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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-11-2017

Mentiras de los discursos de paz
Se agravan las condiciones carcelarias de los presos polticos y sociales

Equipo Jurdico Pueblos


Los hechos indican que no existe voluntad por parte del Gobierno Nacional y las lites en general por cumplir los acuerdos de terminacin del conflicto con las FARC y el cese al fuego bilateral con el ELN.

Continan privados de la libertad un importante nmero de excombatientes o integrantes de la otrora organizacin alzada el armas Farc-Ep. La ms elemental burla a la implementacin del pacto de la Habana -excusada en el burocratismo y la tramitologa- que en realidad responde a la falta de voluntad poltica para dar el tratamiento jurdico acordado a las y los presos polticos de esta agrupacin. Ello no es otra cosa, que la continuidad en la aplicacin del derecho penal del enemigo, que se ha extendido a amplios sectores del movimiento social (convertido tambin en el enemigo interno). Lo anterior ocurre mientras los militares procesados por crmenes internacionales recobraron la libertad por efecto de los acuerdos.

Smese a lo anterior, el trato degradante, la tortura, la violencia constante y el riesgo provocado contra la vida e integridad al que se somete a las y los presos polticos en contrava de lo acordado con esta insurgencia en la Mesa de Quito, con la que se busca supuestamente humanizar el conflicto, asumiendo concretamente el Gobierno, el compromiso de adoptar algunas medidas en materia carcelaria.

Por citar algunos casos concretos, el 10 noviembre, en el complejo penitenciario La Picota, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- arremeti brutalmente contra la poblacin reclusa que se encuentra ubicada en el patio cuatro cuando se desarroll un operativo relmpago en el pabelln. Segn informacin obtenida, la guardia junto con el Grupo de Reaccin Inmediata (GRI) ingresaron violentamente, ante lo cual los detenidos reaccionaron, generndose una confrontacin, en la que resultaron casi un centenar de heridos, principalmente, presos polticos. Despus de un tiempo de fuertes represaras productoras de gran dao fsico, la guardia ingres a las celdas, donde destruyeron las pertenencias de los internos, entre ellas, medicamentos de dos presos polticos (uno de las Farc, otro del Eln) que padecen de enfermedades graves y requieren de ellos para sobrevivir.

El mismo da, 10 de noviembre, un preso poltico del ELN recluido en el complejo penitenciario de Jamund fue herido con arma cortopunzante por un detenido social, cuando se encontraba realizando sus actividades de redencin de pena. (https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/11/preso-politico-del-eln-herido-de.html)

La violencia intracarcelaria, no es un asunto que deba atribuirse exclusivamente a problemas de convivencia entre internos. Es un fenmeno provocado y permitido intencionalmente por la Institucionalidad, como forma de resolucin de conflictos sociales, dirigiendo a travs de terceros (conscientes o inconscientes) mecanismos de eliminacin de los excluidos. En las prisiones, igual que en barrios populares, en las calles de las ciudades, entre otros espacios, se potencia la violencia letal entre los oprimidos, mientras se salva a la fuerza represora del Estado de su accin -muchas veces exteriorizada- de exterminar a su adversario de manera directa. Una forma de criminalidad estatal que debe visibilizarse, evitando desviar las miradas hacia responsables aparentes[1].

Igualmente el 8 de noviembre, desde el establecimiento penitenciario y carcelario de Girn (Palogordo) se produjo la denuncia sobre la muerte lenta y tortura por falta de atencin mdica, a la que est siendo sometido el preso poltico del Ejrcito de liberacin Nacional - ELN, JORGE IVN IBARRA ROJAS. (https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/11/en-riesgo-vida-de-preso-politico-de.html)

Esta es una nueva forma de violencia estructural que conlleva, dentro y fuera de las crceles, al mismo resultado nefasto la muerte- para quienes no cuentan con dinero ni posibilidades de acceder a la salud, por fuera de los criminales modelos implementados por el Estado.
Retomando entonces las lneas iniciales de esta reflexin, es claro que estamos ante una situacin compleja. Ni el gobierno, ni ninguna institucin estatal da muestras concretas por cumplir lo acordado. Los presos polticos medianamente tienen dolientes que podran exigir mejoras humanitarias, pero la situacin del resto de la poblacin carcelaria? As no es posible superar el conflicto poltico colombiano cuando la violencia genocida es una prctica social perpetrada por la clase poltica que defiende el modelo de sociedad excluyente en la que se "demoniza" el pensamiento crtico.


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