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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-11-2017

120 juristas denuncian una manipulacin pocas veces vista en la actuacin de la justicia en el caso cataln

El Salto

Ms de un centenar de juristas, entre ellos 30 catedrticos de Derecho Penal de todos los rincones del Estado, cuestionan las formas y el fondo legal de las decisiones de la Justicia en el conflicto entre Espaa y Catalunya.


120 juristas han firmado un manifiesto en el que ponen en cuestin las decisiones judiciales tomadas en el contexto de la que denominan "la crisis poltica ms grave vivida en nuestro pas desde el golpe de Estado de 1981. En concreto, denuncian las decisiones de la Fiscala General del Estado y la titular del Juzgado Central de Instrucciones n 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, unas medidas que han originado repulsa y seria preocupacin en los medios jurdicos espaoles.

Pese a reconocer posibles delitos en la actuacin de diversos cargos del Govern y el Parlament cataln, que deben ser investigados y sancionados, los 120 profesores de Derecho Penal firmantes ponen en duda que el proceso judicial se haya hecho con observancia estricta de nuestras leyes penales y procesales y respetando en forma exigente el principio de legalidad, de obligatorio cumplimiento.

El delito de "rebelin" Una de las principales objeciones desde el punto de vista jurdico es la aplicacin del delito de rebelin presente en el artculo 474 del Cdigo Penal a muchas de las caras ms visibles del referndum del 1-0. Para estos juristas, un elemento fundamental impide hablar de rebelin: la ausencia de violencia.

Solo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este delito, o el de conspiracin para la rebelin que requiere un acuerdo conjunto de llevarlo a cabo con esa misma violencia, argumenta el manifiesto impulsado por los catedrticos de Derecho Penal de las Universidades Carlos III y de Granada Francisco Javier lvarez Garca y Mara Luisa Maqueda Abreu. Sedicin, qu sedicin Otro de los cargos que han llevado a prisin a diez altos cargos del Govern y el Parlament que no tiene sostn jurdico, segn los firmantes, es el de sedicin, recogido en el artculo 544 del Cdigo Penal. Si en el caso de la rebelin faltaba el ingrediente indispensable de la violencia, en el caso de la sedicin falta el alzamiento tumultuario, tal como exige la ley. Y no pueden atribuirse a aquellos sucesos ocurridos con anterioridad o realizados por otras personas distintas, ya que en Derecho Penal rige el principio de responsabilidad personal y slo cabe juzgar a alguien por sus propios hechos, apunta el manifiesto. Qu pinta aqu la Audiencia Nacional Una de las posibles irregularidades que ha rodeado el proceso judicial desde el principio es si la Audiencia Nacional tiene competencia para juzgar los delitos de sedicin y rebelin. Para estos 120 juristas firmantes no cabe duda: no lo tiene: Debe decirse con rotundidad que la Audiencia Nacional no es competente para conocer de los delitos de rebelin o sedicin, y que tal entendimiento corresponde a la Audiencia Provincial de Barcelona. Segn detalla el escrito, la Ley Orgnica del Poder Judicial en su artculo 65.1 se refiere a los delitos contra la forma de Gobierno como materia propia de la Audiencia Nacional, y en ningn momento, seala el manifiesto, alude a los delitos de rebelin o sedicin. En ese sentido, la argumentacin de la jueza Carmen Lamela para reclamar su competencia constituye una manipulacin pocas veces vista en el mbito forense, denuncian.

Sobre todo porque haba un precedente cercano que despejaba cualquier tipo de duda: en el Auto del 2 de diciembre de 2008 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, este rgano dictamin que la Audiencia Nacional nunca ha sido competente para el conocimiento del delito de rebelin. Y lo mismo puede decirse, aaden, del delito de sedicin.

Para justificar las razones que explican esta manipulacin pocas veces vista, los juristas recuerdan que la propia Fiscala, en el mismo auto de 2008, afirm que el delito de rebelin nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno () por lo que es totalmente injustificado concluir () que la Audiencia Nacional posee competencia para su investigacin y enjuiciamiento.

Los juristas firmantes, entre ellos 30 catedrticos de Derecho Penal, no escatiman crticas destinadas a la jueza Lamela: Resulta preciso, por otra parte, denunciar la falta de mesura de la titular del Juzgado Central de Instruccin nm. 3 tanto en la fijacin de fechas para prestar declaracin (...), como en el dictado de las prisiones preventivas que, sin duda, han sido gravemente desproporcionadas y carentes de suficiente justificacin, ms all de abstractas manifestaciones.

Fuente: http://www.elsaltodiario.com/independencia-de-catalunya/120-juristas-denuncian-una-manipulacion-pocas-veces-vista-en-la-actuacion-de-la-justicia-en-el-caso-catalan


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