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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-11-2017

Organismos internacionales analizarn la violacin de derechos en la operacin Lava Jato

Daniel Giovanaz
Brasil de Fato


Dos aos atrs, el abogado Rubens Francisco y la abogada Cibele Braga llegaron a Washington, Estados Unidos y fueron a la sede de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir auxilio.

En la peticin firmada por los abogados y entregada a la Comisin, hay una serie de denuncias sobre la operacin Lava Jato en Brasil. Segn el texto, el sistema judicial pos Lava Jato representa una "amenaza directa a los preceptos fundamentales del Pacto de San Jos de Costa Rica" y los procesos de la operacin "vacan las garantas constitucionales de la Constitucin brasilea de 1988".

La CIDH es un rgano autnomo de la Organizacin de Estados Americanos (OEA), creado el 1959 y compuesto por siete miembros independientes que no representan a ningn pas en particular y que son elegidos por una asamblea.

El Pacto de San Jos es un tratado firmado por los 35 miembros de la OEA, que entr en vigencia el 1978 en Costa Rica. Entre los derechos previstos en el tratado estn el derecho a la libertad individual, las garantas judiciales y el derecho al honor.

Al regresar al Brasil, Rubens Francisco mencion la condena del ex presidente Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT) en primera instancia en el "caso triplex" como smbolo de las violaciones de la Lava Jato. Segn Francisco, la eventual prisin de Lula puede comprometer el derecho a defensa de los ciudadanos, particularmente, el derecho de la poblacin ms pobre del pas.

"Si se condena a Lula con este modelo, cualquier persona en el territorio nacional puede ir a la crcel, pudrirse en la crcel y se acab. No hay defensa vlida ni proceso vlido", alerta el abogado en entrevista con Brasil de Fato. "Si Lula cae en este agujero, se lleva consigo a todo el pas.

La preocupacin del jurista est expresada en la segunda pgina del texto presentado en Washington: "No slo el ex presidente Lula es vctima de la operacin Lava Jato, sino diversos brasileos annimos que estn bajo el dominio de un Poder Judicial mercenario, con sueldos y ganancias muy altas, con remuneraciones muy por encima de la media mundial para funcionarios pblicos y con prcticas criminales y corruptas".

Entre las peticiones listadas al final del documento, los abogados sugieren citar a la ministra Carmen Lucia, presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), a la cual se atribuye la funcin de "velar por la Constitucin".

Lula da Silva en la ONU

Cibele Braga y Rubens Francisco no fueron los primeros juristas internacionales en denunciar las violaciones en la operacin Lava Jato. El 27 de julio de 2016, los abogados del ex presidente Lula, Cristiano Zanin y Valeska Zanin Martins, protocolizaron una peticin en el Comit de Derechos Humanos de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, en Suiza.

Como informa un comunicado en defensa de Lula da Silva, el objetivo de la peticin es exigir una declaracin del comit de la ONU sobre las posibles "arbitrariedades practicadas por el juez Sergio Moro contra Lula, contra los familiares del ex presidente, sus colaboradores y abogados". En ltima instancia, la peticin sugiere el impedimento de Moro en el juicio del ex presidente, porque el juez habra perdido "su imparcialidad de modo irreparable".

Las arbitrariedades reunidas hasta el julio del ao pasado se refieren a la conduccin coercitiva de Lula en la 24 fase de la operacin Lava Jato, a la divulgacin de materiales secretos y a la divulgacin ilegal de conversaciones telefnicas. Al recurrir a la ONU, los abogados resaltaron el "papel acusador" asumido por Sergio Moro "al imputar el crimen a Lula 12 veces, adems de anticipar juicios de valor". En relacin a las otras personas investigadas, los juristas tambin cuestionan el uso ilegal de las prisiones preventivas y la violacin del derecho de presuncin de inocencia, previsto en la Constitucin Federal de 1988.

Toma y daca

El abogado contratado por la defensa de Lula para representar al ex presidente en Ginebra es Geoffrey Robertson, australiano de 71 aos, conocido por defender en la Justicia al ciberactivista Julian Assange, fundador de Wikileaks, y al ex boxeador Mike Tyson. En mayo de este ao, Robertson volvi al Comit para actualizar la lista de las posibles violaciones cometidas por la operacin.

Dos meses despus, el ex presidente fue condenado en primera instancia por Sergio Moro en la accin penal conocida como "caso triplex". Robertson declar a los medios que no se sorprendi con la decisin y que aguarda la confirmacin de la sentencia en segunda instancia "a pesar de la ausencia de pruebas".

El gobierno brasileo fue citado por la ONU para defenderse de las acusaciones reunidas en la peticin de 2016. El juez Moro firm la defensa del gobierno y afirm que no hay razones para que Lula recurra a las cortes internacionales, dado que todava no fue a juicio en segunda instancia.

Preguntado sobre el asunto el 30 de agosto durante un evento en su homenaje en So Paulo, el abogado australiano fue taxativo: "La justicia de Brasil es totalmente parcial. Hay que llevar el caso a las instancias internacionales, donde hay una justicia verdadera".

En la prctica

Ms all de la Comisin fundada en 1959, forrma parte de la OEA la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada diez aos despus de la Comisin.

El objetivo del abogado Rubens Francisco al presentar la peticin a la CIDH en Washington es llevar el caso a la Corte en San Jos, en Costa Rica. Francisco no pudo recurrir a la Corte directamente, pues no representa al Estado.

Aunque el plan se concrete y se condene a Brasil, no hay garantas de que se reviertan las decisiones judiciales en el mbito nacional. De cualquier forma, el pas sera obligado a prestar declaraciones ante los dems miembros de la OEA sobre supuestas violaciones de derechos humanos.

Hasta hoy el Estado brasileo fue acusado en nueve casos que se tramitaron en la Corte de la OEA, pero no siempre cumple las recomendaciones de las organizaciones internacionales. El 2010 por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal fue criticado por mantener la amnista de los crmenes polticos cometidos durante la dictadura (1964-1985) y an as, decidi mantener el texto de la Ley 6683, de 1979, conocida como Ley de Amnista.

En el caso de la Organizacin de las Naciones Unidas, probablemente los 18 expertos independientes del Comit que analizan la peticin decidirn si hubo o no falta de respeto a los derechos humanos y recomendarn la adopcin de polticas pblicas para evitar nuevas violaciones. El Comit no es una instancia de juicio, solamente indica si la Justicia de los pases miembros acta segn el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos - aprobado el diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y firmado por Brasil en 1992.

Qu esperar

El avance de la operacin Lava Jato el 2016 en consonancia con el juego parlamentario que llev al impeachment de la ex presidenta Dilma Rousseff (PT) alert a los juristas vinculados a la OEA sobre posibles abusos de autoridad en Brasil. La posicin de los juristas permite suponer que habr medidas drsticas.

Luis Almagro, secretario general de la OEA divulg un comunicado oficial en marzo de 2016 y se posicion contra el golpe en curso en Brasil. Sobre la operacin Lava Jato, Almagro llam la atencin sobre las arbitrariedades del Poder Judicial y finaliz: "Ningn magistrado est por encima de la ley".

En entrevista con el peridico brasileo Folha de Sao Paulo el octubre de este ao, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, critic el uso de las condiciones coercitivas en la operacin Lava Jato. "Se estn quemando etapas, para demostrar fuerza y poder arbitrario. El Estado debe ejercer su poder con la debida parsimonia", aadi Caldas, que us el ejemplo de las investigaciones contra el entonces rector de la Universidad de Santa Catarina (UFSC, por sus siglas en portugus), Luiz Carlos Cancellier, que cometi suicidio tras la destruccin de su reputacin en una de las operaciones de la Polica Federal (PF).

Un ao y medio antes, en entrevista con Pgina 12, Caldas haba criticado la divulgacin ilegal de conversaciones telefnicas del ex presidente Lula: "Son situaciones clsicas de un Estado de excepcin".

Con relacin a la ONU, no hubo ninguna declaracin explcita del Comit contra la operacin Lava Jato o contra las violaciones de garantas constitucionales en Brasil. El ao pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inform a la prensa que el caso Lula no es considerado urgente y que iba a ser debatido en 2017.

La peticin no fue tema del colegiado hasta el final de esta edicin y la prxima reunin ordinaria est agendada para marzo del 2018.

Represalia?

Los abogados de Lula consideran que los miembros de la fuerza de tarea de la operacin Lava Jato reforzaron la persecucin contra el ex presidente tras la entrega de la peticin a la ONU, como describieron en comunicado publicado en agosto de 2016.

"Tras la denuncia de las violaciones de la Lava Jato a la Corte Internacional de Ginebra el 28 de julio, Lula y su familia sufrieron represalias por parte de los operadores de la Lava Jato. Marisa Letcia, la esposa de Lula y su hijo Fabio Luis fueron citados por la Polcia Federal, que tambin incluy a otro hijo de Lula, Lus Claudio, en las investigaciones, sin basarse en hechos reales ().

A travs de sus portavoces en la prensa, los operadores de la Lava Jato ampliaron la campaa de publicidad opresiva contra Lula. En la edicin de esta semana de la revista poca, que pertenece al grupo Globo, se informa que los fiscales de la Fuerza Tarea estn "enfadados" con aquello que consideran "intentos de intimidacin". En realidad, la peticin de Lula en la ONU es un derecho de todos los ciudadanos de los pases que firmaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, del cual Brasil es signatario desde 1992".

Nota
Este reportaje forma parte de la cobertura especial que Brasil de Fato realiza sobre la operacin Lava Jato, si desea acceder a otros materiales sobre la operacin puede acceder al especial que mantiene el portal Brasil de Fato en portugus.

Traduccin: Luiza Manano, para Brasil de Fato.

Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/11/17/brasil-entes-internacionales-analizaran-violacion-de-derechos-en-operacion-lava-jato/


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