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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-11-2017

La Corte Penal Internacional y la Jurisdiccin Especial para la Paz

Pedro Santana Rodrguez
Agencia Prensa Rural


Lograr justicia al trmino de una confrontacin armada siempre ser muy difcil y Colombia no es la excepcin, sobre todo despus de un conflicto armado que se prolong por ms de 60 aos y en el cual los actores en conflicto escalaron la confrontacin la cual lleg a niveles dramticos de degradacin que dio como resultado una victizamizacin masiva. Al da de hoy y a partir del primero de enero de 1986 el Estado reconoce un universo de vctimas de ms de 8.3 millones de personas que corresponde a un 16% del total de la poblacin del pas. Esto nos da una idea aproximada del reto que significa intentar dar respuesta al derecho que corresponde a las vctimas tanto en materia de verdad como de justicia, reparacin y garantas de no repeticin.

Para tratar de dar respuesta a los derechos de las vctimas contenidos en el punto 5 de los Acuerdos de La Habana se cre un Sistema Integral de Justicia para la Paz y un componente adicional de poltica pblica que debera ocuparse de la reparacin integral a las vctimas. Sobre el primer tema se aprob en el Congreso de la Repblica el Acto Legislativo 01 de 2017 y se encuentra en trmite en el Congreso de la Repblica un proyecto de Ley Estatutaria que busca su reglamentacin que enfrenta muchos problemas en su trmite a pesar que ya fueron nombrados los 51 jueces que constituyen el sistema de justicia creado en dicho Acto Legislativo pero que requieren para su entrada en funcionamiento de la ley estatutaria que reglamente esta jurisdiccin especial as como una ley que determine los procedimientos para su entrada en funcionamiento, sta ltima debe ser asumida por los propios magistrados recin elegidos. El segundo componente, es decir, la poltica pblica de reparacin a las vctimas apenas surti un proceso de consulta restringido y no hay hasta el momento ni siquiera un proyecto de ley que tenga como propsito su implementacin.

Ahora bien el Acto Legislativo 01 de 2017 contempla la creacin de una Unidad de Bsqueda de Personas desaparecidas en relacin con el conflicto armado, una Comisin de la Verdad y una jurisdiccin especial para esclarecer la responsabilidad de los diversos actores del conflicto armado, especficamente dentro de estos actores destaca que tanto los agentes del Estado como los terceros responsables y la guerrilla, debern responder ante este sistema de justicia por los graves crmenes cometidos por ellos relacionados con el conflicto armado. Los paramilitares responden ante otra jurisdiccin que es la creada por la Ley 975/2005 comnmente llamada Jurisdiccin de Justicia y Paz. La Unidad de Bsqueda de personas desaparecidas ya cuenta con el nombramiento de su directora por parte del Comit de Escogencia quien deber estructurar su funcionamiento y su entrada en operacin mientras que a finales de este mes de octubre el Comit de Escogencia deber nombrar a 11 comisionados/as que integrarn la Comisin de la Verdad que deber funcionar durante tres aos.

El Sistema de Justicia dentro del Sistema Integral de Justicia para la Paz deber ocuparse centralmente de juzgar los delitos de lesa humanidad y los crmenes de guerra que como se sabe no pueden ser objeto de indultos o amnistas de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El tema central del debate hoy es s el Acto Legislativo que cre el sistema de justicia transicional para la paz garantiza los estndares internacionales en materia de garantas para las vctimas tal como los ha establecido tanto la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional y de los tribunales ad hoc creados para juzgar estos delitos en el mbito de las Naciones Unidas. El debate no es nuevo aunque fue muy intenso en el trmite del acto legislativo y lo sigue siendo alrededor del fallo que debe proferir la Corte Constitucional sobre dicho Acto Legislativo as como el debate que se surte en el Congreso de la Repblica sobre el proyecto de ley estatutaria que busca la reglamentacin de dicho acto legislativo.

En el trmite del Acto Legislativo diversas organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre el intento de rebajar los estndares internacionales y la interpretacin que tanto el Gobierno como el Congreso estaban haciendo de la normativa internacional especficamente sobre la llamada responsabilidad de mando, sobre la definicin de los llamados crmenes de guerra as como sobre la responsabilidad de los terceros responsables en las graves violaciones a los derechos humanos. Estas observaciones fueron desestimadas por el Congreso y por el Gobierno.[i] A su turno y antes de abordar la discusin del fallo sobre la exequibilidad del Acto Legislativo la Corte Constitucional solicit un pronunciamiento de la Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre el Acto Legislativo y sobre la Ley de Amnista. Este concepto fue remitido a la Corte Constitucional este 18 de octubre y en trminos generales ratifica las observaciones que se haban hecho por las organizaciones de la sociedad civil Colombiana.

Especficamente el concepto de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, aborda cuatro aspectos directamente relacionados con el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 y de la Ley 1820 de 30 de diciembre de 2016. En concreto se ocupa de la definicin de la responsabilidad de mando; la definicin de graves crmenes de guerra; la determinacin de la participacin activa o determinante en relacin con los llamados terceros responsables; y la restriccin efectiva de libertades o derechos, esto es, el significado de las penas contempladas en el sistema para castigar a los responsables de estos delitos.

La responsabilidad de mando

El escrito de la Fiscal seala que la definicin de la responsabilidad de mando incluida en el Acto Legislativo 01 de 2017 se aparta del derecho internacional consuetudinario, y en consecuencia, podra frustrar los esfuerzos de Colombia por cumplir sus obligaciones de investigar y juzgar los crmenes internacionales. La definicin parecera revivir consideraciones de jure para establecer si un superior podra ser considerado responsable por no haber prevenido o castigado a sus subordinados, y podra dar lugar a la sustraccin de la responsabilidad penal de individuos que tienen la mayor responsabilidad por actos atroces. Como est redactado el Acto Legislativo y como es examinado en el concepto de la Fiscal de la CPI queda claro que lo que el legislador trato de hacer fue diluir y hacer inaplicable la responsabilidad de mando.

La primera crtica est relacionada con la supresin como referencia para definir esta responsabilidad de mando del derecho Internacional de los Derechos Humanos. As como incluir como factor para determinar la responsabilidad de mando la legislacin colombiana y dentro de ella las llamadas reglas operacionales de las Fuerza Pblica. El Acto Legislativo seala que la determinacin de la responsabilidad de mando no podr fundarse exclusivamente en el rango, la jerarqua o el mbito de jurisdiccin. La responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pblica por los actos de sus subordinados deber fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la informacin a su disposicin antes, durante, o despus de la realizacin de la respectiva conducta, as como en los medios a su alcance para prevenir que se cometa o se siga cometiendo la conducta punible, siempre y cuando las condiciones fcticas lo permitan, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes.

Se entender que existe mando y control efectivo del superior militar o policial sobre los actos de sus subordinados, cuando se demuestren las siguientes condiciones concurrentes:

1. Que la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del rea de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando segn el nivel correspondiente y que tengan relacin con actividades bajo su responsabilidad.

2. Que el superior tenga la capacidad legal y material de emitir rdenes, de modificarlas o de hacerlas cumplir;

3. Que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del rea donde se cometieron los hechos punibles, conforme al nivel mando correspondiente; y

4. Que el superior tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir la conducta o las conductas punibles de sus subordinados, siempre y cuando haya de su parte conocimiento actual o actualizable de su comisin.

Lo que seala el documento de la Fiscal General de la CPI es que estos criterios no garantizan el establecimiento de la responsabilidad de mando pues se supone que para hallar a un superior como responsable por las conductas de sus subordinados debera demostrarse que l saba con antelacin sobre la realizacin de esas conductas punibles o demostrar que supo despus de cometidas esas conductas punibles y no actu. El derecho internacional es ms exigente pues una parte sustancial de la responsabilidad de mando tiene que ver con la responsabilidad por omisin es decir por no actuar frente a denuncias o sealamientos de graves hechos violatorios de los derechos humanos. En resumen este contenido del Acto Legislativo lo que busca es diluir la responsabilidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas en delitos internacionales tales como las ejecuciones extrajudiciales llamadas eufemsticamente como falsos positivos, por ejemplo.

Los crmenes de guerra

Seala el documento de la Fiscal general de la CPI que con respecto a la definicin de graves crmenes de guerra, el requisito de que la conducta haya sido cometida de forma sistemtica podra conducir a que se concedan amnistas, indultos o renuncias a la persecucin penal a individuos responsables por crmenes de guerra bajo la jurisdiccin de la CPI que no hubiesen sido cometidos de forma sistemtica. Esto sera inconsistente con la jurisdiccin de la Corte con arreglo al Estatuto de Roma y podra tambin violar normas del derecho internacional consuetudinario. Las ambigedades para determinar si una persona ha tenido una participacin activa o determinante en la comisin de crmenes graves podra llevar a que se apliquen mecanismos de tratamiento especial, como la renuncia a la persecucin penal, a individuos responsables por contribuciones importantes a crmenes graves, aun cuando stas hayan sido de manera indirecta o a travs de una omisin culpable.

Este aspecto del Acto Legislativo tampoco satisface los estndares internacionales a juicio de la Fiscal de la CPI sobre todo en dos aspectos: el primero la exigencia de que haya sistematicidad para que una conducta o un hecho sea calificado como crimen de guerra y en segundo lugar que los terceros responsables hayan participado directamente de los hechos punibles.

Finalmente con respecto a la efectividad de las penas que involucran restricciones de libertades y derechos dice en el concepto seora fiscal, Fatou Bensouda, que depender de la naturaleza y alcances de las medidas que, combinadas, podran conformar una sancin, as como tambin de su implementacin efectiva, de un sistema riguroso de verificacin, y de si su operacionalizacin con actividades que no forman parte de la sancin no frustre el objeto y fin de la pena. Es decir que las sanciones que constituyan restriccin efectiva de la libertad as como ofrecer plena verdad y reparacin a las vctimas deben ser rigurosas y deben ser verificadas durante el tiempo que incluya la sancin.

Emitido el concepto ahora corresponde a la Corte Constitucional evaluar e incorporar en su fallo las consideraciones del mismo para blindar la Jurisdiccin Especial para la Paz. Sabido es que la Corte Penal Internacional viene haciendo un seguimiento a diversos procesos que cursan por ahora en la justicia ordinaria sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidos tanto por las guerrillas como por agentes del Estado y por terceros responsables. Uno de los casos ms emblemticos corresponde a los llamados falsos positivos en que ha advertido lentitud en el proceso sobre todo de 23 generales y 5 coroneles investigados por stos hechos. Hara bien la Corte Constitucional en responder al documento de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en el fallo que deber promulgar en las prximas semanas.


Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22303


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