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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-11-2017

Reflexiones sobre una sentencia de la Corte Constitucional

FARC


Con la promulgacin de la sentencia C-17 de 2017 la Corte Constitucional ha declarado exequible el acto Legislativo 001 de 2017 que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacin y No Repeticin; tenue esperanza en un escenario de grandes dificultades del proceso por incumplimiento de compromisos gubernamentales en todos los rdenes y por la contumacia de congresistas y de otros actores institucionales empeados en hacer trizas la JEP, la paz, la reparacin a las vctimas del conflicto y la participacin poltica, sta ltima, en contrava de lo dictaminado por la Corte.

Saludamos el concepto de exequibilidad proferido por la Corte Constitucional, pero debemos decir que hay aspectos del mismo que generan consecuencias adversas para la paz:

1. Desvertebra el concepto de JEP negociado en La Habana, concebido para todos los actores del conflicto. En sentido estricto qued como una justicia concebida exclusivamente para las FARC.

2. Todo el esfuerzo por construir un rgimen con autonoma propia qued sepultado. La solucin de recursos de tutelas contra fallos qued en manos de la Corte Constitucional. La solucin de conflictos de competencia queda manos de la justicia ordinaria; lo mismo el rgimen disciplinario de los magistrados de la JEP. En contrava de lo pactado, se impide la participacin de extranjeros en las deliberaciones de las salas y tribunales.

3. Se estimul el rgimen de impunidad. Los fueros se extendieron a todos los aforados constitucionalmente. Quedaron liberados los agentes del Estado civiles: ministros, congresistas, fiscales, procuradores, gobernadores, constituyendo una privilegiada casta de intocables. Y ni qu decir de los terceros, que tambin exonerados, deben estar felices.

4. La idea de establecer la JEP no era slo para habilitar el trnsito de la guerrilla a la vida civil y contribuir a la solucin poltica del conflicto. Tambin lo era para superar el rgimen de impunidad que se deriva de la justicia ordinaria. Al sacar a los civiles y agentes del Estado, como ya se dijo, se preserva la impunidad, y se desprecia a las vctimas. No contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad.

5. Se habilita la participacin poltica en trminos generales, lo cual es positivo, pero al mismo tiempo se establece un rgimen de condicionalidad que solo aplica para los exguerrilleros. Rompe la simetra y al mismo tiempo deja puertas para perder fcilmente los beneficios.

6. Aunque no se refiere explcitamente al tema de la extradicin, se seala que el incumplimiento de cualquiera de las exigencias del rgimen de condicionalidad conlleva "la prdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantas, segn el caso". Falta esperar a ver qu dice el fallo. Con la salvedad de conocer en las prximas semanas el texto completo de la Sentencia de la Corte, y desde el respeto a las resoluciones imparciales y equilibradas de los tribunales de justicia en un estado de derecho, queremos hacer pblica nuestra preocupacin por los pronunciamientos de la Sentencia que declaran inexequibles algunos de los contenidos del Sistema Integral. Entendemos que dicha declaracin de inexequibilidad altera contenidos acordados entre las partes, y por lo tanto seria contrario, tanto al principio general de obligado cumplimiento de los acuerdos, como a la norma constitucional aprobada por el AL 002 de 2017, ya declarada plenamente exequible por la Corte Constitucional. Esta norma obliga a todas las autoridades e instituciones del Estado a cumplir fielmente el contenido de los acuerdos de paz; tambin en su implementacin normativa.

Muchos de los apartes declarados inexequibles violan la autonoma de la Jurisdiccin Especial para la Paz respecto a la Justicia ordinaria colombiana. No hay que olvidar que el Acuerdo Final se alcanz sobre la premisa de que la justicia ordinaria haba actuado durante el conflicto de forma parcial, convirtindose en determinados momentos en otra herramienta ms de guerra y de impunidad del poder ejecutivo. Sirva como ejemplo el flagrante incumplimiento de la ley de amnista por parte de autoridades judiciales, que ha impedido la puesta en libertad de todos los miembros de las FARC luego de ms de 10 meses de vigencia. Por efecto de la premeditada desfiguracin del delito poltico, el 75% de los guerrilleros fueron hechos prisioneros, imputndoseles delitos comunes.

La declaracin de inexequibilidad de las normas que permiten que la competencia de la JEP se extienda sobre terceros civiles o agentes del estado no combatientes con graves responsabilidades en la comisin de crmenes internacionales, contribuye a mantener la situacin de impunidad estructural que ha existido en el conflicto respecto a estos sectores; impunidad sobradamente conocida por la comunidad internacional y destacada en todos sus informes peridicos sobre Colombia por la Fiscala de la Corte Penal Internacional. Uno de los ejes del Acuerdo Final es la necesidad de acabar con cualquier situacin de impunidad, nica forma de garantizar plenamente los derechos de las vctimas, que como bien sabe toda Colombia, no han sido garantizados suficientemente durante el conflicto, ni por la Fiscala General de la Nacin, ni por la Procuradura, ni por ninguna otra institucin. Ah estn como muestra las 15.000 compulsas de copia sobre paramilitarismo y responsabilidades de civiles derivadas de la jurisdiccin de Justicia y Paz que nunca han sido procesadas por la justicia colombiana.

Correlativo a lo anterior, reiteramos que nos parece preocupante la interpretacin que la sentencia parece hacer del Acuerdo Final y del objetivo de la JEP, como si esta hubiese sido acordada nicamente para tratar lo relativo a las actuaciones de los combatientes en el conflicto y en especial lo relativo a las conductas de la guerrilla. Nos preocupa que las condicionalidades descritas en el Comunicado lo sean exclusivamente respecto a los insurgentes, obviando que el Sistema Integral fue creado para examinar las responsabilidades de todos los actores del conflicto. Nos parece inconveniente que entre las condicionalidades se mencionen algunas que hacen referencia a delitos amnistiables y por lo tanto no graves, y se obvien otras relativas a graves crmenes internacionales cometidos por grupos paramilitares y la fuerza pblica.

Efectivamente el Acuerdo Final prev condicionalidades para disfrutar los benficos del sistema acordado, pero en ningn estado de derecho el incumplimiento de las condiciones de un sistema jurdico hace perder a ninguna persona sus derechos. Dicha posibilidad no puede quedar esbozada en el comunicado de la sentencia. La prohibicin de extradicin, tal y como qued en el Acuerdo Final, es un derecho y no un beneficio; y modular, limitar o dejar sin efecto esa prohibicin constituira un flagrante y muy grave incumplimiento del acuerdo, mxime cuando la constitucin colombiana o los tratados internacionales no establecen ninguna obligacin de extradicin para ninguna persona.

La constitucin colombiana establece una clara divisin de competencias entre el poder legislativo, al que corresponde acordar las leyes, y el judicial, al que corresponde elaborar la jurisprudencia. Si dicha jurisprudencia estableciera que el acuerdo final contraviene normas constitucionales, no cabe duda que es obligacin del Estado, para cumplir lo acordado, modificar las normas constitucionales que colisionen con el Acuerdo Final, en aquello que no contravenga los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y DIH.

Pedimos respetuosamente a la Corte Constitucional que tenga presente que el Acuerdo Final se alcanz con el fin primordial de acabar con el conflicto y con la impunidad, la derivada de la actuacin de cualquier actor, y que el sistema de justicia acordado o sus condicionalidades no puede alcanzar exclusivamente a uno de los muchos actores del conflicto, sino a todos; hayan vestido uniforme o no, tal y como establece el derecho internacional.

Que se respete del contenido de lo acordado en La Habana.

Como estn las cosas, este proceso de paz slo lo salva la movilizacin multitudinaria del pueblo en las calles

CONSEJO POLTICO NACIONAL, FARC

 



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