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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-12-2017

Economa, pobreza, derechos humanos
Situacin en Mxico a pocos meses de las prximas elecciones presidenciales

Luis Alberto Reygada
CETRI


Dentro de exactamente un ao el presidente Enrique Pea Nieto (EPN) entregar el poder a su sucesor, quien tomar posesin de su cargo ante el Congreso de la Unin, cumpliendo con la tradicional declaracin solemne pronunciada en tal acto protocolario : Protesto guardar y hacer guardar la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempear leal y patriticamente el cargo de presidente de la Repblica que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unin; y si as no lo hiciere que la Nacin me lo demande.

Se puede decir sin error a equivocarse que durante los ltimos aos el pueblo mexicano ha expresado en mltiples ocasiones su descontento frente a la gestin del actual ocupante de Los Pinos pero con pocos o nulos resultados. A escasas semanas del inicio de la campaa electoral que culminar con la eleccin del prximo titular del poder ejecutivo, es preciso realizar un pequeo balance del mandato que signific el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder en Mxico [1].

Si bien es cierto que gracias a la reforma energtica que impuls [2], el presidente EPN goz durante el inicio de su gestin de la simpata de la gran prensa econmica internacional y de los gobiernos vinculados a las multinacionales del sector, al da de hoy gran parte de la poblacin todava sigue esperando las supuestas consecuencias positivas prometidas por su gobierno. La realidad es que las condiciones de vida de los mexicanos se vuelven cada da ms precarias. El Instituto Nacional de Estadstica (INEGI) inform recientemente que la inflacin alcanz su mximo histrico en agosto pasado (6,66%), la ms alta de los ltimos 16 aos. Las cifras publicadas por el Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo (agosto 2017) reportan que 53,4 millones de personas siguen viviendo en condiciones de pobreza en el pas. Y a pesar de que la pobreza extrema disminuy de 22.4 por ciento (7.6 millones en 2016), el organismo afirma que desde el inicio de este sexenio el nmero global de pobres se ha incrementado, y al da de hoy cerca de uno de cada dos mexicanos se encuentra en esa situacin.

Al mismo tiempo, cabe notar que las desigualdades se han seguido reforzando: mientras que por un lado el PIB crece (con un promedio anual de 2,1%, el desempeo ms bajo en 5 sexenios), los salarios no siguen el mismo ritmo en la base de la pirmide (disminucin de 3,5% de los ingresos de las familias entre 2012 y 2014) mientras que en su cspide las fortunas de los ms acaudalados se disparan. El crecimiento sigue concentrndose en la parte superior de la distribucin de los ingresos y la organizacin Oxfam llama la atencin en un informe publicado en junio 2015 sobre el hecho muy simblico que la fortuna de los 4 primeros multimillonarios mexicanos pas de representar el 2% del PIB del pas en el 2002 al 9,5% en el 2015. As, el panorama econmico se ha ido ensombreciendo a lo largo del sexenio, al punto que importantes medios como el Financial Times empezaron a reportar las crticas que advertan que el pas haba tropezado del momento mexicano al desastre mexicano.

Reanudando con las viejas costumbres del PRI, estos ltimos aos tambin fueron marcados por los escndalos en materia de enriquecimiento ilcito y corrupcin [3]. Varios gobernadores han estado implicados en graves casos de desvo de fondos pblicos. Javier Duarte no pudo concluir su mandato dirigiendo el Estado de Veracruz debido a la averiguacin judicial iniciada en su contra; tras fugarse fue arrestado en Guatemala en abril pasado. Habiendo tambin tratado de escapar ante la accin de la justicia, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, fue interceptado en junio en Panam, a punto de abordar un avin con destino a Pars. En cuanto a Cesar Duarte, el otrora cacique del Estado de Chihuahua, sigue prfugo con 11 rdenes de aprehensin en su contra, y en la mira de la Interpol.

En materia de honestidad, no se puede decir que las ms altas esferas del gobierno se hayan destacado dando el buen ejemplo, sino ms bien todo lo contrario. Hasta el propio presidente ha tenido que pedir disculpas pblicas tras la enorme indignacin causada por la compra por parte de su esposa de una lujosa mansin valorada en cerca de 7 millones de dlares, construida por una empresa que obtuvo importantes contratos de obras pblicas. El diario New York Times ya no duda en describir una corrupcin que alcanz un nivel de osada nunca antes visto en el pas El caso Odebrecht alcanz hasta las ms altas esferas del gobierno de EPN, quien se habra reunido personalmente en cuatro ocasiones con altos ejecutivos de la empresa brasilea y habra sido acompaado de tiempo completo por una filial del grupo durante la campaa presidencial que lo llev al poder en 2012.

Aunque los mexicanos ya estaban acostumbrados a este tipo de escndalos, las incesantes revelaciones de casos de desvos de fondos pblicos terminaron por atizar una tensin latente en el seno de gran parte de la sociedad, en un contexto de malestar social generalizado no exento de riesgos de explosin. Esto se comprob a inicios de este ao cuando el repentino aumento del precio del combustible (+20,1%) -consecuencia de la reforma energtica antes citada- provoc importantes manifestaciones de descontento de la poblacin acompaadas por una indita ola de pillaje que alcanz varios estados del pas. El resultado: ms de mil tiendas saqueadas, 1500 personas arrestadas, 5 muertos, incluyendo un polica.

Pero a pesar de todo lo anterior, el peor fracaso del retorno del PRI en el poder ha sido su incapacidad a resolver dos problemas que representan hoy en da tal vez las principales preocupaciones de la sociedad mexicana: la violencia y la inseguridad [4].

A pesar de ser una estrategia que haba arrojado resultados muy cuestionables, EPN persisti con la guerra contra el narcotrfico iniciada a finales del 2006 por su predecesor Felipe Caldern [5], dndole continuidad a un proceso de descomposicin del pas con un conflicto cuyas consecuencias han sido desastrosas para la poblacin. La espiral se convirti en verdadero bao de sangre, alcanzando dimensiones que nadie hubiese podido siquiera imaginar.

En efecto, desde el inicio del mandato de EPN, la violencia ya ha provocado ms de 100,000 muertos, y la tendencia al alza del nmero de homicidios deja suponer que este sexenio terminar siendo an ms sangriento que el anterior. La poblacin civil sigue siendo la primera vctima de esta poltica, al encontrarse presa entre los grupos delictivos por un lado y las fuerzas de seguridad del Estado por el otro lado.

Los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y de seguridad contra grupos del crimen organizado, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos de bienes materiales, extorsiones, amenazas, desalojos arbitrarios, violaciones graves a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, etc. han provocado una ola de desplazamiento interno en el pas: 310 000 personas se han visto forzadas u obligadas a escapar de su lugar de residencia habitual desde el 2009, una situacin que algunos analistas no dudan en comparar con la de pases en guerra.

Otra cifra llama trgicamente la atencin: la de los desaparecidos. Si bien la terrible historia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha logrado llamar la atencin meditica a nivel internacional, no representa ms que una gota de agua en el mar de desolacin que viven miles de familias mexicanas. Hoy en da se cuentan ms 31 000 desaparecidos (4 814 casos en el 2016), al punto que el Comit contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas se alarm del contexto de desapariciones generalizadas que atraviesa el pas al mismo tiempo que seal la recurrente implicacin de agentes del Estado en tales prcticas. El caso de Ayotzinapa an no esclarecido despus de 3 aos por lo menos sirvi para exponer a la luz del da la evidente colusin existente en ciertas regiones entre el poder poltico y la delincuencia organizada [6].

Cada mes se siguen descubriendo nuevas fosas comunes. Mxico contina inmerso en una crisis indita de violencia y violaciones a derechos humanos observa Santiago Aguirre, el vicedirector del Centro Pro Miguel Agustn Pro Jurez [7], aclarando que esta situacin no se explicaran sin tres elementos que alientan su repeticin: la impunidad, la corrupcin y la macro criminalidad, una fusin del crimen organizado y del poder pblico [8].

Por su parte, la Federacin Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) seala que el pas conoce la situacin ms crtica del continente en materia de derechos humanos. Basndose en investigaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil, la FIDH ha denunciado ante la Corte Penal Internacional la comisin -durante los ltimos diez aos- de crmenes de lesa humanidad en contra de la poblacin, tanto por fuerzas gubernamentales que por carteles del narcotrfico, actuando de forma cmplice.

Mxico ocupa de hecho el primer lugar -desde el 2014- en cuanto a nmero de quejas por violacin de garantas individuales presentadas ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre las vctimas de dichas violaciones tambin se encuentran activistas, periodistas e incluso defensores de los derechos humanos. El pasado mes de enero, Michel Forst, el Relator especial sobre la situacin de defensores de DD.HH. (mandatado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas) deplor la existencia de una fuerte tendencia a que esas personas sean vctimas de violencia y de agresiones, al mismo tiempo que denunci el hecho de que puedan ser consideradas por las autoridades como enemigos del Estado.

Pero una investigacin del New York Times publicada en junio pasado confirm que los defensores se encontraban efectivamente en la mira de las autoridades. En efecto, estas habran espiado tanto a activistas que se enfrentan judicialmente al Estado denunciando la responsabilidad del Gobierno en casos de violaciones de DD.HH. como a periodistas investigando ciertos temas polticamente sensibles (principalmente asuntos de corrupcin), por medio de spywares instalados en sus telfonos celulares. La investigacin del diario estadunidense seala que desde el 2011, al menos 3 agencias federales mexicanas gastaron cerca de 80 millones de dlares para adquirir programas informticos de espionaje de tipo Pegasus fabricados por una empresa israel.

Hasta los propios miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -el equipo internacional nombrado por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar de forma independiente sobre el caso de los 43 estudiantes Ayotzinapa- fueron vctima de espionaje gubernamental para entorpecer la investigacin del caso Ayotzinapa.

El hecho de que el gobierno haya utilizado una tecnologa sofisticada de espionaje (que le fue vendida para luchar contra criminales y terroristas) para vigilar a defensores de defensores humanos y periodistas que denuncian casos de corrupcin, en vez de investigar a los responsables de dicho cncer nacional, provoc un verdadero escndalo, as como la condena unnime de ms de 200 organizaciones latino-americanas.

Tambin contribuy a oscurecer an ms el desolador contexto en el cual se desenvuelven los medios locales: durante los ltimos 5 aos, la ONG Artculo 19 ha reportado 38 asesinatos de periodistas, as como ms de 400 agresiones sufridas por los comunicadores nicamente para el ao 2016 (siendo ms de la mitad causadas por funcionarios pblicos). Con ese historial, no es de extraarse que el Mxico haya sido considerado por la organizacin Reporteros Sin Fronteras como el tercer pas ms peligroso del mundo para ejercer la profesin de periodista, despus de Siria y Afganistn.

En su reciente paso por Mxico, los relatores especiales para la libertad de expresin de la ONU y de la CIDH, David Kaye y Edison Lanza, denunciaron la dinmica de violencia y asesinatos existente contra los periodistas, una situacin que no se puede definir de otra forma ms que catastrfica".

Pero como si todo lo anterior no fuera suficiente, la Cmara de Diputados acaba de aprobar la Ley de Seguridad Interior, cuyo propsito es regularizar la presencia del Ejrcito y la Armada en las calles, es decir normalizar la militarizacin del pas segn sus detractores. El Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, llam al Senado mexicano a oponerse a la ley, cuya ambigedad muy inquietante podra provocar de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria. El funcionario internacional denunci un proyecto muy preocupante en un pas en el que "tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Por su parte, la directora ejecutiva de Amnista Internacional Mxico declar que se trataba de un retroceso para los derechos humanos.

Qu puede significar un retroceso en un pas ya estancado en la peor situacin del continente?

Tal es la situacin en Mxico, tierra de contrastes en la que unos cuantos kilmetros pueden separar playas paradisiacas de regiones convertidas en verdaderos infiernos. Con todo esto, a un ao del final de su mandato y arrastrando un deplorable balance, lo que puede seguir sorprendiendo es el nivel de benevolencia que la comunidad internacional muestra hacia al actual presidente Pea Nieto.

Notas:

[1] Antes de la cuestionada victoria de Enrique Pea Nieto en el 2012, el PRI haba conservado la presidencia del pas de 1929 hasta el 2000, ao en que el Partido Accin Nacional (PAN) consigui una alternancia que durara doce aos con los sexenios de Vicente Fox (2000 2006) y de Felipe Caldern (2006 2012).

[2] El Decreto de Reformas Constitucionales en Materia de Energa promulgado por Pea Nieto en diciembre del 2013 puso trmino al monopolio de las empresas paraestatales Petrleos Mexicanos y Comisin Federal de Electricidad al poner en marcha la apertura al capital privado internacional del sector petrolero, electricidad y otras fuentes de energa.

[3] Costumbres que el PAN tambin mantuvo durante los sexenios de V. Fox y de F. Caldern.

[4] El 75% de los ciudadanos mexicanos considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con la ms reciente encuesta del INEGI (julio 2017).

[5] En diciembre de 2006, el recin investido presidente Felipe Caldern lanz la guerra contra las drogas con el propsito de luchar contra el crimen organizado, sacando las tropas militares de los cuarteles para que realicen operaciones de seguridad pblica. Una decisin ampliamente percibida como un intento de reafirmar su legitimidad tras una victoria electoral calificada de fraudulenta por una gran parte de la poblacin.

[6] Arrestados por la polica por orden de un alcalde, los estudiantes de la Escuela normal rural de Ayotzinapa (Estado de Guerrero) fueron entregados por las fuerzas de seguridad a un cartel. Siguen existiendo dudas respecto al rol del Ejrcito en este caso; diversos elementos parecen indicar su probable implicacin. A ms de 3 aos de su desaparicin, el caso de los 43 estudiantes an sigue sin resolver, y los familiares siguen buscando de sus seres queridos.

[7] Contactado por email. El Centro ProDH (www.centroprodh.org.mx/) es una organizacin civil non-gubernamental que cuenta con el estatuto consultivo ante el Consejo Econmico y Social de las Naciones Unidas; promueve y defiende los derechos humanos de las poblaciones ms vulnerables de Mxico.

[8] La impunidad alcanza una tasa de 98%, mientras que estudios del Banco Mundial estiman que la corrupcin poltica y econmica podra representar 9% del PIB mexicano.

Luis Alberto Reygada es periodista. @la_reygada

Este artculo es una versin ampliada y actualizada del artculo Mexique: le bilan accablant de Enrique Pea Nieto un an des prsidentielles, publicado en el sitio Mmoire des Luttes (http://www.medelu.org/, Paris Francia) el 22/09/2017.

Fuente: http://www.cetri.be/Economia-pobreza-derechos-humanos?lang=fr



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