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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-11-2017

Los derechos humanos como ventaja competitiva

Juan Hernndez Zubizarreta y Pedro Ramiro
La Marea

La funcin del Estado tendra que ser exigir, y en su caso sancionar, el cumplimiento efectivo de las normas que los regulan


Este Plan de Accin contribuye a fortalecer la ventaja competitiva de las empresas espaolas en el mercado global y ofrece a las empresas el marco ptimo para desarrollar sus operaciones. El Plan de Accin Nacional de Empresas y Derechos Humanos , aprobado por el Gobierno espaol en Consejo de Ministros el pasado 28 de julio, deja bien claro sus objetivos desde el principio del texto . Acompaado de la retrica habitual sobre este tema la proteccin y la promocin de los derechos humanos constituyen una prioridad para Espaa, se dice sin rubor ya en la primera frase, lo que este plan viene a proponer es toda una batera de medidas basadas en la autorregulacin empresarial. Y supone, tanto por la forma en que se ha elaborado como por su resultado final, una falta de respeto a todas las personas, organizaciones sociales y comunidades afectadas por los abusos sobre los derechos humanos cometidos por las grandes corporaciones.

Sobre la forma

El proceso de elaboracin del plan empez hace casi cinco aos. A principios de 2013, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacin llam a la apertura de un proceso de dilogo con la sociedad civil y lanz una convocatoria a miembros de organizaciones sociales, sindicales, acadmicas y empresariales para desarrollar un plan nacional para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Dicho dilogo as, entre comillas, porque nunca tuvo nada de conversacin entre iguales y s mucho de participacin ritualizada se prolong hasta finales de ese mismo ao. Entonces, muchas organizaciones que haban colaborado en el proceso se desmarcaron de l al constatar que sus demandas no estaban siendo escuchadas y que, justo en sentido contrario, el contenido del plan se iba aligerando cada vez ms. El texto resultante de esa consulta con la sociedad civil mucho ms formal que real se public finalmente en junio de 2014, como un borrador elevado para su tramitacin al Consejo de Ministros.

A partir de ah, en los tres ltimos aos, apenas volvimos a saber nada ms del plan. Y eso que diferentes organizaciones enviaron cartas al ministerio para ver si en algn momento tenan prevista su aprobacin, a la vez que otras nos preguntbamos a qu responda el secretismo en torno a ese documento y por qu pareca que se lo haban dejado olvidado en un cajn. No hubo ms noticias hasta principios de este ao, cuando el Partido Popular present una proposicin en el Senado para instar al Gobierno a recuperar en 2017 el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. En realidad, todo responda a una razn muy simple: como decamos varias organizaciones en un artculo publicado hace unos meses en La Marea el Gobierno ha decidido sacarlo del cajn precisamente ahora que Espaa aspira a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y es que para tener opciones a formar parte de ese organismo, con tres pases compitiendo por dos puestos, el Ejecutivo espaol necesitaba presentar el plan para sumar puntos en su candidatura.

Por eso haba tanto inters en que el proceso se acelerara y, como as fue, se aprobara el plan durante el verano. Sin ningn tipo de consulta a la sociedad civil ni cauces de participacin, con una absoluta falta de transparencia y sin que hubiera constancia previa de las modificaciones introducidas en el texto por las presiones de la patronal y los Ministerios de Economa e Industria, nadie que no fuera el Gobierno pudo enterarse del contenido del documento hasta que fue publicado. As lo han denunciado la Coordinadora de ONG por el Desarrollo, Amnista Internacional, Greenpeace y otras organizaciones, mostrando su disconformidad con la opacidad y ausencia de participacin en la fase de relanzamiento del plan. Finalmente, en este mes de octubre, despus de que Francia se retirara de la pugna y de que el trmite fuera votado en la ONU, Espaa ha logrado su objetivo y se sentar en el Consejo de Derechos Humanos durante los prximos tres aos.

Sobre el fondo

El contenido formal y material se vincula con los Principios Rectores, que son el anclaje de la arquitectura jurdica de la impunidad en Naciones Unidas. Porque no olvidemos que, en el marco proteger, respetar y remediar promovido por Ruggie, las prcticas voluntarias y unilaterales de las empresas transnacionales se convierten en el nico referente de sus obligaciones. Ah se ubica perfectamente la idea de respetar los derechos humanos al margen de las cuestiones relativas a su responsabilidad legal y el cumplimiento de las leyes. Los Principios Rectores, al fin y al cabo, no son otra cosa que una sofisticacin jurdica que devala la verdadera dimensin del respeto de los derechos humanos por parte de las grandes empresas, puesto que como se dice en su prembulo no implican la creacin de nuevas obligaciones de derecho internacional, sino en precisar las implicaciones de las normas y mtodos actuales para los Estados y las empresas. Esto no supone un avance en el control normativo de las grandes corporaciones, ya que la realidad transita en sentido inverso: la asimetra entre la fortaleza de la lex mercatoria y la debilidad de los acuerdos voluntarios se consolida como elemento central de la supuesta regulacin.

En este contexto, el Plan de Accin Nacional de Empresas y Derechos Humanos es el aterrizaje de estos principios en el Estado espaol: Este plan pretende apoyar a las empresas que ya han integrado los Principios Rectores en su estrategia empresarial a la vez que sensibilizar a las que todava no han completado ese proceso. Esa es la idea que, como se traduce en todas y cada una de las medidas propuestas, atraviesa todo el documento: parecera que la nica relacin posible entre las grandes compaas espaolas y los derechos humanos pasa por establecer un sistema de incentivos, sensibilizacin y reconocimiento de buenas prcticas empresariales. No hay ninguna mencin al diseo de mecanismos de evaluacin y seguimiento, nada que decir sobre la necesidad de promover instancias de control para afrontar los incumplimientos de una normativa internacional sobre derechos humanos que debera ser de obligado cumplimiento.

Desde sus orgenes, el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos nunca contempl varias cuestiones fundamentales: ampliar las obligaciones extraterritoriales desde la empresa matriz a sus filiales, proveedores y subcontratas en otros pases; asumir la nocin de interdependencia e indivisibilidad de las normas aplicables en materia de derechos humanos; obligar al cumplimiento directo por parte de las transnacionales del Derecho Internacional; incluir la responsabilidad penal de las personas jurdicas y la doble imputacin de empresas y directivos. Y tras sucederse las distintas versiones de un plan que se iba descafeinando cada vez ms, ni siquiera algunas de las pocas medidas interesantes que se contemplaban al principio como, por ejemplo, excluir de subvenciones y apoyos pblicos a aquellas compaas que hubieran sido declaradas culpables, mediante sentencia firme de la autoridad judicial correspondiente, de violar los derechos humanos han permanecido en el texto final.

En los sucesivos borradores, una y otra vez, han ido rebajndose las exigencias para controlar de manera efectiva las prcticas de las empresas transnacionales. Hasta quedar, finalmente, en nada: Se presenta, por tanto, como un Plan de Empresas y Derechos Humanos con vocacin de sensibilizacin y de promocin de los derechos humanos entre los actores empresariales, pblicos y privados, leemos en el plan que se aprob este verano. Y las medidas que en l se incluyen son coherentes con esa declaracin de intenciones: acciones y estrategias de sensibilizacin, campaas de formacin, cdigos de autorregulacin, un sistema de incentivos y colaboracin, medidas de informacin, capacitacin y asesoramiento a empresas, etc. Pero, como hemos venido insistiendo en todos estos aos, el Estado no debera informar y asesorar a las empresas sobre cmo respetar los derechos humanos en sus operaciones; su funcin tendra que ser exigir, y en su caso sancionar, el cumplimiento efectivo de las normas que los regulan.

Sobre control y regulacin

Es mejor tener un plan que no contente a todo el mundo que no tener ninguno, argumentan desde la Oficina de Derechos Humanos. A nuestro entender, sin embargo, este plan ni siquiera va a funcionar como un mal menor. Porque, de hecho, puede operar como un freno normativo a la hora de exigir responsabilidades efectivas a las grandes corporaciones por los impactos de sus negocios sobre los derechos humanos. Dicho de otro modo: si se consolidan las medidas basadas en la sensibilizacin del mundo empresarial, la comunicacin y el dilogo, las prcticas de buen gobierno, la tica y la transparencia, la elaboracin de memorias y guas, los cdigos de buenas prcticas y la accin social, ser imposible avanzar de manera efectiva en la instauracin de mecanismos de control y normas vinculantes para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

Que es lo que, por cierto, se est debatiendo precisamente estos momentos en Naciones Unidas, donde esta semana est teniendo lugar la 3 sesin del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Mientras el Gobierno espaol sigue demostrando su compromiso con los derechos humanos con la visita del ministro de Economa a los Emiratos rabes Unidos para firmar un acuerdo que aumente el comercio bilateral, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ahora se est tratando de avanzar en la negociacin de un tratado vinculante que obligue a las multinacionales a respetar los derechos humanos en todos los pases por igual. No en vano, en Ginebra se estn oponiendo dos lgicas: la que aboga por la responsabilidad social, los Principios Rectores y los Planes de Empresas y Derechos Humanos, por un lado, frente a la que promueve la elaboracin de un instrumento internacional jurdicamente vinculante para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las grandes corporaciones, por otro. Es decir, la impunidad del poder corporativo frente a los derechos de las mayoras sociales.

Juan Hernndez Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina (OMAL) Paz con Dignidad.

Fuente: http://www.lamarea.com/2017/10/31/101001/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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