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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-11-2017

La paz en Colombia
Del dicho al hecho hay mucho trecho

Pedro Santana Rodrguez
Agencia Prensa Rural


El proceso de paz en Colombia atraviesa por serias dificultades en la implementacin de los Acuerdos derivados de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de la ahora desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. stas ltimas se esmeraron en tratar de blindar los Acuerdos para lo cual depositaron conjuntamente con el Gobierno Nacional en el Comit Internacional de la Cruz Roja en Suiza el documento final de los Acuerdos para tratar de darle el carcter de tratado internacional por cuanto se trata de un conjunto de propuestas que conciernen al derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario; as mismo acordaron darle alcance constitucional a travs de la aprobacin por el Congreso de la Repblica del texto del Acuerdo mismo lo cual ocurri el 30 de noviembre del ao 2016, en que el Acuerdo de Paz fue aprobado por una inmensa mayora de los parlamentarios; tambin radicaron el texto del Acuerdo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, al tiempo que le pidieron a dicha organizacin la conformacin de dos Misiones.

La primera Misin que ya culmin su labor debera garantizar la entrega de las armas por parte de la guerrilla, proceso que ya fue realizado y certificado por el Consejo de Seguridad. Una segunda Misin ya en funciones deber velar por el cumplimiento de los Acuerdos. Como se observa el esmero de las FARC-EP fue cuidadoso y complejo. Las FARC-EP tomaron nota de los incumplimientos reiterados del Gobierno Colombiano en procesos anteriores en que solo se brindaron condiciones para la reincorporacin individual de los excombatientes y medidas y mnimas garantas para su participacin poltica como ocurri en el ao 90 del siglo XX con las guerrillas del M-19, EPL, PRT, Quintn Lame y PRT. Ese proceso incluy una amplia amnista e indulto que solo exceptu de los mismos a responsables de crmenes atroces. Los contenidos de reformas y medidas de transformaciones sociales fueron incumplidos. El proceso fue exitoso por que el principal referente para la actuacin poltica de los guerrilleros reincorporados a la sociedad civil fue la Constituyente de 1991 que se convirti en el escenario de actuacin de las expresiones polticas de las guerrillas desmovilizadas que obtuvieron un tercio del total de los Constituyentes elegidos en dicho ao para redactar una nueva constitucin Poltica para el pas.

A pesar de todas las previsiones y como suele ocurrir en el campo poltico los Acuerdos han chocado con la oposicin de un sector muy amplio que propende por la defensa del rgimen poltico y econmico imperante. Las dificultades crecen da a da. Para evitar que los contenidos de los Acuerdos sufrieran cambios que los afectaran en aspectos esenciales se aprob en una reforma constitucional que cualquier cambio debera contar con el expreso apoyo del Gobierno para no reabrir una nueva negociacin en el parlamento as mismo que para agilizar su trmite el articulado de los proyectos podra ser votado en bloque. Las FARC-EP y tambin el Gobierno y los organismos internacionales compelidos en su implementacin pensaron que con estas medidas y procedimientos estaba garantizada su aprobacin. Sin embargo ese mismo Acto Legislativo contempl que todas las normas tales como decretos leyes (se han expedido cerca de 40 normas de esta naturaleza), leyes, leyes estatutarias y Actos Legislativos deberan tener un control previo de Constitucionalidad con dos propsitos: brindar seguridad jurdica a estas normas pues despus de pasar por el examen de la Corte Constitucional dichas normas haran trnsito a cosa juzgada disminuyendo con ello la posibilidad de ser demandadas y un segundo propsito que la normatividad expedida con arreglo a este procedimiento rpido llamado de Fast Track no introdujera normas contrarias a la Constitucin Poltica.

Precisamente la Corte Constitucional en dicha revisin echo abajo stas dos normas con el argumento que ella sustitua la Constitucin que expresamente seala la independencia del Congreso para tramitar las leyes. Con ello como lo advertimos entonces abra un escenario de renegociacin de los Acuerdos y le daba instrumentos legales a los frreos opositores de los Acuerdos. Dicho y hecho. Desde entonces todos los proyectos que buscan la implementacin de los Acuerdos vienen siendo negociados por la clase poltica tradicional que viene afectando seriamente sus contenidos. Este hecho se agrav en este perodo legislativo con la prdida del control del Ejecutivo sobre las bancadas que constituan una amplia mayora. Dos intereses confluyen para ello. El inters de quienes frreamente se oponen a los contenidos de los Acuerdos en puntos esenciales como la participacin poltica de las FARC, la puesta en marcha del Sistema Integral de Justicia para la Paz, la tmida reforma agraria que contempla un fondo de tierras para la paz, la formalizacin de la propiedad agraria, la conexidad del delito del narcotrfico con la rebelin cuando su fin fue el financiamiento de sus actividades y no el enriquecimiento personal y la crcel para los lderes guerrilleros. Un segundo inters tiene que ver con la negociacin por parte de las bancadas de la coalicin gubernamental con partidas presupuestarias y recursos pblicos para fortalecerse en el proceso electoral en curso que contempla elecciones para Congreso en Marzo y elecciones presidenciales en el mes de mayo y junio si hay segunda vuelta.

Todo ello se da en un clima de incertidumbre y escepticismo por parte de la poblacin que ha perdido inters en la implementacin de los Acuerdos. Tambin hay que decirlo con claridad las FARC-EP al desarmarse perdieron capacidad de presin. Hoy se aferran a la letra de los Acuerdos y se muestran impotentes para oponerse a los cambios que vienen afectando a los Acuerdos en aspectos esenciales.

Corte Constitucional una vela a la Paz y una vela a la impunidad [1]

Tambin las dificultades de la implementacin se vienen presentando en la Corte Constitucional que hasta hace pocos meses era un aliado de la sociedad y del Gobierno en la implementacin de los Acuerdos. Ello se debe al cambio de la mayora de sus integrantes. En su trabajo de revisin de las normas expedidas por el Gobierno Nacional y por el Congreso la Corte ha zanjado para bien uno de los principales obstculos que se presentaron en el trmite de la Ley estatutaria que busca poner en marcha el Sistema Integral de Justicia para la Paz. Un sector amplio del Congreso quera en contra del propio Acto Legislativo que los guerrilleros slo pudieran participar en poltica despus de que la Jurisdiccin Especial de Paz revisara sus casos mientras tanto no podran presentarse a las elecciones. Al revisar esta semana el Acto Legislativo la Corte determin de manera clara y precisa que los guerrilleros estn habilitados por este Acto Legislativo para participar sin ninguna restriccin en el proceso electoral en Curso y que los jefes mximos podrn hacerlo y podrn ser elegidos. Sera el propio Tribunal de Justicia para la Paz el que determine en sus decisiones si las penas impuestas son incompatibles con el ejercicio del cargo para el cual fueron elegidos.

Esta decisin destrab el trmite en el Congreso de la Ley Estatutaria y en un solo da, este 15 de noviembre el Senado de la Repblica aprob el proyecto de Ley no sin antes incluir algunas normas que de hecho torpedean la instalacin y el funcionamiento del Tribunal que ya fue elegido por un Comit de Electores Independiente a quienes la oposicin califica de tener un sesgo extremo izquierdista y en su delirio persecutorio han acusado a sus integrantes de ser amigos del terrorismo. Ver para creer.

Pero en ese mismo fallo la Corte contrariando las recomendaciones de la Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, que haba sealado serios reparos a dos temas centrales de dicho acto legislativo y de la ley de amnista que tambin se encuentra en revisin en la Corte Constitucional, encontr ajustado a la normatividad constitucional y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos la definicin restrictiva que ese acto legislativo contempla para definir la responsabilidad de mando y la responsabilidad de terceros en los crmenes de Guerra y los Delitos de Lesa Humanidad de competencia de la Corte Penal Internacional. En su fallo la Corte sin mayores explicaciones por lo menos en el comunicado de prensa entregado este martes 14 de noviembre no da argumentos para sustentar dicha decisin. Lo concreto es que desecha las serias observaciones de la Fiscal de la Corte Penal Internacional. Ahora el baln queda en la cancha del Tribunal de Roma quien se ha quejado pblicamente que las investigaciones sobre los altos mandos militares comprometidos en graves violaciones de los derechos humanos no avanzan. La pregunta es: se atrever a actuar?

Y un segundo tema decidido en este fallo de la Corte tiene que ver con la comparecencia voluntaria de los terceros responsables ante el Tribunal de Justicia para la Paz. All la Corte decidi en contra de lo que establecan los Acuerdos de La Habana y el texto del Acto Legislativo que los terceros responsables no podrn ser llamados por el Tribunal sino que es optativo de los sealados para comparecer o no ante dicho Tribunal. El argumento es nuevamente formalista. Dice la Corte que la responsabilidad de la investigacin y juzgamiento de los terceros responsables son los organismos de la Justicia Ordinaria que son la Fiscala y los jueces penales y la Corte Suprema para funcionarios con fuero as como la Comisin de Acusaciones de la Cmara de Representantes . De esta manera la Corte limita los alcances del Sistema de Justicia para la Paz. Ignora la Corte Constitucional que la impunidad en la jurisdiccin ordinaria en crmenes contra los derechos humanos es del 97%. Eso queran los opositores y la decisin de la Corte satisface sus demandas. Una vela a la paz y otra a la impunidad.


Nota

[1] La Mesa de La Habana determin que para elegir a los 38 magistrados de la Jurisdiccin Especial para la Paz, a los 11 Comisionados de la Comisin de la Verdad, a la directora de la Unidad de Bsqueda de Personas Desparecidas, la seleccin de 13 amicus curie que asesoren a la Jurisdiccin Especial para la Paz y la terna para que el Fiscal General Elija a la directora de la Unidad para el desmonte de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, se debera integrar un Comit de escogencia que finalmente fue integrado por cinco personas en representacin de tres entidades internacionales y dos entidades nacionales. Finalmente este Comit de Escogencia lo integraron Francisco Acua de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Vaca del sistema de Universidades Estatales de Colombia, Juan Mndez del Instituto Internacional de Justicia Transicional, Diego Garca Sayn en representacin de Naciones Unidas y lvaro Gil Robles por la Corte Europea de los Derechos Humanos. Su trabajo prcticamente ha terminado y lo han hecho con ponderacin y pluralismo y los colombianos les debemos un pblico agradecimiento.

Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22368


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