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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-12-2017

El Instituto Popular de Capacitacin exige garantas para reclamantes y comunidades campesinas de Urab y el Bajo Atrato

IPC


El Instituto Popular de Capacitacin (IPC) pone en conocimiento de la opinin pblica nacional e internacional una serie de hechos y situaciones ocurridas durante el ao 2017 y que, respecto a aos anteriores, significaron un empeoramiento de los derechos humanos de las comunidades, territorios colectivos y organizaciones campesinas y de reclamantes de tierras en el Urab antioqueo y en el Bajo Atrato chocoano.

Estas situaciones han sido conocidas de cerca por el IPC, dado el acompaamiento realizado en este periodo a la asociacin de reclamantes de tierras Tierra y Paz, al Consejo Comunitario de la cuenca de La Larga y Tumarad (Cocolatu) y a la Asociacin Campesina de San Jos de Apartad (Acasa).

Por ello, con conocimiento de causa, exponemos el siguiente resumen de hechos:

Contexto:

Es un hecho que los territorios abandonados por las FARC no estn siendo copados por el Estado colombiano y por el contrario vienen siendo controlados por actores ilegales de corte neoparamilitar as como por el ELN. Las dinmicas de control ilegal del territorio son reforzadas por la coincidencia de intereses de empresarios bananeros, palmeros, ganaderos y narcos, en cuanto a no permitir la consolidacin de la soberana comunitaria en el territorio.

En este sentido se debe advertir que las actuaciones de la Fuerza Pblica no son transparentes en todo el territorio nacional y en muchos de estos territorios los pobladores dan testimonio de la connivencia y complacencia con los ilegales. Una prueba de ellos es la expansin de la estructura de base paramilitar denominada Puntos. La estructura de puntos, que ya es ampliamente conocida en el Urab antioqueo, ejerce el control ilegal del territorio. Los puntos cuentan al menos con una persona dotada de telfono celular; un medio de transporte, casi siempre motocicletas; y dinero en efectivo. Realizan labores de vigilancia e inteligencia sobre la cotidianidad de las comunidades.

As, los paramilitares han extendido una red de informantes y vigilantes que solo entre el Bajo Atrato chocoano y el Urab antioqueo se han logrado detectar 49 puntos. Dicha estrategia es funcional a las dinmicas de control social y territorial establecida por el paramilitarismo que ha estrechado lazos con algunos empresarios y narcotraficantes de la regin, como lo demuestra la incautacin de 13,4 toneladas de cocana pertenecientes a las AGC en cuatro fincas bananeras ubicadas en los municipios de Chigorod y Carepa. Aunque dicha incautacin fue hecha por la Polica y el Ejrcito el pasado 9 de noviembre, a la fecha no han trascendido las investigaciones sobre los empresarios bananeros en cuyas propiedades estaba escondido este cargamento de drogas.

De otra parte, es un hecho que las instituciones en el orden territorial no responden, ni de manera preventiva ni en el ciclo de atencin. Todas las instituciones, desde la Defensora del Pueblo hasta la Alta Consejera para los Derechos Humanos, la Unidad para la Atencin y Reparacin Integral a las Vctimas, y la Unidad de Restitucin de Tierras; hablan de la activacin de rutas y protocolos para las familias afectadas, los cuales finalmente no significan ningn alivio a la situacin vivida[9]. El caso de las Personeras como primera instancia local en materia de derechos humanos es lamentable. Por lo general los personeros asisten solo cuando desde las alcaldas son convocados a reuniones y no mantienen ninguna lnea rpida de respuesta al ciudadano o ciudadana. Para los alcaldes es una institucin incmoda, por ello no la tienen en primera lnea de atencin. Por el contrario los inspectores de polica, como el inspector de Currulao, juegan un papel central en el hostigamiento a los campesinos reclamantes con las amenazas de desalojos.

En cuanto a la Fiscala, en la regin esta institucin judicial ha sido sealada por las vctimas de desestimar sus denuncias e incluso de filtrarlas a actores ilegales. Esto se complejiza ms si se tiene en cuenta que, a nivel nacional, la Fiscala General de la Nacin se ha negado a reconocer la sistematicidad de las agresiones y asesinatos contra lderes sociales y defensores de derechos humanos, lo cual tambin ha hecho el Ministerio de Defensa. La situacin refleja una notable falta de consenso con otras instituciones del Gobierno y el Estado colombiano como el Ministerio del Interior y la Procuradura General de la Nacin que han pedido investigar las agresiones contra lderes sociales.

Para complejizar ms el asunto, el incumplimiento a las rdenes de los magistrados y los jueces es la norma en el Urab, de eso han dado cuenta tanto las Audiencias de seguimiento realizadas por los magistrados de restitucin de tierras como el seguimiento a los Autos y fallos en materia de medidas cautelares, por ejemplo, al territorio colectivo de la Larga Tumarad por parte del Juez Primero de Restitucin de Tierras de Quibd.

As mismo, es importante anotar que en Urab no hay una cultura institucional de respeto a los derechos humanos y tampoco de respuesta favorable a los campesinos. Por el contrario hay una postura hostil hacia stos y hacia las organizaciones que acompaamos a las comunidades.

En este contexto se debe denunciar que:

  1. Existe un movimiento muy organizado contra la restitucin de tierras, el cual cuenta con varias fundaciones, una de ellas es Paz y Futuro cuyos miembros se declaran abiertamente como vctimas de la restitucin de tierras. Dicha organizacin es muy activa pblicamente sealando a las organizaciones de reclamantes de ser falsas vctimas. Al respecto la Unidad de Restitucin de Tierras no desarrolla ninguna campaa en la opinin pblica ni a nivel educativo en pro de las organizaciones de reclamantes de tierras. Las actividades de esta fundacin se presentan cuando los jueces van a hacer entrega material de los bienes restituidos. Un caso emblemtico ocurri recientemente en Bejuquillo donde un grupo de persona se opuso a la entrega material del bien
  2. Cuando se dan capturas de empresarios ligados al despojo de tierras, los campesinos dicen que generalmente mejora el contexto en el territorio y disminuyen las agresiones que suelen consistir en asesinatos, amenazas de muerte, desalojos, palizas, quema de cultivos y de viviendas, envenenamiento de animales y de aguas, Invasin de bfalos, etc.
  3. En las cabeceras urbanas del Eje Bananero hay ms solidaridad con el Clan del Golfo que con los campesinos.

Por ello, en vista de lo anterior, hacemos las siguientes propuestas[10]:

  1. Exigir que se aceleren los procesos de restitucin de tierras, individuales y colectivos, en todo el territorio.
  2. Exigir que la Agencia Nacional de Tierras cumpla la promesa realizada directamente por su director Miguel Samper en el mes de mayo de 2017 de emprender un proceso piloto de titulacin y formalizacin de predios en San Jos de Apartad y que de manera irresponsable olvid tan pronto regres a Bogot sin tener la consideracin de atender las comunicaciones con la comunidad.
  3. Exigir la implementacin de los PDETs[11] en todo el territorio con claras estrategias hacia la restitucin de los predios.
  4.  Solicitar una Misin especial de la Fiscala General de la Nacin que sea dirigida desde Bogot, para que adelante una investigacin y presente un informe esclarecedor sobre los responsables de estos hechos, como base para sancionar a los responsables intelectuales y materiales de las mltiples violaciones de derechos humanos en Urab y Bajo Atrato a reclamantes de tierras individuales y colectivos.
  5. Investigacin de responsabilidades de la fuerza pblica de Urab y Bajo Atrato por accin u omisin en las mltiples agresiones. Con informe de medidas correctivas a las comunidades.
  6. Medidas especiales desde la Unidad para la Atencin y Reparacin a las Victimas -Uariv y desde la Unidad de Restitucin de Tierras -URT que les d estatus de Sujetos de Reparacin Colectiva a las organizaciones y territorios que realizan demandas de restitucin de tierras.
  7. Destacamentos del Ejrcito de manera permanente en la ruta geoestratgica de Puntos Paramilitares, y un cuerpo especial de la Polica para controles a rutas de movilidad de los ilegales. Combinada con una aceleracin en la presencia social del Estado para superar el Estado de solo militarizacin del territorio
  8. Investigacin especial de la Fiscala sobre responsabilidad de empresarios ganaderos, palmeros, bananeros y empresarios de infraestructura e inmobiliarias en el sistema de agresiones a campesinos y reclamantes.
  9. A la Procuradura General de la Nacin solicitar investigacin y sancin de todo el sistema de funcionarios pblicos que son negligentes o conniventes con las agresiones: alcaldes, directores (as) de la Unidad de atencin y reparacin a las vctimas Uariv y la Unidad para la Restitucin de Tierras -URT, personeros, inspectores de polica , funcionarios del CTI, la Fiscala, la Direccin de Investigacin Criminal -Dijn y la Seccional de Investigacin Criminal- Sijn, etc.
  10. Acompaamientos de Comunidad Internacional tipo Brigadas Internacionales de Paz -PBI en el Urab y Bajo Atrato.
  11. Realizacin de campaas educativas y mediticas por parte de los gobiernos nacional, departamental y municipal; que contribuyan a valorar la labor de las y los lderes campesinos (as) y de restitucin de tierras, y de las organizaciones que acompaan. As mismo, presencia en el territorio del cuerpo diplomtico y labores de seguimiento de la oficina de la ONU en Colombia, con informes sobre la situacin de los reclamantes de tierras individuales y colectivas, con carcter peridico y exigencias al gobierno en materia de proteccin y garantas.

Notas

[1] http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/01/29/7551/

[2] http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/03/24/tierra-y-paz-e-ipc-rechazan-amenazas-de-muerte-a-reclamante-de-tierras-en-uraba/ http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/08/19/piden-al-vicepresidente-de-la-republica-proteger-a-reclamante-de-tierras-en-uraba/

[3] http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/08/23/nuevamente-asesinan-a-un-reclamante-de-tierras-en-uraba/

[4] http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/08/25/intento-de-homicidio-a-la-nieta-de-una-indigena-reclamante-de-tierras-en-uraba/

[5] http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/10/02/9130/

[6] http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/11/27/asesinan-a-reclamante-de-tierras-del-consejo-comunitario-la-larga-tumarado/.

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/wp-content/uploads/2017/11/Comunicado_asesinato-lider-COCOLATU_Choco%CC%81.pdf

[7] http://www.contagioradio.com/asesinado-reclamante-de-tierras-hernan-bedoya-articulo-49820/

[8]http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/04/20/temor-en-san-jose-de-apartado-tras-incursion-de-paramilitares/

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/05/17/paramilitares-tienen-bajo-amenaza-a-la-asociacion-campesina-de-san-jose-de-apartado/

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/07/11/el-ipc-hace-un-llamado-al-estado-colombiano-frente-a-la-expansion-del-paramilitarismo-en-san-jose-de-apartado/

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/07/28/8819/

[9] En el caso del asesinato de Porfirio Jaramillo logramos que se convocara un Comit de Justicia Transicional en Turbo que lamentablemente termin afirmando con la anuencia de la UARIV y otras instituciones que para lograr la proteccin de las familias era necesario que las familias se desplazaran. Es decir las instituciones se orquestaron para sacar adelante lo que los victimarios queran y era sacar a las familias del territorio. Adicionalmente las principales autoridades insistieron en retirar a las victimas directas de la sesin del Comit. En el caso de Alberto Snchez se da mnimo una omisin muy clara de la Polica de Carepa; la familia fue la primera institucin a la que acudi para trasladar a Alberto a un centro hospitalario y a pesar de estar a tres minutos se negaron a asistir. Es necesario agregar que pese a que insistimos en convocar a Comit de Justicia Transicional finalmente no se hizo porque la familia Snchez se encuentra desplazada en Apartad y en Turbo acogidos por la Dicesis pero los hechos ocurrieron en jurisdiccin de Carepa.

[10] Algunas de ellas gestionadas ya ante el gobierno nacional y la Comunidad Internacional por un grupo de organizaciones de derechos humanos acompaantes de las comunidades: Comisin Intereclesial de Justicia y Paz, Fundacin Forjando Futuros, El Centro para la Investigacin y la Educacin Popular CINEP y el Instituto Popular de Capacitacin IPC

[11] Planes de Desarrollo Con Enfoque Territorial un programa que convierte en poltica pblica la reforma rural integral pactada entre el Estado y Las Farc y que tiene el tema del acceso y ordenamiento social de la tierra y el territorio como su primer pilar; y prioriza 16 territorios en todo el pas . 9 municipios del Urab son una de estas zonas y el Bajo Atrato y Darin son otra.

Fuente original: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/12/22/reclamantes-uraba-bajo-atrato-agresiones-lideres-9457/



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