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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-12-2017

Estado de excepcin... la militarizacin de Mxico

Ricardo Orozco
Rebelin


I

Uno de los principales mitos del funcionamiento del sistema poltico mexicano menos cuestionado afirma que las instituciones militares nacionales (Ejrcito, Marina y Fuerza Area) son entidades por completo abstradas del funcionamiento general de aquel; esto es, instancias real y verdaderamente aisladas de los causes de la poltica en sus rdenes federal, estatal y municipal. Gran parte de la naturaleza mtica de esta creencia, y de su incuestionable verdad, por supuesto, se debe al hecho de que una y otra tienen su origen en la historia del partido hegemnico (ya como Partido Revolucionario Institucional), y en las prcticas simbiticas de ste con el andamiaje estatal.

Y lo cierto es que aunque el 68 mexicano y la sistemtica eliminacin de las poblaciones originarias del pas, por un lado; tanto como la guerra en contra del narcotrfico, en tiempos ms recientes, por el otro; dan cuenta del poder efectivo que las corporaciones castrenses ejercen en la determinacin del desarrollo de vida social cotidiana de los mexicanos; los recuerdos de la supresin del sector militar de la estructura interna del partido y de la consolidacin del carcter civil de los funcionarios en cargos de eleccin popular, en conjunto con una narrativa estable construida alrededor de dichas instituciones como representativas de las glorias de la independencia nacional, del rechazo a la intervencin extranjera, de la forja y la herencia de la revolucin y de la ayuda ante contingencias humanitarias; son lo suficientemente slidos como para objetivar al nacionalismo ms dogmtico e intransigente en el culto a la figura del marino y del militar como personificacin de la lealtad, el honor, el valor y la gloria de una nacin.

En este sentido, aunque gran parte del mito se articula alrededor de una lgica en la que si el ejrcito y la marina no tienen presencia pblica, ni incide en los procesos de toma de decisiones (fuera de sus mbitos de competencia en materias de seguridad y defensa) de manera institucional, es porque las instancias castrenses del Estado, en realidad, no cuentan con ningn poder real sobre la manera en la que se gobierna a la sociedad. Es decir, en esta manera de comprender el papel de las fuerzas armadas, stas son relativas slo en la medida en que, por un lado, tienen presencia pblica; y por el otro, su participacin a nivel gubernamental es cualitativa y, sobre todo, cuantitativamente, superior a los niveles que los asuntos de seguridad y defensa requieren. Por supuesto, comprender as a las instituciones militares de Mxico o de cualquier otro Estado pierde de vista que de todas las instituciones formalmente constitutivas del andamiaje gubernamental, en particular; estatal, en general; son stas las nicas que cuentan con las capacidades y las potencialidades estratgicas, tcticas y operativassuficientes como para derribar, ocupar, alterar, bloquear, cambiar y (re)fundar no slo los rdenes institucionales vigentes, sino el conjunto de los elementos sobre los cuales se fundamenta la estatalidad en cuestin; sin la necesidad de contar con un mandato jurdico establecido o de la aceptacin poblacional.

No es azaroso, por lo anterior, que ante cada renovacin del andamiaje gubernamental, ya sea en periodo electoral o post-toma de posesin, uno de los primeros elementos de legitimidad y aceptacin que se busca obtener o ratificar, sea el de la adhesin de las fuerzas armadas al proyecto de gobierno en cuestin. Y es que, en el fondo de esa aceptacin por parte de las entidades castrenses, lo que los gobiernos civiles buscan es afianzarse para s y su proyecto gubernamental la certeza de que su administracin no se encontrar con ningn tipo de resistencia armada, pero no slo, pues tambin es importante afirmar la idea de que luego de su investidura sus personas no sern agredidas y sus administraciones no sern depuestas por un Golpe de Estado pinsese en la historia de Amrica Latina, de la dcada de los aos cuarenta hacia adelante, para ilustrar estas palabras.

Ahora bien, si se comprende que el ejercicio de poder de las fuerzas armadas, su capacidad de determinar polticas exteriores y pblicas, programas de gobierno y agendas administrativas, etc., no se encuentra en la cobertura meditica que stas reciben en el da a da, ni en su participacin en eventos pblicos y gubernamentales o en asuntos de otras instancias constitutivas del Estado, sino en sus probabilidades reales de tomar el control directo de esas otras instancias y de hacer valer su propia racionalidad sobre el funcionamiento del Estado-nacional en cuestin, se tiene que lo profundo de la participacin de los efectivos militares en las tareas seguridad propias de las corporaciones civiles, as como el marco legal sobre el cual aquellos fundamenten su actuar incrementarn las potencialidades de la milicia por encima de los controles civiles.

Un sexenio de guerra en contra del narcotrfico: con un amplio y penetrante despliegue de gran parte de las capacidades estratgicas, tcticas y operativas del ejrcito, la fuerza area y la marina en el espacio pblico, sustituyendo a las corporaciones civiles en materia de seguridad, multiplicando el financiamiento que reciben ao con ao, mejorando su poder de fuego cuantitativa y cualitativamente, disponiendo de mayor infraestructura y recursos administrativos, etc.; por ejemplo, es uno de esos eventos por medio de los cuales las entidades castrenses tienden a exponenciar no slo sus mrgenes de maniobra en cuanto tales, sino la magnitud del ejercicio de poder que de manera efectiva ejercen sobre los rdenes de gobierno que ocupan.

Por este motivo, teniendo como marco contextual la continuidad que el gobierno de Enrique Pea Nieto dio a la poltica antinarcticos de Felipe Caldern y Vicente Fox, los recientes eventos en torno de la aprobacin de una Ley de Seguridad Interior no es un asunto menor, pero s, un asunto de militarizacin legal, institucionalmente legitimada, de toda una sociedad. Porque aunque los intentos por discutir a dicha legislacin como una anttesis de cualquier nocin que se aproxime a las experiencias de Pinochet, en Chile; de Banzer, en Bolivia; de Stroessner, en Paraguay; de Videla, en Argentina; de Bordaberry, en Uruguay; de Castelo Branco, en Brasil, etc., habida cuenta de que la Ley otorgara a las fuerzas armadas un marco normativo que legitime y garantice la legalidad de sus actos, lo cierto es que tanto por los actos hasta ahora cometidos por efectivos militares como por el contenido de la propia legislacin lo que se est poniendo en juego es el grado de determinacin que el fenmeno de la guerra contra el narco y no la pura presencia de la milicia en las calles, per se tendr en la cotidianidad de la vida de los mexicanos.

En este sentido, la primera nocin que se debe rechazar como sentido comn explicativo del fenmeno que se encuentra en curso en el proceso de aprobacin de la Ley es quemilitarizacin no es sinnimo de dictadura militar entendiendo a esta ltima nocin en los trminos en que se usa para designar a los gobiernos latinoamericanos arriba mencionados. Es decir, para argumentar que en Mxico se est instaurando un rgimen militarizado no es preciso que en el gobierno federal se instaure a una personalidad como la de Pinochet o la de Stroessner, porque la realidad es que el elemento que funda y define a un rgimen de militarizacin de la vida en sociedad no es tanto la personalidad a cargo de las principales magistraturas del Estado, sino el tipo de relaciones sociales que se introducen y sostienen a partir del despliegue s de los efectivos castrenses, pero tambin, y sobre todo, de su particular racionalizacin.

Un dato que no se debe perder de vista, por lo anterior y al margen del hecho de que desde 2012 cada entidad de la repblica mantiene, en algn grado, las estructuras propias de los operativos conjuntos (piedra de toque de la estrategia de despliegue militar de Felipe Caldern) como base de apoyo para las tareas de inteligencia, seguridad y defensa en contra de la delincuencia, es que aunque las corporaciones estatales de polica de las treinta y dos entidades federativas se encuentran comandadas por efectivos militares (en activo o retirados de la milicia), no es la presencia del efectivo al frente de la institucin lo que funda el rgimen de militarizacin, sino la forma en la que los diversos actores del cuerpo social se relacionan entre s a partir de un particular disciplinamiento territorial, espacial, temporal, social, administrativo, etc., de corte militar.

Y es que, a la comandancia de policas civiles por parte de efectivos castrenses se deben sumar, por lo menos, tres rasgos ms para comprender el punto de la militarizacin en curso en Mxico: a) que luego de la purga emprendida por Felipe Caldern en las policas estatales y municipales (continuada por Enrique Pea Nieto, tambin), los vacos que se formaron fueron rellenados por la trasferencia de soldados y marinos a esas instancias para desempearse como policas estatales y municipales; b) el modelo de entrenamiento, en sus niveles estratgico, tctico y operativo, de las instituciones de seguridad pblica, en general, se mantiene bajo el esquema de profesionalizacin militar; es decir, bajo los lineamientos dentro de los cuales entrenan las propias fuerzas armadas; c) hasta 2015, las treinta y dos legislaciones locales en la materia (as como la federal) se modificaron para sincronizarse con las demandas del combate directo y armado a la delincuencia organizada.

Es decir, tomando los tres elementos anteriores en su conjunto es posible observar que ya est en operaciones una racionalidad, una lgica y una legalidad propias de la manera de proceder de las milicias en materia de inteligencia, seguridad y defensa. Y aqu, aunque es cierto que la profundidad de estos cambios no es tan homognea, generalizada ni profunda para cada uno de los casos en los que se despliegan, tambin lo es que este esquema es apenas una parte que se conjunta con una saturacin conformada por la copresencia de marinos, soldados, gendarmes, policas federales, grupos paramilitares, sicarios, etc., esto es, la militarizacin del pas no se est efectuando slo por un frente, sino por varios.

Discutir si fue primero la delincuencia organizada en sicariato o si lo fue la salida de los militares de sus cuarteles rebasa la presente argumentacin, sin embargo, lo que queda claro es que la relacin que existe entre uno y otro lado de la ecuacin es recproca, y cada ao se va profundizando y escalando en trminos cualitativos y cuantitativos; toda vez que un incremento de elementos o una mejora en su potencia de fuego o en su organizacin operacional supone el imperativo de compensar y rebasar en el otro lado. De aqu que los niveles de violencia desplegados por el ejrcito siempre se corresponden con un incremento de parte de los sicarios, y viceversa. Ahora bien, si la militarizacin del pas ya se haba echado a andar desde los sexenios panistas en la presidencia de la repblica, que diferencia o elemento nuevo se supone que introduce la legislacin en proceso de aprobacin? No dara lo mismo que se apruebe o que todo se quede tal y como est si, despus de todo, el contenido de la ley ya ocurre de facto? La cuestin con la Ley de Seguridad Interior es que su contenido potencia lo que ya se est dando en la cotidianidad, y sin que se cuente, en este momento, con un marco jurdico. El dictamen general de ciertos sectores de la sociedad, en tal lnea de ideas, es, por tanto, el que aqu tambin se suscribe: el peligro es la legitimacin del Estado de Excepcin actual.

* Esta es la primera de una serie de columnas dedicadas el anlisis de dicha Ley. Una vez discutidos los trminos de la militarizacin, desentraar los contenidos de la norma es lo fundamental.

Publicado originalmente en: https://columnamx.blogspot.mx/2017/12/estado-de-excepcion-la-militarizacion.html

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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