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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-12-2017

Entrevista con Enrique Santiago
El gobierno colombiano no invierte en la paz

Raffaele Morgantini
InvestigAction


El 26 septiembre 2017 marca un da histrico para Colombia: el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firman un acuerdo de paz, poniendo fin a ms de 50 aos de guerra civil. Hemos conversado con Enrique Santiago, asesor jurdico de las FARC, sobre el estado de la implementacin de los acuerdos y los retos futuros de este proceso.

Raffaele Morgantini: El conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) parecera haber quedado atrs, abstraccin hecha de los asesinatos extra-judiciales de ex-guerrillero y lder sociales. Dicho esto, a que punto lleg la implementacin de los acuerdos de paz? Y en segundo lugar, podramos decir que las causas profundas del conflicto estn siendo tratadas adecuadamente?

Enrique Santiago : El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC se basa sobre cinco puntos esenciales. Estimo importante analizar de cerca estos puntos, para tener una visin general de la situacin y para poder comprender los desafos que an existen para llegar a una paz integral.

En paralelo, no hay que olvidar que un segundo acuerdo de paz se est negociando en Quito (Ecuador) entre el gobierno colombiano y el Ejrcito de Liberacin Nacional. El acuerdo previo entre el gobierno y las FARC, sus consecuencias e implementacin, tendrn una influencia transcendental sobre este segundo acuerdo. En ese sentido, es de importancia vital que se analicen en profundidad los retos para su real implementacin.

El primer punto del acuerdo es la cuestin de la reforma rural. Es de suma importancia entender que hablar de la cuestin rural, la cuestin del acceso a la tierra, equivale a hablar del origen del conflicto. Las fuerzas guerrilleras colombianas tomaron las armas a causa de la inequitativa distribucin de la tierra y la dificultad de acceso a esta. Se trata de la causa estructural principal.

El acuerdo de paz contempla una democratizacin del acceso y uso de la tierra, a travs de diferentes herramientas, como un fondo de tierras, la formalizacin de los ttulos de propiedad a favor de los pequeos campesinos, la creacin de programas de desarrollo rural y planes de infraestructura, salud, educacin, asistencia tcnica. Estas medidas permitiran de reducir la pobreza y la marginalizacin en las zonas rurales.

Sin embargo, hasta ahora, ms de un ao despus de la firma de los acuerdos, ninguna ley, ni proyecto de ley, fue contemplado por las autoridades pblicas en este sentido. La cuestin de la tierra contina siendo el problema estructural mayor en el pas, como lo demuestra la continuacin de las practicas de usurpacin de tierras por grupos paramilitares o por empresas transnacionales.

El segundo punto, otro punto estructural clave, es la participacin poltica. Las limitaciones a la participacin de los movimientos sociales, de los sindicatos, de las organizaciones campesinas etc. es sin duda otra causa principal del conflicto armado. El acuerdo reconoce la necesidad adoptar reformas poltico-electorales, garantas plenas para el ejercicio pleno de la oposicin poltica y mecanismos democrticos de participacin ciudadana.

Sobre este punto, hubo algunos avances importantes, como la posibilidad para las FARC de organizarse en un partido poltico. Sin embargo, la participacin poltica de los ex-guerrilleros aun es problemtica porque no hay mecanismos ni voluntad poltica de garantizar su seguridad fsica. Decenas de ex-guerrilleros ya fueron asesinados despus de haber entregado las armas.

El tercer punto es el fin del conflicto armado , con la dejacin de armas por parte de las FARC y la reincorporacin de los ex-guerrilleros en la vida civil. La dejacin de armas por las FARC se termin, con buenos resultados. Sin embargo, este punto se enfrenta al problema estructural del paramilitarismo, lo cual determina un retraso importante para avances efectivos. La norma para prohibir el paramilitarismo an no se aprob. Hoy en da, los paramilitares continan matando gente, lderes sociales, ex-guerrilleros.

El cuarto punto es la solucin al problema del narcotrfico y la sustitucin de los cultivos ilcitos. Y el ultimo, es la cuestin de las vctimas y la puesta en marcha de una jurisdiccin de paz para asegurar los derechos de las vctimas del conflicto y acabar con la impunidad. Como se sabe, los crimines paramilitares son los que gozan del grado ms alto de impunidad. La Fiscala justifica este problema con la falta de medios financieros, pero al mismo tiempo si es la institucin con el ms alto presupuesto.

De manera general, existe un retraso substantivo de la implementacin de este acuerdo. Hasta ahora, se adoptaron solo el 20% de las leyes necesarias para garantizar el mnimo imprescindible de su contenido.

Como se puede explicar esta falta de implementacin? Podemos decir que nos enfrentamos a una falta de voluntad poltica, relacionada con los problemas estructurales que caracterizan el marco poltico colombiano?

Desde el principio de 2017, los datos ms optimistas dicen que unos 100 lderes sociales fueron asesinados. Si hablamos exclusivamente de los antiguos guerrilleros que dejaron las armas, hablamos de ms de 20 asesinados, todos en total impunidad.

Pero veamos el vaso medio lleno, o medio vaco, depende del punto de vista. Estos datos son inasumibles. Pero es cierto que comparado con los datos sobre las violencias durante otros periodos y otros procesos de paz, por ejemplo en los aos 90 cuando se produjo el extermino de la Unin Patritica, estos datos son inferiores al ndice de asesinatos y crimines en otros periodos.

Un grave problema es sin duda la falta de aplicacin de la ley de amnista. Al da de hoy, las FARC han cumplido con la rendicin de armas, resulta que el estado no cumpli con su obligacin mnima y recproca. Cabe subrayar que en ningn proceso de paz se pudo ver tanta rapidez en la rendicin de armas, con la ausencia casi total de accidentes y violencias. Las FARC han cumplido estrictamente su compromiso. El sistema de monitoreo de la ONU anunci a travs de un informe que la porcentual de disidencia de los guerrilleros fue muy baja. Los ndices de disidencia en conflictos son normalmente de 15-20%, los informes hablan de que la disidencia de las FARC no llego al 5%.

Sin embargo, existe un grave incumplimiento de parte del gobierno, que podr tener transcendencia muy negativa en el futuro,y es el hecho que el fin de la violencia poltica no tenga como correlativo el fin de la violencia social.Es decir, que se reproduzcan de manera similar lo que ocurri en Centro amrica, por ejemplo, despus de los Acuerdos de Contadora. En El Salvador, hoy en da, el ndice de asesinatos polticos es ms alto que durante la guerra civil. Esto es el resultado de una deficiente puesta en marcha de polticas sinceras y eficaces de reincorporacin econmica y social, y de erradicacin de la violencia poltica.Para este acuerdo de paz en Colombia, este es un paso imprescindible para evitar que se repitan estos errores.

Nos podra hacer un ejemplo de como se refleja concretamente esta deficiencia poltica por parte del gobierno colombiano?

Para que se hagan una idea, el gobierno colombiano no ha puesto a disposicin ni una hectrea de tierra para ningn ex-guerrillero, teniendo en cuenta adems que las FARC es compuesta por un 90% por poblacin campesina. A la fecha de hoy, el gobierno no ha aprobado ningn programa de reincorporacin econmico y social, sobre todo a carcter productivo, cuando el pasado 15 de agosto entregaron todas las armas y actualmente estn en las dichas zonas de reincorporacin sin hacer nada.

Lo nico que hay acordado por el gobierno, son algunas ayudas directas bajo forma de pensiones por un periodo de 2 anos, equivalentes al 80% del salario mnimo interprofesional. Algo como 60000 pesos(200 euros) al mes, una cantidad absolutamente insuficiente para poder iniciar un proceso productivo y hasta para sobrevivir. Esto situacin es an ms peligrosa en las zonas donde existen economas ilcitas, contrabandos, narcotrfico, en las cuales existen ofertas importantes por organizaciones criminales a los ex-guerrilleros, ofertas que superan de mucho lo ofrecido por el gobierno.

Para que se hagan una idea: si sumamos la totalidad de lo que el gobierno pone a disposicin cada mes para los 8000 ex-guerrilleros (600000 pesos por mes), mas la ayuda de 2 millones de pesos a todos los guerrilleros para bajar armas y otras ayudas individuales, el total del dinero puesto por el gobierno es el equivalente al presupuesto de diez das de guerra.Diez das de guerra! Esto es lo que el estado colombiano est gastando hasta el momento.

El gobierno colombiano no invierte en la paz. De momento, la supuesta paz, le est saliendo muy barata. Esta decisin tiene obvias consecuencias nefastas para la eficacia de la implementacin del acuerdo. Si a esto le sumamos otros problemas, como la no puesta en marcha de una reforma rural, la falta de voluntad poltica en acabar con el paramilitarismo, pues la conclusin es que existe una falta di sinceridad y responsabilidad, y en este sentido la comunidad internacional tiene que tener una voz alta y una posicin contundente al respeto.

Cul es la situacin del punto de vista de la aplicacin de la ley de amnista, un concepto muy importante en situaciones de pos-conflicto?

Sobre este tema, hubo importantes incomprensiones, sobre todo por parte de organizaciones de derechos humanos y en particular de la oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas en Colombia. A diferencia de la posicin mantenida por la misin de monitoreo de Naciones Unidas, la actitud de la oficina del Alto Comisionado ha sido muy deficiente, confusa y no ha ayudado nada al desarrollo de esta ley tan importante.

La Convencin de Ginebra, en su artculo 6.5 del Protocolo adicional segundo, establece taxativamente que, a la finalizacin de un conflicto armado interno, las autoridades del pas conceden la ms amplia amnista posible, obviamente con los lmites establecidos en el derecho internacional respecto a la amnista (en ningn caso los crimines internacionales sern amnistiables).

En el marco del presento acuerdo, la ley de amnista 1820 del pasado 30 de diciembre 2016 elaborada por las autoridades cumple con estos estndares internacionales que acaba de afirmar. De las 84 leyes o programas de amnista existentes en Colombia desde la independencia, esta nueva ley es la nica que establece un catlogo extenso de delitos no amnistiables. Hasta ahora, las ms recientes, prohben la amnista de conceptos jurdico indeterminados. Por ejemplo, en caso de secuestro o crimines atroces, los cuales no tienen una definicin pacifica en el derecho internacional.

Cul es en su opinin el mayor reto que enfrenta este proceso?

Es sin duda la puesta en marcha de la Jurisdiccin Especial para la Paz, es decir el modelo de justicia transicional que prev la creacin de rganos institucionales para hacer efectiva la justicia, la reparacin para las vctimas y la no repeticin. Este reto est relacionado al necesario establecimiento de instituciones que garanticen la seguridad ante los crimines de las organizaciones paramilitares, las cuales constituyen la principal amenaza al acuerdo de paz.

 

Fuente: https://www.investigaction.net/es/el-gobierno-colombiano-no-invierte-en-la-paz/



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