Portada :: Economa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-11-2017

Empresas espaolas hacen negocios en tierras indgenas de Guatemala

Danilo Albin
Pblico

Un informe elaborado por la ONG vasca Mugarik Gabe revela las actuaciones de las principales transnacionales que operan en ese pas centroamericano. ACS e Hidralia Energa acumulan denuncias por persecucin y criminalizacin contra los lugareos que no cedieron ante sus proyectos.


San Pedro Carch es un municipio maya clavado en el corazn de Guatemala. Si algn da se proclama oficialmente el Reino de la Desigualdad, all podra ubicarse la capital: a su alrededor hay aguas, bosques, minerales Pero ellas y ellos, los sufridos habitantes de esta localidad, viven en la miseria. El 88% no gana ms de 99 euros al mes, mientras que el 53,6% tiene que hacer maravillas con el equivalente a 55 euros en el bolsillo. Son ms pobres que la media de guatemaltecos pobres. Slo el 32,78% tiene energa elctrica, y ah llega, precisamente, el colmo de los colmos: en sus tierras se construye 'Renace', un gigantesco proyecto hidroelctrico que producir el 13% del total de la energa del pas.

La increble historia de esta localidad forma parte del ltimo informe elaborado por la ONG vasca Mugarik Gabe (Sin Fronteras), que analiza las actuaciones de las principales transnacionales espaolas en Guatemala. Para Jess Pazos, portavoz de Mugarik Gabe, es apenas un ejemplo de la dura realidad que sufren varios pueblos de Amrica Latina. All donde van entran de la mano de las oligarquas locales, que se encargan de conseguir en las instituciones una legislacin favorable a la llegada de las transnacionales, seala a Pblico el responsable de esta organizacin internacionalista.

Durante los prximos das, el activista vasco se desplazar a otras ciudades para dar a conocer este documento. Hace algo ms de dos semanas estuvo en el Parlamento Europeo, donde present un avance del informe junto a la militante indgena Lolita Chvez. Entre sus planes est llevarlo tambin al Congreso de Madrid. El objetivo, en un lugar u otro, siempre es el mismo: dar a conocer cmo se articulan los procesos de criminalizacin por parte de los Estados para dar proteccin a las transnacionales. Guatemala, dice Pazos, es un paradigma.

A veces conviene empezar por el final. Es precisamente ah, en una de las ltimas de las 74 pginas de ese documento, donde una persona indgena describe el verdadero valor de esta historia. A todo el Estado le declaramos que no somos terroristas, que no somos delincuentes. Le pedimos que d la libertad a los lderes que tiene presos y que cancele ya las licencias de hidroelctricas y mineras, porque nosotros hemos vivido tranquilos y en paz desde hace aos pero ahora ya no, porque llegaron los empresarios y desde entonces hay un gran conflicto para nosotros. La frase segn se detalla a pie de pgina- fue recogida por Quimy de Len, una activista curtida en la defensa de la tierra.

No en vano, el documento de Mugarik Gabe habla precisamente de eso, de la tierra, en un pas con amplia presencia de pueblos indgenas, que constituyen todava hoy, 500 aos despus del inicio de los procesos de conquista y colonizacin, una enorme e indiscutible diversidad tnica y cultural. Existen en total 22 pueblos indgenas, pertenecientes a la gran familia maya, adems del pueblo xinka y el garfuna. Estos 24 pueblos indgenas constituyen, segn el censo, entre el 40 y 45% del total de poblacin, aunque hay consenso en que la realidad aproxima ese porcentaje por encima del 50%; y su diversidad en nmero va desde las casi 2.000 personas, del pueblo itza, hasta el milln ampliamente sobrepasado por parte del kiche, seala.

En esa lnea, se describe un choque de trenes entre dos concepciones claramente antagnicas, como son la visin indgena y la neoliberal. sta ltima encarna la introduccin brutal del modelo capitalista y su concepto de uso y abuso de los territorios y de sus recursos naturales; su explotacin mediante los mtodos de menor inversin pero de mayores rentabilidades, lo que se traducir en explotacin abusiva, esquilmacin de esos recursos, contaminacin y destruccin e irrespeto absoluto a los derechos de la tierra, los pueblos y comunidades, apunta.

A la hora de buscar ejemplos, el voluminoso informe centra su atencin en el caso de la empresa gallega EcoenerHidralia Energa. Su desembarco en la localidad de Santa Cruz Barillas, situada no muy lejos de la frontera con Mxico, se produjo en 2008, cuando se detect la presencia de personas extraas haciendo mediciones de caudales y terrenos en las riberas del ro Qam Balam. En el ao siguiente, 2009, Hidralia Santa Cruz comprar a distintos propietarios casi todos los terrenos que necesita para la ejecucin de su proyecto en la primera fase. Esta compra se realiza a travs de intermediarios locales pagados por la empresa, que nunca dieron cuenta de las intenciones reales, seala este estudio, donde se advierte adems que el rea posteriormente afectada tiene varios usos entre la poblacin, desde espacios ceremoniales y de recreacin pasando por tierra de pastos y de cultivo de caf.

Cartel del complejo hidroelctrico Renace

Las protestas en Santa Cruz Barillas no tardaron en llegar; la represin tampoco. Las solicitudes de informacin sobre el proyecto sern respondidas con la contratacin de personal de seguridad privada y con las primeras denuncias en contra de siete autoridades por intimidacin, coaccin y detencin ilegal. A partir de esos momentos la protesta aumenta hasta llegar al ao 2012, cuando se producirn los hechos de represin y criminalizacin ms graves contra la poblacin, remarca.

En mayo de ese ao, tres activistas locales fueron tiroteados. Uno de ellos, Andrs Francisco Miguel, muri a consecuencia de los disparos. Quien s sobrevivi al ataque fue Pablo Antonio Pablo, uno de los lderes denunciados por la empresa y que se haba opuesto a vender sus tierras pese a las presiones recibidas. Hay que sealar que el convencimiento de la poblacin de que sobre estos hechos tiene la responsabilidad Hidralia Santa Cruz se confirmar el da 26 del mismo mes, cuando son detenidos el jefe de seguridad y uno de los guardias bajo la acusacin de asesinato y atentados, seala el informe.

A raz del incremento de las movilizaciones para denunciar estos hechos, el gobierno guatemalteco acabara declarando el Estado de sitio en la zona. Entonces hubo varias detenciones y allanamientos. Incluso se habla de que circula una lista, en manos policiales, con ms de cien personas sospechosas, ante lo que muchas de stas se ven obligadas a esconderse e incluso, como en los tiempos de la guerra, cruzar la frontera hacia Mxico o huir a la montaa, relata el documento. Nada de esto fue en vano. A finales de 2016, ocho aos despus de que se produjera su desembarco en el ro Qam Balam, Hidralia anunci que abandonaba Guatemala.

Las represas de Florentino

No ha ocurrido lo mismo con ACS, la otra transnacional espaola que opera en ese pas centroamericano. En este caso, el afluente elegido es el Ro Cahabn, situado en el centro de Guatemala. Sobre sus aguas se levanta actualmente el proyecto 'Renace', que consta de cinco fases. Hasta ahora se han completado tres. Cuando todas ellas concluyan, all habr seis represas en cascada y toda una serie de canales y tneles de conduccin del agua a lo largo de gran parte del curso alto y medio del ro, afirma Mugarik Gabe.

ACS fue contratada en Guatemala por la Corporacin Multi Inversiones (CMI), un gigantesco conglomerado empresarial que pertenece al clan de los Gutirrez-Bosch. Se trata de una acaudalada familia local que supo hacerse un hueco en la agenda de Jos Mara Aznar. Segn el documento de la ONG vasca, el ex mandatario espaol conoce muy bien al empresario Dionisio Gutirrez, uno de los responsables de CMI. En 2008, posiblemente se produjo la muestra ms evidente de esta amistad o confluencia de intereses, apunta la ONG vasca.

En tal sentido, y hacindose eco de informaciones aparecidas en prensa, recuerda que la llegada de Jos Mara Aznar al Congreso del PP en Valencia de ese ao se produjo a bordo del jet privado que puso a su disposicin el empresario guatemalteco, interesado en acudir a dicho Congreso, pero tambin en aprender de la excelente experiencia inmobiliaria de la Comunidad Valenciana y exportarla a CMI, una de cuyas divisiones se dedica precisamente a la construccin de centros comerciales y complejos de viviendas y oficinas.