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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-11-2017

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza
La sociedad civil acta ante la irresponsabilidad de los gobiernos

Alberto Acosta
Rebelin


Cualquier cosa contraria a la Naturaleza lo es tambin a la razn;

cualquier cosa contraria a la razn es absurda

Baruch de Spinoza

 

Un rbol no tiene ningn significado para una empresa, afirm Mirian Cisneros, presidenta kichwa de la comunidad amaznica de Sarayaku. Pero ese mismo rbol tiene gran sentido para Mirian y su comunidad, pues si se corta un rbol, se corta la casa de los espritus sagrados. En s u relato reson la larga y compleja lucha de su comunidad contra el Estado ecuatoriano y la petrolera argentina Compaa General de Combustibles (CGC). Durante el neoliberalismo dicha empresa entr en territorio de la comunidad a buscar petrleo sin autorizacin de la comunidad y, con complicidad del Estado, coloc a la fuerza casi una tonelada de pentolita (un poderoso explosivo utilizado en la prospeccin ssmica).

La resistencia de Sarayaku par la actividad petrolera. En 2003 sus habitantes denunciaron el caso ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, llegando a la Corte Interamericana en 2010. Dos aos despus, este mximo tribunal resolvi a favor de Sarayaku, un pequeo poblado amaznico que an resiste a las petroleras y al Estado . Pero a pesar de dichas resoluciones, el gobierno de Rafael Correa -atropellando de nuevo la voluntad de Sarayaku- entreg parte de su territorio a la petrolera china Petroandes.

El testimonio de Miriam Cisneros dio base para que el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza construyera, junto con otros casos de destruccin ambiental en el mundo, su veredicto en contra de varios Estados irresponsables. Este Tribunal sesion el 7 y 8 de noviembre en Bonn, en paralelo a la Conferencia de las Partes de la Convencin Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climtico (COP-23). Y all se conden varias violaciones a los Derechos de la Naturaleza y a los Derechos Humanos en Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Espaa, EEUU, Guayana Francesa, Isla Mauricio, Nigeria, Per, Rusia, Sudfrica, Suecia.

Presidi la sesin Tom Goldtooth, de la Red Indgena Medioambiental. Como jueces actuaron Cormac Cullinan, del Instituto de Derecho Salvaje de Sudfrica; Osprey Orielle Lake, de la Red de Mujeres por la Tierra y la Accin Climtica, de Estados Unidos; la italiana Simona Fraudatario, del Tribunal Permanente de los Pueblos; Shannon Biggs, de Movement Rights, de Estados Unidos; el senador argentino Fernando Pino Solanas; la exdiputada alemana Ute Koczy; la keniata Ruth Nyambura, del Colectivo Africano de Ecofeministas; y, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador. De fiscales de la acusacin ejercieron Ramiro vila, jurista y profesor de la Universidad Andina Simn Bolvar de Ecuador, y la estadunidense Linda Sheehan, de la organizacin Planet Pledge.

La primera vez que este Tribunal sesion fue en 2014, en Quito. Siguieron reuniones similares en Lima y Paris, ambos casos en paralelo a las Cumbres Climticas de Naciones Unidas, en 2014 y 2015; tambin ha sesionado sobre temas especficos en Australia, Ecuador y EEUU.

En esta ocasin el Tribunal escuch testimonios sobre fractura hidrulica (fracking) en EEUU y Argentina; energa nuclear en Sudfrica con participacin rusa; minera de lignito en Alemania, solo a 50 kilmetros de la conferencia COP 23 en Bonn; extractivismos y su infraestructura en la Amazona, como la carretera que atraviesa el TIPNIS en Bolivia; proyectos REDD+ o similares, como Socio-Bosque en Ecuador; monocultivos que despojan agua en Almera Espaa; el impacto de los tratados de libre comercio sobre la Naturaleza. Un tratamiento especial se dio a los defensores de la Naturaleza en EEUU (pueblo Siux), Rusia (pueblo Shor) y Suecia (pueblo Smi).

Durante estos dos das de intensas sesiones, 53 personas de 19 pases presentaron dichas violaciones de los Derechos de la Naturaleza. Adems, qued evidenciado que los pueblos indgenas de todo el mundo son fundamentales en la defensa de la Madre Tierra, por lo que destac su actuacin en todo el proceso del Tribunal, como expertos y testigos.

De hecho, el Tribunal enjuici a la actual civilizacin capitalista: un sistema de patrones de dominacin/explotacin/conflicto -como dira el gran pensador latinoamericano Anbal Quijano- creados por el dominio del capital en la poltica y la economa, cuya expansin destruye la Naturaleza y persigue a sus defensores. Este Tribunal exigi cambios estructurales y sistmicos para que se respeten los Derechos Humanos y de la Naturaleza, implicando -entre otros puntos fundamentales, como la equidad y la igualdad- la no criminalizacin de los defensores de dichos derechos y la urgente desmercantilizacin de la Naturaleza.

El marco jurdico referencial de este Tribunal es la Declaracin Universal de los Derechos de la Madre Tierra, expedida en 2010 en la Cumbre de los Pueblos en Tikipaya, Bolivia; as como la Constitucin del Ecuador de 2008: la nica en el mundo que hasta ahora reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos. Incluso en este Tribunal se desnud el nefasto papel de los sistemas jurdicos imperantes en facilitar el cambio climtico y la degradacin de la Naturaleza a nivel mundial.

Este Tribunal internacional, inspirado en el Tribunal Russell -conocido tambin como Tribunal Internacional sobre Crmenes de Guerra o Tribunal Russell-Sartre- creado en 1966 para condenar los crmenes del imperialismo yanqui en Indochina, es una iniciativa de la sociedad civil para reunir pblicamente testimonios sobre la destruccin de la Pachamama o Madre Tierra, as como la criminalizacin de sus defensores.

Es claro que cualquier acuerdo en la COP 23 y las acciones de all derivadas en combate del cambio climtico sern estriles si los gobiernos siguen ampliando los extractivismos, profundizando el uso de combustibles fsiles y nucleares, permitiendo a las corporaciones aprovechar mecanismos de resolucin controversiales en los acuerdos comerciales para impedir la adopcin de medidas efectivas para proteger la vida. Ningn acuerdo alcanzado desde la formalidad internacional enfrentar al cambio climtico si sigue agudizndose la mercantilizacin y la financiarizacin de la Pachamama: la economa verde es una va contraria a los Derechos de la Naturaleza y, por ende, a los Derechos Humanos.

De hecho la situacin se empeora aceleradamente. Basta ver la evolucin de la emisin de CO2 luego del tan promocionado (como intil) acuerdo de Paris en el 2015. Ese ao dicha emisin fue de 3,3 partes por milln/ao, con lo que la concentracin de gases de efecto invernadero alcanz las 403,3 partes por milln, la cifra ms alta hasta ahora, de acuerdo a datos de la Organizacin Meteorolgica Mundial. Una concentracin de gases, que si mantuviera en ese nivel, nos afectar los prximos mil aos. Es por tanto preocupante el impacto que esta situacin provoca y seguir provocando en los ecosistemas marinos y terrestres, con efectos negativos para los seres humanos y para la Pachamama. Y bien sabemos que la situacin de sigue deteriorando.

En estas circunstancias, cuando los gobiernos no asumen su responsabilidad, la sociedad civil responde -de nuevo- tomando la delantera. As, mientras que la COP 23 fue un festival de falsas soluciones y de promesas sin compromiso, la sociedad civil identifica a los responsables por sus nombres, los sanciona ticamente y suma propuestas concretas a las luchas de resistencia. As este Tribunal tico es parte de una potente pedagoga liberadora, la cual debe replicarse y ampliarse si la Humanidad no desea devenir en su propio verdugo.



El autor es economista ecuatoriano. Miembro del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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