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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-12-2017

No se cansan de incumplir

Revista Insurreccin


El pasado viernes 24 de noviembre se cumpli un ao de los acuerdos de paz pactados entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, hecho que convoc a mltiples expresiones de la sociedad a concentrarse en un acto protocolario en el mismo lugar de su firma, el Teatro Coln en Bogot.

El escenario en el cual debi haberse desarrollado una fiesta, se convirti en tribuna de exigencias, como lo hizo ver el mismo Timolen Jimnez en su intervencin: "Esta fecha ha de representar un clamor nacional, el aliento a una gigantesca movilizacin para que se cumpla sin burlas lo pactado." Lo afirm dado que la implementacin de los compromisos adquiridos por parte del gobierno como representacin del Estado, en los acuerdos firmados hace un ao, progresivamente los han venido alterando y recortando para que nada sustancial cambie.

Las FARC han cumplido su palabra, se desmovilizaron, entregaron las armas y crearon un nuevo partido poltico para participar de la vida poltica legal. En contraste a esto y a pocos das de finalizar el trmite rpido de decretos; el gobierno y el Congreso de la Repblica se encuentran en una carrera de tortugas, en una lgica de amarres y mezquindades, haciendo todo lo posible para el incumplimiento, para que nada avance en cuanto a reformas de fondo y para que la impunidad siga su reinado.

La seguridad jurdica de los acuerdos se encuentra en crisis. La Corte Constitucional y el Congreso redujeron la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP) apenas para el cumplimiento exclusivo de las FARC. Con nuevas condiciones y lmites, abrieron ms campo a la impunidad de crmenes de Estado, para que altos mandos militares y financiadores del paramilitarismo no sean sometidos a la justicia. Las elites, han legislado para sus propios intereses, buscando su propia inmunidad, lo que implica un desconocimiento de los derechos de las vctimas y una burla a los principios elementales de la responsabilidad de Estado, en materia de verdad, justicia, reparacin autntica y no repeticin.

Permitir que la violencia estructural que aplican los de arriba, siga siendo la manera como el Estado trata los conflictos polticos y sociales, es negar la posibilidad de que las fuerzas populares alternativas, puedan competir por el poder a travs de las vas polticas legales. La manera como han venido desarticulando y desbaratando los acuerdos firmados con las FARC antes de cumplirlos, es de por s una demostracin ntida de ello, de lo que estn en disposicin de hacer: ningn impedimento tiene para no honrar la palabra empeada.

El Estado se comprometi a luchar contra el paramilitarismo. A la fecha el paramilitarismo sigue existiendo y fortalecindose a lo largo y ancho del pas. Se ha conocido que desde abril de 2017 a la fecha han sido asesinados 31 exintegrantes de las FARC y 12 de sus familiares. Cientos de prisioneros polticos de las FARC no han recobrado an su libertad: de los 3.774 presos polticos de esa fuerza, an permanecen privados de la libertad 796.

No han garantizado los derechos al Ejercicio de la oposicin y la Participacin Poltica, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacin y No Repeticin acordado entre las partes an no ha iniciado sus funciones. La seguridad y sostenibilidad econmica para la reincorporacin se encuentra en vilo, no arrancan los proyectos productivos para excombatientes; tampoco se les otorga tierras para adelantar actividades agrcolas.

Pareciera que dentro del Plan Victoria del gobierno, estuviera el incumplimiento de los Acuerdos con las FARC, para desmotivar su militancia, provocar su desercin y disolverlos como fuerza poltica.

La decisin de la Corte Constitucional del 14 de noviembre de 2017, que declar exequible el Acto Legislativo 01 del 2017, desvertebra en aspectos centrales la JEP, quedando reducida al juzgamiento de las FARC y no de la otra parte del conflicto. Se excluyeron funcionarios civiles del Estado y terceros civiles, tales como empresarios y financiadores, los que han sido decisivos en el exterminio y genocidio del pueblo colombiano. Vuelve la figura de la extradicin, bajo la excusa de la reincidencia o incumplimiento con la Justicia Especial para la Paz.

Recordamos la declaracin de Montecristi, firmada por las FARC y el ELN, en Ecuador en octubre pasado, y reiteramos el llamado a las organizaciones de vctimas, defensoras de derechos humanos, y a los sectores democrticos y alternativos para emprender y continuar esfuerzos de organizacin, denuncia, resistencia, movilizacin, defensa de la vida, del territorio, por las garantas y los Derechos Humanos de los colombianos y colombianas, y a la lucha constante por un pas en paz y con justicia social.

Ante esto, surge la pregunta con quin se pacta en Colombia un acuerdo de paz? Quin tiene capacidad de acordar y tambin voluntad real para cumplir lo firmado? Los acuerdos con las FARC, supuestamente se firmaron con el Estado y con un blindaje internacional. Pero, una vez firmados, y so pretexto de la independencia de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), cada cual empez a desconocer, a imponer brechas, a evadir y a modificar unilateralmente aspectos centrales de lo acordado. Eso es lo que en Colombia popularmente llamamos hacer conejo.

Con lo que ha pasado con las FARC, nos preguntamos con elemental razonamiento, compartido por muchos que miran expectantes el devenir: Qu confiabilidad o confianza puede tener no slo el ELN sino la sociedad que acompaa este proceso, visto lo que ha acontecido este ao?; Qu seriedad hay por parte de las elites dominantes y de su rgimen, cuando hacen y solemnemente firman unos acuerdos que enseguida incumplen? En lo que ha pasado ahora, se est repitiendo histricamente por parte de las clases dominantes, lo que ha sucedido en cadena desde la poca de los Comuneros, pues cada vez que firman unos acuerdos de paz, es para engaar y traicionar los compromisos.


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