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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-11-2017

Caminos y cinaga de la Jurisdiccin Especial para la Paz

Camila Prez
www.eln-voces.com


Una de las cuestiones ms complejas que tiende a convertirse en asunto central de la poltica colombiana en este perodo histrico, o sea ms all de la coyuntura inmediata de unos acuerdos de paz y su truncado desarrollo, es la relativa a la justicia de transicin o Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP), adoptada en el proceso de negociacin poltica del conflicto armado entre el rgimen dominante y las Farc. Dadas sus caractersticas, algunos han planteado que se trata ms de una justicia transaccional, por quienes la pactaron, sin participacin social; como la hicieron y por los beneficiarios prioritarios de la misma.

Sobre ese eje implantado en la dinmica de reinstitucionalizacin, el pasado 14 de noviembre se produjo la Sentencia de la Corte Constitucional que declara exequible el Acto Legislativo o la reforma que incrusta en el tronco del ordenamiento constitucional dicha Justicia Especial. El dirigente de las Farc, Jess Santrich, ha calificado esta Sentencia, como el inicio del fin de la paz.

Sobre sus alcances y falencias muchos han sido los pronunciamientos de centenares de expertos y entidades, que han sealado un contraste con lo que se denomina estndares internacionales de justicia y derechos humanos, indicando por ejemplo que la Corte Penal Internacional podra conocer de casos frente a los cuales la JEP no dar respuesta justa y adecuada. Por supuesto hay que escuchar tambin las posiciones de grupos de vctimas y de diversos sectores populares en resistencia que por diferentes razones slo hasta ahora han tomado en cuenta la necesidad de un estudio concienzudo y objetivo de esa jurisdiccin, que se nos vendi como solucin, constituyendo en realidad cada da un gravsimo problema.

Dos das despus del fallo, la organizacin poltica derivada de las Farc, expidi un comunicado en el que lo saluda pero advierte que se generan consecuencias adversas para la paz, como concebir que es para ser aplicada a quienes integraron las Farc y no a otros actores, en este caso del rgimen, pues quedan liberados los agentes del Estado civiles a los que llama una privilegiada casta de intocables. Aseguran que se estimul el rgimen de impunidad y se desprecia a las vctimas, y que no se contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad, entre otras quejas.

Otra frustracin: el blindaje de los de arriba

Ciertamente, y ms que dichos reclamos de una de las partes negociadoras, las nuevas realidades demuestran con mayor claridad que la JEP y el sistema al que fue articulada, frustra expectativas legtimas de miles y miles de vctimas del terrorismo de Estado, y burla aspiraciones razonables de la sociedad que busca transformaciones efectivas, pues en la medida en que se consolida un nuevo aparataje sometido a la inercia dominante, se torna por lo mismo ms funcional al statu quo y a sus objetivos estratgicos que nos recuerdan el gatopardismo: Si queremos que todo siga como est, es necesario que todo cambie; Y ahora qu suceder? Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos, y, despus, todo ser igual pese a que todo habr cambiado (del libro El gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa [1896-1957]).

En ese panorama lo que estaba advertido ha sucedido, ratificado por una Corte Constitucional que tambin es expresin de unas finalidades de blindaje de las elites, pues ese tribunal ha decidido que los empresarios vinculados a la guerra sucia, los para-empresarios por ejemplo, pueden no ser llamados a responder por sus acciones de asociacin criminal, sino slo concurrir a la JEP segn su libre eleccin, cuando quieran o les convenga en caso de que los mecanismos de la justicia ordinaria a su medida les fallaran en su propsito de total encubrimiento. O sea como manifestacin pura de lo que representan: la seleccin de un sistema de segregacin que confiere a unos puados de ricos todos los derechos y diferentes mens, y a millones de colombianas y colombianos los restos. Ya Tucdides, el historiador y general griego, deca relatando la Guerra del Peloponeso (431-411 a.C.): Ustedes saben tan bien como nosotros que el derecho, como suele decirse, slo se discute entre quienes tienen el mismo poder: mientras que el fuerte hace lo que puede y el dbil sufre lo que debe.

El 20 de julio de 2017, uno de los ms comprometidos y acuciosos estudiosos de la realidad colombiana, el defensor de derechos humanos, padre Javier Giraldo, analiz este tema dentro de un visin crtica de lo pactado en La Habana. Nos record lo siguiente:

El 30 de agosto de 2016 el Presidente Santos asisti al Congreso de Analdex, acompaado de su Canciller, del Alto Comisionado de Paz y del militar negociador plenipotenciario del Gobierno en La Habana, ex General Jorge Enrique Mora Rangel. Su mensaje a los empresarios fue una frmula de evasin a la justicia, entusiasmadamente acogida: alegando extorsin podrn limpiar su nombre ante la Justicia Transicional. Les insisti en que la Justicia Especial para la Paz ser una oportunidad para que los empresarios que han sido vctimas de extorsin limpien su nombre (http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article264).

En dicho anlisis se remonta Giraldo a la frmula inicial, a lo que se fue construyendo en Cuba hacia mitad del 2015, y que nos sirve para una reflexin general sobre cmo lo que mal comienza, est en la tendencia de que mal acabe: (se) propuso una frmula que tuvo aceptacin casi inmediata de ambas Partes, pues ofreca impunidad simtrica para insurgentes y agentes del Estado recurriendo a parmetros de justicia transicional, pero adems resolva el problema de la ilegitimidad del aparato judicial colombiano creando una Jurisdiccin Especial. Seala cmo se produjo un cierto pnico de la lite en el poder compuesta por grandes empresarios, funcionarios, militares, agentes de seguridad y ex presidentes, que desarrollaron estrategias tranquilizantes para salvarles, para que nada de lo pactado afecte su lgica de violencia e impunidad.

Era 2015, cuando se vislumbr esa propensin de un sistema de justicia negociado, que, esgrimiendo el compromiso con las vctimas, como supuesto centro de la solucin poltica, vendi adems que a la amnista e indulto a los guerrilleros de las FARC, deba compensarse al otro lado, con medidas equivalentes dirigidas como beneficios a quienes combatieron la subversin.

Dichas estrategias tranquilizadoras y reaseguradoras de las posiciones de las elites en el poder, fueron diversas y constituyeron una cadena secuencial y consecuencial, de tal modo que, como lo afirma el jesuita Giraldo, cuando se firmaron los Acuerdos de La Habana ya se haban incluido principios muy claros de impunidad para la lite en el poder. Pas en las sucesivas ceremonias de agosto, de septiembre y de noviembre de 2016, cada vez que concurrieron las partes a celebrar lo pactado; y han venido acentundose esas estrategias de impunidad en absolutamente todos y cada uno de los pasos de confeccin y concrecin jurdico poltica de esa jurisdiccin especial que se pens fuera imparcial y por fuera de la que Giraldo llama acertadamente putrefacta justicia colombiana, pero que al final, por la lgica y la formalidad de un Estado que se presume de Derecho, termin siendo no un ensayo alternativo y eficaz frente a la impunidad de los sectores en el poder, sino una refinada maquinaria anidada y manejada en colusin con los de arriba, que apunta a estar al servicio de sus intereses histricos.

Lecciones a la vista

Un repaso de los once ttulos que desarroll el padre Javier Giraldo en el texto aludido, y que hoy recobran validez por su argumentacin, nos sealan las materias que como Ejrcito de Liberacin Nacional seguiremos discerniendo para aprender de lecciones a la vista, dadas por la realidad sistmica de la inmunidad e impunidad de los las elites:

* Priorizacin y seleccin de casos dejando por fuera a miles de hechos y de vctimas;

* Confusin deliberada de vctimas del genocidio, de los crmenes de Estado y de lesa humanidad, como si fueran vctimas del conflicto armado;

* Aceptacin y legalizacin de una simetra ilegtima (homologacin de responsabilidades de los criminales mandados por el Rgimen con las de los rebeldes);

* Extirpacin del tmido ensayo de jurisdiccin universal, o sea la frustracin del derecho penal internacional ms progresista;

* La desaparicin de las responsabilidades de los mandos;

* El refinamiento unilateral de la impunidad de agentes del Estado;

* La absolucin anticipada de los mximos responsables;

* La esfumacin de la centralidad de las vctimas;

* La ya mencionada absolucin del empresariado criminal;

* La anulacin de los crmenes de lesa humanidad y de las prcticas de genocidio;

* La evasiva radical a las garantas de no repeticin (vase lo que est pasando en campaas de asesinatos de lderes y activistas sociales comprometidos en procesos populares).

Del escrito del padre Giraldo, que continuaremos estudiando y de observaciones como las de la Fiscala de la Corte Penal Internacional, que ha llamado ambigua y errada a gran parte de lo estructura de la JEP, o de informes de Amnista Internacional y otra entidades nacionales y extranjeras, tenemos un abanico de temas descritos que deben ser sopesados racionalmente a la luz no slo de los normas urdidas sino de la experiencia especfica que se va arrojando, como es la exoneracin y libertad ya conquistada de grandes genocidas o responsables de crmenes de lesa humanidad.

Mientras combatientes de las Farc continan presos por infracciones penales conexas a la rebelin, Rito Alejo del Ro y otros ex militares pasean con tranquilidad por el pas. ste al menos tuvo restricciones temporales a su libertad por espantosos hechos que cometi, pero cientos y cientos de empresarios, bajo ese sistema, nunca sern siquiera sealados por sus responsabilidades. Tomamos nota de estos caminos y de esta cinaga, reafirmando el compromiso bsico para una justicia y paz transformadoras: Verdad toda, verdad todos.

Fuente original: https://eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/militancia/1344-caminos-y-cienaga-de-la-jep


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