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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-12-2017

Estado de excepcin... Seguridad Nacional: ltima ratio

Ricardo Orozco
Rebelin


II

Si se parte de comprender, por un lado, que el elemento sobre el cual se funda la militarizacin de cualquier sociedad es el de introducir a los individuos que la componen en un marco relacional dominado por una racionalidad, una lgica, de tipo castrense; y por el otro, que todo corpus normativo, legal, es una sntesis de una particular manera de razonar la realidad, de organizarla, construirla y comprenderla; la primera consecuencia analtica que se obtiene es que si bien los procesos de militarizacin de la vida en sociedad no requieren de leyes o constituciones a modo, una vez que stas existen ya como mandatos constitucionales, como leyes generales o reglamentarias, el desplazamiento que se produce no es el de una simple sustitucin de lo fctico por lo legal y lo legtimo, sino el de la fundacin de un estado de excepcin permanente.

En este sentido, a lo que se punta con denominar a un cuerpo social como sociedad militarizada teniendo como fundamento de dicha militarizacin el despliegue, en distintas escalas espaciales y temporales, y a travs de diferentes dispositivos de poder, una racionalidad especfica, privativa, de las fuerzas armadas, es al reconocimiento de que la forma y el sentido organizativos de las relaciones sociales, de las pautas de convivencia cotidianas entre sujetos individuales y colectivos se encuentran dominados, colonizados, por rasgos que, como generalidad (abstracta) no se encuentran en el desarrollo civil de dicha socialidad.

Es decir, as como la organizacin y el sentido de las relaciones sociales en una poblacin en la que se privilegian la equidad entre los gneros y la aceptacin de la diversidad en el ejercicio de la sexualidad de los individuos no son los mismos que en aquellas colectividades en las que un gnero se subordina a otro y el desarrollo de la sexualidad se da en trminos estrictamente hetero; as tambin el sentido y la forma organizacional de una sociedad en la que las nociones de seguridad se encuentran articuladas a la idea de construir y eliminar enemigos no son los mismos que los de aquellas en las que los objetivos de la seguridad no constituyen Otredades. Y es que no nicamente las maneras de comprender la problemtica en cada uno de los polos son divergentes, sino que, adems, sus procesos de construccin, las corrientes discursivas que los estructuran, los canales de poder que se emplean para abordarlo y los medios por los cuales circulan no son los mismos.

Ahora bien, identificar estas diferencias entre las distintas lgicas, racionalidades, que determinan la organizacin y el desarrollo de las relaciones de convivencia entre individuos y colectividades es imprescindible para mostrar por qu la Ley de Seguridad Interior, en trmite legislativo en el Congreso mexicano, s constituye, tanto en su generalidad como en sus disposiciones particulares, la cristalizacin de una profunda y sostenida dinmica de militarizacin de la vida en sociedad, en el marco del despliegue y mantenimiento de una guerra en contra del narcotrfico.

As pues, el primer rasgo que no se debe perder de vista es que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal y sus idelogos para mostrar a la Ley como un cuadro normativo destinado a la reglamentacin de las fuerzas armadas nacionales en las tareas de seguridad pblica, el contenido de la misma es, en realidad, materia de seguridad nacional. La denominacin de la propia Ley y de la materia que se supone pretende regular, como dominio de Seguridad Interior, se deben, de hecho, a la pretensin de realizar una distincin efectiva entre tres mbitos muy especficos en los trminos de lo que se entiende por seguridad: a) pblica, b) nacional, c) interior; mismos que, en la prctica, se rigen por lgicas relativamente diferenciadas justo por sus rdenes normativos.

El artculo primero del texto, por lo anterior, expresa que la Ley tiene por objeto regular la funcin del Estado para preservar la Seguridad Interior, as como establecer las bases, los procedimientos y modalidades de coordinacin entre los Poderes de la Unin, las entidades federativas y los municipios, en la materia. Porque la idea, aqu, es establecer que el campo de Seguridad Interior es una unidad en s misma, diferente (aunque interconectada) con esas otras dos unidades, con mecanismos regulatorios y dispositivos de poder propios, que se refieren a la seguridad pblica y a la seguridad nacional.

El problema es, no obstante, que en el prrafo segundo de la Ley se establece, de manera explcita, que las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional , lo que significa que, para todos sus efectos, prcticos y normativos, la Seguridad Interior es apenas un subconjunto, una derivacin o modalidad particular de aquella.

Y es que si bien es cierto que la Ley, en su artculo segundo, ofrece una definicin de Seguridad Interior que busca distanciarla aunque sea slo en apariencia de aquella que corresponde a la seguridad nacional, tambin lo es que, en estricto, ambas leyes se complementan, antes que fundar ordenes de accin diferenciados.

El artculo segundo de la Ley de Seguridad Interior, en este sentido, define a la misma como: la condicin que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus rdenes de gobierno e instituciones, as como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrtica en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de rganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, as como para prestar auxilio y proteccin a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los trminos de la presente Ley.

En el artculo tercero de la Ley de Seguridad Nacional, por su lado, se entiende por sta: las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: i) La proteccin de la nacin mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro pas; ii) La preservacin de la soberana e independencia nacionales y la defensa del territorio; iii) El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democrticas de gobierno; iv) El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federacin sealadas en el artculo 43 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; v) La defensa legtima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; y, vi) La preservacin de la democracia, fundada en el desarrollo econmico social y poltico del pas y sus habitantes.

Por su objetivo principal, el objeto general de su regulacin, ambas Leyes estn orientadas, estrictamente, al mantenimiento funcional y la permanencia del Estado mexicano tal y como ste existe en la actualidad; lo que, de entrada, implica que cualquier situacin, sujeto y evento que sea susceptible de ser considerado por el Estado mismo como una amenaza que ponga en peligro su funcionamiento y existencia, ya es, de suyo, objeto de aplicacin de ambas normatividades. Una y otra Ley se superponen, se refuerzan, se doblan, se comprimen sobre ellas mismas.

Y si se omiten, por el momento, las disposiciones referentes a las amenazas extranjeras y se diseccionan las redacciones de ambos cuerpos normativos, se tiene que la efectividad en mantener y asegurar la permanencia y la continuidad del Estado mexicano se encuentra determinada por, y subordinada a, la efectividad que se tenga en salvaguardar la permanencia y la continuidad, asimismo, de a) sus rdenes de gobierno e instituciones; b) el desarrollo nacional; c) el Estado de Derecho; d) la gobernabilidad democrtica; e) la defensa del territorio; f) el mantenimiento del orden constitucional; g) el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federacin; y, h) la preservacin de la democracia, fundada en el desarrollo econmico social y poltico del pas y sus habitantes.

Los riesgos para la sociedad mexicana que supone el lograr dichos objetivos, por tanto, son varios, y todos igual de preocupantes.

En primer lugar, las disposiciones relativas a las territorialidades coloca como amenazas, tanto de Seguridad interior como nacional, a las autonomas indgenas, que aunque tienen su propia reglamentacin que les confiere el estatus de autonomas integrantes de la unidad territorial nacional, cuando esa autonoma escapa a la subordinacin en la que la mantiene la ley, respecto de las estructuras municipales y estatales como en el caso de las poblaciones autogestivas, del tipo de las comunidades zapatistas, aquellas son integradas, como ya lo estn, a la Agenda Nacional de Riesgos, elaborada por los servicios de contrainsurgencia del Centro de Investigacin y Seguridad Nacional (CISEN).

La suspensin de garantas, el despliegue de efectivos militares, su intervencin y su empleo en contra de poblaciones de este tipo, en tal sentido, pasa su justificacin por estas nociones, como ya ocurre, de facto, en los casos en que es preciso que el Estado se apropie de sus territorios para insertarlos en las cadenas de produccin internacionales.

En segunda instancia, las disposiciones en torno de la gobernabilidad, de la democrtica y del desarrollo nacionales estn articuladas, en trminos de supeditacin, al grado de estabilidad que se perciba en la actividad econmica impulsada por el Estado mexicano. La propia nocin de preservacin de la democracia, definida en la Ley se Seguridad Nacional como una condicin fundada en el desarrollo econmico del pas refiere a la compresin de la democracia como un orden estrictamente econmico, productivo/consuntivo, que, a su vez, con base en la experiencia histrica de los ltimos seis sexenios, no tiene otra orientacin que no sea de corte neoliberal.

De aqu que, en ltima instancia, Seguridad Interior y seguridad nacional terminen afirmando su campo de accin a travs del objetivo de asegurar el despojo territorial, la privatizacin de la actividad productiva/consuntiva, la especulacin financiera, el desmantelamiento de las prerrogativas de seguridad social, etc., cuando la poltica econmica del gobierno en turno considere que el desarrollo del pas se encuentra en peligro lo que ya es tan arbitrario como la racionalidad detrs de la agenda de desarrollo del gobierno lo es. Intereses econmicos en turno son identificados, as, con la estabilidad y la permanencia del Estado. Es el rubro en el que se inscriben las resistencias al modelo productivo neoliberal, a la apropiacin de los medios de produccin, al desarrollo de proyectos de infraestructura en poblaciones autnomas y al extractivismo de recursos naturales como amenazas al Estado en ambas nociones de seguridad.

En tercera instancia, se encuentran las disposiciones que tienen que ver con la institucionalidad y la legalidad del Estado, preceptos en los que la disidencia, la oposicin y las polticas de las alternativas figuran como los fenmenos arquetpicos de las amenazas en contra de la racionalidad del Estado. Pero una disidencia, una oposicin y unas alternativas que no pasan por las formas de la correccin poltica que se constituyen en partidos polticos, o similares y derivados, sino que atraviesan la manera de hacer poltica, en general; y la organizacin de su rdenes y escalas, en particular.

Es decir, son disposiciones en las que no nicamente se pone en juego la legitimidad, como aceptacin popular, de las distintas legalidades que el constituyente permanente funda en su accionar, sino que, adems, cuestionan de manera an ms profunda la razn de ser y el telos, la finalidad, de su existencia. El nfasis que se hace en ambas leyes, por lo anterior, no es arbitrario ni azaroso: el objetivo es mantener el status quo, la vigencia actual de las estructuras, divisiones y jerarquas que permiten la reproduccin del capitalismo moderno ; esto es, la vida en sociedad debe mantenerse, de acuerdo con estos imperativos, en un estado de coagulacin permanente.

As pues, se comprende que ya desde el primer artculo del proyecto de Ley de Seguridad Interior los asedios que se yerguen sobre la poblacin civil mexicana son bastantes y reiterativas, redundantes pero al mismo tiempo complementarias de aquellas que ya en ese otro texto que compone a la Ley de Seguridad Nacional se prefiguran. De tal suerte que, en una primera aproximacin, se obtiene que el proyecto de Ley en proceso se orienta en la tarea de desagregar las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional a los campos especficos de la seguridad pblica, subsumiendo a sta en los objetivos de aquella a travs del velo de una nueva nomenclatura.

El Estado, una vez ms, se afirma a s mismo como la ultima ratio de la vida en sociedad, el punto de culminacin de la socialidad humana dentro de la cual como lo mostr a la civilizacin entera el fascismo de mediados del siglo XX queda todo, pues fuera de su racionalidad y en contra de la misma, queda la nada.

​Parte I. http://rebelion.org/noticia.php?id=234989

Publicado originalmente en: http://columnamx.blogspot.mx/2017/12/estado-de-excepcion-seguridad-nacional.html

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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