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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-12-2017

Estado de excepcin... Disolucin Social

Ricardo Orozco
Rebelin


III

Siguiendo su trnsito legislativo en el constituyente permanente, el proyecto de Ley de Seguridad Interior avanz, este jueves 14 de diciembre, hasta el trmite de discusin y votacin plenaria, luego de su aprobacin en las Comisiones Unidas de Gobernacin, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda. Llegada a este punto, y derivado de las manifestaciones de inconformidad que la sociedad civil ha mostrado de cara a las disposiciones del texto, el proyecto que la Cmara de Diputados haba aprobado en das pasados ya no es el mismo que ahora el pleno del Senado se prepara a legislar. Pero no lo es slo en la forma, pues las diversas disposiciones que se modificaron nicamente sustituyeron unos eufemismos por otros, manteniendo ntegro su contenido normativo.

La primera de estas alteraciones tiene que ver con la referencia explcita que se haca en el texto al contenido del proyecto como materia de Seguridad Nacional. Y es que, lo que antes indicaba que: Las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional , ahora manifiesta que: Sus disposiciones [de la Ley] son materia de seguridad nacional en trminos de lo dispuesto por la fraccin XXIX-M del artculo 73 y la fraccin VI del artculo 89 de la constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior . La cuestin aqu es, no obstante, que pese a la nueva redaccin el contenido de la Ley como derivacin de la Ley de Seguridad Nacional no cambia en absoluto, ni siquiera acota su mbito de accin y competencias .

Y es que, en estricto, las fracciones referidas remiten, por un lado, a las facultades del Congreso para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y lmites a las investigaciones correspondientes; y por el otro, a las del presidente de la repblica para preservar la seguridad nacional, en los trminos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejrcito, de la Armada y de la Fuerza Area para la seguridad interior y defensa exterior de la Federacin. Es decir, que mediante un largo rodeo en el que una disposicin remite a otra, pero siempre correlativa, normativa de la misma materia, se mantiene el objetivo de hacer de las cuestiones de seguridad pblica, ciudadana, objeto de regulacin de la Ley de Seguridad Nacional , afianzando el rol de las fuerzas armadas en la ejecucin de dicha Ley.

El segundo cambio de redaccin importante tiene que ver con las disposiciones del artculo sptimo de la Ley, uno de los que ms han preocupado a la sociedad civil, en general, y a diversas instancias encargadas de velar por los derechos humanos en el pas , en particular. En la redaccin anterior, este artculo estableca, en su prrafo segundo, que: En los casos de perturbacin grave de la paz pblica o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atencin requiera la suspensin de derechos, se estar a lo dispuesto en el artculo 29 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas.

Y lo cierto es que se considera una de las disposiciones ms sensibles y preocupantes del proyecto porque abre la puerta, de par en par, a la posibilidad de repetir la persecucin poltica que en el siglo XX se justificaba a travs del delito de Disolucin Social ; empleado por el Gobierno Federal para perseguir, criminalizar, incriminar, desaparecer y asesinar a cualquier ciudadano que le fuera incmodo para el desarrollo de sus intereses y fuente, tambin, de las protestas que condujeron al 68 mexicano, movimiento por el que se logr la derogacin de los artculos que fundamentaban dicho delito, el 145 y 145 Bis del Cdigo Penal.

Es decir, es una disposicin en la que el contenido moral fundado en ella es tan slido, tan hermtico y conservador que, as como en el siglo XX cualquier acto ciudadano que el Gobierno considerara que pona en peligro u obstaculizaba el funcionamiento de sus instituciones, o que simplemente se consideraba que propagaba el desacato a los deberes cvicos , as ahora cualquier evento que las instituciones del Gobierno Federal consideren, de manera arbitraria, como una perturbacin grave de la paz pblica , o que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad, pasa a justificar no slo el empleo de las fuerzas armadas para disolver ese evento, sino que, adems, legitima la suspensin de derechos en la poblacin objetivo.

En la nueva redaccin del proyecto, este prrafo fue eliminado, mientras que en el prrafo primero se introdujeron algunos trminos que dan la impresin de reforzar los lmites de accin de las fuerzas armadas, por medio del recurso a un amplio abanico de instrumentos garantes de los derechos humanos. De tal suerte que el artculo ahora queda con un solo prrafo que establece: Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicacin de esta Ley debern respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepcin, los derechos humanos y sus garantas, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucin y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

El problema aqu es que, a pesar del nfasis que se hace en el respeto, la proteccin y garanta de los derechos humanos, en trminos de lo dispuesto por el artculo primero de la Ley, y de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, ese respeto, esa proteccin y garanta dejan de ser vlidas en el momento en que el titular del Ejecutivo, con el aval del Congreso, considere que hay una amenaza , un peligro o apenas una perturbacin grave a la sociedad, en general; o a la paz pblica, en general. Y es as porque tales disposiciones estn subordinadas al artculo 29 de la Constitucin, mismo en el que se establece que la respuesta ante tales eventualidades ser la de restringir o suspender en todo el pas o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantas que fuesen obstculo para hacer frente, rpida y fcilmente a la situacin .

Y si bien es cierto que en el siguiente prrafo del art. 29 constitucional (modificado en los trminos aqu expuestos el diez de febrero de 2014) se hace mencin de los derechos y las garantas que no se podrn suspender, tambin lo es que las lneas citadas arriba anulan esas excepciones, pues expresamente se establece que se debern suspender los derechos y las garantas que fuesen obstculo. Da manera tal que cuando la libre circulacin de las personas, el derecho de asociacin o de libre expresin, por mencionar algunos ejemplos, constituyan de conformidad con los estndares morales y de gobernabilidad de la administracin en turno, un peligro, una amenaza o una perturbacin debern suspenderse para hacer frente a la situacin de manera rpida y fcil (s, la Constitucin tambin cuenta con contradicciones importantes).

Es aqu, quiz, en donde se concentran las mayores incomprensiones de la sociedad civil, en favor del proyecto de Ley, sobre los peligros que ste representa para el conjunto poblacional. Y es que, en ltima instancia, lo que parece estarse olvidando al observar este punto (si es que se lo observa en absoluto), es que la construccin social de los enemigos, la invencin de las amenazas, los peligros y las perturbaciones, adems de ser asuntos por entero discrecionales, relativos a la moral y a los intereses imperantes en las personas al frente de las instituciones gubernamentales cada sexenio, no precisan de su tipificacin en algn cdigo o ley para ser efectivos.

Acaso no es la historia de la guerra sucia, de la represin y el despojo de las comunidades originarias la historia de individuos y comunidades que representan un peligro para los intereses econmicos en turno? No es la historia de los movimientos obreros la historia de cmo un trabajador reclamando sus derechos sociales es motivo de represin gubernamental, de desaparicin, de asesinato o, en el mejor de los casos, de despido? No es la historia de los movimientos estudiantiles la historia de cmo un adolescente inscrito en una institucin de educacin pblica pasa a representar un guerrillero en potencia o un anarquista en las narrativas de la administracin pblica federal? Y no es la historia de la sexualidad la historia de hombres y mujeres que por sus preferencias afectivas constituan una aberracin para los valores cristianos imperantes en el tejido social?

Los ejemplos son muchos, y cada uno de ellos es tan arbitrario como los dems. El que hoy algunos sectores de la poblacin ya no constituyan un peligro para el orden, la paz y la estabilidad pblicos no garantiza que en un futuro, prximo o lejano, no lo vuelvan a ser, con las mismas estrategias discursivas o con otras. Qu pasa cuando las manifestaciones por cuarenta y tres estudiantes desaparecidos por las fuerzas armadas se convierte en motivo de expresiones de repudio y resistencia a nivel nacional? Qu pasa cuando el asesinato anual de miles de mujeres se convierte en motivo de protestas sociales frente a la inaccin del gobierno? Qu pasa cuando una agenda de reformas estructurales se convierte en motivo de rechazo por sendos sectores poblacionales en todo el territorio nacional?

Entre los cambios al proyecto de Ley realizados por el senado, de la redaccin del artculo octavo se elimin la adjetivacin pacficamente Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo poltico-electoral que se realicen de conformidad con la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia sern consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrn ser materia de Declaratoria de Proteccin a la Seguridad Interior .

Pero lo cierto es, no obstante, que pese a haber eliminado esa condicionante, la latencia de incluir en la constitucin an ms candados de los que ya existen para la libre manifestacin de las inconformidades sociales no se suprime, slo se la disimula, bajo la pretensin de que al apelar a la Constitucin todas las garantas estn salvaguardadas aunque sea en la propia constitucin en donde se fundamentan las condiciones del estado de excepcin.

Estado de excepcin que se edifica, justo, sobre diversas eventualidades que en tiempos y espacios especfico, de acuerdo con necesidades gubernamentales definidas en su particularidad histrica, constituyen excepciones por s mismas. Es decir, u n estado de excepcin en el que la regla de dicha excepcionalidad se funda en la posibilidad de hacer de cada individuo, de cada comunidad y de cada situacin una excepcin a la justicia. Y es que si bien es cierto que los mrgenes de accin del ejrcito, hasta el momento, no se dan en un mbito de sistematicidad generalizada, en donde el grueso de la poblacin ya cuente con alguna experiencia de abusos por parte de las instancias castrenses del Estado, tambin lo es que no por ello debe obviarse, excluirse, olvidarse, invalidarse o invisibilizar toda una historia de abusos.

Y abusos, por supuesto, que no es que hayan ocurrido porque las fuerzas armadas no contaban con un marco normativo para regular sus actividades. Si no contaban con un marco normativo para realizar tareas de seguridad pblica, por qu, en principio, no se esper a contar con tal marco antes de sacar a los efectivos de sus cuarteles? La guerra sucia en Mxico, an vigente en todas aquellas comunidades que se resisten al despojo de sus recursos naturales, es el claro ejemplo de que los enemigos del Estado, son muchos, aunque estos tiendan a ser tradicionalmente los mismos, y es, tambin, la historia de cmo an en la ilegalidad, en la carencia total de marcos regulatorios que legalicen su actividad, esa excepcin a la norma constituye, de facto, una normalidad de la excepcin.

Q ue no se requiera experimentar en carne propia, en la historia de vida de uno mismo, los abusos del ejrcito para caer en la cuesta de que esos abusos ya fueron cometidos y se continan cometiendo en otros espacios, en contra de otros individuos y otras poblaciones. Y es que, en el momento en que se llegue a ese nivel de generalidad la Ley que regule la militarizacin ser la menor de las preocupaciones, como las leyes vigentes lo fueron en los regmenes militares de toda Amrica en el siglo XX.

​Parte I. Estado de excepcin... La militarizacin de Mxico

Parte II. Estado de excepcin... Seguridad Nacional: ltima ratio

Publicado originalmente en: https://columnamx.blogspot.mx/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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