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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-11-2017

El desafio a la justicia transicional

Carlos A. Meneses Reyes
Rebelin


A girones, dentelladas y rasgaduras, hace trizas el legislativo y el poder constitucional colombiano, el modelo Acordado de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacin y NO Repeticin (SIVJENR), para dejar atrs el conflicto interno armado y el panorama sistemtico de represin estatal y violacin de los derechos humanos y fundamentales.

Demostrado estuvo, durante sesenta aos de conflicto armado, que el sistema judicial colombiano no pudo dar respuesta adecuada y conforme a los estndares internacionales, a aspectos como el de rendicin de cuentas, reparacin de vctimas, proteccin por abuso de las autoridades, tanto civiles como militares, si en alguna medida en el imaginario colombiano lo de autoridad se concibe el privilegio otorgado a un individuo por su estatutos en el ncleo social en que se mueve, asociado al Estado como depositaria del poder pblico.

Del efecto juridico y politico de la creacin de una Jurisdiccion Especial de Paz (JEP)

Por los Acuerdos de La Habana y adicin del Acuerdo del Teatro Coln, se cre un instrumento gil, responsable, de apoyo internacional, de confianza para que los ms vulnerables de la sociedad tuvieran acceso a la Justicia. Por eso el objetivo fundamental de esa concepcin de justicia es el privilegio al derecho de las vctimas, juzgar los crmenes de guerra y de lesa humanidad, de gravedad especfica de por s. Ahondar, en juzgamientos por la violacin de los derechos humanos en todas las categoras estudiadas y reconocidas, causadas por desaparecimientos, ejecuciones extrajudiciales; tanto por ocasin de desplazamientos; como por la no garanta de retorno, recuperacin de bienes y propiedades. La concepcin de una justicia de aplicacin, no en un enfoque de principios preconcebidos por rutinarios criterios normativos; sino en la evaluacin de un contexto particularizado de la situacin colombiana, que ajustada a la existencia y prelacin de un Estado de Derecho (cuerpo normativo imperante), actu en forma paralela y de funcin pblica, en un pas como Colombia asolado por mltiples conflictos, entre ellos el conflicto armado interno, por el enfrentamiento de fuerzas insurgentes y beligerantes que compiten por derrocar el poder del Estado constituido.

De tal manera que no se trata de una justicia reparadora, como tampoco distributiva o retributiva. No se trata tampoco de una justicia blanda. Es la justicia que ofrece la comunidad internacional para facilitar procesos de paz, tras la terminacin de un conflicto armado interno, que como en el caso de Colombia, no hubo triunfo militar sobre la contraparte insurgente y sta a su vez , mediante un pacto suscrito por plenipotenciarios tanto del gobierno, en nombre del Estado, como plenipotenciarios, en representacin de la contraparte insurgente, aceptan la dejacin de armas, acuden a la efectiva aplicacin de amplia amnista contemplada internacionalmente y en cuanto a delitos de crmenes de guerra y de lesa humanidad, asientan acogerse a una Justicia diferente a la cual combatieron. Precisamente, esa justicia transicional tambin tiene como objetivo, afrontar las causas subyacentes, del conflicto superado civilizadamente y paso seguido fomentar la reconciliacin nacional. En modo alguno- como falsean- se trata de una creacin castro-chavista, dando grima el que desconozcan, esos faltos de argumentos, que el termino de justicia transicional fue acuado por acadmicos estadounidenses, en desarrollo de los efectos de la globalizacin y el derrumbe de la Unin Sovitica.

Pero lograr la aplicacin de una Justicia Integral obedece al anlisis y manejo del contexto y el entorno poltico jurdico y poltico est inundado de aprehensiones.

En esta misma dcada se declar constitucional la llamada Justicia y Paz, que juzg a los paramilitares desmovilizados. Pero esa declaratoria de exequible al Acto legislativo 01 de 2012, nada aporta al universo de concepcin de un modelo de justicia transicional aplicada para la terminacin del conflicto con la entonces fuerza insurgente farc-ep.

Lograr la aplicacin de una Justicia Integral, implica el esclarecimiento de la Verdad. Soportarse en afianzamientos de gobernabilidad y legitimidad en el manejo y control de la mayora de los resortes del poder, incluido el poder de la tele comunicaciones. Afianzar en la comprensin poltica que el fin del conflicto armado no es el silenciamiento de los fusiles, como la aceptacin de un rendimiento de cuentas de todos a la sociedad. Por ello el efecto de la pedagoga colectivo resalta como fundamento esencial.

El modelo integral colombiano de justicia transicional abarca todos esos aspectos.

El reto est en cmo llegar a la eficacia de ese modelo de justicia integral. Impera la aplicacin de transiciones democrticas. No se trata de un sistema o mecanismos para posponer, sin fecha ni plazo cierto (sin die) la accin de la Justicia; como de implementar reformas estructurales. Reformas institucionales que afecten a la polica, el ejrcito, la justicia, el ejercicio de la inteligencia y contrainteligencia estatal. Aceptar la implementacin y cambios de o en el marco legal y constitucionales, mediante reformas o enmiendas.

Inaceptable que sea el ejecutivo la nica rama del poder responsable de la negociacin con la antigua insurgencia de las Farc-ep. El Acuerdo de La Habana y del Teatro Coln, est concebido bajo un pacto soberano del Estado como expresin del poder pblico, en cabeza del presidente de la Repblica. La soberana reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder pblico. Eso lo establece expresamente el artculo 3 de la Constitucin Poltica de Colombia, conforme a esos trminos y sin mayor escitacin.

El fuero como cuestin militar

Cuando el comandante insurgente Alfonso Cano invito a conversar al gobierno de Juan Manuel Santos y recibi como respuesta la orden de asesinarle, present aspectos puntuales a tratar y entre ellos mencion hablar de la Doctrina Militar. Con esta mencin demostr el profundo conocimiento que tenia del pas colombiano, como quiera que el problema de la tierra y el papel del ejrcito, constituirn lo lgido a abordar en la solucin del conflicto armado interno colombiano.

De la separacion de poderes y la doctrina de la cuestion politica

Este, que es un tema del derecho de las constituciones polticas, ha tomado carrera en Latinoamrica. Resume la cuestin para excluir de la revisin judicial, los actos de las ramas del poder pblico en particular, con inusitada tendencia a denunciar una peligrosa concentracin de poder en el ejecutivo; en tratndose digamos de la suerte de un Estado de Derecho. Pero, adems, en la acepcin de creacin de ciertas normas constitucionales, no justiciables (por el poder judicial); sino de resorte del poder poltico. De all lo sintomtico, que en arremetida feroz de la extrema derecha contra el poder judicial o rama autnoma de la justicia, en bsqueda de su debilitamiento institucional, irrumpa tan groseramente la propuesta de la Cuestin Militar, con lo de la extensin de su fuero. La doctrina de la cuestin ha querido demostrar que las cortes no tienen capacidad de conocer de todas las materias blicas y la simbiosis comparativa con la argumentacin de la inconformidad del generalato- mediante voceros en retiro- enmarcada dentro de la problemtica de la hipocresa poltica, frente a la consolidacin de fuerzas, hacia una reconfiguracin global del poder; tanto en la atormentada Colombia, como en el nfasis de la cuestin poltica en el escenario latinoamericano.

Actualmente, en los Estados Unidos de Amrica, la Doctrina de la Cuestin Poltica, sirve como mtodo para que la Suprema Corte esquive o saque el bulto con relacin a la autonoma de la separacin de poderes; llegndose a la supresin de frenos o contrapesos, en el que el poder judicial no debe asumir o tomar posicin respecto a las decisiones de las ramas pblicas del poder poltico. Es decir, en el rol que cada rama juega, en relacin con las otras, calificando esos actos de no justiciables. As, que actuaciones del poder poltico como la invasin o intervencin militar a otros pases; los bloqueos econmicos, aplicacin de la tortura (caso Bush), etc. con la Doctrina de la Cuestin Poltica ante la separacin de poderes, no son justiciables.

De manera, que el ejemplo reluciente en el sistema estadounidense de la independencia poltica y judicial en torno a los actos propios del poder electoral- de por si saludable- qued sin mecanismos de autocontencin en torno a esta cuestin de la doctrina poltica no justiciable, respecto a los lgidos efectos de los actos polticos. Aunque el tema es prolijo, extenso, en referencia a la cuestin de la doctrina en los Estados Unidos, valga destacar que la suprema corte se apart o asumi un conocimiento diferente al que el gobierno Bush mantena de los combatientes enemigos extranjeros apresados en Guantnamo o crceles universales, a no someterlos a conocimiento de tribunal; mas call ante las torturas.

Tcnicamente, conviene aclarar, que cuando se plantea si la cuestin poltica es justiciable, como judicializacin de la poltica, se alude a las razones judiciales para que los actos del poder poltico puedan ser ventilados ante lo judicial, ante las cortes.

Somos del parecer que el poder judicial debe tomar decisin de los recursos planteados por las actuaciones del poder poltico. Quines, sino las Cortes, como rbitros neutrales, son los capaces para intervenir en los efectos de los juegos polticos?

Por ello es alarmante, el nexo o relacin de causalidad, existente entre el bastardo proyecto del Fuero Militar en Colombia y la doctrina de la Cuestin Poltica.

Los perros de la guerra y artfices del militarismo apan porque los actos de los miembros del ejrcito, fuerza pblica, polica, etc., no sean justiciables. Arguyen que los jueces naturales nos son capacitados, legitimados, para conocer los trminos de contenido y argot de la guerra y por consiguiente esa minusvala, desplaza lo justiciable, al no poder abordar el conocimiento veraz de las conductas de los uniformados y su desempe en el ejercicio y actos de la guerra y/o del servicio. Ese es precisamente el planteamiento de la doctrina poltica de la cuestin, para que no sean justiciables, los actos del poder poltico. Tamao copin.

An ms: quienes deben decidir los lmites de los actos de ejercicio de las fuerzas militares. Esos lmites, bajo que parmetros, se rigen? Existe un poder autnomo poltico en la Fuerzas Militares, con relacin a las ramas del poder poltico, para erigirse como jueces y como parte?

Los anteriores cuestionamientos plantean que no estamos ante una incursa violacin a la constitucin poltica, en el ejercicio deliberativo que ha hecho, curso o carrera, en Colombia, por parte de los autoproclamados voceros del militarismo; por no mencionar a los militares a secas. Asistimos es al posicionamiento de un poder de facto militarista al estar hablando duro, golpeando la mesa en vocinglera insubordinacin. Esto va de la mano, con el endurecimiento del mtodo de la guerra sucia en asocio con el fortalecimiento del paramilitarismo contrainsurgente y antipopular. Tambin va de la mano el que las elites o castas privilegiadas al interior de las fuerzas armadas en Colombia, se desgasten y apunten a lo tctico, ante el fallido soporte estratgico de la salida militarista o guerrerista, para la solucin del conflicto armado, de guerra civil en Colombia.

Indudablemente, por eso se habla o menciona desde otras pticas diferentes a la nuestra, de desgaste interno de valores o desmoralizacin al interior de las fuerzas armadas. Lamentable error seria subestimar esa situacin. Por el contrario, admite el anlisis del reposicionamiento de los sectores terratenientes, de latifundismo rural y casa teniente urbano ante la inminencia de las reformas de fondo.

Conviene recordarles que se puede perseguir a violadores de los Derechos Humanos que gozan de impunidad en pases que les acogen. Ello establece que nadie puede quedar impune por crmenes cometidos durante el conflicto armado.

El Derecho Internacional Humanitario enriqueci, luego del Juicio de Nuremberg, en el que En ellos se declara, que nadie puede alegar su condicin de jefe de estado o haber actuado bajo rdenes jerrquicas, si tuvo la opcin de no cometer el delito, para no ser juzgado.

Al sancionarse la oprobiosa ley de justicia y paz bubo auto amnistas para no juzgar. Pero todo ello esta cuestionado por varios organismos internacionales y del sistema interamericano. Esto no tiene asomo que pueda suceder en el sistema integral de Verdad, Justicia, Reparacin y NO Repeticin, acordado en Colombia y del que huelga insistir, la Jurisdiccin Especial de Paz(JEP) es uno de sus aspectos.

El principio de justicia universal se fundamenta en las normas del ius cogens y el derecho de gentes y a esas normas no se puede oponer la ley nacional o local (lex fori).

Independientemente de los factores de procedimiento, lo sustantivo y esencial de la Justicia Transicional radica en el criterio jurdico y de concepcin de fin del conflicto de los Magistrados(as) posesionados, bajo la egida del principio de lo inescindible y de autonoma soberana del que estn investidos.

Por respeto a los lectores no asumo temas como:

Los nuevos requisitos para los Magistrados de la JEP y el control estricto a imponerles.

El marco final para la participacin en poltica de los ex guerrilleros.

El juzgamiento de delitos sexuales durante el conflicto por parte de combatientes.

La comparecencia voluntaria a la Justicia por parte de civiles.

El requisito de impedimentos o inhabilidades de los legisladores.

 

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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