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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-12-2017

La Jurisdiccin Especial de Paz que se aprob, no es la que se acord

Sandra Santa
Rebelin


La JEP que se aprob no es la que se acord fue la frase que se us en redes sociales para citar a un cacerolazo el martes pasado. En efecto, la JEP acordada por las partes en la Mesa de Conversaciones en La Habana ha sufrido dos golpes muy fuertes en las ltimas semanas: la decisin de la Corte Constitucional sobre el Acto que la crea y los debates en el Congreso de la Ley Estatutaria que la desarrolla. Sin duda, esta JEP que aval la Corte y que va a aprobar el Congreso es muy distinta a la que el Gobierno y las FARC se imaginaron. Sin embargo, esos golpes no son letales y es hora de encontrar las oportunidades en lo que queda. La pregunta que nos debemos hacer es cules son los aspectos que deben tenerse en cuenta, ahora, tras estos cambios, para evitar el fracaso de la Jurisdiccin?

Antes, y aunque ya se ha hablado suficiente sobre el impacto de la decisin de la Corte en la JEP, quiero resaltar, los que considero son, los principales cambios introducidos: (i) la competencia personal de la JEP y (ii) su autonoma frente a las otras jurisdicciones.

La Corte, en una decisin que muchos han resaltado fue ms poltica que jurdica [1], limit las facultades de la JEP para juzgar a terceros civiles y agentes del Estado civiles que han tenido participacin determinante en los crmenes ms graves y representativos que han ocurrido en el conflicto armado en nuestro pas. Decidi que la JEP ya no podr obligarlos a comparecer y que ellos solo acudirn voluntariamente. Asimismo, la Corte guard silencio frente a la regulacin que se hace en este Acto Legislativo sobre la responsabilidad de mando de los miembros de la Fuerza Pblica, lo que nos deja con unas normas que han sido ya ampliamente criticadas tanto nacional [2] como internacionalmente [3], por no cumplir con los estndares mnimos requeridos para juzgar adecuadamente a los superiores, en este caso, del Ejercito y de la Polica.

Esta concesin a unos sectores importantes de la sociedad, como son los empresarios, polticos y militares, parece parte de un balance poltico que hace la Corte, dado que, por otro lado, cede ante lo pactado en La Habana y la principal pretensin de las FARC: avala la participacin en poltica de todos sus miembros, incluso aquellos que han cometidos crmenes de lesa humanidad, genocidio y graves crmenes de guerra, de manera inmediata. No los obliga, como se pensaba, a acudir primero a la JEP y all cumplir la sancin o por lo menos empezar a cumplirla, para despus aspirar a los cargos de eleccin popular.

Pero eso no es todo, la Corte toma algunas decisiones que afectan directamente la autonoma de la JEP y su independencia frente a las otras jurisdicciones. Por un lado, elimina el procedimiento especial que se haba creado para seleccionar las sentencias de tutela que seran revisadas por la Corte. Ese procedimiento pretenda que esa decisin no fuera tomada exclusivamente por la Corte Constitucional, sino que tambin participaran jueces de la JEP en ese filtro. Sin embargo, la Corte decidi que ser ella, exclusivamente, quien determinar qu sentencias de tutela sobre asuntos de la JEP revisa. Esto, sabemos bien, puede abrir la puerta para la revisin de numerosas sentencias de la JEP por parte de la Corte y por esta va la modificacin sustancial de su funcionamiento.

Por otro lado, la Corte elimina el procedimiento especial que se haba creado para resolver los conflictos de competencia entre otras jurisdicciones y la JEP. La idea era que una Sala con magistrados de la Corte Constitucional y magistrados de la Jurisdiccin decidieran en los casos problemticos si se trataba de competencia de esta o de otra jurisdiccin. El problema era que la palabra final la tena el Presidente de la JEP, cuando en esa Sala no se llegara a un acuerdo. Esto no le gust a la Corte y elimin todo el procedimiento. Esto nos deja con el siguiente enredo: la reforma al equilibrio de poderes estableci que ser la Corte Constitucional la que decida los conflictos de competencias entre jurisdicciones; sin embargo, esto no es lo que ocurre en la prctica. Como no se han escogido los miembros de la Comisin Nacional de Disciplina que reemplazara la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y no existe ley estatutaria que desarrolle estas y otras funciones de esta Comisin, quien sigue dirimiendo los conflictos de competencia es el Consejo Superior de la Judicatura [4]. As, quien decidir si un asunto problemtico es o no competencia de la JEP, ser el Consejo Superior, con todas las consecuencias que esto pueda traer. Quiz esta sea la oportunidad para salir de este limbo jurdico, y dejar de manera definitiva y real esta funcin en cabeza de la Corte Constitucional.

As las cosas, la Corte haciendo un cierto balance poltico, aval uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz, pero debilit el alcance y autonoma de la JEP. Pero eso no es todo, como si fuera poco, en el Congreso de la Repblica tras la decisin de la Corte, las bancadas decidieron volver a trabajar y ahora s votar la ley estatutaria de la JEP que algunos venan bloqueando. Sin embargo, en la plenaria del Senado aprobaron un artculo que inclua unas causales de inhabilidad para impedir que la gran mayora de los magistrados ya elegidos se posesionaran. Sobre la grosera inconstitucionalidad de este artculo, varios se pronunciaron [5] y, en una seal de mnima decencia, la Cmara de Representantes en la ponencia para plenaria no incluye estas causales. En su lugar, incluyeron unas causales de impedimento que buscan que los magistrados no resuelvan casos en los que estuvieron vinculados en el pasado de alguna forma, ya sea como defensores, apoderados o asesores. Este impedimento no es muy distinto a los ya existentes (ver, por ejemplo, N.4, Art. 56, Ley 906 de 2004) y se acomoda a la frmula estndar de razones por las que un magistrado se debe apartar de un caso concreto.

El punto, no obstante, es que es claro que algunas fuerzas polticas en el Congreso quieren modificar la conformacin de la JEP y sacar del escenario a magistrados que cuentan con toda la informacin y competencia para hacer de esta Jurisdiccin un mecanismo eficiente y real de rendicin de cuentas. Estos cambios son los que no pueden tener lugar y es el tipo de asuntos que debemos revisar con mucho cuidado para evitar el fracaso de la Jurisdiccin.

Esto me lleva, entonces, a los planteamientos sobre las oportunidades a futuro y los asuntos a tener en cuenta en lo que nos queda de trmite legislativo de la JEP: los cambios que est sufriendo la Jurisdiccin son importantes, pero no letales; los siguientes son algunos de los aspectos que creo nos permiten responder a los golpes recibidos y seguir esperando que la JEP sea un escenario adecuado para que los responsables de los crmenes ms graves rindan cuentas y sean sancionados.

Primero, el mayor riesgo que existe como consecuencia del cambio de competencia personal de la JEP, es que esta se convierta en una lavadora para los empresarios y polticos que acudan voluntariamente a resolver su situacin jurdica. Seguramente los terceros y agentes del Estado civiles que tienen hoy investigaciones penales o que ya han sido condenados van a acudir voluntariamente a la JEP, en busca de una absolucin rpida y fcil. El riesgo existe, pero es claro que eso solo depende de la estrategia que los magistrados adopten: la JEP deber poner en marcha un plan de trabajo que asegure, por un lado, que todos los empresarios y polticos que acudan voluntariamente reciban un tratamiento especial, s y solo s contribuyen de manera efectiva al esclarecimiento de la verdad y a la reparacin de las vctimas. Este esclarecimiento, adems, debe ser lo suficientemente amplio como para que la justicia ordinaria, una vez la JEP le remita la informacin, inicie investigaciones oportunas y firmes contra los empresarios y polticos responsables de los crmenes ms graves y representativos, los peces gordos. Por el otro, la JEP debe contar con herramientas concretas que le permitan verificar que efectivamente la justicia ordinaria est priorizando y trabajando con la informacin recopilada en la Jurisdiccin. Ya hay unas seales de estas herramientas en la ponencia para la plenaria en Cmara (ver, por ejemplo, Art. 72 nuevo), lo ideal es la puesta en marcha de estas estrategias y el uso de los mecanismos de presin. Es cierto que ya conocemos las fallas de esta estrategia de compulsas de copias por nuestra experiencia en Justicia y Paz, pero tambin es cierto que esta es la oportunidad para montar bien esta estrategia de coordinacin entre jurisdicciones. Lecciones aprendidas tenemos y miles.

Segundo, la revisin de la Corte Constitucional de las sentencias de la JEP va accin de tutela genera un riesgo muy alto de dependencia de esta Jurisdiccin a los lineamientos que dicte la Corte. Este riesgo depende en gran medida del nmero y tipo de acciones de tutela que se presenten contra la JEP, por lo que es necesario volver sobre una discusin recurrente en el trmite de la ley estatutaria: la presentacin de recursos por parte de las vctimas. Uno de los elementos que ha cambiado constantemente a lo largo del trmite legislativo de la JEP ha sido la posibilidad que tendrn las vctimas de presentar o no recursos directamente contra las resoluciones y sentencias de esta Jurisdiccin. Adems de los argumentos ya esgrimidos sobre el derecho que tienen las vctimas a participar efectivamente en todo el proceso judicial (ver, por ejemplo, Comisin Colombiana de Juristas), y que seran suficientes para justificar esta posibilidad, considero que la decisin de la Corte brinda otro elemento prctico importante. Si las vctimas no cuentan con recursos directos contra las resoluciones y sentencias de la JEP les quedar como nico recurso la accin de tutela, lo que no solo vulnera su derecho fundamental a participar en el proceso judicial, sino que profundiza la prdida de autonoma e independencia de la JEP frente a las decisiones de la Corte Constitucional. Este es entonces un punto que debera tenerse en cuenta en el trmite legislativo de la Ley Estatutaria, especialmente a la hora de definir si las vctimas pueden presentar recursos de reposicin y apelacin contras las resoluciones de las Salas y Secciones (Art. 148).

Finalmente, tanto la Corte como el Congreso han reafirmado, algunos senadores quiz de forma puramente retrica, que el eje central del funcionamiento de la JEP es el rgimen de condicionalidad. Lo que quiere decir que la JEP solo otorgar un tratamiento penal especial en los casos en los que los responsables contribuyan a la verdad, la justicia, la reparacin y la no repeticin. Ser justamente este el desafo enorme de los magistrados de la JEP, definir cmo opera especficamente este rgimen de condicionalidad. Esta es la utopa de la justicia transicional y la JEP tiene en sus manos la oportunidad de hacerla realidad.


Notas

[1] Mauricio Garca Villegas, La gramtica de la paz: https://www.dejusticia.org/la-grama...

[2] Rodrigo Uprimny: http://lasillavacia.com/blogs/respo...

[3] Escrito de la Fiscal de la CPI ante la Corte Constitucional: http://cr00.epimg.net/descargables/...

[4] Ver: Auto 278 de 2015, http://www.corteconstitucional.gov....

[5] Rodrigo Uprimny, https://www.elespectador.com/opinio...

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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