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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-11-2017

Repblica Dominicana
La impunidad fomenta el sicariato

Lilliam Oviedo
Rebelin


Los diarios nacionales informan que diez auditores de la Cmara de Cuentas recolectan datos para realizar una investigacin especial a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA. Por los pronunciamientos del Ministerio Pblico y por la trayectoria de la propia Cmara de Cuentas, es obvio que no se trata de un encomiable proceso de bsqueda de justicia, sino de una contribucin con el infame propsito de evadir el costo poltico del asesinato de Yuniol Ramrez.

En lo inmediato, las autoridades dan respuesta al escndalo. En trminos generales, el objetivo es encubrir la podredumbre. Hay grupos y personas intocables en el Estado y en el sistema de partidos, porque sustentan el activismo politiquero, y los hay tambin el sector privado, porque financian el clientelismo.

La corrupcin en el Estado, hace del saqueo una prctica cotidiana para acumular poder poltico; la corrupcin en el sector privado, integra al ejercicio cotidiano de la actividad empresarial prcticas que rien con la propia legalidad de un Estado constituido para favorecer la acumulacin capitalista. Ms importante an, la conjuncin de corruptos y corruptores (que en trminos esenciales son lo mismo), es elemento definitorio de un orden cuyos sustentadores se sirven incluso del sicariato.

En el tratamiento pblico al asesinato de Yuniol Ramrez, la primera parte del montaje correspondi al Ministerio Pblico, institucin que, a travs de la fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Din Llaveras, present al ya difunto abogado como impenitente extorsionador y dijo que dos empleados de la OMSA (Argenis Contreras Gonzlez y Jos Antonio Mercado Blanco) tomaron la decisin de asesinarlo.

Junto al titular de la Direccin Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), general de brigada Pablo Arturo Pujols (la Polica Nacional tena que estar en escena), Din Llaveras anunci: De ahora en adelante las investigaciones se encaminan a determinar si el director de la OMSA, Manuel Antonio Rivas, tiene alguna responsabilidad en este homicidio, as como tambin, en establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados para ponerlos a disposicin de la justicia.

En rueda de prensa, Ministerio Pblico y Polica dieron respuesta al escndalo que constituy el hallazgo del cadver del abogado con un disparo en la cabeza y atado con fuerte cadena a dos bloques de construccin en el ro Manoguayabo. Y, claro, pretendieron dejar en los autores materiales la responsabilidad por el hecho.

No pudieron evitar que se hicieran visibles las ataduras que les impiden desmontar la podredumbre.

Sucede que, a estas alturas la perpetuacin del sistema de privilegios depende de la existencia de la corrupcin y necesita incluso adaptarla a los tiempos. Por eso, el acuerdo de impunidad y encubrimiento del delito de Estado sigue siendo un importante elemento del pacto de clase.

Es el compromiso en la proteccin del sistema y no la intencin de hacer justicia, lo que obliga al gobierno a despojar parcialmente de la proteccin oficial (hay que subrayar que solo parcialmente) a Manuel Rivas, al empresario Eddy Santana Zorrilla, y de paso al coronel Faustino Rosario Daz, encargado de finanzas en la OMSA.

Prisioneros, con medidas de coercin y despojados de cargos y rangos, los acusados esperan ser favorecidos por quienes siempre han utilizado sus servicios. Los estrategas al servicio del Estado y del empresariado tienen, sin embargo, la misin de dejar en unos cuantos nombres la culpa para dar continuidad al apaamiento y al pacto de impunidad.

La vctima en el papel de acusado

La prctica del abogado Yuniol Ramrez, quien fue precandidato a senador de San Juan de la Maguana por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, fue cuestionada incluso por algunos integrantes del movimiento Marcha Verde. Esto as, porque desisti de iniciar un proceso contra Vctor Daz Ra (el acaudalado ex ministro de Obras Pblicas), a quien denunci como socio de Mustaf Abu Naba en una estafa al Estado. Este fue el desistimiento que gener ms cuestionamientos, aunque l explic que Daz Ra (desacreditado exfuncionario y desacreditado funcionario entonces) le mostr un conjunto de documentos que lo convencieron de que todo andaba en regla. Otros procesos iniciados en su nombre y en el de la organizacin que diriga (Convergencia Nacional de Abogados, CONA), fueron dejados a medias por razones nada convincentes.

En esos cuestionamientos se apoy el Ministerio Pblico para presentarlo ante la opinin pblica como extorsionador.

Solo en un orden donde la impunidad es sello, se recurre a este argumento ante un hecho como ese. Es fcil acusar (y casi condenar) a quien ya fue silenciado con un disparo, y atado a dos bloques con cadena y candado.

Limpia su imagen el gobierno de Danilo Medina destituyendo a Manuel Rivas cuando ha quedado claro que, siendo funcionario, tena sicarios a su servicio y pagaba con dinero del Estado el activismo politiquero y hasta el trabajo sucio? Imposible.

El empresario Eddy Santana haba sido favorecido por otros funcionarios y polticos. Los diarios citan entre sus protectores al ex ministro de Medioambiente Bautista Rojas Gmez.

Hurgarn los auditores de la Cmara de Cuentas hasta determinar el origen de esta y otras fortunas? Hasta el beneficio de la duda es ya una concesin.

Apaar es consentir

Tras el asesinato de Yuniol Ramrez, junto al clamor de justicia, adquiri fuerte presencia en los medios de comunicacin la recreada denuncia de que ciertos abogados y periodistas han hecho de la extorsin a funcionarios corruptos una prctica altamente rentable.

La denuncia es vlida, pero hay que ir ms lejos en la mencin de los elementos descriptivos de esta situacin.

Los funcionarios pasibles de ser extorsionados son los corruptos. Si en el pas hay una estructura de chantaje es porque el Estado y la clase dominante tienen como marca la corrupcin.

En las ltimas dos semanas, han sido publicadas de nuevo las reseas sobre hechos de sangre relacionados con la corrupcin (como por ejemplo el que cost tres vidas en San Pedro de Macors). Si no se llega ms lejos en el anlisis, es por el carcter empresarial de los medios de comunicacin.

La corrupcin a grandes niveles no tiene un sello sencillamente personal, es sistmica.

En la labor de apaar la podredumbre juegan un importante papel los grandes medios de comunicacin. La censura y el alcance del poder econmico que tienen las corporaciones propietarias de esos medios, actan en direccin de ocultar el aporte de este sector empresarial a la preservacin de la impunidad.

Se habla del chantaje de ciertos abogados y comunicadores, pero no se denuncia el hecho de que se ha tornado normal la eleccin por funcionarios y empresarios de los reporteros que envan los medios a cubrir sus respectivas actividades. Qu nombre se le puede poner a esta situacin? No constituye, acaso, una muestra de que la corrupcin no se divide en estatal y privada sino que tiene un fuerte sello de clase?

 

La otra violencia

Como la impunidad y la corrupcin, la violencia tiene sello de clase. En el caso de Yuniol Ramrez, el Ministerio Pblico se empea en desacreditar a la vctima intentando con ello alivianar el peso poltico del hecho.

Los sicarios actuaron con recursos del Estado y el empresario, de quien se dice realizaba transacciones por encargo de un funcionario y con dinero del Estado, es obvio que era favorecido y devolva favores. Cuntos empresarios hay en esa misma condicin e igualmente favorecidos?

A esa violencia se suma la ejercida con uniforme y apadrinada sin disfraces por el mismo Estado. Esa fue la que arranc la vida en San Francisco de Macors al joven activista Vladimir Lantigua en los primeros das de agosto.

Recientemente muri otro activista del movimiento revolucionario y popular, Jess Adn. Sus familiares denuncian que una vieja enfermedad sea se le agrav cuando en medio de una protesta recibi una descarga elctrica de un agente policial.

El poder meditico ayuda al gobierno a evadir el costo poltico de acciones de este tipo, pero algunas cuentas no son borrables.

Desmontar la corrupcin, objetivo irrenunciable

El costo de la corrupcin se manifiesta en hambre y exclusin, pero tambin en sangre.

Aunque se vincule a Yuniol Ramrez con prcticas no correctas y aunque se llegue incluso a ofrecer pruebas de ese vnculo, en este caso l fue la vctima y personas que servan en una institucin estatal actuaron como agentes de la muerte.

Cuntas vctimas hay cuyos nombres no conocemos?

Hablamos de estructuras de poder que son violentas por definicin y criminales por tradicin La lucha contra la impunidad es ineludible, y pasa por el combate al apaamiento. Los sustentadores del crimen tienen nombres y apellidos, y este pueblo debe conocerlos.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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