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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-11-2017

Jurisdiccin especial para la paz
Entre la mezquindad y el oportunismo

Juan Carlos Amador
Agencia Prensa Rural


El Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y el extinto grupo guerrillero FarcEP, ratificado por las partes el 24 de noviembre de 2016 en Bogot, estableci en el punto cinco sobre Vctimas el diseo e implementacin de una serie de mecanismos judiciales y extrajudiciales que integrarn el llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacin y No Repeticin. Los propsitos fundamentales de este punto cinco son: garantizar la satisfaccin de los derechos de las vctimas; generar condiciones para llevar a cabo la rendicin de cuentas por lo ocurrido en el conflicto armado; proveer seguridad jurdica a aquellas personas que participen en estos procedimientos; y por ltimo, aportar a la construccin de convivencia, reconciliacin y no repeticin, entendidas como condiciones insoslayables para transitar del conflicto armado hacia la paz. El acuerdo declara de manera explcita que el Sistema Integral no ser diseado con el fin de conceder amnistas para crmenes internacionales ni violaciones graves a los derechos humanos.

El sistema contiene cinco componentes. El primer componente se denomina Comisin para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repeticin. Se trata de una comisin plural, imparcial e independiente, de carcter transitorio y extrajudicial, capaz de construir una narrativa explicativa sobre el conflicto armado entre diversos actores de la sociedad, como contribucin a la satisfaccin de los derechos de las vctimas y de la sociedad en su conjunto. El segundo es la llamada Unidad para la bsqueda de personas desaparecidas, una instancia de carcter humanitario y extrajudicial que establecer lo ocurrido con estas personas ausentes, como consecuencia del conflicto armado. El tercero comprende un conjunto de medidas de reparacin integral para la construccin de la paz, el cual debe contribuir al fortalecimiento del programa de reparacin integral de vctimas que viene implementando el Estado, as como adoptar nuevos procedimientos para resarcir los daos causados por el conflicto armado. El cuarto componente es la denominada Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP), entendida como un conjunto de rganos de administracin de justicia que ejecutar funciones judiciales, en representacin del Estado, como investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos con ocasin del conflicto armado. Por ltimo, el componente titulado Garantas de no repeticin constituye la implementacin coordinada de los diferentes mecanismos del sistema integral y de los puntos del acuerdo en su conjunto.

Como es sabido, tras el fracaso del plebiscito que pretenda refrendar el Acuerdo de Paz el pasado 2 de octubre de 2016, y luego de que se incluyera algunos puntos de vista de los representantes del no en este acuerdo, as como la validacin de la Corte Constitucional al procedimiento de su refrendacin jurdica en el Congreso de la Repblica a travs del fast track, durante las ltimas semanas se ha avanzado en tres asuntos claves: la conformacin de la Comisin para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repeticin; el nombramiento de la directora de la Unidad para la bsqueda de personas desaparecidas; y la aprobacin de la ley estatutaria de la JEP, en su segundo de tres debates en el Congreso.

Sobre los dos primeros temas, a pesar de la estigmatizacin irresponsable ejercida por integrantes del Centro Democrtico hacia Francisco de Roux, en su condicin de presidente de la Comisin de la Verdad, y de Luz Marina Monzn como directora de la Unidad de Bsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se observa que medianamente se estn proporcionando las condiciones institucionales para el desarrollo de los objetivos correspondientes a estos mecanismos del punto cinco sobre Vctimas. Sin embargo, sobre el tercer tema, el cual se ha convertido en un asunto polmico en el Congreso de la Repblica y algunos medios de comunicacin, han surgido mltiples complicaciones para su trmite y correspondiente aprobacin. Lo paradjico de la situacin es que no se trata de una demora como consecuencia de la argumentacin, la deliberacin y la toma decisiones en virtud del inters pblico. Lo que ha ocurrido durante los ltimos das es reflejo de la mezquindad y el oportunismo de buena parte de la clase poltica que representa al pueblo en el rgano legislativo.

Como es sabido, el Centro Democrtico se ha opuesto sistemticamente a las distintas iniciativas legislativas del Gobierno del presidente Santos, especialmente a aquellas relacionadas con la ratificacin del Acuerdo de Paz firmado con las antiguas FarcEP. Uno de los aspectos ms llamativos de esta postura mezquina es la contradiccin de este sector ultraderechista frente a la JEP: mientras Uribe y su grupo de congresistas insista en mostrar el Tribunal de Paz como una instancia manipuladora que afectara directamente a exmilitares y polticos sindicados por paramilitarismo y otras responsabilidades en el conflicto armado, varios de sus exfuncionarios y exmilitares ms cercanos anticiparon pblicamente su inters de acogerse a la JEP. En segundo lugar, fue evidente la estrategia de dilacin para obstaculizar el trmite a la aprobacin de la JEP, especialmente a travs del ausentismo, orientadas por el propio presidente de la Cmara de Representantes, integrante de Cambio Radical, Rodrigo Lara. En tercer lugar, el senador Hernn Andrade, visible dirigente del conservatismo, propuso que personas sindicadas por parapoltica, entre ellas algunos integrantes de su partido, podran acogerse sin problema a la JEP, pues, al fin y al cabo, los delitos de los Farc podran ser igual o peores que los de sus copartidarios.

En medio de este pattico escenario, la ley estatutaria de la JEP, parcialmente aprobada en segundo debate durante la semana que acaba de culminar, estableci la aplicacin de medidas que alteran estructuralmente el punto cinco del Acuerdo de Paz. Uno de los aspectos ms sensibles de las decisiones tomadas est relacionado con los integrantes del Tribunal de Paz, pues se defini un inadmisible rgimen de inhabilidades para los recin seleccionados magistrados de la JEP, quienes fueron postulados por el Comit de Escogencia que se formul en el Acuerdo, del cual hacen parte el Secretario General de la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros. Si se aplican las inhabilidades sealadas en este proyecto de ley, no podran ser nombrados al menos 15 de los 38 juristas, dado que stos han participado durante los ltimos cinco aos en actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos o como integrantes de organizaciones de vctimas. En suma, los congresistas observan en los juristas -defensores de derechos humanos y/o representantes jurdicos de las vctimas-, una amenaza para la JEP y no un agente potencial para los fines de este tipo de justicia, la cual pretende aportar con conocimientos jurdicos y criterios ticos a la paz y la reconciliacin.

Esta situacin muestra dos facetas de la clase poltica colombiana que, particularmente se ubica en el Congreso de la Repblica, un escenario que debera ser respetado dado que es el espacio en el que se ejerce la representacin de los intereses pblicos de la nacin en medio de su diversidad, por encima de intereses privados. En primer lugar, se evidencia la mezquindad de un sector de estos polticos frente a la sociedad, especficamente frente a la construccin de paz y reconciliacin, a travs de la imposicin de intereses individuales e ideolgicos, en contra del bien colectivo, pblico y constitucional de la paz. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola, la mezquindad es una actitud y un modo de proceder codicioso, ruin e hipcrita, el cual busca degradar y daar a los otros, dada la prevalencia de una posicin egosta. Esta es la radiografa ms clara de lvaro Uribe y sus copartidarios en el Congreso, quienes se oponen intencionalmente a la JEP como un modo de obstaculizar este proceso de construccin de justicia especial, esencial para alcanzar el derecho a la paz de los colombianos. Es claro que su oposicin sistemtica no obedece a principios ni valores, sino al inters por sostener la guerra como estrategia de capital electoral.

Por otra parte, el oportunismo es una forma especfica de responder a las oportunidades, la cual implica priorizar el inters propio y prescindir de principios ticos. Este es el caso de los congresistas de Cambio Radical, el partido Conservador, e incluso algunos pertenecientes a los partidos de la U y Liberal, quienes han participado en las estrategias dilatorias a la aprobacin de la ley estatutaria de la JEP. El oportunismo descarado de estos padres de la patria no tiene lmites: oponerse a la JEP, pero proponer que aquellos procesados por parapoltica sean incluidos en sta; exigir cuotas burocrticas al gobierno para dar voto favorable al proyecto de ley; y manifestar una falsa conviccin en contra de la JEP, y del acuerdo de paz en general, en condicin de presidente de la Cmara de Representantes, como estrategia electoral a favor de la campaa a la presidencia de su jefe Germn Vargas Lleras. No obstante, los mezquinos tambin son oportunistas, y los oportunistas tambin son mezquinos. Este anlisis busca, entre otras cosas, dejar constancia histrica de estos vergonzosos comportamientos y posiciones frente a las decisiones que tendremos que tomar como colombianos de cara a las elecciones al Congreso de la Repblica y a la presidencia de 2018.

Semanario Virtual Caja de Herramientas Edicin 568 Semana del 17 al 23 de Noviembre de 2017



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