tribus nmadas y algunos ejrcitos precapitalistas elegan democrticamente a sus dirigentes; otro tanto hacan algunos ejrcitos campesinos y de las comunas revolucionarias burguesas en el medievo. Los ejrcitos absolutistas tenan mandos de la alta nobleza y una disciplina brutal. Los ejrcitos nacionales de la burguesa tenan y tienen mandos profesionales, pero los ejrcitos revolucionarios campesinos, artesanos y trabajadores desde el siglo XVII hasta ahora han simultaneado la eleccin directa de los mandos bajo con la seleccin de los mejores mandos altos. La Constitucin de Antequera retoma parte de estas eficaces costumbres.

Los Ttulos Dcimo, Undcimo y Duodcimo sobre el llamamiento al pueblo, variaciones constitucionales y ampliacin federativa, respectivamente, tambin reflejan las dinmicas de fondo vistas en los Ttulos precedentes y en toda la Constitucin de Antequera.

5. Los nacionaldemcratas

Llegados a este punto es necesario volver a la ayuda que nos proporciona Lenin cuando, en diciembre de 1913, hablaba de las tres versiones del nacionalismo gran-ruso: los nacional-reaccionarios que en el Estado espaol actual son los nacionalistas ms derechistas y descaradamente imperialistas, desde el PP hasta Ciudadanos; los nacional-liberales, entre los que sin mayores problemas incluimos al PSOE y a un buen rebao de tertulianos e intelectuales pesebreros, as como otros grupos; y los nacionaldemcratas, cuyo almirante es Podemos y los grumetes el sector de IU y otras izquierdas que le obedecen, pero hay que hacer la honrosa salvedad de que en su interior sobrevive una pequea corriente que defiende el socialismo y el derecho de autodeterminacin.

Exceptuando Finlandia y algunos pocos pueblos ms, las luchas nacionales no tuvieron tanta fuerza en la revolucin rusa de 1905 y sus coletazos de 1906 como la lucha de clases en su acepcin normal. La represin y las tenues reformas de Stolipin lograron cierta normalizacin social, pero en 1911 se reinici la lucha de clases y la lucha nacional interna al imperio zarista y fuera de l se agudiz desde 1912. La intelectualidad rusa estaba unida en la defensa de la unidad del imperio zarista, aunque variando en sus soluciones reaccionarias, liberales o democrticas. Por esto Lenin habla de los demcratas constitucionalistas, es decir, que supeditan su fervor democrtico a la limitada constitucin burguesa de entonces.

Sin entrar aqu en la evolucin del pensamiento de Lenin sobre la opresin nacional, s es cierto que desde el periodo de 1911-1914 Lenin y algunos bolcheviques comprendieron la importancia clave de estudiar el pasado de las luchas nacionales, sus contradicciones clasistas, los programas y los objetivos por los que luchaban.

La izquierda espaola no hizo nada de eso descontando excepciones muy honorables de muy contadas personas como Jos Daz en un tiempo muy limitado. Los marxistas de las naciones oprimidas por el Estado espaol s prestaron mucha ms atencin a las lecciones de la historia por razones estratgicas obvias, aunque siempre dentro del encuadre terico establecido en la poca. Un ejemplo inquietante por sus efectos amnsicos en las generaciones posteriores lo tenemos en la casi nula atencin prestada a la Constitucin de Antequera y a su potencial de futuro.

Ciento treinta y cuatro aos despus de su redaccin, la Constitucin de Antequera nos recuerda que en determinadas condiciones los pueblos oprimidos pueden mantener una lnea roja interna a su historia que les conecta entre ellos, en especial cuando las crisis parciales confluyen en una crisis estructural que les golpea a todos ellos de manera desigual pero combinadamente.

Ahora padecemos una crisis de esas, de las que afectan a los pilares del marco estatal de acumulacin que no nicamente a la superestructura poltica de dominacin impuesta en la mitad de los aos 70 con la excusa de que, al fin, se haba conseguido cuadrar el crculo de la irracionalidad: fusionar monarqua y democracia. La Constitucin monrquica de 1978 expresa esa gran mentira de un imposible metafsico que oculta a los ojos de las clases explotadas y pueblos oprimidos el enmaraamiento de profundas dinmicas de violencia e injusticia que se empezaron a entretejer desde finales del siglo XV, y que en lo que concierne a parte de las races populares de la actual Andaluca, desde comienzos del siglo XIII, como mnimo.

La Constitucin de Antequera es cualitativamente superior en su contenido democrtico y en su potencial emancipador, a los ordenamientos jurdicos de las dos Repblicas espaolas y de la Constitucin monrquica vigente. Esta es la razn por la que sobre ella cae un plomizo silencio que impide que sea conocida y debatida para ver cmo puede iluminar no solo a la nacin trabajadora andaluza sino tambin a cualquier reflexin sobre la lgica de las contradicciones que hierven en el interior de la realidad, en esos espacios salvajes de la sobreexplotacin cotidiana en donde se produce el valor, se reproduce la fuerza de trabajo explotable y se asegura lo decisivo de la acumulacin ampliada de capital, es decir, esos espacios en los que se sustenta el marco estatal capitalista llamado Espaa por el nacionalismo del bloque de clases dominante en ese trozo de la pennsula.

Los nacionaldemcratas y el sector progre del nacional-liberalismo espaol sostienen que debera iniciarse la segunda transicin aprendiendo de los errores de la primera que ha fracasado creando la crisis del rgimen del 78. Muchos hablan de reformar en profundidad la Constitucin monrquica de ese ao, otros de democratizarla en cuestiones como es el llamado ordenamiento territorial (x?), pero muy pocos plantean en la prctica diaria la necesidad perentoria de avanzar a la III Repblica y de reconocer el derecho de autodeterminacin. Peor an, fuera del independentismo andaluz y de la izquierda internacionalista aqu representada, nadie cita a Constitucin de Antequera fundamentalmente por ignorancia.

No caigamos en el ilusionismo idealista: los nacionaldemcratas huiran espantados si estudiasen sin las gafas de plomo de su ideologa nacionalista lo aprobado en Antequera en 1883 porque contradice en todo su ideal de Espaa a pesar de las lgicas limitaciones sociales que tiene el documento por el contexto que hemos analizado anteriormente. Del mismo modo que Marx y Engels aprendieron de Irlanda, Polonia, Argelia, China, India; del mismo modo que Lenin aprendi de China, Finlandia, Irlanda, del imperialismo, etctera; de la misma forma en que Trotsky, Mao, Fidel, Ho, etctera aprendieron del antiimperialismo de los pueblos, extrayendo por destilacin terica sus lecciones positivas, ahora la izquierda nacionalista espaola y los nacionaldemcratas deben estudiar autocrticamente las experiencias de las naciones que su Estado oprime, empezando por la Constitucin de Antequera.

Cuando lo haga, perdn, si lo hiciera con rigor y mtodo descubrira con pesadumbre que ha estado perdiendo el tiempo


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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