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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-11-2017

Estigmatizar la labor del campesino cultivador de hoja de coca es una muestra de la guerra simblica y econmica contra este sujeto
La agona del campesino cocalero en Colombia

Grupo Semillas
Agencia Prensa Rural


Los campesinos son productores que contribuyen a la alimentacin, soberana alimentaria y a la economa del pas. Son ciudadanos que tienen plenos derechos a la alimentacin, la vivienda, la educacin, la salud y a ser partcipes de la produccin cultural de nacin [1]. No obstante, las comunidades campesinas han venido sobreviviendo en medio de limitaciones para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a los medios necesarios para aplicar sus conocimientos como productores agropecuarios eficientes.

El trabajo del campesino cultivador dentro de la cadena de mercado consiste en vender, bien sea la hoja de coca o la pasta base a un intermediario, el cual a su vez la vende al productor de cocana o patrn duro [2]. Tanto el intermediario como el productor extraen rentas del trabajo del cultivador. La guerra frontal militar y punitiva en contra del narcotrfico refuerza la extraccin de renta sobre el trabajo del campesino cultivador de coca, en tanto la reduccin que hubo de cultivos de uso ilcito no se materializ en una prdida de poder adquisitivo de los grandes agentes econmicos dentro de la cadena de produccin, todo lo contrario, se tradujo en el aumento de precios de la droga en el extranjero.

La pobreza y desigualdad que se vive en todo el pas, se siente con mucha ms fuerza en el sector rural colombiano [3]. Las condiciones de miseria han propiciado que el campesino se vea obligado a entrar en el ciclo de produccin del narcotrfico, para garantizar su supervivencia y la de su familia, percibiendo solamente el 1,4 % de las ganancias [4]. El campesino cultivador de coca es el eslabn ms importante de la cadena de mercado trasnacional de la droga, pero tambin es el ms dbil en tanto soporta la violencia estatal en el marco de su ofensiva militar contra este mercado ilegal y la violencia de las organizaciones criminales y grupos armados encargados de la produccin de cocana.

A la fecha segn el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilcitos SIMCI- se pas de 96.000 hectreas en 2015 a 146.000 hectreas en 2016, la cifra representa un aumento preocupante de un 52 % en pleno posconflicto [5]. De ms atencin es todava el hecho de que el 80 % de los cultivos identificados ya haban sido intervenidos, es decir ya se haban asperjado o erradicado [6]. Al respecto, en 2016 por 1 kg de hoja de coca fresca se pag al cultivador en promedio US$0,95 (3.000 pesos), 3.3 % menos que en 2015; mientras que al mismo tiempo aument el precio del clorhidrato de cocana que present un alza del 5 % llegando a valer US$1.633 (4984.600 pesos) [7]. Lo anterior corrobora la extraccin de renta que existe sobre el trabajo del campesino cultivador de hoja de coca, que al verse obligado a entrar a jugar un papel ms activo escalando otro eslabn en la cadena, seguir por un lado siendo violentado por el Estado en su lucha militar y punitiva contra el mercado ilegal de estupefacientes; y por otro lado, seguir siendo explotado por el actor ilegal que fija sus precios de venta en razn de su poder militar territorial.

La reactivacin en el alza de reas cultivadas con coca se da en gran medida por el acto racional del campesino por obtener mayores rentas de su trabajo y la falta de presencia estatal en sus territorios ms all de lo militar que le permita vivir dignamente; estos factores se transforman en fuertes incentivos para mantener los cultivos, en especial en zonas de frontera donde a menos de 20 kilmetros de estas se concentran el 30 % de los mismos [8]. De igual manera, los diez municipios ms afectados por este fenmeno se encuentran en estas zonas donde la violencia es pan de cada da y el abandono estatal es la regla. La siguiente tabla da cuenta de los cuatros departamentos donde ms se concentra el problema de cultivos de uso ilcito, todos fronterizos, no obstante estos no se corresponden en su totalidad con los nueve departamentos donde actualmente se avanza en el programa de sustitucin.

La violencia que vive el campesino cultivador viene del Estado, de grupos criminales y armados al margen de la ley, incluso de parte de comisionistas extranjeros. Las condiciones de vulnerabilidad en las que estas familias se encuentran, hacen que dependan de la seguridad territorial, alimentaria y econmica que les brindan estos actores para continuar habitando el territorio. La relacin social entre el campesinado y los compradores de su producto -los cuales tras la desmovilizacin de las FARC-EP se han diversificado y aumentado [9]-, estn dadas no solo por intercambios econmicos sino tambin por favores cargados de valor simblico en vista de que muchas veces no tienen los medios necesarios para la produccin de la hoja de coca y menos para la produccin de sus propios alimentos.

Esta situacin deviene en la prdida de autonoma y soberana alimentaria de las comunidades campesinas, contribuyendo a la desaparicin de la nocin tradicional del campesinado como sujeto histrico, poltico y social. La atomizacin del campesinado dada la complejidad de sus relaciones sociales en el territorio y lo heterogneo de los actores con los que interacta, no es tenida en cuenta por la institucionalidad a la hora de fijar el tratamiento a esta problemtica. Especialmente la violencia simblica es la que ms contribuye al reforzamiento de esta situacin tratando a todo el campesinado como a un narcotraficante, estigmatizndole y desdibujando su potente papel en la solucin a los problemas econmicos y de desarrollo nacional, por no manejar el asunto de manera diferencial. El estigma cultural que recae sobre este tipo de campesino fortalece la idea de seguir tratndole penalmente como un delincuente, recibiendo penas y multas desproporcionadas e impagables por este sector que es vctima de la falta de gestin coordinada y responsable del campo colombiano por parte del Estado.

En este sentido, los acuerdos de paz reconocen el problema de las drogas en Colombia. Por ello el punto cuatro de los acuerdos sobre Solucin al problema de las drogas ilcitas, se enfoca en el cumplimiento de los compromisos acordados sobre la sustitucin voluntaria de cultivos de uso ilcito, mediante las transformaciones territoriales de las zonas afectadas; la generacin de condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas (en especial de las comunidades campesinas que derivan su sustento de esta economa) y una solucin sostenible y definitiva al problema de los cultivos de uso ilcito y los problemas asociados a ellos en los territorios. La estrategia funcionara a partir de seis componentes: primero, la puesta en marcha de un Programa Nacional Integral de Sustitucin de Cultivos de Uso Ilcito; segundo, la creacin de Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitucin de Cultivos de Uso Ilcito PISDA; tercero, mecanismos de planeacin y participacin con las comunidades; cuarto, acuerdos de sustitucin y no resiembra; quinto, erradicacin por parte del gobierno nacional en caso de que no haya acuerdos o no se cumplan y finalmente, programa de desminado.

Este nuevo enfoque estratgico se ha comenzado a trabajar desde nueve departamentos: Nario, Antioqua, Caquet, Cauca, Putumayo, Meta, Vichada, Guaviare y Norte de Santander. Segn la Alta Consejera para el Posconflicto Derechos Humanos y Seguridad, se han firmado en total 21 acuerdos generales para poner en funcionamiento la ruta de implementacin del programa nacional integral de sustitucin de cultivos de uso ilcito, creado el 27 de enero de 2017 y 25 acuerdos colectivos para iniciar el proceso de sustitucin voluntaria de cultivos de uso ilcito, en el marco del punto cuatro de los acuerdos de paz. Estos acuerdos involucran 49 municipios y aunque no en todos se especific la cantidad de veredas, familias y hectreas involucradas, se conoce la participacin de al menos 19.242 familias en 812 veredas comprometidas con la erradicacin de 23.218 hectreas de cultivos de uso ilcito.

Segn estos acuerdos, para el primer ao de implementacin se deben erradicar 50.000 hectreas de cultivos de coca y sustituir otras 50.000; sin embargo, el reto de transformacin de los territorios para el buen vivir de estas familias se ve obstaculizado por la falta de celeridad en la implementacin del punto uno sobre Reforma Rural Integral con el que se dinamiza la efectiva transicin de la siembra de cultivos de uso ilcito a la siembra de alimentos, junto a la produccin colectiva de nuevos proyectos sustentables para pervivir en el territorio. La transformacin de estas condiciones no son de un da para otro y no se materializan con la firma del acuerdo, se necesitan dcadas para la transformacin del campo colombiano y una voluntad poltica inquebrantable y decidida para transformarlo, que vaya ms all de los intereses electorales o extranjeros, que propendan por una articulacin eficiente y eficaz de los componentes de seguridad y desarrollo necesarios.

Es por ello que se requiere mayor rapidez para dar cumplimiento a lo acordado, ya que actualmente el cdigo penal fija penas para los cultivadores de hoja de coca de entre 6 y 12 aos de crcel y una multa de hasta 1.500 salarios mnimos legales. A quin le cabe en la cabeza que un campesino en ciertas condiciones de vulnerabilidad econmica pueda pagar esa multa? Hasta la pena de crcel es desproporcionada. Desde 2015 se est discutiendo sobre la necesidad de reformar el cdigo penal, pero no es sino hasta el presente ao que el gobierno ha comenzado a dinamizar en el Congreso un tratamiento diferencial por medio de un proyecto de ley, que dejara las penas entre uno y cuatro aos de crcel, lo cual hara de esta actividad ilegal un delito excarcelable [10]. El asunto ya es polmico pero coherente con la realidad. No obstante, hay que tener en cuenta que el plazo para que pueda ser debatido y votado es muy corto; a decir verdad tal vez no pueda siquiera ser debatido en el Congreso.

Estigmatizar la labor del campesino cultivador de hoja de coca mientras los eslabones ms fuertes de la cadena se siguen lucrando de su desgracia, es una muestra de la guerra simblica y econmica en contra de este potente sujeto transformador. No se le puede seguir persiguiendo y condenando sin ofrecerle las garantas necesarias para su subsistencia, esto implica un efectivo y eficaz funcionamiento coordinado de las instituciones encargadas de dinamizar la implementacin del punto uno de Reforma Rural Integral. Y aunque el desarme y desmovilizacin de la ex guerrilla de las FARC-EP es una oportunidad para la transformacin de este estereotipo, en la medida en que contribuye a la transformacin de los territorios y por ende de quienes lo habitan, esto no significa que la realidad respecto al problema trasnacional de las drogas se transforme.


Notas

[1] Forero lvarez, J., Salgado, C., & Ramirez, M. C. (2010). El Campesino Colombiano: Entre el protagonismo econmico y el desconocimiento de la sociedad. Bogot: Pontificia Universidad Javeriana.

[2] Jansson, O. (2006). Triadas putumayenses: relaciones patrn-cliente. Revista Colombiana de Antropologa, 223-247

[3] La pobreza multidimensional en Colombia se encuentra en un ndice de 17,8 % a 2016; la pobreza multidimensional rural registra un 37 %. El Gini de cabeceras municipales fue 0,498 en 2015 en 0,495 en 2016, mientras que en los centros poblados y zonas rurales dispersas pas 0,454 en 2015 a 0,458 en 2016. En: http://www.dane.gov.co/index.php/es...

[4] Portada. (2017). La coca se dispara. Semana.com

[5] Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (2017)

[6] Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilcitos en 2016, 2017, pg. 29

[7] ibd. 2017

[8] Ibd. Pg. 31

[9] 2017, pg. 31

[10] En: https://www.elespectador.com/notici...


Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22329


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