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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-11-2017

Corte y JEP, entre silencio, miedo y corrupcin
Justicia Transicional vs. Restaurativa y justicia en los trgicos griegos

Luis Carlos Muoz Sarmiento
Rebelin


El presente ensayo, a partir de la decisin de la Corte Constitucional (16/nov/2017) de declarar improcedente el juzgamiento y condena de terceros responsables de actos criminales durante el Conflicto, intenta, por un lado, desentraar los conceptos de justicia transicional y de justicia restaurativa en los dilogos de paz de La Habana y, por otro, esclarecer el concepto que de Justicia se da en tres dramas del teatro griego: Las Coforas, de Esquilo, a quien se considera el primer gran representante de la tragedia griega; Electra, de Sfocles; Electra, de Eurpides, ambos, aventajados sucesores de Esquilo. Por ltimo, busca revisar la evolucin, si la hubiera, del concepto Justicia, en los tres autores citados.

Si bien el ex Procurador General de la Nacin, Alejandro Ordez y el ex presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, pedan en 2015 que Gobierno y FARC revelaran el texto completo del acuerdo en materia de justicia transicional, la guerrilla seal que se trataba de un documento de 75 puntos que contempla adems un catlogo de sanciones restaurativas, (El Espectador, 1/oct./15) (1). Es decir, uno y otro pretendan por todos los medios y en todos los medios imponer el concepto en oposicin al de Justicia Restaurativa que fue propuesto por las FARC en los dilogos de La Habana, con el fin de que hubiera un mayor equilibrio en cuanto a justicia se refiere: para que no se repitan errores como los de la Espaa de Franco, el Chile de Pinochet, la Sudfrica de Botha y De Klerk/Mandela.

Para entender lo que se viene con los dilogos de paz de La Habana, es decir, la llamada Justicia Transicional, el pos conflicto (del que no puede hablarse hasta que no acabe la guerra), una seria y decidida transicin, ojal, a la democracia, conviene recordar esos errores del pasado, presentes en los tres casos citados. La Espaa del general Francisco Franco, a la que eufemsticamente se llam Transicin a la Democracia, dej al final una amarga huella: el periodo entre la muerte del dictador (1975) y la llegada de Felipe Gonzlez (1982) se vio precedido por un conato de golpe, el 23/feb/1981, dirigido por A. Tejero, A. Armada y J. Milans del Bosch, precisamente durante la celebracin de la votacin en el Congreso de los Diputados para elegir, como sucesor del recin dimitido Adolfo Surez, a Leopoldo Calvo Sotelo, intento que fue sofocado finalmente por las fuerzas democrticas de la Nacin, por las que, valga repetir, mediante esa Transicin Espaa llegara a transformarse en un estado social, democrtico y de derecho. Pero, otra cosa dice hoy la historia, desde luego la no oficial: Espaa qued sumida en la ms honda e inexpugnable zona de la ignorancia, el atraso, la miseria. Un neofeudalismo a ultranza (como lo muestra el filme Los santos inocentes, de Mario Camus), un campo abierto para el genocidio, una feroz y voraz corrupcin administrativa, poltica y militar. Lo que dej como resultado, segn los datos ms recientes, un cementerio comn de por lo menos 250 mil vctimas, miles de damnificados, desplazados, exiliados a diferentes pases de Europa (Francia), de frica (Marruecos), as como a Amrica (Mxico, Argentina, Colombia).

En sntesis, las lastimosas evidencias del proceso franquista son el resultado de un credo impuesto a sangre y fuego y durante ms de 40 aos, sin ms derecho a la tierra que la que miles de espaoles llevaban en las uas mientras huan de Espaa durante la Guerra Civil (1936-1939) hacia distintos puntos de Europa, frica y Amrica principalmente. Situacin aberrante, sellada luego, en 1977, con una amnista que protega a los criminales del franquismo de toda persecucin con un sorpresivo e inefable Pacto de Olvido: ya antes, sin embargo, se haba firmado otro Pacto de Silencio entre los gobiernos de Espaa y Francia para hacer la vista gorda frente a las fosas comunes. En octubre de 2013 miembros de la Asociacin para la Democracia criticaron al Ejecutivo espaol por incumplir la Ley de Memoria Histrica lo que puede ocurrir aqu en Colombia cuando a la Comisin Histrica del Conflicto y sus Vctimas (CHCV) la suceda una necesaria Comisin de la Verdad que esclarezca tanto crmenes como responsabilidad de quienes los cometieron y recordaron la Espaa con ms de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y con 2.382 fosas comunes localizadas, de las cuales se han abierto menos de 400:

[Espaa es] el segundo pas del mundo, tras Camboya, con mayor nmero de personas vctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. No podemos compartir de ningn modo el discurso de que la recuperacin de la memoria democrtica suponga reabrir heridas. Resulta inadmisible que un estado democrtico siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado y la necesidad de establecer un plan de administracin programado, sistemtico y financiado pblicamente que permita con agilidad la localizacin y la sepultura digna de todas aquellas personas que fueron asesinadas con ocasin del golpe militar de 1936 y la posterior represin franquista (Natalia Junquera, El Pas, 9/oct./13) (2).

El Chile de Pinochet tampoco es precisamente un caso positivo de justicia transicional toda vez que ya son mundialmente conocidos las secuelas y, antes, los exabruptos de su nefasto y siniestro legado, cual si de una tragedia griega actual se tratara. No slo imagin disponer de enclaves, garantizados por la Constitucin, para preservar su poder, sino que previ un dispositivo jurdico para impedir toda persecucin judicial con respecto a la ms intensa etapa represiva (1973/78): el 19/abril/1978 el Diario Oficial public el Decreto Ley 2191 que conceda una amnista general. Cuando la Concertacin o coalicin opositora liderada por Patricio Aylwin gan las elecciones de dic/89 desde 23 meses antes ya prevea derogar dicha Amnista, pero muchos factores redujeron el margen de maniobra del gobierno: la moderacin impuesta por una transicin negociada; la popularidad de Pinochet y complicidad, ms que identificacin, de las fuerzas armadas con su jefe caso de Manuel Contreras, director de la DINA (en 1977, CNI), condenado en 2008 por crmenes de lesa humanidad a dos cadenas perpetuas y hace poco a otras dos: una por el asesinato de Carlos Prats y otra por el de su esposa, Sofa Cuthbert, ms 20 aos de prisin por asociacin ilcita; las restricciones jurdicas y constitucionales; la hostilidad de una parte del aparato judicial y, ante todo, de la Corte Suprema, los atentados de la extrema izquierda, etc.

El proyecto de derogacin chocaba, adems, con la resistencia de los militares y la debilidad del poder legislativo puesto que la derecha estaba en capacidad, con la ayuda de senadores vitalicios designados por Pinochet, de impedir su sancin en el Congreso (3). 119 miembros del partido opositor chileno ms popular, MIR, fueron desaparecidos y asesinados en suelo argentino por miembros de la citada polica secreta DINA, en la que fue conocida como Operacin Colombo, y luego presentados como resultado de una purga interna entre sus miembros a raz de las diferencias ideolgicas originadas tras el golpe militar del 11/sept./73. El titular del diario oficialista La Segunda (24/jul/75) fue: Exterminan como ratas a miristas, como muestra el profesor Marco Herrera, en Operacin Colombo: la prensa que se call con Pinochet y que determin hacia adelante uno de los fenmenos ms aberrantes que puedan darse dentro de la prensa libre: la autocensura (4). En la actualidad se menciona con frecuencia que fueron casi 800 los muertos y desaparecidos del MIR a manos de los servicios de seguridad militar chilenos (5).

El ltimo caso de justicia transicional, para ilustrar ms sus debilidades que sus fortalezas, es el de Sudfrica, bajo el gobierno de Frederik de Klerk (1989/94), de quien se dice liber al activista Nelson Mandela, legaliz al Congreso Nacional Africano (CNA) y dot al pas de una nueva constitucin no racista, con la que se dio trmino al rgimen del Apartheid, imperante desde 1940. Si bien esto es verdad, poco se cita que el ascenso de Mandela al poder tuvo ms de condicionamiento que de autonoma: De Klerk, elegido vice-presidente suyo, lo forz a una Amnista para todos los funcionarios, incluido l mismo, que tuvieran cuentas pendientes con la justicia de 1960 a 94, ao en que acaba su presidencia: como acaban de hacer los dirigentes colombianos al blindarse frente al conflicto interno; a su vez, cuando Mandela se retira del poder, menos del 8% de la poblacin, blanca, era duea del 85% de las mejores tierras; en un artculo publicado el 17/oct./2011, De Klerk mismo, en un (no tan) sincero mea culpa, seala, Sudfrica es una de las ms desiguales sociedades del planeta: juicio respecto al cual hoy Colombia por desgracia se lleva las palmas (6).

Siendo considerado el rgimen del Apartheid principal responsable de las violaciones a los DD.HH, a su turno los acusados de los cargos ms graves son de mayora blanca, en un pas 79.6% de origen negro africano: el Consejo de Seguridad del Estado, los presidentes Botha y De Klerk y las autoridades legales y tradicionales, as como las fuerzas de seguridad de los homelands, el Inkatha Freedom Party (IFP, al que se imputa un tercio de las violaciones cometidas entre 1960 y 94), los grupos de extrema derecha y la tercera fuerza (una red informal de miembros de las fuerzas de seguridad y del IFP). Se aclara que los prrafos del Informe de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin Representativa (CVR) concernientes a De Klerk fueron suprimidos a su pedido; y que de rgano encargado de revelar la verdad histrica sobre la violencia poltica, la CVR pas a ser un tribunal de las lgrimas que invent a partir de una cultura propia de Sudfrica, un ritual y un lenguaje singulares (7).

Ahora bien, en contrava de la visin de Ordez y de Vergara, existe la visin que se expresa en el artculo Los dilogos de La Habana en 2015 (16/dic./15), publicado por el semanario Voz, en el que Carlos Lozano Guilln, present una mirada ms generosa, menos reductora, que la de los funcionarios citados (8). Dicho contraste de fuentes es de por s una de las formas ms eficaces de preservar la objetividad periodstica y ms sanas para hacer cultura jurdica y acercarse a la verdad, aqu de la mano de los trgicos griegos, en el caso del enfrentamiento tcito, no radical, sectario ni mucho menos insalvable, entre la Justicia Transicional, sostenida por el Gobierno y sus voceros, y la Justicia Restaurativa, defendida por la guerrilla de las FARC-EP, con motivo de los dilogos de paz de La Habana, que vienen dndose desde 2012 y que, se esperaba, tuvieran un positivo resultado con la firma, parcial o total, del acuerdo histrico de paz, el 24/nov/2016: no fue as.

Antes, el 23/sept/2015, las delegaciones de paz del Gobierno colombiano y de las FARC-EP, asesorados por expertos juristas en el tema, anunciaron al pas y al mundo el acuerdo histrico, tan esperado sobre justicia: la principal herramienta, junto a la verdad y a la reparacin, para dejar satisfechas a las vctimas, a la comunidad internacional y, cmo no, para blindar los dilogos de paz. Dicho acuerdo constituye, desde el Estado de Derecho del que a menudo se habla pero poco se practica, una vlida y novedosa aplicacin de la justicia dentro del marco de la solucin de un conflicto socio-poltico y armado, cuyo saldo de afectados y de muertos parece ser incontable por partida doble: respecto al nmero y a una eventual imposibilidad de narrarlo, por lo escabroso y escalofriante del hecho.

En lugar de la amaada y caduca justicia transicional, propuesta por el Gobierno y que ha constituido no pocos fracasos en el mundo como en los referidos casos de Espaa, Chile, Sudfrica, se ha agregado ahora el de justicia restaurativa, propuesto por las FARC-EP, en s novedoso, menos susceptible de manipulacin y, ante todo, de una vigencia filosfica sin lugar a refutaciones: el slo hecho de querer reparar implica un deseo de establecer la igualdad y no de ahondar en diferencias ni en pruritos de poder, supremaca, desvirtuacin o desprestigio del otro: caso de la justicia transicional, con sus interesados nimos de exclusin, pactos de olvido/silencio y sus muy parciales determinaciones de verdad, justicia, reparacin y no repeticin. Por el contrario, el de justicia restaurativa es un concepto global que compromete y, ms all, obliga a todas las partes (los mal llamados actores del conflicto, como en el irnico filme de Lisandro Duque en el que los actores del teatro terminan siendo actores del conflicto), incluyendo al Estado, a hacerse responsables por los actos cometidos en detrimento de los DD.HH, en un pas respecto al cual los organismos internacionales y la comunidad orbital saben que es aquel, justo, su principal depredador: as lo permite comprobar el reciente informe de la CHCV, como resultado, entre otras, del Plan Colombia y su injerencia directa en la propagacin de la violencia y de la guerra y en la generacin de mltiples muertes y casos de estupro: 53 nias violadas, sin castigo para los responsables ya que estn protegidos por un forneo fuero militar (9).

Desde la Comisin Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, que fue dirigida por el ex ministro liberal y escritor Otto Morales Bentez y que oper de mayo/1958 a enero/59, hasta el da de hoy las cosas en materia de justicia han cambiado muy poco y eso que, mientras, se han creado al menos doce comisiones similares, concebidas como herramientas para contribuir a superar la violencia crnica que hasta hoy ha azotado a Colombia, entre ellas la Comisin Nacional sobre la Violencia y el Centro Nacional de Memoria Histrica. La CHCV instalada en La Habana el 21/ago/2014, fue creada por la Mesa de Paz en el marco del Acuerdo general para la terminacin del conflicto y la constitucin de una paz estable y duradera, suscrito por el Gobierno y las FARC el 26/ago/2012, de acuerdo con Jefferson Jaramillo (10).

La mayora de los colombianos espera que la CHCV sea la ltima de estas caractersticas, antes del simblico cierre del ya antiguo y extenso conflicto armado, aunque no haya constituido propiamente un canal de expresin de las vctimas, salvo aqullas pocas que, por cuenta y permiso del Gobierno, pudieron viajar a La Habana a finales de 2015 a exponer sus casos y, ante todo, a hacer catarsis por su dolor. Por ello, la CHCV no puede ni debe confundirse con una Comisin de la Verdad: la que una vez firmado el acuerdo histrico de La Habana, sea de forma parcial o, mejor, total, comienza a reclamar su existencia para tratar de establecer mviles, causas, responsables, culpables y resultados del conflicto armado en Colombia, uno de los ms largos de la historia. Con el nuevo concepto de justicia restaurativa se crea el Tribunal Supremo de Paz, cuyos dominios jurdicos abarcan a todas las partes involucradas, sin excepcin alguna. Revelar la verdad es condicin sin la cual no recibirn beneficios de unas sanciones benvolas y constructivas, no perjudiciales o perversas. En otras palabras, todos los responsables de cualquier acto lesivo debern responder en igualdad de condiciones, sin sesgos ni maas ni favoritismos.

Los casi nulos cambios en materia de justicia en el pas parecen hacer eco de una supuesta evolucin del trmino en los trgicos griegos Esquilo, Sfocles y Eurpides, en cuyas obras Las Coforas y Electra (titulada igual por los dos ltimos), aunque ocurran en lugares distintos, as sean prximos o del suelo griego, en los tres casos se trata de un asesinato, el de Agamenn, precedido de otro, el de Ifigenia, hija de aqul con Clitemnestra; de una venganza, la de sta y de Egisto, quienes en un caso, Las Coforas, degellan a Agamenn y en los otros dos casos, Electra, lo matan a hachazos; luego, el lector de dichas obras comprueba que la Justicia ha tenido dos vertientes para obrar: 1. La justicia manejada por los dioses o, en su defecto, por sus enviados, orculos, o enviadas, Coforas, en Las Coforas, por el coro de ellas mismas encargadas de llevar las libaciones a la tumba de Agamenn o, en los otros casos, por un preceptor o mensajero divino, como en Electra, de Sfocles, o por los Discuros, Castor y Plux, en la versin de Eurpides; 2. La justicia ejercida por propia mano, a cargo de Orestes, hermano de Electra, Ifigenia y Crisstemis y, adems, desterrado de su tierra natal, y cuya accin ocurre en distintos puntos de Grecia: en Argos (Las Coforas), en Micenas (Sfocles), en la frontera de la Arglida (Eurpides).

En conclusin, si bien la justicia transicional, a la letra, tiene su fundamento en cinco tareas centrales: 1. Establecer la verdad de los hechos; 2. Hacer justicia; 3. Reparar a las vctimas por violaciones a sus DD.HH; 4. Crear condiciones socio-polticas y legales para la reconciliacin de los involucrados en un conflicto o guerra; 5. Reconstruir la memoria de los condicionamientos que llevaron a la violencia generalizada si bien todo ello es deseable que se cumpla, ahora que se suma la justicia restaurativa es posible que al final del combate haya unas mejores condiciones para el anhelado sueo colectivo, siempre postergado, de una paz estable y duradera, una ms propicia transicin a la democracia, ya no de papel sino efectiva, realista y que responda a las necesidades del pueblo. Sin embargo, esto ya no es posible dada la decisin de la Corte Constitucional al eliminar la posibilidad de que los magistrados de la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP) llamen a declarar y profieran sanciones contra terceros que no integraron grupos armados (11).

Con la puesta en marcha de la dupla justicia transicional/justicia restaurativa, a travs de una continua e incesante labor pedaggica por parte del Estado, la guerrilla y los paramilitares (a los que el Estado no invita a los dilogos por obvias razones: las de actuar a su lado), ojal surja un pos conflicto que sea un campo menos abonado para traumas y pos traumas de guerra, ms inherente a la tan citada paz estable y duradera, en fin, el lugar ideal para el funcionamiento de la dialctica de una democracia ms aterrizada, menos voltil, ms pareja, menos desigual, ms cierta y efectiva a la hora de revisar el respeto que debe tenerse a los derechos humanos y, ms ac, a las personas en s, a las que, de manera sistemtica, se los han vulnerado en el curso del tiempo, no sin la complicidad de la injerencia estadounidense y de la alianza non sancta entre Gobierno, Iglesia oficial y medios masivos de (des)informacin: porque no divulgan sino encubren las noticias. No hay que olvidar que la primera vctima de una guerra es la verdad (Esquilo antes que Gabo) y que esta, la verdad, es el principio de la justicia (Bolvar): ah, y por supuesto, que los nicos conflictos que se resuelven son los que se dan entre iguales (Edward Said).

Sentencia, esta, que debera ser inolvidable para el Gobierno, no caldo de cultivo para la amnesia, amnesia que deviene colectiva con la siempre interesada ayuda de los medios y la mefistoflica colaboracin de la siempre cmplice y falsa oposicin, llmese uribismo, Zuluaga/varguismo o centro (dizque) democrtico, tres nombres distintos para un solo demonio verdadero: el dios del engao con rostro plural, es decir, no con rostro de poltico sino con el rostro de todos los polticos que, al menos en Colombia, han sido, son y siguen siendo, a no ser que todos despertemos para ser de verdad garantes de la aplicacin efectiva de una Constitucin a la que hay que darle la vuelta, por cuanto de 1991 para ac ha sido ms virtual que real. De no ser cierto esto, que hable Uribe. Claro que l no lo quiere hacer, y menos ante la JEP, aunque si lo hiciera, nadie le creera, por tratarse del pastorcito nada confiable y harto criminal, con el que, adems, la Justicia de Colombia no se atreve porque aparece como su dueo, eso s no reconocido y negado por l mismo: tanto como Nstor Humberto Martnez niega ser el Fiscal General, de bolsillo, de Germn Vargas Lleras, y el primero, sobre todo, niega sus vnculos de dependencia econmica de uno de los tres dueos de los medios, Luis Carlos Sarmiento A., directo favorecido de la Ruta del Sol II.

Aun as, nadie puede ocultar las 276 acusaciones que reposan en la Comisin de Acusaciones del Congreso de Colombia aunque, hasta ahora, no se hayan determinado los delitos cometidos por el ex presidente y hoy senador por el Centro Democrtico ni, mucho menos, que la Comisin se decida a actuar. Prueba de ello, recientes investigaciones muestran que buena parte de sus integrantes estn incursos en conformacin de grupos paramilitares, ejecucin indebida de contratos, asociacin para delinquir; y, para terminar, al grupo de Los doce apstoles, en el que figura su hermano Santiago Uribe V., se le contabilizan 533 asesinatos en Yarumal, Antioquia (12), dentro de un proceso que ha tenido toda suerte de dilaciones a fin de lograr, por parte de su abogado Jaime Granados, el xito ($) en el uso de la maniobra de la posverdad: el hoy legalizado vencimiento de trminos.

Como si esto fuera poco, santistas/uribistas se han unido para, por la combinacin de todas las formas de lucha, impedir que defensores de DD.HH lleguen a integrar la JEP, lo que se traduce en un hecho deliberado: la crnica de un engao anunciado (13). Lo que se confirma con las reiteradas declaraciones del partido FARC en torno al incumplimiento del Gobierno sobre lo acordado en La Habana y en el Teatro de Coln: personaje histrico de infausta recordacin para quienes ya no creen en el descubrimiento sino en el desencuentro con los autores del pillaje hace seis siglos. Pillaje que se prolonga hasta hoy en las acciones del Nobel de Guerra, y no de Paz, que no acude al Senado ni nadie se lo exige, aunque tenga que aclarar muchos asuntos recientes, y otras veces no tanto, as como tampoco se abstiene de hablar abiertamente a favor de las transnacionales gringas, canadienses o saudes, obvio, sin citarlas con nombre propio: para que le crean su retrica a favor de la paz, cuando l sabe, ellos, los responsables de nunca, los gringos, y los sospechosos de siempre, todos sabemos que se trata de una farsa, al recorrer el pas y verificar que se desmorona ante nuestros ojos en medio de la desidia gubernamental, se descompone ante la arremetida paramilitar, se regala a grandes tajadas a la llamada inversin extranjera, sin que jams se conozcan los resultados de tales operaciones, las verdaderas regalas para el pas. Sin que jams dejen de aparecer cifras ni estadsticas infladas, a travs del Canal del Congreso, para mostrar una ptina de pas, como al final del filme La virgen de los sicarios (1999), aun con todo el espectculo dantesco que yace detrs de tan innoble simulacin: los muertos de La Escombrera, por (mal) ejemplo, triste retrato de la mayor fosa comn urbana del planeta.

Mientras, los grupos de exterminio a los que ahora se les llama Bandas Criminales (como quien acaba con una entidad del Estado, v. gr., el DAS, y la rebautiza: trmino que va muy de la mano con la filosofa, entre conservadora y catlica, que anima al asunto), tienen un neologismo para borrar las huellas de antiguas anomalas y siguen haciendo de las suyas a lo largo y ancho del pas, sin que nadie oiga, vea o diga nada. Por la Omert o Ley del Silencio y a nombre de la corrupcin: o por miedo. Ante esto, Esquilo, Eurpides y Sfocles, deben revolcarse en sus tumbas frente a la involucin de la Justicia, mientras el partido de la FARC sigue reflexionando/argumentando ante la CPI sobre el incumplimiento del Gobierno a lo pactado en La Habana (14), as como sobre la contumacia de congresistas y de otros actores institucionales empeados en hacer trizas la JEP, la paz, la reparacin a las vctimas del conflicto y la participacin poltica: esta, a contrapelo de lo fallado por la Corte (15). Todo, entre el silencio, impuesto hace ms de dos siglos, como alimento de la impunidad; el miedo, inoculado va intravenUSA/meditica; la corrupcin, expandida sin remedio en todos los entes oficiales y divulgada sin reparo por una prensa interesada, apenas, en sacar partido del caos de un envilecido circo sin pan y sin empleo.

Ante la actual situacin, solo queda como salida la movilizacin masiva del pueblo en las calles para reclamarle al Gobierno por su incumplimiento; demandarle al Congreso cordura ante sus desafueros; exigir a uno y otro el fin de la guerra, en tanto instrumental tctico para capitalizar electores y, de paso, servir a los intereses militaristas del To Sam; aportar a la construccin de convivencia, reconciliacin y no repeticin como factores para acabarla; e instaurar definitivamente una paz tan necesaria como una madre para un recin nacido, a travs de la justicia social en tanto arte, educacin pblica de calidad y cultura para todos. Por ahora, la memoria y la verdad son la mayor amenaza para el Estado colombiano, como se vio en el Cacerolazo de la Plaza de Bolvar, del 21/nov/2017. Mxime cuando ahora se sabe, por Jean Arnault, representante de la ONU en Colombia, que el 55% de reinsertados de las FARC abandon las zonas de reincorporacin y ha salido con destino incierto, con todo lo que eso implica para su seguridad y la de sus familias, ante la farsa sobre lo pactado en La Habana y en el teatro de Coln (16), en un hecho que hace rato se vea venir: el histrico engao de los distintos gobiernos nacionales (17). Con lo cual queda demostrado que en Colombia la justicia sigue siendo inferior a las mafias, sobre todo de los dos o tres partidos (CD, Cambio Radical, Mira) que en el Congreso legislan a nombre del pueblo.

En conclusin, qu es lo ms grave de todo esto y de la decisin de la Corte Constitucional en el sentido de que terceros involucrados con el Conflicto no tendrn que comparecer ante la JEP? Tal hecho significa, a un ao de los acuerdos de La Habana, que alcaldes, gobernadores, latifundistas, ganaderos, empresarios vinculados a los paramilitares o al narcotrfico como tambin agentes del Estado, funcionarios civiles, congresistas, no harn rendicin de cuentas: es decir, seguirn gozando de sus privilegios, guardndose para s su responsabilidad sobre hechos execrables, sin justicia, verdad ni reparacin de ningn tipo.

Cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo conocer la paz.

JIMI HENDRIX

Notas:

(1) http://www.elespectador.com/noticias/paz/acuerdo-sobre-justicia-tiene-75-puntos-y-un-catalogo-de-articulo-589968

(2) http://politica.elpais.com/politica/2013/10/09/actualidad/1381322308_843838.html

(3) Lefranc, Sandrine. Polticas del perdn, Norma, Coleccin Vitral, Bogot, 419 pp.: pg. 55.

(4) http://www.monografias.com/trabajos908/operacion-colombo/operacin colombo2.shtml#ixzz42MhdrKju

(5) http://ideologiesandliterature.org/VIDAL-%20Justicia%20Transicional%20III.pdf

(6) http://www.globaleducationmagazine.com/south-africa-unequal-societies-world/ http://www.eltiempo.com/economia/sectores/desigualdad-en-colombia-es-mayor-de-lo-que-se-piensa-dice-cepal/16546686

(7) Lefranc, Sandrine. Obra citada: pp. 75 y 80.

(8) http://www.semanariovoz.com/2015/12/16/los-dialogos-de-la-habana-en-2015/

(9) http://www.elespectador.com/noticias/judicial/soldados-de-eeuu-violaron-ninas-colombia-y-grabaron-abu-articulo-558724; https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana,%20Febrero%20de%202015.pdf

(10) Pasados y presentes de la violencia en Colombia. Estudio sobre las comisiones de investigacin (1958-2011). Bogot, Editorial Pontificia U. Javeriana, 2014, pp. 34 y ss.

(11) https://www.lafm.com.co/nacional/corte-constitucional-dio-via-libre-a-la-jep/

(12) https://www.las2orillas.co/los-533-asesinatos-que-habrian-cometido-los-12-apostoles/

(13) https://www.las2orillas.co/santistas-y-uribistas-se-unen-para-impedir-la-llegada-de-defensores-de-derechos-humanos-la-jep/

(14) https://www.elespectador.com/noticias/politica/farc-solicita-entrevista-con-fiscal-de-la-cpi-articulo-724015

(15) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234244&titular=reflexiones-sobre-una-sentencia-de-la-corte-constitucional- FARC 18/nov/2017

(16) http://www.rcnradio.com/nacional/exguerrilleros-de-las-farc-han-abandonado-zonas-de-reincorporacion-por-incumplimiento-de-acuerdos-naciones-unidas/

(17) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222754

Otras notas:

https://www.elespectador.com/opinion/error-de-la-corte-o-conspiracion-columna-724376

https://www.elespectador.com/noticias/paz/la-implementacion-de-la-paz-no-ha-llegado-director-del-consejo-noruego-de-refugiados-articulo-724552

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234375&titular=caminos-y-ci%E9naga-de-la-jurisdicci%F3n-especial-para-la-paz-

http://laotracara.co/opinion/el-sueno-de-jaime-araujo-renteria/

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234418&titular=%BFes-posible-la-%93reconciliaci%F3n%94-en-el-%E1mbito-pol%EDtico?-

https://www.elespectador.com/noticias/politica/renuncia-al-fuero-el-reto-de-samper-los-demas-expresidentes-articulo-724735

https://www.elespectador.com/noticias/politica/santos-ordena-atacar-con-todo-los-disidentes-de-las-farc-articulo-724750

https://www.elespectador.com/noticias/paz/en-colombia-asesinan-un-lider-social-cada-cuatro-dias-articulo-724736

Luis Carlos Muoz Sarmiento (Bogot, Colombia, 1957) Padre de Santiago & Valentina. Escritor, periodista, crtico literario, de cine y de jazz, catedrtico, conferencista, corrector de estilo, traductor y, por encima de todo, lector. Estudios de Zootecnia, U. N. Bogot. Periodista, de INPAHU, especializado en Prensa Escrita, T. P. 8225. Profesor Fac. de Derecho U. Nacional, Bogot (2000-2002). Realizador y locutor de Una mirada al jazz y La Fbrica de Sueos: Radiodifusora Nacional, Javeriana Estreo y U. N. Radio (1990-2014). Fundador y director del Cine-Club Andrs Caicedo desde 1984. Colaborador de El Magazn de EE. Ex Director del Cine-Club U. Los Libertadores y ex docente Transversalidad Hum-Bie (2012-2015). XXIV FILBO (4-16.V.11): Invitado por MinCultura a presentar el ensayo Arnoldo Palacios: Matar, un acto excluido de nuestras vidas (MinCultura, 2011), en Pabelln Juvenil Colsubsidio (13/may/11). Invitado al V Congreso Int. de REIAL, Nahuatzn, Michoacn, Mxico, con Roberto Arlt: La palabra como recurso ante la impotencia (22-25/oct/12). Invitado por El Teatrito, de Mrida, Yucatn, para hablar de Burgess-Kubrick y Una naranja mecnica (27/oct/12). Invitado por Le Monde Diplomatique y Desde Abajo para entrevistar a Ignacio Ramonet (Director LMD, Espaa), en Retrospectivas: Un recorrido por el Cine Latinoamericano http://www.youtube.com/user/periodicodesdeabajo?feature=results_main (5.XI.12). Invitado al II Congreso Int. de REIAL, Cap. Colombia, Izquierdas, Movimientos Sociales y Cultura Poltica en Colombia, con el ensayo AP: Matar, un acto excluido de nuestras vidas, U. Nacional, Bogot, 6-8/nov/2013. Invitado por UFES, Vitria, Brasil, al I Congreso Int. Modernismo y marxismo en poca de Pos-autonoma Literaria, ponente y miembro del Comit Cientfico (27-28/nov/2014). Invitado a la XXXIV Semana Int. de la Cultura Bolivariana con la charla-audicin El Jazz y su influencia en la literatura: arte que no entiende de mezquindades, Colegio Integrado G. L. Valencia, Duitama (28/may-1/jun/2015). Invitado al III Festival Int. LIT con el Taller Cine & Literatura: el matrimonio de la posible convivencia, Duitama (15-22/may/2016). Invitado al XIV Parlamento Int. de Escritores de Cartagena con Jack London: tres historias distintas y un solo relato verdadero (24-27/ago/2016). Invitado a la 36 Semana Int. de la Cultura Bolivariana con las charlas-audiciones Los Blues. Msica y memoria del pueblo y para el pueblo y Leonard Cohen: Como un pjaro en un cable, Duitama (21/jul/2017). Invitado al Encuentro de Escritores en Lorica, Crdoba, con La casa grande: estamos derrotados? (10-12/ago/2017). Invitado por Desde Abajo a entrevistar al salsero Yuri Buenaventura, Bogot (11/nov/2017. Escribe en: www.agulha.com.br www.argenpress.com www.fronterad.com www.auroraboreal.net www.milinviernos.com Corresponsal www.materika.com Costa Rica. Co-autor de los libros Camilo Torres: Cruz de luz (FiCa, 2006), La muerte del endriago y otros cuentos (U. Central, 2007), Izquierdas: definiciones, movimientos y proyectos en Colombia y Amrica Latina, U. Central, Bogot (2014), Literatura, Marxismo y Modernismo en poca de Pos autonoma literaria, UFES, Vitria, ES, Brasil (2015) y Guerra y literatura en la obra de J. E. Pardo (U. del Valle, 2016). Autor ensayos publicados en Cuadernos del Cine-Club, U. Central, sobre Fassbinder, Wenders, Scorsese. Autor del libro Cine & Literatura: El matrimonio de la posible convivencia (2014), U. Los Libertadores. Autor contraportada de la novela Trashumantes de la guerra perdida (Pijao, 2016), de J. E. Pardo. Espera la publicacin de sus libros El crimen consumado a plena luz (Ensayos sobre Literatura), La Fbrica de Sueos (Ensayos sobre Cine), Msicos del Brasil, La larga primavera de la anarqua Vida y muerte de Valentina (Novela), Grandes del Jazz, La sociedad del control soberano y la biotanatopoltica del imperialismo estadounidense, en coautora con Lus E. Soares. Su libro Ocho minutos y otros cuentos (Pijao Editores) fue lanzado en la XXX FILBO (7/may/2017), Coleccin 50 Libros de Cuento Colombiano Contemporneo: 50 autores y dos antologas. Hoy, autor, traductor y, con LES, coautor de ensayos para Rebelin.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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