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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-11-2017

Uruguay
Republiqueta celulsica

Hoenir Sarthou
Semanario Voces


Una primera lectura del Acuerdo de Inversin, o contrato ROU-UPM, suscripto el martes por el Estado uruguayo con la empresa UPM, obliga a decir, antes que nada, que eso no es un contrato. Todo el cmulo de obligaciones que se compromete a cumplir nuestro Estado no tiene como contrapartida obligaciones de UPM. La clave est casi al final, en las clusulas 4.3, 4.4, y 4.5 del texto, por las que UPM puede desistir, no tomar la Decisin Final de Inversin, con lo que todo lo supuestamente acordado quedar sin efecto, con el agregado expreso de que Uruguay no podr reclamar nada de lo que haya invertido para cumplir las condiciones necesarias (y previas) exigidas por UPM.

Vas y ferrocarriles de carga entre Montevideo y Paso de los Toros, un viaducto en la Rambla, un nuevo puerto destinado exclusivamente a la celulosa en la zona del Puerto de Montevideo, y reconstruccin de las carreteras en las zonas de trnsito de UPM, son algunas de las obligaciones que el Uruguay asume a su costo, tanto de construccin como de mantenimiento. Y deber empezar a cumplirlas bajo el control y la supervisin de UPM, que, sin haberse comprometido a nada, podr designar tcnicos y veedores para hacer los estudios e indicaciones que le aseguren la utilidad de esas obras de infraestructura para su eventual proyecto.

Si eso resulta inquietante, qu decir de otros compromisos que el Estado asume con la empresa y que comprometen su soberana en reas vitales?

Cambios de carcter general en la legislacin laboral, que debern ser acordados en reuniones tripartitas entre UPM, el PIT-CNT y el Ministerio de Trabajo, con el compromiso de incorporar esos cambios en la legislacin nacional (ver literal C de la clusula 3.6.10). Cambios en los planes de enseanza tcnico-profesional, los que sern guiados y controlados por personal designado por UPM, a la que habr que rendirle cuentas del proceso de adaptacin de los programas de estudio a sus necesidades. Adecuacin de los planes de ordenamiento territorial de los Departamentos afectados por la instalacin de la planta de celulosa. Y la facultad de UPM de oponerse a otras inversiones que quieran venir a Uruguay a competir en su rea.

Todo eso sin hablar de los problemas ambientales que la nueva planta causar en el ya contaminado Ro Negro, sobre lo que ha advertido reiteradamente, entre otros, un especialista en el tema, el Profesor Daniel Panario. Riesgos ambientales que UPM supuestamente prevendra con inversiones econmicas poco significativas para la magnitud de los daos que causara.

Frente a esos compromisos y riesgos, incluso las exoneraciones tributarias (que incluyen IVA, IRAE, IRPF e IRPNR para todos los procesos de construccin de la planta, adems del rgimen bsico de la Ley de Inversiones), la asignacin del rgimen de zona franca para UPM y para todas sus colaterales, y la posibilidad de que UPM ceda o transfiera unilateralmente todos sus derechos y obligaciones a cualquier otra empresa que sea persona aceptable conforme a un vago conjunto de requisitos establecidos en el mismo documento, todas esas cosas reitero- casi se vuelven menores (tal vez porque ya estamos acostumbrados a eso por otros acuerdos de inversin previos).

La frutilla de la torta no por previsible menos agria- es que, en materia de resolucin de conflictos, UPM podr imponer un arbitraje que deber realizarse necesariamente en Washington DC, ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de diferencias Relativas a Inversiones) dependiente (cundo no?) del Banco Mundial.

Basta una lectura a vuelo de pjaro del documento firmado este martes para corroborar que el gobierno uruguayo ha hipotecado hasta las joyas de la abuela para seducir a UPM. Sin embargo, la completa comprensin de los alcances de este negocio se vuelve compleja.

En primer lugar porque, como se ha hecho costumbre en los documentos y leyes del gobierno uruguayo, los cangrejos no estn a la vista sino escondidos bajo varias piedras. Hay que leer pginas enteras de declaraciones intiles, sobre las buenas intenciones de las partes, para enterarse de que UPM no se compromete a nada y de que se someten cuestiones vitales, legislacin laboral, planes de enseanza y obras de infraestructura, a los criterios y exigencias de una empresa privada.

En segundo lugar, es complejo porque el documento se remite constantemente a otros acuerdos previos y supuestamente ms especficos que no son fciles de conseguir.

Lo ms importante, sin embargo, es que todo indica que ste no ser el acuerdo final que regir la relacin con UPM si sta finalmente decide invertir. De acuerdo a la prensa (EL Pas del 8/11/17) UPM tiene un plazo de ms de dos aos (hasta febrero de 2020) para decidir si har la inversin o no. Al parecer ese plazo surge de un acuerdo previo, que no he podido conseguir pero que es mencionado en el documento firmado el martes.

Cualquiera que alguna vez haya negociado algo, sabe que decir, respecto de la prestacin del otro: En ese sentido se destaca que el proyecto UPM comprende la mayor inversin privada en la historia del pas, es un sinsentido. Cul es la razn de declarar en un contrato preliminar que nos va la vida en el negocio y que nunca hubo otro mejor? Los finlandeses ya lo sabrn. Y, si no lo saben, para qu decrselos? Claramente esa y otras clusulas del texto no estn dirigidas a los finlandeses sino a nosotros, los uruguayos. No tienen funcin contractual sino publicitaria, poltica.

Lo cierto es que ahora comienza un plazo de ms de dos aos en que Uruguay se pondr afanosamente a endeudarse para hacer las obras que UPM exige, mientras que UPM se dedicar cmodamente a exigir que se haga todo lo necesario para agradarle.

Alguien cree que las condiciones de ese negocio estn definitivamente cerradas? Alguien piensa que la decisin final de invertir no estar condicionada a nuevas exigencias que surgirn mientras se construyen vas y carreteras y se elaboran reformas a la legislacin laboral y a los planes de estudio para acondicionarlos al gusto de UPM?

La experiencia indica que, cuando un contrato deja cosas vitales a la voluntad de uno de los contratantes, la otra parte es dbil y deber ceder mucho ms si quiere que el contrato siga adelante.

De modo que no nos encontramos simplemente ante una entrega concreta de nuestra soberana, en lo econmico, en lo estratgico, en lo tributario, en lo legislativo, en lo laboral y en lo educativo. Nos encontramos tambin ante un posible barril sin fondo de exigencias, que en el peor de los casos- podra terminar como la regasificadora. Con deudas y un montn de obras sin destino y a medio hacer.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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