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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-12-2017

Honduras, Per, Chile: descomposicin democrtica

Ral Zibechi
La Jornada


En las ltimas  semanas asistimos a la escenificacin de la deslegitimacin de las democracias electorales en Amrica Latina. Me refiero al fraude electoral contra la oposicin en Honduras, al irresistible ascenso del fujimorismo que est a punto de desplazar al presidente electo con un golpe parlamentario y al retorno del empresario derechista Sebastin Piera a la presidencia en Chile. En los tres casos parece evidente que el sistema democrtico no sirve a los intereses de los sectores populares.

En Honduras se produjo un doble fraude. En 2009 se haba dado un golpe institucional contra el presidente Manuel Zelaya porque pretenda postularse a la releccin que est expresamente prohibida por la Constitucin. Sin embargo, en 2015 la Corte Suprema de Justicia fall de manera unnime sealando la inaplicabilidad del artculo 239 que prohbe la releccin. O sea, la misma Corte que destituy a Zelaya, viol la Constitucin para hacer lo contrario.

Das atrs, hasta la OEA de Luis Almagro se pronunci por repetir unas elecciones que a todas luces fueron irregulares, aunque el Tribunal Supremo Electoral parece haber zanjado la cuestin en favor del presidente Juan Orlando Hernndez. Nada indica que el corrupto poder hondureo, que provoc el asesinato de Berta Cceres y de otras 123 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas, vaya a retroceder. Ni que la OEA sea tan beligerante en este caso como lo est siendo con Venezuela.

En Per el Parlamento con mayora absoluta fujimorista est al borde de un golpe parlamentario para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski, economista y empresario neoliberal. La justicia lo acusa de haber favorecido a la brasilea Odebrecht en 2006 cuando era el primer ministro de Alejandro Toledo. Lo que indigna es que sea el partido de Keiko Fujimori, que cobija a los genocidas y corruptos del rgimen de su padre, Alberto, preso que ser puesto en libertad si ganan la Presidencia, quien est al frente del ataque al actual gobierno.

El fujimorismo busca hacerse con el control del Tribunal Constitucional y de la Fiscala de la Nacin, a cuyos miembros acusa de presunto lavado de activos del narcotrfico. El control del Parlamento puede terminar por ahogar todas las instituciones del pas, entre ellas la Corte Suprema, para evitar que la justicia siga adelante con el caso Lava-Jato que implica a los Fujimori. En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos orden al Estado peruano suspender el proceso contra miembros del Tribunal Constitucional (goo.gl/V6gkfm).

Llama la atencin que las izquierdas no denuncien golpe cuando el proceso contra Kuczynski tiene rasgos similares a la destitucin de Dilma Rousseff en Brasil. Parte de la izquierda peruana (el Frente Amplio de Marco Arana) est empujando el mismo carro que el fujimorismo, seguramente por clculos electoralistas.

En Chile, Piera gan la Presidencia con poco ms de 25 por ciento de los votos, ya que ms de la mitad de los habilitados decidieron no concurrir a las urnas. No es la primera vez que esto sucede. Desde que la votacin no es obligatoria, el porcentaje de votantes cay abruptamente. En la segunda vuelta la abstencin fue apenas menor que en la primera, porque el electorado decidi que entre el candidato oficialista (Alejandro Guillier) y el millonario neoliberal hay poca diferencia.

Algunos analistas progresistas sostienen que no votar es un sntoma de despolitizacin. No dicen que la ley antiterrorista ha sido y es aplicada en Chile por los gobiernos progresistas de Bachelet contra el pueblo mapuche, pese a que incluso rganos de las Naciones Unidas se han pronunciado en contra de su aplicacin en el conflicto de la Araucana.

La reforma educativa a la que se comprometi el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) es otra promesa incumplida que recibi duras crticas del movimiento estudiantil porque no considera la educacin como un derecho social, no termina con el sistema de crditos con garanta estatal, no pone fin al lucro y no da plazos explcitos para la gratuidad (goo.gl/EiJfie). Ni qu hablar de las AFAP, sistema privado de pensiones que se mantiene en pie desde la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Estos tres casos merecen algunas consideraciones sobre la democracia electoral y las estrategias de quienes queremos cambiar las cosas.

La primera es la inconsistencia de las llamadas instituciones democrticas y tambin de las organizaciones internacionales como la OEA, que aplican un doble rasero desvergonzado. El Poder Judicial y el Parlamento (que deberan velar por los derechos y representar a la poblacin, respectivamente), se han convertido en instituciones decorativas que son manejadas por los poderes econmicos y las mafias (como el fujimorismo y las lites hondureas) segn sus propios intereses.

La segunda es que estamos viviendo tiempos de turbulencia global que llevan a los poderosos a quitarse las mscaras, siendo la careta democrtica la primera en caer para dejar paso al gesto adusto de la fuerza bruta. Esto sucede en todo el mundo, empezando por las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Ni qu hablar de pases como los nuestros, donde los Estados-nacin conservan un ntido sello colonial.

La tercera es qu hacemos ante esta realidad. No propongo ignorar los escenarios electorales, sino definir una estrategia que los coloque en su justo lugar. El primer paso de cualquier estrategia en el escenario actual es consolidar las organizaciones, territorios y espacios de los sectores populares. Eso quiere decir: apuntar hacia educacin propia, salud propia, justicia propia y poder propio. No depender de los Estados, ni de las instituciones internacionales. Construir organizaciones slidas y flexibles capaces de navegar en las tormentas.

Si lo anterior funciona, podemos pensar en el calendario electoral y dedicarle algunas fuerzas. Sin desarmar los mundos propios, naturalmente.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/12/22/opinion/020a2pol



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