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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-12-2017

Sentencia ejemplar

Editorial de La Jornada


El mayor proceso judicial en la historia argentina, llamado la megacausa de la ESMA (abreviatura de la Escuela Superior de Mecnica de la Armada, en cuyas instalaciones miles de opositores fueron recluidos en secreto, torturados y asesinados durante la ltima dictadura militar en el pas sudamericano), culmin con la condena a prisin perpetua para 29 ex militares represores, entre ellos Alfredo Astiz, conocido como El ngel de la Muerte y Jorge Eduardo Acosta, alias El Tigre, por los delitos de secuestro, torturas, privacin ilegal de la libertad, homicidio, sustraccin y ocultacin de identidad de menores. Otros 19 recibieron sentencias de crcel de entre ocho y 24 aos, en tanto que seis fueron absueltos, no porque se dudara de su culpabilidad sino porque result imposible sustentar las acusaciones con pruebas tras cuatro dcadas de ocurridos los crmenes que cometieron.

Entre los condenados a cadena perpetua se encuentra el tristemente clebre Ricardo Miguel Cavallo Srpico, quien tras el fin del rgimen militar se dedic a actividades delictivas en varios pases latinoamericanos y acab como director, en el nuestro, del extinto Registro Nacional de Vehculos (Renave) durante el gobierno de Ernesto Zedillo hasta que en 2000 la justicia espaola pidi su extradicin bajo el principio de jurisdiccin universal.

En la megacausa, que comenz hace cinco aos, en noviembre de 2012, declararon ms de 800 personas, fueron imputados 68 represores 14 de los cuales murieron durante el juicio y se examinaron delitos contra la humanidad perpetrados en contra de 789 vctimas, una pequea fraccin de los miles de argentinos que fueron conducidos a la ESMA entre 1976 y 1983 para ser obligados a trabajos forzados en el gobierno, sometidos a torturas y eliminados en los tristemente clebres vuelos de la muerte. Decenas de recin nacidos fueron sustrados a sus madres presas para entregarlos a parientes de mandos militares.

El proceso y las sentencias confirman la efectiva separacin de poderes y la voluntad del Estado argentino ms all de los gobiernos en turno de hacer justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el poder pblico. Esa voluntad empez a esbozarse desde 1985, cuando, tras el retorno del pas sudamericano a la democracia, se someti a juicio sumario a los nueve mandos castrenses que integraron las juntas militares de la dictadura, aunque por iniciativa del entonces presidente Ral Alfonsn se aprobaron las leyes llamadas de Punto Final y de Obediencia Debida, con las que pretenda poner fin a ms procesos y exonerar a los uniformados que alegaron haber actuado por rdenes superiores.

Ms tarde, Carlos Menem otorg el indulto y plena impunidad a los responsables del terrorismo de Estado y a partir de 2003, ya durante la presidencia de Nstor Kirchner, los procesos por crmenes de lesa humanidad fueron retomados y ampliados, y desde entonces la justicia argentina ha sido capaz de procesar y sancionar a ex gobernantes por tales delitos, un caso prcticamente nico en el mundo.

El hecho contrasta con la incapacidad de impartir justicia que ha caracterizado a Espaa tras el fin de la dictadura de Francisco Franco, en la cual se cometieron innumerables atrocidades; y contrasta tambin con Mxico, cuyas autoridades no han podido o no han querido emprender procesos penales por las gravsimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Gustavo Daz Ordaz y en el periodo de la guerra sucia (1970-1982), cuando las administraciones de Luis Echeverra y Jos Lpez Portillo realizaron centenares de desapariciones forzadas y torturaron y asesinaron a centenares de opositores; algunos de ellos eran militantes de organizaciones armadas y otros, luchadores polticos, sindicales y agrarios.

El ejemplo argentino debe cundir en el mundo si es que se aspira a establecer la vigencia plena de los derechos humanos. Para ello, el primer paso es poner fin a la impunidad para garantizar que los atropellos y los crmenes perpetrados desde el poder pblico no vuelvan a repetirse nunca ms.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/11/30/opinion/002a1edi



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