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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-12-2017

Los derechos humanos tambin se vulneran en Espaa: cinco motivos para preocuparse

Mara F. Snchez
Cuarto Poder


El drama de una Europa blindada para los refugiados que huyen de sus pases en conflicto, la represin del pueblo turco por parte de su Gobierno, la sangrienta guerra contra las drogas en Filipinas, el sometimiento del pueblo roghinya de Myanmar, un presidente de EEUU negacionista del cambio climtico y xenfobo o la violencia contra las mujeres y las nias en todo el mundo. Queda dibujada una estampa mundial desoladora en el Da Internacional de los Derechos Humanos, la fecha de conmemoracin de aquella Declaracin Universal del 10 de diciembre de 1948 para el reconocimiento de los derechos inherentes a todos los seres humanos y que, tambin en Espaa, es sistemticamente ignorada.

2017 ha sido un ao de poco avance en Espaa en materia de derechos humanos, consideran las ONG y los activistas consultadas por cuartopoder.es. A los problemas existentes, se unen nuevos desafos. Amnista Internacional destaca que Espaa ha cubierto menos del 14% de la cuota de refugiados que el mismo Gobierno se comprometi a acoger solo han llegado 2.500 personas ms de las 17.000 plazas prometidas. Asimismo, la organizacin critica las nuevas leyes y polticas concebidas para abordar la amenaza del terrorismo que han pasado como una apisonadora sobre la salvaguarda de los derechos y una Ley de Seguridad Ciudadana que ha confirmado ms poder para la polica, menos garantas para los ciudadanos.

1. Libertad de opinin, expresin y derecho a la reunin

Artculo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinin y expresin ()

Artculo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunin y de asociaciones pacficas.

La polmica Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, aprobada por el Gobierno del PP en su etapa de mayora absoluta en las Cortes, ya lleva ms de dos aos en vigor y su reforma lleva paralizada en el Congreso de los Diputados desde hace un ao. En un informe que Amnista Internacional present en verano se subrayaba que la norma ha sido utilizada contra el activismo social y especficamente contra los activistas que defienden el derecho a la vivienda de manera que se ha obstaculizado su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacfica y ha provocado que los ciudadanos tengan miedo de salir a las calles para protestar.

La ONG calcula que solo en 2016 alrededor de 34.000 sanciones podran haberse impuesto por el ejercicio de los derechos de reunin pacfica, expresin e informacin, y destaca casos como el de la periodista Cristina Fallars, multada en junio de este ao con 601 euros por ejercer su derecho a reunin en una concentracin en Madrid contra los asesinatos de periodistas en Mxico. Con la ley mordaza la ciudadana pierde su derecho a la presuncin de inocencia o su derecho a la defensa. Est redactada de forma que da pie a la libre interpretacin por parte de las fuerzas y cuerpos del estado, lo que puede dar lugar a posibles abusoos. Esto lo hemos visto en la aplicacin de artculos que incluyen conceptos vagos como las faltas de respeto a la Polica, uno de los principales motivos de multa en estos dos aos. Desde llamar colega a un polica hasta denunciar un mal uso de la ley por su parte, ha sido motivo de multa, explica Alba Villanueva, de la Plataforma No Somos Delito.

Los defensores de derechos humanos en Espaa tambin han criticado que la ley contra el enaltecimiento del terrorismo, contemplada en el Cdigo Penal cuando la banda terrorista ETA se encontraba en activo, ha servido para coartar la libertad de expresin y opinin. Alfredo Ramrez se ha convertido en noviembre en la primera persona de la Operacin Araa que ingresar a prisin por sus tuits. Entre 2014 y 2016, ms de 70 personas fueron detenidas en el marco de esta operacin. Entre ellas el cantante Csar Strawberry, quien tambin fue sentenciado este ao aunque no ir a la crcel. Recientemente el grupo de rap La Insurgencia han sido condenados tambin por enaltecimiento al terrorismo con dos aos y un da de pena, una sentencia polmica porque esa diferencia de un da, al carecer de antecedentes, consigue que vayan a prisin.

2. Los derechos de refugiados y migrantes

Artculo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

Artculo 14: En el caso de persecucin, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de l, en cualquier pas.

El incumplimiento del compromiso de Espaa en la acogida de refugiados ha sido una de las grandes decepciones de este ao, pero esta no es la nica manera en la que el Gobierno vulnera el derecho de asilo. Hay otra si cabe, ms flagrante, las devoluciones en caliente, que impiden a las personas solicitar asilo al llegar al pas. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo conden el pasado mes de octubre a Espaa por estas devoluciones realizadas desde Ceuta y Melilla, una decisin importante para organizaciones como la Asociacin Pro Derechos Humanos de Andaluca (APDHA) porque lleva intrnseca un poco de esperanza.

No obstante, el coordinador de APDHA, Carlos Arce, denuncia que persisten viejos problemas para migrantes y refugiados como las constantes identificaciones por perfil racial o la desproteccin de los Menores Extranjeros No Acompaados conocidos bajo el acrnimo de MENAS, quienes cuando cumplen los 18 aos y dejan de ser tutelados por la Administracin acaban en la calle, indocumentados, sin haber recibido ningn tipo de formacin mnima acadmica y sin una mnima posibilidad de insercin laboral. Asimismo, recuerda que a principios de este mes se conoca que un menor migrante haba estado encerrado de manera ilegal en un CIE durante 38 das.

Segn los datos facilitados por La Sociedad estatal de Salvamento Martimo (SASEMAR), que depende del Ministerio de Fomento, 21 personas murieron intentando alcanzar la costa espaola y 90 desaparecieron en los primeros diez meses del ao. En el mismo periodo de tiempo, la APDHA contabiliza 42 personas muertas y 208 desaparecidas en su balance de la frontera sur. Un drama al que se suma la criminalizacin de defensores de estas vidas como Helena Maleno, han denunciado varias organizaciones. Nos parece especialmente significativo la impunidad con la que se ha cerrado el caso de El Tarajal, por ejemplo, y que se active esta va de represin penal contra personas que hacen denuncia e incidencia poltica y asistencia humanitaria pura, explica Arce.

3. Derecho a la vivienda

Artculo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, as como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentacin, el vestido, la vivienda, la asistencia mdica y los servicios sociales necesarios ().

En Espaa se siguen produciendo un elevado nmero de desahucios. Segn los datos del Consejo General del Poder Judicial, durante el segundo trimestre del ao se produjeron 16.859 desahucios en Espaa (ms de 185 cada da). Es una cifra similar a la que se produjo en los primeros tres meses del ao. Catalua es el lugar con un nmero ms alto de lanzamientos y le siguen Andaluca, la Comunidad Valenciana y Madrid.

El balance de este ao es bastante negativo para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) acaba de ser tumbada en la Asamblea de Madrid y lamentan no haber podido sacar adelante una ley contra los desalojos en el Congreso de los Diputados debido a la falta de apoyo del PSOE. Tenemos por delante la problemtica de que los bancos han estado vendiendo viviendas a los fondos buitre y a los pequeos inversores. Los desahucios continuarn y empeorarn porque estos actores tienen mucha ms ambicin que un banco. Todo va a ser bastante complicado, lamenta el portavoz de la plataforma en Parla, Ricardo Rosado, quien denuncia que los miembros de la plataforma estn asediados por un sinfn de multas y sanciones.

4. Memoria histrica y reparacin

Artculo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distincin, derecho a igual proteccin de la ley. Todos tienen derecho a igual proteccin contra toda discriminacin que infrinja esta Declaracin y contra toda provocacin a tal discriminacin.

Artculo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes.

Espaa es uno de los pases del mundo con mayor nmero de desaparecidos, aunque las cifras bailan. Segn la Plataforma de Vctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, se perdi el rastro de 140.000 personas durante la Guerra Civil y la dictadura. Las ONU volvi a llamar la atencin al Gobierno en septiembre porque la mayora de las recomendaciones para que los familiares puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparacin no han sido implementadas, algo contrario a las obligaciones internacionales de Espaa.

Ya hace tres aos que la jueza argentina Mara Servini de Cubra dict una orden internacional de detencin preventiva y extradicin contra el exministro franquista Rodolfo Martn Villa y otros 19 imputados por crmenes durante la dictadura. El bloqueo de esta orden, segn la ONU, es responsabilidad del Estado espaol, porque la Audiencia Nacional deneg un exhorto diplomtico para interrogar a varios encausados. El exiministro franquista ha logrado ir a declarar a Buenos Aires sin ser detenido.

Julin Rebollo, de la Comuna Presxs del Franquismo, critica que los partidos polticos ni siquiera han planteado abarcar la memoria histrica en sus propuestas para modificar la Constitucin. Aunque ha habido algunos avances como la decisin de varios Ayuntamientos para querellarse contra el franquismo, asegura que nada cambiar sin una ley que reconozca a las vctimas de la dictadura, al igual que estn reconocidas las vctimas de ETA. El punto fundamental es que no se reconozca que hay vctimas y, por tanto, verdugos y asesinos. Las estructuras del Estado pertenecen a quienes vienen del franquismo y ellos quieren mantener su estatus, denuncia.

5. La violencia contra las mujeres

Artculo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaracin, sin distincin alguna de raza, color, sexo, idioma, religin, opinin poltica o de cualquier otra ndole ().

La violencia contra las mujeres sigue siendo una lacra en Espaa. La Delegacin para la Violencia de Gnero ha confirmado 46 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de ao, aunque las asociaciones feministas elevan la cifra a ms del medio centenar y aaden cinco hijos o hijas de stas. El pasado mes de noviembre las ms de 500 organizaciones que componen la plataforma Poltika advertan de que el Pacto de Estado contra la violencia de gnero no est garantizado porque carece de dotacin presupuestaria. El Gobierno, segn estas ONG y colectivos sociales, muestra escasa disposicin en la materia. Tambin advertan de que es un riesgo para mujeres y menores que han sufrido violencia que se imponga un anteproyecto de ley presentado por PP y Ciudadanos para la custodia compartida impuesta.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/espana/2017/12/10/los-derechos-humanos-tambien-se-vulneran-en-espana-cinco-motivos-para-preocuparse/



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