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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-12-2017

Cultura jurdica y derechos ciudadanos
Repensar nuestra institucionalidad

Harold Bertot Triana
La Jiribilla


De la tradicin constitucional socialista sovitica aprendimos que en la creencia de un Estado con identidad absoluta de intereses con cada uno de sus ciudadanos, no se hizo el nfasis necesario en los mecanismos de defensa de lo institucional y del ciudadano respecto a estos. Exista una idea al respecto, no menos desdeable. Se sustentaba en la posibilidad real de disfrutar por los ciudadanos de derechos fundamentales que garantizaba el propio sistema social, sin la necesidad o urgencia de sus garantas jurdicas. El propio sistema social constitua la garanta material para el ejercicio real de esos derechos, a diferencia de otros sistemas sociales, donde pese a su reconocimiento formal, no contaban con este tipo de garanta material. Qu quera decir esto? Que si se reconoca, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educacin, el sistema garantizaba materialmente su ejercicio con la gratuidad de los servicios, la construccin de instalaciones, etc.

En todo ello haba una gran verdad; sin embargo, no era toda la verdad. En el propio campo del socialismo real no tardaron en mostrarse las falencias de un Estado que sobrepas al individuo y lo asfixi en el burocratismo. Y cuando ello sucedi, las respuestas se mostraron a medias, precisamente porque ese derecho no poda defenderse jurdicamente. La realidad ense entonces que desconectar el reconocimiento del derecho de su defensa o mecanismos para su garanta formal, por asumir concepciones errneas sobre el derecho en la sociedad socialista, era un alto precio a pagar.

Pese a que por muchos aos estos modelos de sociedades disfrutaron de derechos fundamentales, garantizados por el propio sistema social sin la urgencia de sus garantas jurdicas, no se tuvo la exacta comprensin de que estas instituciones no encarnaban formas jurdicas que podan identificar un sistema u otro ─como pueda hablarse de un derecho burgus o una legalidad burguesa─, sino que tales derechos y principios expresaban en la historia de la humanidad las conquistas que deban ser garantizadas e insufladas de contenido por un sistema social y poltico que le poda servir de garanta material.

No se tuvo el debido cuidado para entender el carcter revolucionario de los principios derivados de los fundamentos filosficos y jurdicos que sirvieron de soporte doctrinal al nacimiento del llamado Estado moderno como Estado de derecho, y su plena vigencia para un orden social socialista. Sobre todo porque estableci los contornos y lmites del poder entre los propios rganos del Estado, y en su relacin con el ciudadano, en la misma forma que el propio Lenin comprendi que, frente a las desviaciones burocrticas del Estado sovitico, las organizaciones obreras deban defender a los obreros frente a su Estado. Por supuesto, estaba pensando en la deformacin, no en el ideal. Est claro que para Lenin, se trataba de que fuera otro Estado y otro derecho, en el que las mismas organizaciones de los trabajadores, constituyeron los rganos de poder de abajo hacia arriba, los soviets. Los soviets excluyeron de su composicin, desde el principio, a los explotadores.

Estos lmites desde el inicio alcanzaban todos los contornos de la sociedad donde se desplegaba el poder del Estado. En el orden punitivo, como expone Luigi Ferrajoli en su magnfico libro Derecho y Razn, se pronunci por un modelo garantista, que se identifican con la expansin de los vnculos y garantas como tutela del ciudadano, la construccin de todo el sistema sobre la base de los principios de estricta legalidad, la responsabilidad personal, la presuncin de inocencia, el juicio oral y contradictorio entre partes, etc. Por tales razones el debate en el mundo de hoy, de un modelo penal y procesal presentado en la disyuntiva garantismo o seguridad, tiene la verdad de extraer poco de ambos y mucho de arbitrariedad.

Esta reflexin inicial toca de la mano una preocupacin latente en nuestro entorno. La similitud ideolgica y jurdica entre la Constitucin sovitica de 1936 y la nuestra de 1976, reformada en 1992, y con los ingredientes propios de nuestro desarrollo, es un indicativo de esto. No creo necesario hacer un balance histrico de nuestras carencias ni reproducir las deficiencias tcnicas del articulado de nuestra Constitucin. Baste sealar que no se encuentran derechos y garantas jurdicas de lo que hoy integra el objeto de estudio del llamado Derecho Procesal Constitucional: ausencia de mecanismos de defensa de los derechos humanos como el recurso de amparo, el recurso de habeas corpus constitucional, el recurso de habeas data, etc.

En nuestro entorno, es verdad, muchos derechos se garantizan sin la necesidad de reconocer mecanismo para su defensa. Pero ello puede en cualquier momento servirnos de trampa. Qu realmente se garantiza con reconocer algunos derechos si estos no pueden defenderse cabalmente por los ciudadanos? Se agota el reconocimiento de un derecho al margen de su defensa jurdica? Qu implicaciones tiene que el cumplimiento de las leyes y el ejercicio de la funcin pblica descansen en la voluntad del funcionario a quedar bien con la institucionalidad o con el resto de las personas o con el chequeo?

Las respuestas son obvias y ello porque ante ese sentimiento de desamparo que provoca, por ejemplo, el peloteo, se dificulta en extremo ejercer los derechos constitucionales de la queja y de peticin; en la discusin sobre la futura reforma a nuestro Texto, est la necesidad de perfeccionar los mecanismos de defensa de la propia Constitucin, y ello tiene como escenario la posibilidad de perfeccionar el control constitucional por la Asamblea Nacional de las Leyes y Decretos ─Leyes desde la ciudadana, la creacin de una jurisdiccin constitucional, encargada de velar por la constitucionalidad del resto de las disposiciones jurdicas─, la ampliacin y reconocimiento con rango constitucional de derechos y garantas jurdicas, la aplicabilidad directa de la Constitucin, entre otros.

Desde hace bastante tiempo, una idea est clara en el pensamiento jurdico de buena parte del mundo: si en la Constitucin se regula el sistema poltico, econmico y social, vulnerar los principios, normas y valores constitucionales, es vulnerar por decantacin, en nuestro caso, el sistema socialista que est consagrado. En el fondo de estas ideas se resume la necesidad de potenciar el debate de la institucionalidad desde el valor de la Constitucin, y de su defensa, y de la existencia de un ciudadano no solo con dominio de determinados procedimientos jurdicos o trmites burocrticos, sino tambin capaz de asimilar y analizar, de forma crtica, los fenmenos o procesos sociales y polticos, de construir y sostener esferas pblicas ─que no quiere decir necesariamente esferas estatales, y de participar activa y decisivamente en la construccin de su realidad social y poltica─.

Nuestro ordenamiento jurdico requiere mirar sin complejos las transformaciones jurdicas de algunos pases de Amrica Latina, y asumir el sentido de muchas de sus instituciones jurdicas para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Es hoy una urgencia para nosotros. Por muy bueno que sea ese funcionario, y probada su gestin, es preferible que est controlada por mecanismos jurdicos desde la ciudadana. Jams podr una institucionalidad funcionar correctamente si el nico mecanismo consiste en una voluntad autocorrectiva del funcionario. Lo idneo no es slo la existencia de un funcionario mediado por mecanismos psicolgicos para auto complacerse o por bondades bien intencionadas: ser preferible tambin que lo acompae la ley y el control jurdico. Una institucionalidad fuerte y coherente, sobrepasa a ese funcionario, que en un mal da, porque perdi su equipo de bisbol o de ftbol, es un individuo arrogante, insensible, todopoderoso.

Harold Bertot Triana es profesor e investigador del Centro de Estudios Hemisfricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU)

Fuente: http://www.lajiribilla.cu/articulo/repensar-nuestra-institucionalidad


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