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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-12-2017

Filipinas
Guerra y derecho, o como matar rebeldes armados

Soliman M. Santos, Jr.
Europe Solidaire


El abogado Presidente y Comandante en Jefe de las Filipinas ha dado la orden verbal a los militares (AFP) de disparar contra los rebeldes armados (NPA) a la primera oportunidad. Lo que plantea cuestiones legales interesantes, incluso acadmicamente, si no fuera una cuestin real de vida o muerte. El abogado vicepresidente ha expresado su opinin de que disparar a matar (STK) es ilegal, contrario a la Constitucin, presumiblemente en referencia al artculo que garantiza un juicio justo, as como al procedimiento penal que permite la detencin por parte de un ciudadano (sin orden judicial) cuando una persona ha cometido, est cometiendo o trata de cometer un delito en su presencia.

El abogado portavoz presidencial (y Asesor Presidencial sobre Derechos Humanos) ha respondido en dos niveles jurdicos. En el plano del derecho internacional humanitario (DIH), ha asegurado que los rebeldes armados en un conflicto armado no internacional como el que existe entre el Nuevo Ejercito del Pueblo (NPA) y las AFP son un objetivo militar legtimo. En el plano del derecho penal, ha sealado que los rebeldes armados estn cometiendo el delito de rebelin, que consiste en tomar las armas contra el gobierno. Pero se mueve en terreno peligroso cuando fusiona esos dos niveles jurdicos al afirmar (al parecer) que los comunistas que tomaron las armas contra el gobierno son objetivos militares legtimos, ya que estn cometiendo un delito. Ms tarde fue citado diciendo: Puedo asegurarle que ningn NPA armado se entregar a las autoridades. Las opciones son dispararles o [permitir] que disparen ellos a nuestros hombres en uniforme ... Si hay una guerra, se puede disparar contra todos los implicados [probablemente refirindose a los combatientes]...

El DIH s permite, durante los conflictos armados, los ataques dirigidos contra objetivos militares, incluyendo contra combatientes tanto de las fuerzas armadas del Estado como de grupos armados organizados contra el Estado, pero esto no es absoluto y tiene ciertos lmites. Entre ellos se encuentran los principios fundamentales del DIH de necesidad militar y humanidad aplicables en virtud de las circunstancias, como se ha sealado en diversos materiales de orientacin del Comit Internacional de la Cruz Roja (CICR). Puede ser posible neutralizar la amenaza militar a travs de la captura o por otros medios u opciones no letales y sin riesgo adicional para las fuerzas operativas o la poblacin civil circundante. El rebelde armado, o para el caso el soldado armado, debe tener la oportunidad de rendirse, dependiendo de las circunstancias. No se puede suponerse a priori que ningn NPA armado se entregar a las autoridades, ya que de hecho ha ocurrido. Y toda autodefensa letal slo puede justificarse frente a una resistencia armada.

En el mbito del derecho penal y de procedimiento, particularmente cuando no hay encuentro armado, los autores (como un rebelde que simplemente porta armas) del delito de rebelin no deben ser tratados como objetivos militares legtimos, sino como sospechosos - en cuyo caso, no pueden ser privados de la vida o la libertad sin el debido procedimiento legal, que es principalmente funcin de una causa criminal. Este procedimiento no contempla el abuso de la excusa gastada de nanlaban (resistencia a la autoridad). Este nivel jurdico es en gran medida (al menos conceptualmente) responsabilidad de las fuerzas de orden o un asunto policial, como se suele decir, no un asunto militar. Es peligroso combinar estas dos cuestiones, como el NPA est haciendo lamentablemente bajo el Gobierno Democrtico Popular del Partido Comunista de Filipinas.

Teniendo en cuenta esos dos niveles jurdicos (y ni siquiera hemos abordado la potencialmente complicada ley especial penal para la lucha contra el terrorismo), y algunas posibles situaciones de conflicto legal en los previstos encuentros virulentos AFP-NPA (que en realidad ya se han producido) previstos por el Presidente, quizs haya llegado la hora de que todos los interesados piensen cuidadosamente esta situacin jurdica. Apenas hemos araado la superficie de todo hasta ahora, y hay ms trabajo que hacer cara al peor de los escenarios.

A no ser que, esperando contra toda esperanza, podamos todava escapar de alguna manera del abismo virulento en el que hemos cado. Si no queremos que haya ms seres queridos perdidos para siempre como Josephine Anne Lapiras y PO1 Joeffel Odon (cuntas veces hemos expresado este tipo de esperanza antes?), los lderes de ambas partes tendrn que encontrar en sus corazones y mentes la necesidad de al menos tratar de detener la cada por medio de un alto el fuego razonable que permita unas conversaciones de paz razonables. Con ms sinceridad.

***

Soliman M. Santos, Jr. es actualmente Juez del Tribunal Regional (RTC) de la ciudad de Naga, Camarines Sur. Es un veterano abogado de derechos humanos; consultor legislativo y jurista; defensor de la paz, investigador y escritor, cuyo compromiso con el proceso de paz se inici con el primer alto el fuego GRP-NDFP en todo el pas en 1986, particularmente en su regin de origen de Bicol, un feudo de la insurgencia comunista. Es autor de una serie de libros sobre los procesos de paz en Filipinas, entre ellos How do you solve a problem like the GPH- NDFP peace process? (Siem Reap, Cambodia: The Centre for Peace and Conflict Studies, 2016).

Fuente: http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article42596

Traduccin de Enrique Garca para Sin Permiso



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