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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-11-2017

Consultas populares, descentralizacin y modelo extractivo en Colombia

Grupo Semillas
Agencia Prensa Rural


Actualmente se viene debatiendo en el Congreso de la Repblica, la academia y la sociedad en general sobre la pertinencia o no de las consultas populares en el pas. Lo cierto es que las consultas populares son un mecanismo de participacin del que han echado mano municipios como Pijao en el Quindo, Piedras y Cajamarca en el Tolima, Tauramena, Casanare, entre otros, para detener en sus territorios la minera, la exploracin y la explotacin de hidrocarburos. Las comunidades han acudido a estos para formar parte de la toma de decisiones que les afectan o influencian en su diario vivir dentro de sus territorios, en vista de que las decisiones respecto al territorio se estn tomando de manera centralizada y sin consultarles a las comunidades ni a las autoridades locales. Por tanto, este mecanismo de participacin se ha convertido en una alternativa para sentar una postura frente a un gobierno nacional que hace odos sordos a las complejidades que representa el modelo extractivo para las comunidades en sus territorios.

En Colombia existen dos tipos de figuras de extraccin minera. La primera, son los contratos de aporte minero que se rigen bajo el cdigo de minas que va desde 1988 hasta 1998 y la segunda, la figura de contratos de concesin contemplada en el nuevo cdigo de minas del ao 2001. Como resultado de estas figuras, durante el perodo 2002 - 2010 hubo una piata minera que produjo un incremento en la expedicin de licencias de explotacin y exploracin como nunca en la historia de Colombia. Es as como bajo estas dos figuras de contratos entre las compaas y el Estado colombiano, actualmente hay alrededor de 5,6 millones de hectreas de tierra entregadas para explotacin minero-energtica (Tierra Digna, 2017).

A su vez, el Ministerio de Minas y Energa MME-, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA- y la Agencia Nacional Minera AGN- han creado conjuntamente el andamiaje normativo de las reas Estratgicas Mineras AEM- a travs de las resoluciones: 180241 del 24 de febrero de 2012, emitida por MME y la 0045 del 20 de junio de 2012, emitida por la AGN. En estas se declaran y delimitan las reas Estratgicas Mineras y se adoptan otras determinaciones por medio de las cuales se destinan 20 millones de hectreas de tierra, divididas en 516 AEM o bloques mineros sobre 20 departamentos del pas [1], delimitadas en tres tipos de reas de acuerdo al potencial geolgico que se encuentra en cada una de las zonas escogidas.

El Gobierno Nacional, con la idea de obtener mejores beneficios o compensaciones econmicas ha optado por ofertar en ruedas de negocios y por un perodo de cinco aos alrededor de 2,5 millones de hectreas de tierra en reas donde se tiene certeza de que existen depsitos de inters minero (reas tipo 1) y sobre las cuales existe informacin geolgica y geofsica para su proceso de explotacin. As mismo, ofertar alrededor de 17,6 millones de hectreas en un plazo de 10 aos reas que requieren mayor informacin geofsica y geoqumica (reas tipo 2 y 3).

Bajo este modelo de entrega de tierras el Gobierno Nacional no considera factores ambientales, productivos, poblacionales, sociales y econmicos y solo interviene los territorios en funcin de los minerales presentes en el subsuelo. Ms grave an es el hecho que las tres resoluciones que sustentan el sistema de titulacin masiva de las AEM, jams fueron consultadas con la sociedad colombiana, en tanto no pasaron siquiera por un debate en el Congreso de la Repblica.

En este sentido y bajo los criterios de utilidad pblica e inters nacional, el gobierno entrega las AEM al mejor postor por medio de las rondas mineras, pero jams consulta con las comunidades que habitan los territorios concesionados si quieren o requieren de ese modelo de desarrollo. Es por esto que las ciudadanas, en especial las rurales, se manifiestan en las calles y carreteras para exigir que sean escuchadas.

Marco Avirama senador indgena, manifest en el debate de control poltico sobre las consultas populares del pasado 26 de septiembre que: existen ms de 130 acuerdos con el gobierno, pero esos 130 acuerdos se han firmado en carreteras, porque la nica manera de que el gobierno ponga sus ojos en nuestras comunidades es levantarnos y salir a las carreteras a reclamar nuestros derechos.

La ausencia de concertacin entre el Gobierno Nacional, las comunidades y los entes territoriales, han hecho que las comunidades se vean exhortadas a acudir a las consultas populares como una opcin necesaria frente a las amenazas territoriales como la minera.

Sin embargo, el actual ministro de minas y energa, Germn Arce lzate, afirm el pasado mes de mayo en entrevista radial que las consultas populares son una trampa porque podran afectar el 50 % de la inversin territorial que aporta el sector extractivo en dichos territorios (Medio Ambiente, 2017). Al respecto, Jaime Andrs Tocora, uno de los lderes de la consulta popular que le dijo no a la minera en Cajamarca, afirma que:

Hacer una consulta popular no es fcil. Garantizar el 33 % del censo electoral es muy difcil cuando el gobierno nacional a travs de la Registradura restringi la mitad de los puestos de votacin. Quince das antes de la consulta popular, hubo en Cajamarca una eleccin de alcalde atpica con la cual el actual alcalde gan con 4.500 votos; la consulta popular sac ms de 6.200 votos y hoy es totalmente desconocida por el gobierno. Qu entienden ustedes por democracia? Entregaron ttulos mineros sin conocer la realidad de los territorios. (2017)

Otro de los argumentos que da el gobierno nacional y que se cae por su propio peso, es que las comunidades a travs de las consultas populares le estn poniendo una trampa al desarrollo econmico del pas. Al respecto es importante resaltar que ha sido el gobierno nacional quien se ha puesto una trampa al haberse inclinado por el endeudamiento externo en pocas del boom de precios del petrleo y el crecimiento de las exportaciones, en lugar de ahorrar como medida anti cclica para evitar la crisis del sector extractivo en la actualidad [2].

Actualmente, el sector no aporta sino el 7 % del Producto Interno Bruto PIB- nacional. Unificando cifras de ingresos por rentas de minera e hidrocarburos, se tiene que la minera aporta el 2,6 %, mientras que hidrocarburos lo hace con un 4,4 % (Pardo, 2017). Si bien la mayor parte de los ingresos del pas provienen de la exportacin de crudo y sus derivados, dichos ingresos estn condicionados por los bajos precios del mercado que han venido arrastrando hacia la crisis a sectores que mantienen importancia en la economa por la generacin de riqueza y empleo como es el caso del sector industrial [3] y la agricultura.

Ahora bien, existen sentencias de la Corte Constitucional que le han puesto freno al avance del extractivismo en el pas, como es el caso de la sentencia C276 de 2016 que declara inexequible el artculo 37 del cdigo minas que dejaba sin competencia a los entes territoriales para regular el uso del suelo y garantizar la proteccin de ambiente; o la sentencia C289 de 2016 segn la cual la ANLA no puede entregar de manera exclusiva licencias express para Proyectos Estratgicos de Inters Nacional PINES- y la ley 134 en su artculo 55, a travs del cual se determina que las decisiones tomadas por el pueblo son de carcter obligatorio.

Bajo este marco jurdico, el gobierno se ve en la necesidad de descentralizar, pero a su conveniencia, las competencias frente a las garantas del derecho a la participacin ciudadana en la toma de decisiones, generando nuevas reglas de juego para los territorios que solicitan una consulta. Un reflejo de esta situacin es el mensaje de la Registradura General de la Nacin enviado al municipio de Granada en el departamento del Meta, que adelanta una consulta popular, manifestando que las consultas contra la minera y el petrleo no sern financiadas ms con recursos del gobierno nacional y por el contrario, estos mecanismos de participacin ciudadana deben ser financiados por las alcaldas y gobernaciones, segn resolucin del Ministerio de Hacienda (Economa y Negocios, 2017).

El panorama frente a las garantas democrticas de participacin ciudadana no es favorable teniendo en cuenta que no existe una coordinacin interinstitucional eficaz y por el contrario, hay una ausencia de concertacin entre el gobierno, empresarios, entes territoriales y comunidades, debido al manifiesto inters por favorecer los intereses de las corporaciones extranjeras que tienen la capacidad financiera de poner en funcionamiento las AEM. La lucha de las comunidades ha sido ardua y se ha caracterizado por una fuerte accin colectiva y jurdica que ha hecho, por ejemplo, que el Consejo de Estado, a partir de la sentencia C666 de 2015, suspenda la figura de AEM; la cual sin embargo contina operando por medio de la resolucin 135 de 2017 que crea 59 bloques mineros en once departamentos del pas.

Esta problemtica parece no culminar hasta que en efecto no se garantice la descentralizacin administrativa que permita el cumplimiento del mandato constitucional de 1991; as como la expedicin de un estatuto para la participacin de las comunidades en la construccin de las polticas pblicas que dinamicen la vida en los territorios, ya que mientras las normativas se flexibilizan para los empresarios, a las comunidades rurales se les imponen visiones sobre lo que debe ser su territorio, determinndolo desde el nivel central. No obstante, la solucin a estas problemticas no se da nicamente con la formulacin e implementacin de nuevas normas, ms an si estas son planeadas e implementadas sin tener en cuenta la autonoma de las comunidades, el enfoque de derechos y por ende, la necesaria apertura democrtica para la participacin efectiva de las comunidades y la sociedad colombiana, en la construccin de un modelo de desarrollo que garantice el bienestar general y la vida digna en los territorios urbanos y rurales.


Bibliografa

Economa y Negocios. (19 de Octubre de 2017). El Gobierno no financiar ms consultas mineras ni revocatorias. El Tiempo, pgs. http://www.eltiempo.com/economia/se....

Medio Ambiente. (12 de Mayo de 2017). Minminas quiere modificar consultas populares. El Espectador.

Pardo, . (16 de Agosto de 2017). Los Mitos de la Gran Minera en Colombia. Bogot: Colombia Punto Medio.

Tierra Digna. (5 de Septiembre de 2017). reas Estrtegicas Mineras. Bogot: Presentaciones y Relatoras - Jornadas sobre Transformaciones del Modelo Extractivo y Corporativo en Tiempos de Posacuerdo.

Tocora, J. A. (26 de Septiembre de 2017). Debate de Control Poltico sobre Consultas Populares. Bogot.


Notas

[1] Nario, Putumayo, Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Quindo, Risaralda, Caldas, Antioquia, La Guajira, Cesar, Bolvar, Santander, Amazonas, Guaina, Guaviare, Vaups, Vichada y Choc. No obstante la Corte fall a favor de 15 consejos comunitarios campesinos quienes pedan que se anularan dos resoluciones del 2012 que establecieron zonas de reserva minera en 20 departamentos. Por no haberse respetado la Consulta Previa. En: https://www.elespectador.com/notici...

[2] a deuda externa total asciende US 120 mil millones, de los cuales US 71 mil millones corresponde a deuda pblica. (Pardo, 2017)

[3] La industria manufacturera aport ms del 14% del PIB hasta el 2007 y luego como consecuencia de la enfermedad holandesa decreci a niveles del 11%, sin muestras de reactivacin Pardo, 2017.


Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22312



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