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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-11-2017

Des-concierto: Suprimir los conciertos educativos

Marea Verde de Len por la Escuela Pblica y Laica
Rebelin


Inmersos en el proceso del Pacto Educativo en el Parlamento, la comunidad educativa junto a ms de treinta colectivos, sindicatos, organizaciones sociales y polticas hemos consensuado a lo largo de tres aos una alternativa compartida que sirva de base para un autntico Acuerdo Social y Poltico que pueda dar estabilidad y equidad al sistema educativo por generaciones.

Uno de los ejes bsicos que debe suscribir un Pacto Educativo que realmente garantice el derecho universal a la educacin en condiciones de igualdad y democracia, es una red nica de centros de titularidad y gestin pblica, puesto que es la nica que asegura una educacin inclusiva y la convivencia democrtica de personas con distintas procedencias socio-culturales contribuyendo a asegurar la equidad y la cohesin social.

Una red pblica que atienda toda la demanda educativa desde los 0 aos, en las diferentes etapas y modalidades, y que cuente con todos los recursos y servicios necesarios para asegurar el derecho de todos y todas a la educacin, tanto en las enseanzas de rgimen general como en las de rgimen especial. Ello conlleva, en primer lugar, reconocer el carcter estrictamente subsidiario de la enseanza concertada; as como iniciar el proceso para la supresin progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparicin, mediante la integracin voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red nica de centros pblicos, eliminando de inmediato la financiacin a centros que practiquen cualquier tipo de discriminacin o no aseguren la gratuidad.

El sistema de conciertos educativos se plante inicialmente como una medida transitoria, como complemento a la red pblica, ante la insuficiencia de centros pblicos que existan en Espaa a principios de los aos 80, cuando se universaliz el derecho a la educacin. Actualmente, la notable mejora cuantitativa y cualitativa de la red pblica de centros hace que el mantenimiento de unidades escolares en centros concertados no se pueda justificar por la insuficiencia de los centros pblicos para atender la demanda, sino por razones ideolgicas de una determinada corriente neoliberal muy extendida, ligada al supuesto derecho de seleccin de centro, que en ningn caso est reconocido como tal en la legislacin vigente, y mucho menos que ejercer esa eleccin deba ser a costa del erario pblico.

As lo dej asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: siendo del todo claro que el derecho a la educacin -a la educacin gratuita en la enseanza bsica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos pblicos no han de acudir, incondicionadamente, all donde vayan las preferencias individuales. Adems, en una coyuntura de crisis econmica duradera y escasez de recursos pblicos, se plantea un evidente problema al derivar fondos pblicos a financiar opciones privadas. Mxime cuando se estn concertando unidades en zonas donde se cierran unidades pblicas preexistentes. Parece claro que obligar al Estado a distribuir sus escasos recursos econmicos con los colegios privados es la mejor estrategia para acabar con los pblicos.

El dinero pblico dedicado a la educacin concertada ha subido en Espaa un 43% en una dcada y ya supera los 5.700 millones anuales. Los colegios privados subvencionados recibieron en 2014 un total de 5.769 millones, 1.744 ms que en 2004. Pero esto se incrementa sustancialmente en comunidades autnomas gobernadas por conservadores o neoliberales, donde hay un progresivo desvo del dinero pblico a subvencionar los centros privados, mientras se aumenta el recorte de financiacin a la educacin pblica. Si la media de centros privados financiados pblicamente alcanza el 32,4% en todo el pas, en algunas de las comunidades donde han gobernado o gobiernan partidos conservadores el porcentaje supera ya ampliamente el 50% (Catalua, Madrid, Valencia, Navarra y Pas Vasco). En Castilla y Len, las polticas de los ltimos 15 aos del Partido Popular evidencian la apuesta por adelgazar la pblica (un 4,6%) y aumentar la concertada (un 6,2%), llegando a triplicar casi el volumen de aulas concertadas en este perodo.

De esta forma no slo se han recortado 9.000 millones de euros a la educacin pblica, sino que buena parte de los recursos pblicos destinados a educacin se dedican a financiar la enseanza privada en rgimen concertado.

Se produce as un proceso continuado de privatizacin silenciosa del sistema educativo, a travs de esta privatizacin blanda y gradual mediante el mantenimiento y consolidacin de los conciertos. Actualmente se ha alcanzado una situacin en la que prcticamente toda la enseanza privada se encuentra concertada. Y lo ms significativo es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia catlica, que constituyen un autntico subsistema ideolgico y doctrinal consolidado y con gran poder.

Espaa constituye al respecto una anomala dentro del panorama europeo. Somos el tercer pas de Europa en este tipo de centros, detrs de Blgica y Malta; y el gasto privado en educacin (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los dems pases (Francia, Holanda, Alemania, Austria, Reino Unido, Suecia, Italia o Finlandia, entre otros), segn datos de la OCDE de 2011, la educacin es fundamentalmente pblica (89,2% en educacin primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de Espaa).

Se est acabando as con un sistema pblico de calidad, como eje vertebrador del sistema educativo, convirtindolo en un sistema subsidiario de una enseanza privada, y cuya funcin sera la formacin de los sectores sociales desfavorecidos y sin un futuro acadmico brillante. Consolidar esta doble red (pblica/concertada) supone admitir el primer y ms importante mecanismo de segregacin social del sistema educativo. Supone tambin renunciar al concepto de enseanza como bien pblico al que se debe acceder digna, universal y gratuitamente.

Debemos recuperar el sentido bsico de la educacin, que no es otro que procurar el mayor desarrollo educativo de todos y de todas y no el de unos pocos. Buscar la mejora de todas las escuelas pblicas, en vez de incitar a seleccionar y competir pensando en la mejor inversin para el mo, olvidando que la educacin es un bien comn y un derecho para todos y todas. La obligacin de los poderes pblicos es garantizar el derecho a una buena educacin que tienen todas las personas. Y slo la escuela pblica puede garantizar el derecho universal a la educacin en condiciones de igualdad y convivencia democrtica a todas las personas con distintas procedencias socio-culturales, especialmente a quienes menos posibilidades tienen de obtenerla de otra forma, respetando el derecho de cada uno y cada una a lograr el nivel mximo de formacin y educando en un proyecto comn de ciudadana; y por ello, reiteramos que es la que mejor contribuye a la equidad y la cohesin social. Adems de ser la nica que se compromete con el inters comn y el servicio pblico, al margen de intereses particulares ligados al adoctrinamiento ideolgico o al negocio econmico.

De ah que ste debe ser un punto esencial del Pacto Educativo. Lo cual supondra amplios beneficios para la sociedad en forma de cohesin social, pero tambin para el profesorado y el personal educativo de estos centros que veran mejoradas sus condiciones laborales; y tambin para las familias, a quienes se garantizara un modelo educativo inclusivo y adecuado para todos los nios y nias, sin tener que recurrir adems a un re-pago educativo. Ya existen antecedentes de este hecho. Solo hace falta voluntad poltica. Esperemos que esta voluntad se plasme realmente en el futuro Pacto Educativo, como as deseamos los colectivos integrantes de las Redes por una Nueva Poltica Educativa.

Marea Verde de Len por la Escuela Pblica y Laica: Eloina Terrn Bauelos (Izquierda Unida), Encina Gutirrez Ibn (Comisiones Obreras), Marta Madruga Bajo (Flora Tristn) Obdulia Dez lvarez (Len Laica), Javier Macho Partida (Podemos), Jean Pierre Lohrer (Anticapitalistas), Pablo Fuertes (Liga Estudiantil Universitaria) y Claudia Vidal (CENU)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de las autoras mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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