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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-11-2017

El asesinato de Berta Cceres en Honduras: las contundentes conclusiones del informe del GAIPE

Nicolas Boeglin
Rebelin


En estos primeros das de noviembre del 2017, se ha dado a conocer el informe elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre la muerte de la lider indgena y ecologista Berta Cceres, acaecida en Honduras el 2 de marzo del 2016. Este informe recopila toda la informacin sobre este caso reunida por un equipo de investigadores independientes ante la clara inclinacin de las autoridades hondureas para investigar de forma sumamente cuestionable (y cuestionada) este asesinato.

A pocas semanas de la muerte de Berta Cceres, un primer informe elaborado por los integrantes de una misin internacional ya haba detectado la poca voluntad de las autoridades hondureas para esclarecer debidamente este crmen (vase informe titulado "Justicia para Berta Cceres Flores"; el Anexo 2 contiene la serie de amenazas recibidas por Berta Cceres). En febrero del 2017, la ONG Amnista Internacional calificaba de "vergonzosa" la investigacin realizada por las autoridades hondureas (vase comununicado de prensa).

Este informe del GAIPE constituye un esfuerzo de gran relevancia, en la medida en que son muchos los casos en Amrica Latina (y en el mundo) en los que el Estado pareciera poco interesado en que se sepa la verdad de los hechos y la motivacin real que llev a eliminar fsicamente a un lider indgena, campesino o ecologista opuesto a un proyecto de gran envergadura.

La ONG Global Witness registr 200 crmenes de este tipo a nivel mundial para el ao 2016. En Amrica Latina, slo en el ao 2016, se contabilizaron 14 crmenes de lderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, segn esta misma organizacin (vase informe con tabla includa).

Como tuvimos la oportunidad de indicarlo en nuestra breve nota publicada en ElPais.cr, al conmemorarse el primer ao de la muerte de Berta Cceres:

"...diversas ONG han convocado a marchas y protestas frente a las legaciones diplomticas de Honduras en las capitales de Centroamrica, as como en Canad y en varias capitales europeas: lo han hecho en seal de solidaridad con los familiares y con los compaeros de lucha de Berta Cceres. Muchos asistirn tambin en seal de protesta y de profunda indignacin ante la impunidad que prevalece cada vez que un lider comunitario o un ecologista es asesinado en Amrica Latina".

La colusin de intereses entre Estado y empresa lleva, en algunos casos, al primero a maquillar las investigaciones o a realizarlas de forma tal que la impunidad prevalezca, en un claro intento por rehuir las obligaciones nacionales e internacionales que debe ejercer en materia de investigacin y de sancin. Esta situacin en la que se intenta construir una verdad oficial a partir de investigaciones incompletas lleva naturalmente a los familiares de las vctimas a desconfiar de las entitades pblicas y a recurrir a mecanismos de investigacin ajenos al Estado como tal.

En Costa Rica, la muerte del bilogo Jairo Mora Sandoval en mayo del 2013 en Playa Mon di lugar a una solicitud por parte de varios sectores para solicitar la creacin de una Comisin de la Verdad ajena a la Fiscala General de la Repblica: a la fecha, esta iniciativa no ha sido mayormente implementada por las autoridades, pese a contar con el respaldo del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, luego de la visita que realiz a Costa Rica en el 2013 (Nota 1). La muerte de Jairo Mora Sandoval se aade a una larga lista de ecologistas que han encontrado la muerte sin que el Estado costarricense haya encontrado a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos (vase por ejemplo nota de CRHoy titulada "Crimen de Jairo Mora se suma a lista de asesinatos de ambientalistas que han quedado impunes"). En el 2009, ante amenazas de muerte recibidas, organizaciones sociales acudieron a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos solicitando que ordenara medidas a Costa Rica para resguardar la vida y la integridad fsica de un lder ecologista opuesto a la expansin piera en la Zona Sur, Aqules Rivera (vase nota de prensa).

En el resmen ejecutivo del informe del GAIPE sobre el asesinato de Berta Cceres, se menciona tambin a los socios financieros de Honduras en la construccin de la represa hidroelctrica Agua Zarca:

"A partir del anlisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holands (FMO) y el Finnfund. Dichas entidades tenan conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a travs de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indgenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Isabel Cceres Flores. Tampoco realizaron suficientes esfuerzos para exigir las investigaciones penales correspondientes" (pp. 2-3).

En las conclusiones del informe del GAIPE se puede leer, entre muchos otros puntos de gran relevancia, que:

"6. El asesinato de Berta Isabel Cceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondi, como mnimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habindose delegado en uno de los procesados la ejecucin del operativo y la articulacin con agentes estatales y no estatales para lograrlo.

7. Los agentes a cargo de la investigacin no han seguido las normas de debida diligencia e investigado exhaustivamente para procesar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto. Dicha circunstancia vulnera los derechos a la verdad, justicia y reparacin para los familiares de las vctimas, las personas integrantes del COPINH, las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad hondurea.

8. El Ministerio Pblico ha incurrido en violaciones al derecho de las vctimas de participar plenamente en el proceso interno, derecho que est previsto en la propia legislacin hondurea as como en los estndares internacionales, lo cual vulnera la garanta del debido proceso, as como los derechos a la verdad, justicia y reparacin.

9. La prueba existente es concluyente respecto de la participacin de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeacin, ejecucin y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cceres, as como en la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto, sin embargo, el Ministerio Pblico no ha realizado imputaciones respecto de estas personas. Adicionalmente, existe prueba que demuestra la comisin de otros delitos que no han sido investigados
" (p. 46).

El informe completo del GAIPE, que se titula "Represa de violencia. El plan que asesin a Berta Cceres" y que consta de 87 pginas, est desde ya disponible en este enlace, y se recomienda su lectura completa.

Este informe evidencia el sesgo con el que las actuales autoridades hondureas investigaron este caso, interpelando ahora al Estado hondureo de cara a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Nota 2), pero tambin a la comunidad internacional como tal.

Notas

Nota 1: Se lee en el informe de John Knox a raz de su visita a Costa Rica (vase texto completo publicado en el sitio de Derechoalda), entre varias de sus recomendacione finales, que: " en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique an ms sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino tambin por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisin o un rgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situacin actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica (punto 67).

Nota 2: En el caso de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernndez asesinada en 1995 en Honduras, los familiares interpusieron una demanda ante el sistema interamericano de derechos humanos, la cual culmin con una sentencia del 2009 de la Corte IDH (vase texto completo) en la que se lee, entre otros puntos, que: "El Tribunal reitera que el Estado est obligado a combatir esta situacin de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que sta propicia la repeticin crnica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensin de las vctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situacin concreta constituyen un medio de reparacin. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las vctimas, que el Estado debe satisfacer. La obligacin de garanta del artculo 1.1 de la Convencin Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convencin de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a travs de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder pblico, de manera tal que sean capaces de asegurar jurdicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos" (prrafo 190). A diferencia del caso en Honduras de Blanca Jeannette Kawas Fernndez, en Costa Rica, un doloroso caso persiste impne y mantiene interrogantes: se trata del caso de los cuatro integrantes de AECO, de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitacin en San Jos y uno fallecido en julio de 1995 en un parque pblico de la capital costarricense. Este caso constituye un ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraa inoperancia de los rganos estatales (vase artculo editado en el 2014 para conmemorar los 20 aos de estas cuatro muertes, titulado "20 aos es mucho: autoridades tienen que rendir cuentas por muerte de ecologistas en 1994")

Blog del autor: http://derechointernacionalcr.blogspot.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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