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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-12-2017

10 aos de reformas

Ariel Dacal Daz
Cuba Posible


I

10 aos han transcurrido desde que Ral Castro, a fines de 2007, convocara un amplio debate nacional. Fue una suerte de catarsis social sobre los problemas en todos los rdenes del pas. Hecho que puede ser marcado como el inicio de un proceso de transformacin que ha impactado todos los espacios de la vida econmica, poltica, social y subjetiva de Cuba.

En esta dcada quedaron despejadas dos variables importantes: 1) qu cambios se acometeran en el orden econmico y social, y 2) desde qu concepcin del socialismo se asumiran. Estos datos permiten colocar el anlisis sobre las reformas no en el ter de los supuestos, sino en el concreto de los resultados, con nfasis tanto en las modificaciones estructurales y conceptuales, en las contradicciones y complejidades que entraan, como en sus perspectivas.

Si bien todo movimiento en una parte del sistema afecta a su totalidad, queda pendiente despejar otra importante variable: el marco poltico y jurdico para el relacionamiento de viejos y nuevos actores socioeconmicos. Ajustes que han de ser ventilados en un proceso de reforma constitucional, como cierre de lo que debera ser un nuevo contrato social en Cuba.

En febrero de 2008, al ocupar el cargo de Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Ral Castro destac lo que puede considerarse como las lneas maestras de las actualizaciones que se acometeran en la Isla, grosso modo:

Ratificar al PCC como el garante de la unidad de la nacin, y heredero del liderazgo histrico de la Revolucin. A esta afirmacin ados la condicin de que si el pueblo est firmemente cohesionado en torno a un nico partido, ste tiene que ser ms democrtico que ningn otro, y con l la sociedad en su conjunto.

Ampliar los procesos de debates al interior de la sociedad, pues el apoyo masivo a la Revolucin exige cuestionarnos cunto hacemos para mejorarlo () No hay por qu temer a las discrepancias en una sociedad como la nuestra () Del intercambio profundo de opiniones divergentes salen las mejores soluciones, si es encauzado por propsitos sanos y el criterio se ejerce con responsabilidad.

Hacer ms eficiente la gestin del gobierno. Una estructura ms compacta y funcional, con menor nmero de organismos de la administracin central del Estado y una mejor distribucin de las funciones que cumplen.

Fortalecer la economa como premisa imprescindible para avanzar en cualquier otro mbito de la sociedad. La nica fuente de riquezas de la sociedad est en el trabajo productivo. Se debe planificar bien sin gastar ms de lo que tenemos () para encontrar los mecanismos y vas que permitan eliminar cualquier traba al desarrollo de las fuerzas productivas y explotar las importantes potencialidades que representan el ahorro y la correcta organizacin del trabajo.

Satisfacer, de manera prioritaria, las necesidades bsicas de la poblacin, tanto materiales como espirituales, partiendo del fortalecimiento sostenido de la economa nacional y de su base productiva.

Estas lneas se han concretado, dos quinquenios despus, de la siguiente manera:

Reorganizado los procesos de produccin, distribucin, cambio y consumo. Esto incluye la ampliacin del sistema de gestin de la propiedad y la diversificacin de los sujetos econmicos: la propiedad socialista de todo el pueblo, la cooperativa, la mixta, la privada, la propiedad de organizaciones polticas, de masas, sociales y otras de la sociedad civil. El trnsito de una poltica de pleno empleo a la expansin del mercado laboral. La disminucin de la presencia distributiva del Estado. Como norma, se pas a subsidiar a las personas y no a los productos. Abandono de la poltica de pleno empleo. Ensanchamiento del mercado en el rol de distribucin de bienes y servicios, en el empleo y en el acceso al bienestar, con fuerte sustento en los ingresos personales y familiares.

Definidos los sectores estratgicos para el desarrollo: 1) gobierno socialista, eficaz, eficiente y de integracin social; 2) transformacin productiva e insercin internacional; 3) infraestructura; 4) potencial humano, ciencia, tecnologa e innovacin; 5) recursos naturales y medio ambiente; 6) desarrollo humano, equidad y justicia social (Documentos, 2017).

Modificados los mecanismos de poltica social focalizados hacia la vulnerabilidad, con fuerte basamento en las polticas impositivas. Hacer un uso eficiente de los recursos, orientado hacia la estabilidad macroeconmica y financiera.

Ajustado el funcionamiento de la Administracin Central del Estado: mayor descentralizacin, claridad y estabilidad en las funciones de gobierno; incremento del protagonismo municipal, mayor informacin pblica sobre la gestin gubernamental. La limitacin de la eleccin a dos periodos para cualquier cargo pblico.

Definidos los ejes estratgicos para el plan nacional de desarrollo: 1) gobierno, defensa y seguridad interior; 2) medio ambiente y recursos naturales; 3) socio-cultural; 4) territorial; 5) demogrfico; 6. infraestructura; 7) sector externo; 8) monetario, financiero y fiscal; 9) potencial productivo, tecnolgico y humano (Documentos, 2017).

Perfilada la funcin del Estado socialista como garante de la igualdad y la libertad, la independencia, la soberana, de la participacin y control populares, del desarrollo del pas; al tiempo que garante en el ejercicio y la proteccin de los derechos y deberes econmicos, sociales, culturales, cvicos-polticos, individuales y colectivos (Documentos, 2017).

Ratificado el Partido Comunista de Cuba (PCC) como nica instancia poltico-partidista dentro del modelo. Los rganos permanentes de este se renen peridicamente. Se han realizado dos Congresos en el perodo, los correspondientes plenos de su Comit Central y se convoc, por primera vez, la instancia de la Conferencia Nacional. Como poltica se defini la progresiva separacin de las funciones administrativas asumidas por esta organizacin y concentrar su trabajo en el mbito poltico/ideolgico.

Queda modificada la estructura productiva: prevalece la gestin estatal, con un 70 por ciento. Se incrementa el trabajo por cuenta propia (empleados, empleadores y auto-empleados) a 982 personas (12 por ciento de la fuerza laboral). Las cooperativas no agropecuarias alcanzan 112 mil asociados y asociadas, con 420 aprobadas. Se aade que 1 milln 917 mil hectreas de tierras han sido otorgadas a 222 mil personas naturales. Este cuadro incluye a ms de 250 empresas vinculadas al capital extranjero en sus modalidades (capital forneo cien por ciento, empresas mixtas, y contrato de asociacin econmica internacional).

II

El nuevo mapa estructural/productivo se ha visto afectado por ajustes peridicos en las polticas y regulaciones de las nuevas formas de propiedad y gestin, lo que dificulta su estabilidad, desarrollo y genera incertidumbre en los actores econmicos emergentes. Adems, las medidas, para su consolidacin, expansin y fomento han sido lentas y sin plazos determinados.

El Modelo, adems de reiterar la lgica de un ordenamiento estatal fuertemente centralizado y burocrtico, pareciera sustentarse en la convivencia de clases; reducida conceptualmente a coexistir en la condicin de propiedad social de los medios de produccin prevaleciente. Esta comprensin desatiende las complejidades y contradicciones clasistas manifiestas dentro de la diversidad de actores econmicos. Visin economicista que obvia, tanto en el anlisis conceptual como en la prctica poltica, conflictos tales como capital/trabajo, empleador/empleado (privado o estatal), ciudadano/productor.

En este contexto, a pesar de la descentralizacin en la gestin de la empresa estatal, subyacen dos fenmenos:

1) en su interior, la lgica verticalista y salarial, donde los directivos concentran un mayor poder de decisin en los procesos productivos. La iniciativa y la creatividad requerida a los trabajadores/as, como dueos de los medios de produccin, se reduce a lo tcnico, no a cuestiones organizativas ni estratgicas dentro de las unidades productivas (Martn, 2015);

2) en su relacin hacia afuera, el manejo discrecional y centralizador de las empresas por parte del Estado se concreta en la poca calidad de las regulaciones para su funcin y el cumplimiento de estas (Torres, 2015).

Como tendencia, el Modelo no proyecta la democratizacin de las relaciones productivas. En sus planteos bsicos, y en la prctica poltico normativa, no se coloca el trabajo (seres humanos que producen directamente bienes y servicios) en la centralidad que demanda el imperativo socialista de socializar la produccin y el poder. En consecuencia, no se potencia una subjetividad cooperativa, complementaria y solidaria, afn a esos procesos polticos/productivos.

Esa tendencia se remarca en que las cooperativas tienen mayores lmites para su aprobacin, lo que incluye su exclusivo carcter experimental. El Modelo no menciona la cogestin y la autogestin como pilares de la socializacin, ni la diversidad de formas de la economa popular y solidaria; potenciales concreciones de la propiedad social en espacios comunitarios de produccin de bienes y servicios.

La actualizacin no lo es solo del modelo econmico, sino de las relaciones sociales y su redimensionamiento subjetivo, individual y grupal. En este sentido, algunas investigaciones psicosociales develan la percepcin de relaciones de subordinacin empleador-empelados, caracterizadas como explotacin en muchos casos, donde el componente de autocracia, inteligencia y liderazgo le es asignado al empleador y el de obediencia y sumisin, al empleado. Dentro de estas pautas subjetivas se declaran pocos deseos de alianza con instituciones estatales, desarrollo de procesos cooperativos o acciones encaminadas a la responsabilidad social; contrario a lo cual la participacin en las transformaciones se signa ms en lo individual y familiar. (Daybel, 2015)

Otra arista de las reformas alerta que, si bien es un imperativo dotar al proyecto social cubano de sustentabilidad econmica, por lo cual la poltica social apunta a suprimir su baja armonizacin con la economa, en la prctica se tiende a conceder a la poltica social un papel subordinado a lo econmico.

Como manifestacin de esta lgica, no se aborda en rigor la problemtica de las desventajas y exclusiones sociales. La desigualdad y la pobreza se diluyen en trminos como: poblacin en riesgo o vulnerable, grupo en desventaja, pobreza asistida o con amparo, desventaja social (Valds, 2013 y Zabala, 2013). El no reconocimiento de esta situacin impide desplegar polticas sociales a la par de las transformaciones econmicas que enfrenten las zonas de pobreza y miseria existentes.

Como dato, por ejemplo, el ndice Gini, que mide desigualdad en un rango entre 0 a 1, se ensancha desde su nivel ms bajo; 0,24 en 1980; a 0,38 en el 2000. Para el 2015 se estimaba en el 0,40. De igual manera se ha acrecentado la feminizacin, racializacin y territorializacin de la desigualdad y la pobreza (Espina, 2015).

Investigaciones recienten develan que han progresado (movilidad social) hombres, personas blancas, jvenes, sujetos con calificacin media superior y superior, y de origen social intelectual. En la otra cara de la moneda se ubican las mujeres, personas no blancas, de origen social obrero y campesino, y de bajo nivel educacional, combinado con la trasmisin generacional de las desventajas (Espina, 2015). Un destaque merece el hecho de que las mujeres, dentro del sector cuentapropista, son el 33 por ciento (Prez, 2017), y la mayora de ellas no son propietarias, sino asalariadas, con ingresos promedios menores al de los hombres.

Como base de esa movilidad social se apunta, en el espacio micro social, la carencia o insuficiencia de activos y su reproduccin generacional. En el mbito macro, la incapacidad de los mecanismos econmicos para generar fuentes de trabajo con retribucin adecuada, as como el debilitamiento tanto de mecanismos estructurales de inclusin social dependientes del trabajo, como de asistencia y seguridad social.

Lo anterior se refleja en la ampliacin del cuentapropismo y de la microempresa sin apoyo e incentivos pblicos suficientes y adecuados para grupos en desventaja (microcrditos preferenciales, mercados, capacitaciones, asesora jurdica y tcnica), lo que pudiera generar en estos una informalizacin precaria, que no rebase el marco de sobrevivencia e incremente los niveles de pobreza (Espina, 2015). Tal insuficiencia contrasta con el hecho de que se mantienen inmovilizados recursos que podran destinarse al fomento de emprendimientos, como los ahorros de la poblacin situados en los bancos (Daz, 2015), as como fuertes limitaciones para el despliegue de proyectos de la cooperacin internacional.

En la prctica, el dficit de fuentes de financiamientos privadas, estatales, por subvenciones o subsidios gubernamentales, se suplen mnimamente por la familia, los amigos, y cubanos residentes en el exterior. El envo de dinero a Cuba se calculan en torno a 3 mil millones de dlares anuales, de los cuales aproximadamente un 50 por ciento se emplean como capital del trabajo del sector no estatal (Rodrguez, 2017).

Otro matiz del mismo asunto destaca que las polticas crediticias no apuntan a empoderar a sujetos, grupos y comunidades afectadas, lo que implicara aprovechar las potencialidades de la comunidad y de la sociedad civil para enfrentar esa realidad. Valga decir el despliegue de formas de economa social y solidaria, gestin participativa de los presupuestos y acceso directo a recursos de la cooperacin internacional.

En este escenario, si bien el salario medio nominal en el sector estatal ha crecido, no satisface aun las necesidades bsicas. Mientras su promedio es de 740 CUP, (824 sector empresarial) (Rodrguez, 2017), se calcula en ms de 2.000 CUP el monto salarial requerido para satisfacer esas necesidades (Monreal, 23/06/2017). La distribucin de esa media an no es igual para todos, ya que un 60 por ciento de los trabajadores cobraban una suma por debajo del promedio nacional, alrededor de un 38 por ciento cobraba entre 824 y 2.000 pesos y solo un 1,7 por ciento superaba esta ltima cifra (Rodrguez, 2017). En este mismo sentido, la pensin media nominal ha crecido, pero, ajustada al incremento de precios, no cubre las necesidades bsicas alimenticias.

En el caso de los cuentapropistas, los ingresos son seis veces el salario medio estatal, y la brecha es mucho mayor entre algunas ocupaciones dentro del sector (Mesa-Lago, 2017). En este escenario, tanto el trabajo por cuenta propia como el cooperativismo, logran mayor vnculo entre ingreso y trabajo, lo que estimula el crecimiento de la productividad.

Valga aadir que los precios elevados se intentan compensar en el 2017 mediante un subsidio presupuestario de 3.740 millones de pesos para los productos que se entregan por la libreta de abastecimientos, al tiempo que se cubren gastos sociales por 36.554 millones. Estos abarcan los costos de los servicios de salud, educacin, seguridad y asistencia social, as como las tarifas subsidiadas de la electricidad, gas, agua, telfonos y transporte pblico (Rodrguez, 2017).

Respecto al sistema de salud, este se mantiene bajo el principio de universalidad y gratuidad. Continan avances en ciertos indicadores (la mortalidad infantil es de 4,3 por cada 1.000 nacidos vivos; se reduce en 35 por ciento el nmero de habitantes por estomatlogo, se increment la vacunacin en siete de 11 tipos). En paralelo ha disminuido el acceso, el nmero de instalaciones, el personal y la calidad de los servicios. El nmero de hospitales descendi 32 por ciento y el de policlnicos 8 por ciento, todos los hospitales rurales y los puestos rurales y urbanos fueron cerrados en 2011 (Mesa-Lago, 2017). Al mismo tiempo, el tenso tema del envejecimiento poblacional demanda el incremento de servicios, de por s costosos.

El sistema de educacin, que mantiene igualmente su carcter universal y gratuito, ha tenido una reduccin de la matrcula total en 39 por ciento, mientras que el personal lo ha hecho en 13 por ciento, afectando especialmente a la educacin rural y obrero-campesina (Mesa-Lago, 2017). Tambin se observan zonas de deterioro en la calidad del proceso docente educativo.

Para paliar la situacin se han incrementado los salarios en el sector, se posibilit la recontratacin a docentes en jubilacin y se revisaron las condiciones de contratacin y cargas docentes. La revisin en curso incluye un tercer perfeccionamiento del sistema educacional, que apunta, en lo esencial, a actualizar programas, textos y orientaciones metodolgicas; as como organizar el proyecto educativo en cada escuela acorde a su contexto, mayor autonoma en la direccin de centros educacionales y su relacin con los mbitos familiares y comunitarios.

Si bien se reitera que el Estado garantiza la gratuidad de los servicios de salud y educacin, se abre la posibilidad de que se determine puntual y centralmente servicios que se pueden ofrecer mediante cobro, a quienes los demanden por razones que no responden a necesidades bsicas o fundamentales (Documentos, 2017). Esta ambivalencia, de facto, abre las puertas a la mercantilizacin de estos servicios, al potencial ensanchamiento de las desigualdades ya crecientes, y agita una de las bases esenciales de la legitimidad del socialismo cubano.

La ampliacin del mercado y de la actividad privada tiene un impacto en la desigualdad. Tambin la situacin de los salarios estatales y las pensiones que se han quedado retrasados en relacin con los niveles alcanzados por otros mbitos con mayor dinamismo, como los salarios de la actividad privada, el ingreso de los trabajadores por cuenta propia y de las cooperativas, las remesas familiares, y otras entradas (legales e ilegales).

Algunos anlisis apuntan que para poder avanzar en una discusin acerca de la desigualdad es conveniente analizar la distribucin primaria del valor, aquella que se produce en el proceso de produccin y que adopta diversas formas de ingresos, especialmente los salarios (Monreal, 13/06/2017). El valor del salario mnimo depende fundamentalmente de su equivalencia con el costo de la canasta bsica. Expresa lo que cuesta sostener al obrero. Por tanto, no debe depender directamente del nivel de productividad que pudiera existir a nivel social, o en las ramas determinadas donde trabajan obreros y obreras. No debe ser violentada por antojo burocrtico (Monreal, 23/06/2017).

Los anlisis prevalecientes sobre el salario siguen enfocados en el efecto y no en la causa. La controversia aumento de salario para aumentar la productividad, versus, aumento de la productividad para aumentar salario, son migas del mismo pan. En ambos casos parten de fuerzas sociales externas a los trabajadores, que administran los medios de produccin (burcratas) o son sus dueos (capitalistas). Ambas se reproducen, con marcadas diferencias, al reducir al trabajador a vender su fuerza de trabajo y alienar as su participacin en el conjunto de las relaciones sociales de produccin.

Con frecuencia se obvia, en la crtica a la poltica salarial del Estado, que el sector privado, con independencia de los ingresos ms favorables que hoy representa, reproduce la aeja lgica de que el capitalista incrementa su poder a travs de la apropiarse de determinada cantidad de trabajo no retribuido a los trabajadores. El capitalista pugna por reducir los salarios y prolongar la jornada de trabajo, mientras que el trabajador presiona constantemente en el sentido contrario. Si bien esta tensin se regula por la ingerencia de la ley, la que aparece por la accin poltica general de los trabajadores, la distribucin de la riqueza social entre capitalistas y trabajadores es cada vez ms desigual (la observacin emprica apunta a validarlo en la incipiente relacin de este tipo en Cuba).

En los debates, propuestas y bsqueda de salidas al problema salarial en Cuba, no se prev que, venga de donde venga, el sistema salarial es una relacin que constrie creatividad, libertad y derechos en los productores y productoras directos de bienes y servicios. De igual manera engendra las condiciones materiales y las formas sociales para su reproduccion. De ah que la permanente lucha por el aumento salarial es solo un paliativo. Por eso, exortaba Marx, al lema conservador de un salario justo para una jornada de trabajo justa, deber ser cambiada por la consigna revolucionaria, abolicin del sistema de trabajo asalariado (Marx, 2003).

Otra razn para explorar ms en profundidad las formas cooperativas, solidarias, mutualistas de producir, donde el trabajo no se somete a los designios salariales de la burocracia ni del capital. Donde establezca sus propios mecanismos para una distribucin justa de las riquezas, dgase beneficio, ganancia siempre a condicin de una nueva relacin social de produccin donde el trabajo toma la centralidad.

La generalidad de los rasgos, tendencias y tensiones descritas con anterioridad, se suceden sobre resultados econmicos insuficientes para alcanzar el despegue, desarrollo y sustentabilidad del Modelo, lo que aade mayor tensin al proceso.

Para el 2016, segn cifras oficiales, la principal fuente de ingreso econmico es el turismo, el cual aporta 3 mil millones de dlares anuales. Este sector puede hacer una mayor contribucin indirecta a la economa producto de sus derrames en trminos de encadenamientos (an muy por debajo del potencial) e ingresos directos hacia las familias cubanas. En la otra cara de la moneda, el turismo acarrea graves consecuencias sociales y ambientales, al tiempo que, en la prctica, obliga a importar alimentos, bebidas, combustibles y productos de lujo para satisfacer a los ms de 4 millones de visitantes.

Todos los dems rubros econmicos fundamentales tienden a ser deficitarios. La produccin de nquel se redujo y la azucarera disminuy a un milln y medio de toneladas (400 mil menos de lo programado). La venta de derivados del petrleo cay 68.9 por ciento y la importacin de petrleo venezolano baj 4.4 por ciento. La produccin de energa elctrica, por su parte, cay 6 por ciento. Las exportaciones totales cayeron 16.3 por ciento. Las exportaciones de servicios (mdicos y maestros) disminuyeron en 11 por ciento. En cambio, la importacin de alimentos ascendi a 1.688 millones de dlares, mientras la de bienes cay en 3.3 por ciento. En ese escenario, el pas pag 5.299 millones de dlares de su deuda externa para seguir teniendo crdito (Almeyra, 2017).

El contexto crediticio internacional es complejo y no parece haber modos posibles de avanzar sin enfrentar esa complejidad. Aunque las condiciones han mejorado relativamente en los ltimos cinco aos, a partir de la restructuracin de la deuda exterior, algunos autores destacan como elementos de esta situacin: que el pas no es miembro de ningn organismo financiero internacional relevante, ni concesional ni compensatorio; la profundizacin de las sanciones de Estados Unidos, y el pobre historial crediticio cubano, con varias moratorias de deuda. Todo esto implica que los costos de emisin de deuda son muy altos, a lo que se une que no existe una amplia cartera de socios con los que trabajar en este sentido. Inclyase en esta complejidad, la percepcin de que la deuda pone al pas en manos de sus acreedores, sin alternativas viables, los que pueden intentar empujar a Cuba hacia la adopcin de medidas que se han tratado de esquivar hasta el momento (Torres, 2017).

No puede obviarse que en el concierto financiero internacional, las grandes instituciones no tienen por prioridad real la ayuda al desarrollo, solo la expansin y proteccin del capital financiero. Perspectiva nada amigable con los proyectos de soberana que intentan proteger su economa al servicio de las necesidades nacionales de desarrollo de su poblacin.

En este tenso escenario, la inversin extranjera sum en 2016 unos 1.300 millones de dlares, distante del necesario incremento anual cifrado entre 2 mil y 2.500 millones. En el Plan Nacional de la Economa de 2017, las compaas extranjeras solo asumen el 6,5 por ciento de la inversin prevista.

El ritmo lento de aprobacin de nuevos proyectos ha impedido acceder a recursos en el corto plazo y expandir la capacidad productiva que asegure un mayor dinamismo de la economa en los aos venideros. Esto es debido a la ineficiencia burocrtica, entrelazada con deformaciones en el sistema bancario y financiero nacional, as como la dualidad monetaria (Terrero, 2017).

Algunos analistas sugieren no tomar en cuenta solo grandes proyectos que impliquen el desembolso de fuertes sumas, sino considerar emprendimientos de mediano e incluso pequeo porte, as como reforzar la capacidad de ejecucin de las inversiones del pas como apoyo a la entrada de capital forneo (Rodrguez, 2017). Como alternativa pudiera acercase la aprobacin de inversiones con un monto limitado en los niveles provinciales y municipales.

Lo cierto es que la inversin extranjera tiene carcter paradjico. De un lado, en tanto elemento constitutivo del modelo de desarrollo, es quiz sobre el que se puede actuar con mayor efectividad a corto plazo. Del otro, su inclusin potencia los riesgos que el capital internacional representa para cualquier proyecto nacional sustentado en la dignidad popular en general, y de los trabajadores y trabajadoras en particular. Sin dudas una de las mayores exigencias a la creatividad poltica en defensa de la soberana. Recurdese que, detrs de la sinuosa consigna de mayor estmulo a la inversin, se solapa la desregulacin del capital que condicionan, en los casos ms extremos, las polticas econmicas de las naciones en desarrollo.

III

Al intentar una mirada integral al proceso de reforma, es el mbito poltico/normativo donde se sitan las mayores incertidumbres. Si bien es cierto que los documentos de la actualizacin han tenido niveles de consulta ms o menos amplios con sectores e instituciones sociales diversas, estos eventos democrticos no parecen anunciar la configuracin de estructuras de dilogo poltico estables con los (cada vez ms diversos) sujetos sociales y econmicos dentro del pas.

Las pautas enunciadas respecto al ordenamiento poltico no sobrepasan la pretensin de estudiar cmo reducir la cantidad de miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular sin sacrificar la representatividad del pueblo; analizar la presencia de un rgano permanente y profesional que dirija los procesos electorales, y encaminar el programa de Perfeccionamiento de los rganos del Poder Popular, aprobado por la direccin del Partido (Penn, 2017).

La idea de un Partido ms democrtico en su rol de gua de la Nacin no ha tenido concreciones significativas. Las propuestas de aumentar, diversificar y especificar el dilogo del Estado con la sociedad no muestran resultados tangibles. Tampoco se aprecian pasos de reacomodo en la relacin del PCC con las organizaciones de masas legalmente constituidas, ni con la diversificada sociedad civil cubana.

Sin embargo, y como dato significativo del contexto, las instancias estatal y partidista han perdido el monopolio de las preguntas y las respuestas. En su lugar se incrementa la densidad de la sociedad civil, constatada en la emergencia de redes asociativas que defienden temas diversos, con autonoma y capacidad de incidencia en la sociedad y las agendas pblicas: comunidades religiosas, movimiento LGBT, movimiento por los derechos de las personas negras, diversos colectivos feministas, plataformas de comunicacin alternativas, trabajo comunitario socioculturales y productivo, entre otros.

Estos grupos de actores que develan un abanico ideolgico amplio y ejercen un quehacer crtico que no implica ruptura con lo revolucionario, ms bien lo resignifican. Muchos de estos colectivos vencen en buena medida el recelo de los sectores oficiales tradicionales, y ganan legitimidad y acceso a la esfera pblica (Gonzlez, 2015).

IV

Frente a este dato de la realidad se debera potenciar la redefinicin de un nuevo pacto social, dgase encuadrar las maneras futuras de organizar el dilogo permanente, y el incremento de la inclusin social en los procesos de definicin, decisin y control de las polticas pblicas.

Si bien este camino no est en cero, y su continuidad se infiere de los documentos de la actualizacin, es un imperativo acelerar su construccin; es decir, ampliar los procesos normativos que le den cuerpo y contenido. Para este fin sera necesaria una revisin de las comprensiones sobre control popular y sociedad civil socialista referidas en los documentos de la reforma.

Mientras ms avanza la actualizacin del modelo ms ajustes se hacen necesarios. A todos ellos debe servir el Derecho. Las reformas abren espacios a nuevos actores que no lo son plenamente sin derechos y deberes regulados que permitan su creacin, reconocimiento, claridad en sus funciones y organizacin, tanto en su condicin de actores econmicos, actores sociales y actores polticos.

En el sector productivo sera deseable ajustar un marco legal transparente, predecible y no discrecional que facilite el desarrollo del mundo empresarial (Torres, 2015), estatal y no estatal. Sera necesario temporizar los actores econmicos no estatales en el Derecho. Estos carecen de modelos especficos a los cuales ajustarse para desarrollar su actividad y contribuir de esa manera a su reconocimiento y regulacin. Pongamos por caso la especificacin de la pequea y mediana empresa, ya sea como persona natural o colectiva. Este particular no es exclusivo de las empresas privadas, pues las estatales tambin ameritaran adoptar formas organizativas y asociativas diversas (Cobo, 2016).

El trmino trabajo por cuenta propia necesita ser re-conceptualizado para su ajuste normativo. En su interior conviven personas que realizan su labor de manera individual; otras que ponen capital propio o en comn y emplean fuerza de trabajo, as como aquellas cuyos ingresos, ms que de su trabajo, resultan de la renta.

Algunos empleadores funcionan como pequeas y medianas empresas, por lo que habra de reconocerse la figura de empresario y legislar sobre ella. De igual manera ha de considerarse la distincin entre empleadores y empleados, la que debe trascender al mbito sindical, pues unos y otros no ocupan el mismo lugar, en particular en el sector privado. Al tener en cuentas estas peculiaridades, sera recomendable revisar el Cdigo de Trabajo y Seguridad Social.

En el camino del necesario pacto social con nuevos y viejos actores de la sociedad civil, debera considerarse el reajuste de la Ley de Asociaciones, la reforma a la Ley Electoral; la creacin de una Ley de Culto, una Ley de Ciudadana, una Ley de Municipio, y una Ley de Comunicacin. Adase la actualizacin de los derechos y deberes econmicos, sociales, culturales, cvicos-polticos, individuales y colectivos; as como las regulaciones jurdicas que organicen y aseguren su realizacin.

Casi como colofn de estos 10 aos, concluy la elaboracin, debate y presentacin final de los documentos de la actualizacin: Conceptualizacin, Plan de Desarrollo y Lineamientos. Estos resultan, en su conjunto, un cuerpo doctrinal, poltico y propositivo de amplio espectro. Constituyen un todo integrador que permitir, en el mediano y corto plazo, contar con un marco referencial para debates, sugerencias y ajustes. Un instrumento programtico al cual recurrir en el largo y complejo proceso de intentar un pas mejor para todas y todos.

Entre los contenidos fundamentales se apunta al desarrollo econmico y elevacin del nivel de vida, sustentado en una prosperidad con justicia y equidad sociales y en armona con el medio ambiente. Se contempla el reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes de la ciudadana, y en particular de los trabajadores en todas las formas de gestin y de propiedad. Derechos y deberes que se proyectan hacer efectivos con inclusin, participacin democrtica en los procesos de toma de decisin en la vida econmica, poltica y social, y afrontando toda forma de discriminacin lesiva a la dignidad humana (Documentos, 2017). Todos estos contenidos son bases potenciales para la creacin social de la poltica.

10 aos han transcurrido desde que Ral Castro convocara un amplio debate sobre los problemas en todos los rdenes del pas y sus posibles soluciones. Como resultado tenemos un pas transformado y mucho ms concreto, sin obviar las complejidades, contradicciones y tensiones que lo matizan. Lo cierto es que se hace insostenible el criterio de que en Cuba nada ha cambiado esencialmente. Pero igual de cierto es que no son poco los nudos que estos aos nos dejan por delante.

Frente a ellos se abre un amplio abanico de opciones que, aun cuando se plantean con trminos similares, no apuntan al mismo horizonte. Es notorio al menos tres tendencias de prioridades en el sector productivo: 1) mayor prevalencia del empresa estatal con el incremento de la eficiencia productiva y distributiva; 2) expansin de la propiedad privada, en los diferentes formas empresariales, con apertura al mercado laboral para incrementar la produccin y los ingresos; 3) priorizacin de formas sociales, comunitarias, colectivas de produccin, con destaque en la cooperativa, que vincule a productoras y productores directamente a los ingresos devenidos de la productividad.

De cara a un proyecto de justicia social, econmica y poltica, como rostros de la soberana, independencia y dignidad nacional, tres claves mnimas seran requerimientos para potenciar lo ms alentador y contener los peligros que dejan estos aos:

a) Re-politizar la sociedad. Eljase ser sujeto consciente y activo. Todas y todos somos el contexto, por lo que debemos cambiar la pregunta sbdita a dnde va Cuba?, por la certeza ciudadana de a donde quiero contribuir que vaya.

b) Control popular. Incremntese la participacin popular como medio poltico para eliminar el poder paralizante de la burocracia y frenar la voracidad depredadora del capital.

c) Autonoma y creatividad colectiva. Acumlese experiencias en la gestin socializadora de la propiedad en mano de quienes producen, en vnculo impostergable con la democratizacin permanente de todos los mbitos de la vida cotidiana, pblica y privada.

Materiales consultados:

Almeyra, Guillermo. Cuba, problemas y desafos (I). www.jornada.unam.mx/2017/04/02/opinion/016a2pol

Documentos del 7mo. Congreso del Partido aprobado por el III Pleno del Comit Central del PCC y respaldado por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de junio de 2017. Conceptualizacin del Modelo Econmico y Social Cubano de Desarrollo Socialista. Bases del Plan Nacional de Desarrollo Econmico y Social hasta el 2030: Visin de la Nacin, Ejes y Sectores estratgicos. Lineamientos de la Poltica Econmica y Social del Partido y la Revolucin para el perodo 2016-2021. Tabloides I y II. Impreso en la UEB grfica Villa Clara, Empresa de peridicos.

Castro, Ral. Discurso pronunciado en las conclusiones de la sesin constitutiva de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Palacio de las Convenciones, La Habana, 24 de febrero de 2008, Ao 50 de la Revolucin.

Castro, Yudi. El desafo de poner a producir las tierras ociosas. Peridico Granma, jueves 17 de agosto de 2017.

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Fuente: http://cubaposible.com/cuba-diez-anos-reformas/



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