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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-12-2017

Informe Brigada de Observacin Civil a los Derechos Humanos en el municipio de Chalchihutn
"El Estado es responsable directo de la violencia estructural que se vive en la regin"

Rebelin


La brigada estuvo integrada por diferentes organizaciones y colectivas de defensora de los derechos humanos, entre ellas: Colectiva Cereza, Colectiva las Juanas, Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas, Centro de Derechos Fray Bartolom de las Casas y la Campaa contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas. Tambin estuvo un periodista del Semanario Mirada Sur.

A continuacin presentamos nuestras observaciones, contextualizadas en un anlisis integral de los aspectos jurdico, social, cultural, econmico y poltico, que consideramos necesario aportando a una mayor comprensin de la situacin que se vive en la zona de desplazamiento forzado interno, afectando a las comunidades y familias en cuestin. Iniciamos con una exposicin de los principales puntos de vulnerabilidad que encontramos, continuamos con un anlisis de la situacin agraria afectada por el factor poltico y terminamos con recomendaciones desde nuestra perspectiva como sociedad civil defensora de los Derechos Humanos y de los Derechos de los Pueblos.

Principales expresiones de vulnerabilidad y violaciones a los Derechos Humanos:

1. Chalchihuitn es el quinto municipio ms pobre en el pas y el segundo en Chiapas segn INEGI. Se trata pues de un municipio con un nivel de marginacin y pobreza muy alto, especialmente en las familias que vivan y viven en las colindancias de los dos municipios, lo que es una muestra de la violencia estructural que ejerce el Estado Mexicano al desproteger la garanta de los derechos sociales, econmicos y culturales; violencia que se expresa en:
a. el despojo del derecho a la alimentacin, que ha generado el escaso acceso a la alimentacin sana; gracias a que el Estado mexicano ha introducido desde hace dcadas, como en otras regiones, el uso de pesticidas y semillas no locales, envenenando sus campos y llevndoles hacia la dependencia alimentaria en la que hoy se encuentran.

b. la ausencia de servicios bsicos de abasto de agua potable, drenaje y manejo de residuos domsticos y agrcolas, siendo que en el tema de residuos slidos, es bien sabido que al menos el plstico y los pesticidas, en todas sus variedades, son contaminantes originarios de la ciudad que se han introducido irresponsablemente en el campo, con graves consecuencias para la naturaleza y para la salud y la seguridad de las poblaciones campesinas e indgenas.

c. el escaso acceso a los recursos econmicos, que imposibilita la adquisicin de insumos bsicos que no se producen en sus lugares y que tienen que adquirir al mercado, como azcar, sal, aceite, jabn, etc. Que imposibilita tambin la adquisicin de ropa, calzado y artculos necesarios para el bienestar familiar, la proteccin del cuerpo y el cuidado familiar de la salud con una vivienda apropiada provista de servicios bsicos.
2. La poblacin se encuentra indefensa y a merced de los grupos armados que desde el municipio vecino realizan continuos disparos y descargas de balas desde las laderas de los cerros colindantes, sembrando terror y provocando el desplazamiento interno, durante las noches. La intervencin del Estado Mexicano se ha concentrado en hacer presencia policiaca en el territorio que est siendo agredido, municipio de Chalchihuitn, cuando tendra que estar vigilando, investigando y desarmando a los grupos de poder poltico y delincuencia organizada que operan en toda microrregin en al menos cuatro municipios entre ellos los municipios en conflicto. La presencia policiaca y militar resulta preocupante al hacer parecer esta presencia como una estrategia ms de vigilancia que de proteccin de la poblacin.

3. Hay una importante afectacin psicosocial por la prdida de sus casas, sus terrenos, sus pertenencias en general. El gobierno del estado simulacin la atencin a la salud enviando brigadas mdicas desde los servicios pblicos del estado, cuya atencin es insuficiente e inapropiada. Esta afectacin se agrava ante la falta de servicios de atencin, prevencin y promocin de la salud, que pese a tener unidades primarias de atencin de parte del sistema de salud gubernamental, dista mucho de ofrecer servicios de calidad, apropiados, dignos y consistentes, toda vez que dichas unidades se encuentran permanentemente desabastecidas y sin personal ni equipo mdico suficiente y pertinente desde el punto de vista cultural y sanitario. Esta carencia tanto material como sociocultural es la raz del actual rechazo de las poblaciones indgenas a la atencin a los servicios, pues la indignidad que generan las formas de atencin y la miseria y mezquindad de los servicios resultan insultantes para nuestros hermanos y hermanas indgenas, quienes reciben, si acaso, los peores servicios y de la peor calidad.

4. Los programas de combate a la pobreza que les significan a las comunidades un ingreso mnimo familiar, generando en ellas dependencia, ahora estn suspendidos por el clima de conflicto, con lo que la situacin econmica es tremendamente precaria. En general, las polticas asistenciales de combate a la pobreza, como ahora la poltica de apoyo en la emergencia, atiende las necesidades de salud con alimentos procesados de la peor calidad nutricional, desconocidos para la gente y sus organismos, que les enferman; completamente inapropiados culturalmente por la diferencia de sabores y definitivamente contaminantes por la cantidad de residuos slidos que generan, cuyo manejo apropiado es desconocido para las poblaciones, generando basura en todo el entorno y contribuyendo con esto al empeoramiento de sus condiciones de salud y de vida. Igualmente es denigrante la accin del Estado Mexicano desde el nivel estatal ha desplegado en esta fase de conflicto y desplazamiento forzado interno, que son an ms insultantes, distribuyendo desde sus organismos de Proteccin Civil artculos superfluos y descontextualizados, as como despensas con alimentos chatarra, enlatados y consumibles rechazados por la poblacin por el dao que les representan adems del rechazo cultural. Y finalmente, tambin.

5. La autoridad formal de la comunidad es priista, lo que implica conflictos partidistas que no se pueden eludir en el anlisis de la situacin actual. Tanto los partidos polticos como el Estado han hecho odo sordos a la palabra de las comunidades y pueblos indgenas, ignorando sus usos y costumbres, sus culturas, sus necesidades, sus proyecciones, sus decisiones territoriales, su autonoma. Ambos actores polticos miran por sus intereses de grupos de poder poltico y delincuencial.

El Estado es responsable directo de la violencia estructural que se vive en la regin: al permitir la prolongacin del conflicto en funcin de sus intereses polticos y econmicos; por omisin al no aplicar la ley agraria en la ejecucin de las resoluciones de dotacin de tierras.

Habiendo permanecido en la zona en conflicto durante los das sbado 16, domingo 17 y lunes 18, recogiendo testimonios orales y grficos de la poblacin desplazada pertenecientes al municipio de Chalchihuitn, concluimos:
La urgencia de la presin de las organizaciones de la sociedad civil, y de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para emplazar al estado mexicano a atender el presente conflicto en sus aspectos jurdico, poltico, econmico y social.

Vemos con preocupacin que se apele a la presencia militar y policiaca como forma de contribuir a la solucin del conflicto cuando, en realidad, esta presencia contribuye a aumentar el clima de tensin y espionaje contra la poblacin de las comunidades y las organizaciones y activistas de derechos humanos, civiles y religiosas.

Nos preocupa tambin que el actual escenario electoral las acciones gubernamentales sirvan como pretexto para simular una solucin que, a mediano plazo suponga mayor divisin y confrontacin en las comunidades.

Es urgente que la atencin a las necesidades de salud, alimentacin y servicios bsicos, sea genuina, apropiada, urgente y de calidad, respondiendo sensiblemente a las caractersticas culturales de la poblacin.
Recomendaciones desde nuestra perspectiva como sociedad civil defensora de Derechos.
Las autoridades y comunidades de ambos municipios, tanto como el Estado en sus acciones de intervencin, deben recuperar la preocupacin por la poblacin, especialmente la poblacin desplazada en este momento, que debe ser prioridad en el anlisis del camino a seguir y al elegir las formas de resolver el conflicto.

De ninguna manera se debe permitir la demora en la solucin poltica del conflicto que derive en una prolongacin de la situacin de desplazamiento forzado, que en este momento tiene a cientos de familias en situacin de extrema vulnerabilidad y peligro. Si esto sucediera, es necesario el reconocimiento de la zona de conflicto como zona de Desplazamiento Forzado Interno, que permita atender la situacin de violencia armada que se vive de acuerdo con los protocolos internacionales en esta materia.

Las comunidades indgenas de esta regin, como otras, son sujetos colectivos. Es necesaria y urgente la recuperacin de su memoria histrica como comunidad, entendida como documentacin viva del proceso de construccin de su autodeterminacin social y territorial y de la convivencia social. Esta experiencia colectiva ha sido desestimada por los sistemas jurdicos y polticos anulndola como posibilidad de conciliacin de los intereses al interior de las comunidades y entre ellas.

Es necesario el respeto y la apertura del Estado en el reconocimiento y fortalecimiento de las formas asamblearias y de decisin colectiva, y principalmente a los ejercicios de dilogo y conciliacin colectiva que tienen los pueblos, como mecanismos de resolucin de conflictos y, en general, de convivencia para el bien comn; relativizando el manejo jurdico, administrativo y procedimental. Para ello, son necesarios esfuerzos genuinos del Estado dirigidos al convencimiento del Dilogo ms que a someter a las partes de una u otra manera.

Consideramos tajantemente que de las mesas de dilogo deben estar excluidas las alcaldas y los partidos polticos, para no entorpecer sus deliberaciones. El dilogo y la conciliacin en torno a este conflicto de naturaleza agraria corresponde al gobierno de los Bienes Comunales. Pero la conciliacin no es posibles si se entrometen intereses polticos y partidarios ajenos a los intereses colectivos comunitarios de cada pueblo y comunidad, por lo que es imprescindible que los esfuerzos de dilogo y con conciliacin promovidos por el Estado excluyan de dichos mecanismos a las estructuras municipales oficiales, cuyos intereses partidarios pueden enturbiar y corromper el proceso de decisiones.

Por otro lado, consideramos un punto de partida fundamental para iniciar el dilogo el reconocimiento del Estado de sus responsabilidades en el desencadenamiento de este conflicto, en la medida en que el litigio agrario se deriva de errores administrativos institucionales, cometidos por la secretara agraria en su momento al equivocar la cantidad de hectreas dotadas a cada ejido. Este reconocimiento es una obligacin del Estado ya que no hacerlo traslada el origen del conflicto responsabilizando en su totalidad a los pueblos en controversia, quienes lgicamente son parcialmente responsables.
Como medidas concretas y urgentes, es necesario:
- el apoyo y facilitacin de las condiciones para que se logre un retorno que garantice la seguridad de las personas y su integridad fsica y mental, en el caso de las familias que aun conservan su casa. Y garantizar la indemnizacin de las familias cuyas casas fueron quemadas y/o saqueadas, asi como la compensacin debida por la prdida de las cosechas y el robo de los animales (ganado, caballos, puercos, pollos, etc.).

- el desarme simultaneo y urgente de los grupos armados que siguen amedrentando a la poblacin, especialmente a las familias cuyos terrenos y solares se encuentran en los lmites territoriales de ambos municipios y en la franja en conflicto. Para ello, es urgente que las Policias y militares hagan su labor en el municipio agresor y dejen de realizar labores de vigilancia que resultan en hostigamiento y tensin en la vida cotidiana de la poblacin de Chalchihuitan

- la investigacin y castigo a los responsables de las agresin y el clima de tensin que se est generando y mantiene a la poblacin atemorizada y traumatizada por los continuos disparos de armas de alto poder que los agresores realizan todas las noches y en ocasiones incluso durante el da en los distintos parajes, asi como las amenazas a las familias que intentan volver a sus casas o terrenos a recuperar o proteger sus siembras, animales y pertenencias.

- la indemnizacin a las familias que ha perdido familiares debido al conflicto armado: algunas por las condiciones climatolgicas y la precariedad en el acceso a los alimentos durante el desplazamiento y otras por las condiciones de terror y amenaza bajo las que estn sobreviviendo.
San Cristbal de las Casas 20 de diciembre del 2017

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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