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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-12-2017

La OCDE y de nuevo los sofismas sobre las pensiones

Juan Francisco Martn Seco
Contrapunto


Me siento incmodo al escribir este artculo. Me resulta imposible decir nada nuevo sobre el tema de las pensiones. Nada que no haya escrito en otras muchas ocasiones. No obstante, el hecho de que por doquier se continen repitiendo idnticas falacias me justifica de mis reiteraciones. Ante los mismos tpicos, no valen sino los mismos argumentos. Todos los medios de comunicacin se han hecho eco la semana pasada de la publicacin por parte de la OCDE de un informe acerca de las pensiones en los pases que la integran. Es curioso que los organismos internacionales tengan una especial predileccin por este asunto, revistiendo siempre sus informes de los tintes ms catastrofistas. Digo que es curioso porque los funcionarios de todos estos organismos devengan esplndidas pensiones (esas s que son generosas), sin que nadie se plantee si son o no sostenibles.

El informe de la OCDE ha tenido la virtud de abrirse camino entre la espesa masa informativa que se ocupa del problema cataln y que cortocircuita cualquier otro asunto. No tuvo la misma suerte la llamada marcha de las pensiones que, saliendo de cinco puntos diferentes: Galicia, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Andaluca (los catalanes estaban en otras ocupaciones), recorri Espaa y lleg a Madrid el 9 de octubre pasado para reclamar pensiones dignas y la abolicin de la ltima reforma, que condena a los futuros jubilados a la pobreza. La marcha convocada por UGT y CCOO pas casi desapercibida, sin pena ni gloria. La diferencia estriba en que mientras que el informe de la OCDE incide sobre los tpicos de siempre y pone en duda la sostenibilidad de las pensiones, mensaje siempre caro a la prensa, los sindicatos clamaban que no hay ninguna fatalidad que determine que Espaa no pueda mantener un sistema de pensiones dignas.

Ante el ruido generado por el informe de la OCDE, pienso que quizs convenga recordar ciertas verdades y desmantelar de nuevo algunas falacias:

  1. Desde mediados de los aos ochenta los servicios de estudios de las entidades financieras, fundaciones y dems instituciones interesadas han ido elaborando mltiples documentos e informes con el fin de demostrar que el sistema pblico de pensiones resulta inviable. En todos ellos se anunciaba que el sistema entrara en quiebra a plazo fijo. El caso es que han ido llegando sucesivamente las fechas fijadas sin que se produzca la debacle anunciada.
  2. La argumentacin de todos esos informes es casi idntica. Parten del hecho de que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad configurarn una pirmide de poblacin en la que la proporcin entre trabajadores y pensionistas se inclinar a favor de estos ltimos, en tal medida que har insostenible el sistema. Se recurre a la tasa de dependencia citada, por ejemplo, en el reciente informe de la OCDE.
  3. Esta forma de argumentar olvida la variable de la productividad. La cuestin no estriba en cuntos son los que producen, sino en cunto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que, aun cuando esta proporcin del nmero de trabajadores por pensionistas se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador ser mucho mayor. Quiz lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta aos, el 30% de la poblacin activa espaola trabajaba en el sector primario; hoy, nicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce ms que el 30% anterior. En resumen, un nmero menor de trabajadores podr mantener a un nmero mucho mayor de pensionistas.
  4. En los ltimos cuarenta aos, gracias a los incrementos de la productividad, la renta per cpita en trminos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro contine una evolucin similar. Mientras que la renta por habitante de una nacin se mantenga constante o se incremente, ningn colectivo, bien sea de pensionistas, bomberos o empleados de banca, tiene por qu ver empeorada su situacin econmica. Si en un periodo de tiempo, un colectivo (por ejemplo los jubilados) ve cmo sus ingresos crecen menos que la renta por habitante es porque otras rentas, ya se trate de las salariales, de capital o empresariales, crecen ms. Se produce por tanto una redistribucin de la renta en contra de los pensionistas y a favor de los otros colectivos, que con toda probabilidad sern el de los dueos del capital o el de los empresarios. Y tales aseveraciones se cumplen siempre sea cual sea la pirmide de poblacin, la esperanza de vida o la tasa de natalidad.
  5. La viabilidad del Sistema Pblico de Pensiones est condicionada por la tasa de dependencia solo si su financiacin se liga exclusivamente a las cotizaciones sociales. Pero no tiene, ni debe por qu ser as. En un Estado social, tal como define el nuestro la vigente Constitucin, son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, tambin a las pensiones. La separacin entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable, pero no econmica, y mucho menos poltica.
  6. Afirmar que son los trabajadores y los salarios los nicos que han de mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razn para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artculo 50 de la Constitucin Espaola afirma: Los poderes pblicos garantizarn, mediante pensiones adecuadas y peridicamente actualizadas, la suficiencia econmica a los ciudadanos durante la tercera edad. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.
  7. Desde esta perspectiva, carece de todo sentido el llamado fondo de reserva creado por el Pacto de Toledo, que estipula que en las pocas en las que la recaudacin por cotizaciones sociales exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para subvenir a financiar el dficit cuando los trminos se inviertan. No es este fondo -al que vulgarmente se llama hucha de las pensiones- lo que puede ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la garanta de que detrs del derecho a la prestacin se encuentra el Estado con todo su poder econmico. En realidad, los incrementos o disminuciones del fondo de reserva son meros apuntes contables entre administraciones ya que, como es lgico, su importe se invierte en deuda pblica. En este sentido resulta un dislate el comentario que parece haber hecho Zapatero al hilo de que el actual Gobierno haya consumido el fondo de reserva. Si s esto, no congelo las pensiones en 2011 y tiro del fondo de reserva. Debera conocer que pagar las pensiones con cargo al fondo de reserva en ningn caso impide que se incremente el dficit de las Administraciones Pblicas, que era lo que l pareca querer evitar.
  8. De igual modo, no tiene sentido que el actual Gobierno pretenda enjugar el dficit de la Seguridad Social con prstamos en lugar de con transferencias a fondo perdido. Fue en 1994 cuando se introdujo este antecedente tan negativo, y se comenzaron a cubrir los desequilibrios entre cotizaciones y prestaciones por medio de prstamos, en vez de hacerlo con aportaciones estatales sin contrapartidas; se rompa as la norma anterior de que en los Presupuestos del Estado aparecan transferencias de recursos del Estado a la Seguridad Social.
  9. El envejecimiento de la poblacin de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema pblico de pensiones, pero s obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no solo a financiar las pensiones, sino tambin a pagar el gasto sanitario y los servicios de atencin a los ancianos y los dependientes. Detraccin por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la poblacin, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva. John Kenneth Galbraith anunci ya hace bastantes aos que cambios como la incorporacin de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida exigan una redistribucin de los bienes y servicios que deben ser producidos y, en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes pblicos y en contra de los privados.
  10. Habr quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podra suministrar el mercado. Pero llevar a la prctica tal aseveracin significara en realidad privar a la mayora de la poblacin de ellos. Muy pocos ciudadanos en Espaa podran permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. Cuntos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuanta suficiente para garantizarse una pensin de jubilacin digna? La nica dificultad es ideolgica. El neoliberalismo econmico pretende imponer la aversin a lo pblico y a los impuestos.
  11. En todos los informes de organismos o instituciones en los que se siembran dudas acerca de la viabilidad de las pensiones pblicas se plantea al mismo tiempo la necesidad de completarlas con pensiones privadas. Surge la duda acerca de si el objetivo que se persigue no ser potenciar los fondos privados de pensiones. De hecho, la nica alternativa que se propone a las pensiones pblicas es que cada persona de forma individual ahorre para la vejez. Los fondos de pensiones no son ms que una forma de ahorrar y no precisamente de las ms ventajosas para el inversor, aunque muy lucrativas para las entidades financieras depositarias de las inversiones y que controlan a las gestoras. No es de extraar que los fondos estn de capa cada por ms medidas que adopte el Gobierno para incentivarlos.
  12. Supeditar la solucin de la contingencia de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran mayora de la poblacin. Es bien sabido que el 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro (no llegan a final de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuanta a todas luces insuficiente para garantizar el mnimo vital en la jubilacin.
  13. La OCDE y otros organismos internacionales suelen afirmar que las pensiones en Espaa son muy generosas. Lo fundamentan en lo que llaman tasa de reposicin (pensin que se recibe como porcentaje del ltimo salario) que, segn dicen, est por encima de la de la mayora de los pases de la Organizacin. Pero ese porcentaje es terico para un trabajador que hubiese cotizado el nmero mnimo de aos para percibir la pensin mxima (en Espaa, ms de 35) y se jubilase a la edad legal (en nuestro pas, 65 aos, por ahora). No tiene en cuenta, por consiguiente, otros muchos factores: la dinmica del mercado de trabajo, la penalizacin de la jubilacin anticipada, topes mximos, salario mnimo, bases sobre las que cotizan determinados regmenes, pensiones mnimas, sistema fiscal, etc., que hacen que la tasa real est muy alejada de ese mximo y sea inferior a la de otros pases. En 2016 la pensin media de los nuevos pensionistas ascendi a 1.087 euros al mes, mientras que el salario medio se situ en 2.226. No llega por tanto ni al 50%. El 72% de los jubilados cobran en la actualidad menos de 1.100 euros mensuales (el 49% no sobrepasa los 700 euros). El 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas estn por debajo del umbral de la pobreza. Como puede apreciarse, la generosidad es desbordante.
  14. La ofensiva desatada desde mediados de los aos 80 contra el sistema pblico de pensiones ha tenido sus frutos y, as, en distintas ocasiones se ha reformado el sistema y siempre en la misma direccin, la de empeorar las condiciones de la jubilacin. Pero ha sido la reforma de 2013, aprobada por el PP, la que ha creado un panorama futuro ms alarmante: la actualizacin anual de la prestacin se desvincula del coste de la vida y se la hace depender de una frmula alambicada y absurda que condena en el futuro a los pensionistas a ir perdiendo poder adquisitivo. Espaa se ha convertido en el nico pas de toda Europa que desliga la actualizacin de las pensiones de la evolucin de los precios y los salarios.
  15. La recaudacin fiscal se incrementa de forma automtica con la inflacin. Por qu no incrementar, entonces, las prestaciones de los jubilados en la misma cuanta? La pretensin actual de no actualizar las pensiones con el ndice del coste de la vida constituye un verdadero expolio, equivalente a gravar a los jubilados con un impuesto adicional progresivo sobre su pensin (progresivo no en el sentido de progresividad fiscal, sino porque el tipo va a incrementarse ao a ao). Suponiendo que la inflacin sea del 2% anual, el impuesto ser del 2% el primer ao, del 4% el segundo, del 6% el tercero, del 10% a los cinco aos, del 20% a los diez aos. No es este el gravamen ms injusto de los que estn vigor?

www.martinseco.es

Fuente: https://www.republica.com/contrapunto/2017/12/14/la-ocde-y-de-nuevo-los-sofismas-sobre-las-pensiones/#



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