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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-11-2017

Manifestaciones multitudinarias, delito de rebelin?

Enrique Santiago Romero
Pblico.es


El denominado Proceso constituyente de Catalua, el proces, surgido hace ahora cuatro aos en un concreto contexto poltico y social, va a traer consecuencias para todos los espaoles. No me refiero nicamente al debate sobre la configuracin territorial del Estado -estado de las autonomas o estado federal- o sobre el modelo de Estado -monarqua parlamentaria o repblica-, sino a las regresivas consecuencias sobre las libertades y derechos fundamentales de todos que ya empiezan a avizorarse en el horizonte poltico y jurdico, utilizando a Catalua y al proces como excusa.

En La Doctrina del Shock Naomi Klein nos explic detalladamente que una de las caractersticas de las economas capitalistas es aprovechar las crisis cclicas econmicas y el estado de angustia social que provocan, para implementar medidas de choque que indefectiblemente derivan en recortes de derechos fundamentales, tanto civiles y polticos como econmicos y sociales, con la finalidad ltima de impedir, dificultar o castigar la protesta y la disidencia.

La prolongada crisis econmica que estall en Espaa en 2007, afect dramticamente a las clases medias y bajas, provocando el empobrecimiento de millones de familias, dando lugar a importantes protestas sociales y proliferando manifestaciones con claro contenido reivindicativo poltico, cuestionndose en las calles el modelo econmico que empobreca a millones de personas y el modelo poltico que lo permita. Esta situacin de protesta e inestabilidad social y poltica lleg a provocar la abdicacin del Jefe de Estado en un intento de preservar el modelo constitucional de gobierno, la monarqua parlamentaria, cada vez ms cuestionada socialmente a pesar de ser el modelo contemplado en la Constitucin.

El incremento de la conflictividad poltica y social nos trajo como tratamiento de choque el endurecimiento de las normas penales y de seguridad pblica. La reformas del Cdigo Penal de 2010 y 2015 entre otras reformas hicieron desaparecer las faltas penales, convirtindolas en delitos, leves, pero delitos. La reforma de la ley de Seguridad Ciudadana de 2015 transform a esta norma en la denominada Ley Mordaza, incluyndose en ella ms de 40 conductas, la mayora relacionadas con la protesta social o poltica, sancionables administrativamente -es decir, por el Gobierno- a pesar de no ser constitutivas de delito y sin necesidad de desarrollarse un proceso judicial.

El proces surge en Catalua en el mismo contexto de crisis econmica y social que golpe a amplios sectores de la sociedad catalana con igual dureza que afect al resto de Espaa. El descontento de la sociedad catalana, con una indudable identidad nacional y cultural propia, acab siendo canalizado en buena medida por el proyecto independentista, propalndose una explicacin simplificada de lo que aconteca, que se limitaba a responsabilizar de la crisis econmica y social a los poderes centrales del Estado, omitiendo que Catalua ha sido gobernada durante dcadas por unas fuerzas conservadoras que tambin aplicaron las polticas neoliberales. La crisis independentista en Catalua est siendo magistralmente aprovechada por las fuerzas conservadoras espaolas -el Partido Popular y Ciudadanos- para frenar unos su imparable cada electoral como consecuencia de las incontables infracciones penales de sus dirigentes relacionadas con el saqueo de lo pblico, y para consolidarse otros como fuerza conservadora de recambio.

La renuncia del Gobierno de Rajoy a poner en marcha una estrategia poltica en Catalua ha dado protagonismo a la Justicia, convirtindola en el poder del Estado que estos das est tomando las decisiones con mayor impacto poltico en la cuestin catalana. Las resoluciones judiciales que se estn adoptando en la Audiencia Nacional y en especial en la Sala Segunda del Tribunal Supremo -el principal rgano judicial creador de jurisprudencia penal de Espaa- nos afectarn a todos los ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, ya que el debate jurdico sobre las conductas penales en que hubieren incurrido los polticos catalanes responsables del proces y la tipificacin de estas -en principio Rebelin, Sedicin, Malversacin y Desobediencia- est derivando en un proceso de redefinicin del alcance de los derechos de manifestacin y a la protesta social y poltica. Este debate concluir dando lugar a una doctrina jurdica escrita que constituir jurisprudencia de obligada aplicacin por todos los juzgados y tribunales de Espaa.

La Constitucin proclama como derechos fundamentales la libertad ideolgica -incluida la ideologa poltica independentista- sin ms limitacin, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden pblico protegido por la ley (art. 16.1), as como el derecho de reunin, pacfica y sin armas , o el derecho a celebrar reuniones en lugares de trnsito pblico y manifestaciones (art. 21. 1 y 2). La Fiscala General del Estado viene calificando las multitudinarias manifestaciones ciudadanas realizadas a favor de la independencia como conductas penalmente constitutivas del delito de Rebelin (art. 472 del C. Penal): () los que se alzaren violenta y pblicamente () . Siendo la violencia un elemento imprescindible para la apreciacin del delito de Rebelin, -con sanciones de prisin de hasta 25 aos- , ante la evidencia de que las manifestaciones independentistas han sido en general un ejemplo de civismo y respeto a la convivencia, la Fiscala trabaja en construir la teora jurdico-poltica de que la mera presencia multitudinaria de ciudadanos en una manifestacin convierte a esta en un hecho violento, argumentando que una multitud reunida en defensa de una idea disidente constituira una coaccin al poder establecido . El Tribunal Supremo tendr que dilucidar si en el proceso poltico que ha dado lugar a la declaracin de independencia del 27 de octubre ha existido alzamiento y si este ha sido esencialmente violento o si la violencia ha sido un elemento consustancial y necesario para llegar a la proclamacin de la denominada Repblica Catalana.

Estar en contra de la independencia de Catalua no es incompatible con apreciar la realidad tal y como es y tal como la han apreciado la comunidad internacional y creo que la mayora de los espaoles: una de las caractersticas del proces ha sido la movilizacin constante, multitudinaria y pacfica de un sector considerable de la sociedad catalana, carcter multitudinario y pacfico que ha sido alentado hasta la saciedad por la totalidad de fuerzas polticas y sociales independentistas y por sus lderes. Ello no obsta a que pueda haber habido incidentes aislados violentos, que los ha habido, y desgraciadamente ms violentos y numerosos en el caso de las manifestaciones celebradas simultneamente defendiendo la unidad de Espaa. Ello no implica que los convocantes de unas y otras manifestaciones hubieran concertado previamente una estrategia para realizar hechos violentos, siendo evidente que existen sectores minoritarios en cualquier manifestacin que, adoleciendo de escasa capacidad de razonamiento, recurren a la violencia como forma primaria de expresin.

La querella interpuesta por la Fiscala General del Estado el pasado 30 de octubre contra los miembros de la Mesa del Parlament, argumenta que en Catalua se ha producido un alzamiento violento por el mero ejercicio del derecho a la manifestacin:

La violencia () no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas (Pag. 100)

() es suficiente que con el alzamiento se haya producido un peligro objetivo para la consecucin de los fines rebeldes. (Pag. 101)

() los das previos y posteriores al de la celebracin del referndum, y desde luego, el mismo da 1 de octubre de 2017, constituyeron () un levantamiento violento alentado por los querellados, en el que el sector de la poblacin partidario de la secesin, enardecida por sus dirigentes, desobedeci pblicamente y mostr su resistencia colectiva a la autoridad legtima del Estado (). (Pag. 103).

Durante los interrogatorios efectuados el da 9 de noviembre en el Tribunal Supremo a los miembros de la Mesa del Parlament, la Fiscala incidi en el carcter multitudinario y espectacular de las manifestaciones celebradas en el marco del proces , pretendiendo demostrar que el ejercicio del derecho de manifestacin defendiendo ideas disidentes, cuando deviene en movilizaciones masivas y espectaculares, es una forma de violencia contra el orden establecido.

Saquen sus conclusiones del hecho de que la Fiscala de un pas democrtico utilice este forzado y antidemocrtico argumento, criminalizando derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la protesta, a la disidencia y a la manifestacin. Si esta peligrosa teora jurdica acaba imponindose como jurisprudencia, y por tanto como criterio interpretativo de nuestras leyes, cualquier manifestacin pblica reivindicando opciones polticas no contempladas -que no prohibidas- por nuestra Constitucin, por ejemplo, un modelo de estado republicano o el rechazo al artculo 135 de la Constitucin, en el caso de ser multitudinaria y considerarse espectacular, podr ser tenida como constitutiva de delito de Rebelin y sancionados su organizadores y participantes con penas de hasta 25 aos de crcel. El derecho fundamental a la manifestacin y a la protesta social sera considerado por los poderes pblicos como un riesgo para la democracia.

El tratamiento judicial del proces nos deja otras muchas inquietudes, como la actuacin de la Audiencia Nacional el pasado 2 de noviembre. El Auto de prisin para los miembros del Govern, tras suscribir los argumentos de la Fiscala, califica las manifestaciones celebradas durante el proces como conductas propias del tipo penal de rebelin al ser tumultuarias (que est o se efecta sin orden ni concierto, segn la RAE), y concluye que son manifestaciones violentas por razn de sus reivindicaciones, no necesariamente por lo que en ellas haya ocurrido: () las distintas actividades llevadas a cabo para llegar a la independencia, que consentan y apoyaban, y que incluan las movilizaciones tumultuarias organizadas (..) (pg. 14). Mas preocupante an es la ignorancia de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso (art 24.2) de que hizo gala la Audiencia Nacional, al desatender ostentosamente -a diferencia del Tribunal Supremo- la solicitud de los abogados para que se aplazara el interrogatorio de los querellados unos das, con el fin de proceder a preparar debidamente las defensas de unas personas que, gozando del derecho a la presuncin de inocencia, haban conocido pocas horas antes el contenido de las graves acusaciones que se les formulaban, adems de haber recibido simultneamente la citacin para comparecer de forma inmediata en sede judicial ubicada a ms de 500 km de distancia de su domicilio. Esta forma de actuar, en trminos estrictamente jurdicos, se denomina sumaria. Es propia de estados de excepcin y absolutamente incompatible con la prohibicin de indefensin que consagra nuestra Constitucin (art. 24.1).

El debate jurdico derivado de lo ocurrido durante el proces, va a tener alto impacto en la interpretacin del alcance y la aplicacin de nmeros derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitucin. Tendr consecuencias para toda la sociedad espaola y no solamente para Catalua o para los independentistas. Catalua no puede ser la excusa para aplicar a nuestros derechos, los de todos los espaoles, no ya un tratamiento de shock ms, sino el definitivo, que vaciara de contenido derechos humanos esenciales que nadie nos ha regalado, que han sido conquistados por nuestro pueblo -del que tambin forman parte los catalanes- tras cuarenta aos de dictadura franquista.

Enrique Santiago Romero es abogado

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/24490/manifestaciones-multitudinarias-delito-de-rebelion/



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