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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-12-2017

Reflexiones sobre la Ley de Seguridad Interior en Mxico
Mal con la Polica, peor con los militares

Norberto Emmerich
Rebelin


La breve Ley de Seguridad Nacional (LSI) aprobada por la Cmara de Diputados mexicana demuestra un retorno de la primaca de la poltica hacia adentro plasmada en 34 artculos que no buscan dar certeza a los ciudadanos, ni siquiera a los empresarios, sino a las Fuerzas Armadas. Con razn en el reciente libro Geopoltica de la seguridad en Amrica Latina (editado en Buenos Aires) se afirma que los mexicanos sern tan perseguidos por su propio gobierno como por las deportaciones masivas americanas.

Algunos grupos empresarios haban presionado previamente por la sancin de una ley de este tipo. En Baja California, con los homicidios en aumento, los lderes empresariales y cvicos de Tijuana hicieron un llamado para que los militares se pusieran nuevamente a la cabeza de la lucha contra el crimen organizado.

Los miembros del Consejo Coordinador Empresarial en Tijuana y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pblica instaron a la aprobacin de una nueva "ley federal de seguridad interna" que permitiera a las Fuerzas Armadas llevar a cabo tareas civiles de seguridad pblica. Esta convocatoria a un rol militar ampliado se basa en los ms de 1,500 homicidios registrados en la capital del Estado en lo que va del ao 2017.

Mientras el fast truck de 10 horas sancionaba la LSI, el mes de octubre cerr con 2.371 homicidios en todo el pas, la cifra ms alta de los ltimos 20 aos, a pesar de que ya hace ms de una dcada que las Fuerzas Armadas intervienen en seguridad interior. Segn las estadsticas del Sistema Nacional de Seguridad Pblica se registraron ms de 6.000 secuestros durante los primeros cuatro aos y diez meses de la administracin de Enrique Pea Nieto, 1,280 secuestros ms que los registrados durante un lapso similar del anterior presidente Felipe Caldern Hinojosa. Tambin aumentaron en forma alarmante los homicidios.

Durante la ltima dcada Mxico sufri 150,000 asesinatos y 26,000 desapariciones, con Fuerzas Armadas que demostraron ser tan inefectivas en sus objetivos como letales en su accionar: el ejrcito mat a ocho presuntos delincuentes por cada uno que hiri; la Marina lo hizo mejor, mat a 30 combatientes por cada herido. El nico actor claramente derrotado en esta guerra fue el Estado de derecho.

Si el primer requisito para repetir un fracaso es no reconocerlo, la LSI se esfuerza por ser tan ambigua en las definiciones como imprecisa en los alcances. La Ley no aclara las tareas que las Fuerzas Armadas estn autorizadas a realizar, sino que afirma que a partir de ahora la intervencin de las Fuerzas Armadas tendr base legal y no depender de las interpretaciones que se hagan de la Constitucin.

La ley no aclara en ningn momento si la intervencin de las Fuerzas Armadas seguir las reglas de la guerra o si por el contrario se guiar las rutinas de la actividad policial. Tampoco menciona qu tipo de armas se usaran, qu procedimientos o qu metodologas. La LSI expande la capacidad de intervencin de las fuerzas armadas en la lucha contra los crteles y las personas sospechosas de narcotrfico, dejando a un lado las molestas incertidumbres por el enjuiciamiento a las violaciones de los derechos humanos. Si la actividad militar en seguridad interior se rige por los principios de la guerra, tarea para la cual se forman las Fuerzas Armadas, las acciones se realizarn en cumplimiento de rdenes operativas. Adems de lo problemtico de aplicar lgicas de guerra en conflictos de seguridad interior, no parece que haya espacio para un respeto irrestricto de los derechos humanos. La autoridad legislativa tom nota de las lagunas jurdicas en que se encontraba el tema y aprovech la ventana de oportunidad para legalizar la participacin de las Fuerzas Armadas en escenarios todava ms amplios que el crimen organizado o el narcotrfico.

No se trata de que las Fuerzas Armadas comiencen a cumplir funciones propias de la Polica, ya que la LSI abre un panorama nuevo. Se trata de la apertura a una participacin rutinaria de las Fuerzas Armadas en la vida civil, mucho ms all de la simple seguridad interior. Toda decisin de seguridad integrar institucionalmente a las Fuerzas Armadas en el proceso informativo, deliberativo y ejecutivo. Porque como expresamente afirma la ley, el rol de las Fuerzas Armadas no ser el de suplantar a la polica, sino resolver problemticas de seguridad interior en trminos militares.

La injerencia de las Fuerzas Armadas en seguridad interior es cada ms habitual en la regin. Se afirma que en sociedades asediadas por la violencia (41 de las 50 ciudades ms violentas del mundo se encuentran en Amrica Latina), las instituciones judiciales y policiales mal financiadas y mal preparadas han sido cooptadas y corrompidas por el crimen organizado. Los gobiernos argumentan que necesitan recurrir a las Fuerzas Armadas para restaurar la seguridad. Es un buen argumento, sencillo y descriptivo. Pero falso.

No hay crimen organizado sin un Estado que lo sostenga, ni fuerzas policiales corruptas por decisin propia. La solucin que ofrecen los gobiernos olvida deliberadamente que ellos mismos son parte del problema. Las Fuerzas Armadas se forman en la lucha contra un enemigo exterior, identificable, soberano y ambicioso. Cualquier otro combate al que sean convocadas tiende a convertir al Estado en una comunidad con mucha fuerza pero poca legitimidad.

Las confusas y arbitrarias categoras de nuevas guerras traspasan intencionadamente las brechas epistemolgicas, a la caza de objetivos estratgicos de seguridad nacional. Pases que s cuentan con una masa crtica de inteligencia que elabora los manuales de filosofa, geopoltica y teora poltica con que nuestras universidades y academias latinoamericanas piensan sus problemas nacionales, justifican sin dificultad la intervencin militar en seguridad interior.

Militares mexicanos en tareas policiales de seguridad interior

En realidad las Fuerzas Armadas no tienen ninguna incumbencia en la aplicacin de la ley. No es necesario aclarar los alcances de la participacin militar, sino el rol y forma de la fuerza encargada del cumplimiento de la ley, la Polica.

La diputada oficialista Martha Sofa Tamayo Morales reconoci que las fuerzas armadas de Mxico se han convertido en "el principal recurso" para enfrentar el crimen organizado.

La cantidad de grupos criminales organizados, en combinacin con corporaciones policiales dbiles o corrompidas por la delincuencia, produjo que las escenas de patrullajes del Ejrcito y la asignacin de tropas a tareas de seguridad pblica se volvieran normales, a pesar de que el artculo 21 de la Constitucin afirma que esa tarea debe ser realizada por cuerpos civiles a cargo de la Federacin, de los Estados o los municipios.

Las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y hasta el propio Ejrcito, sealaron la inconsistencia. Hasta ahora las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en una situacin (la guerra contra el narcotrfico) sin que tal funcin estuviera prevista en normatividad alguna. Adems casi el 90% de los mexicanos percibe que la Polica es corrupta e intil, con un rcord de 99% de crmenes irresueltos.

Con estos datos y afirmaciones pareciera que el rol del gobierno es obedecer los mandatos de la voluntad general de la poblacin, la misma que quiere a las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad interior. As lo dijo el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos: la gente es la que no quiere que nos vayamos Es la propia sociedad la que nos est exigiendo que no nos vayamos. Ah vamos a estar mientras la sociedad lo pida y el presidente no ordene lo contrario.

Sin embargo estos datos muestran en realidad la deficiencia tica y poltica bsica del debate sobre la seguridad interna en Mxico. En el Congreso no se aborda la cuestin fundamental: tienen las fuerzas armadas mexicanas alguna incumbencia en la aplicacin de la ley dentro del pas? La respuesta es no. No son las Fuerzas Armadas las que necesitan un instrumento legal para aclarar sus deberes y poderes, es la Polica la que necesita una profunda reforma legal, presupuestaria, institucional y poltica.

Por otro lado el propio rol desempeado por las Fuerzas Armadas no ha sido eficaz. La periodista Ixchel Cisneros advierte que a pesar de que el Ejrcito est muy bien calificado en los niveles de confianza de los mexicanos, la estrategia (la llamada guerra contra el narcotrfico) no ha funcionado, pasamos de ms de 10 mil homicidios al ao en 2007 a 23 mil en 2016 y este ao estamos a punto de romper el rcord.

Es casi imposible enviar al Ejrcito de regreso al cuartel sin mover todo el obsoleto castillo de la sociedad nacional. Los legisladores podran establecer un cronograma para desmilitarizar gradualmente el pas mientras trabajan para fortalecer a la polica, una utopa polticamente inviable, ahora y en el futuro prximo, sea quien sea el presidente electo en 2018. El coordinador de la bancada del PRI en la Cmara de Diputados, Csar Camacho, asegur que los integrantes de las Fuerzas Armadas no regresarn a los cuarteles mientras se los necesite en las calles.

Despus de una dcada de asesinato y dolor, muchos afirman que el error de Caldern fue claro. El propio Jorge Carrillo Olea, un prestigioso ex funcionario de inteligencia mexicano, afirma que la estrategia de Caldern es una de las "grandes estupideces" en la historia reciente, implementada sin un estudio de base ya sea en su "legalidad" o "relevancia poltica". Para toda persona preocupada por la vida y riqueza de la sociedad mexicana la estrategia calderonista ha sido tan despiadada como intil. Para la concepcin americana y su contraparte oligrquica en Mxico las Fuerzas Armadas son la garanta del orden y el respeto a las instituciones.

Hasta ahora el marco legal mexicano, aunque inestable, facilitaba la participacin arbitraria de las Fuerzas Armadas en la aplicacin de la ley. La Constitucin prohbe expresamente a las autoridades militares intervenir motu propio en asuntos civiles durante el tiempo de paz, pero en el ao 2000 la Corte Suprema interpret que esta disposicin significaba que las Fuerzas Armadas podan ayudar a las autoridades civiles siempre que se solicitara explcitamente su apoyo. Los trminos muy generales en los que originalmente se redact la Constitucin le permitan al presidente determinar el alcance de la participacin militar en los asuntos civiles. En 2007 Felipe Caldern hizo uso de este margen de maniobra y emiti pautas secretas que dieron amplios poderes a los oficiales militares para planear y realizar operaciones contra el crimen organizado.

Aunque existen algunas circunstancias especficas en las cuales el uso de las Fuerzas Armadas Mexicanas se considera justificado dentro del territorio nacional, el Artculo 16 de la Constitucin Mexicana restringe la funcin domstica de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y les impide ingresar a residencias privadas. Sin un estado de emergencia declarado, poner a los militares en las calles en el contexto de la guerra contra las drogas es difcil de justificar en trminos legales.

La nueva ley puede interpretarse como una forma de evitar estos problemas constitucionales ampliando las definiciones de seguridad interna, creando un marco legal para que el uso del ejrcito en la guerra contra el narcotrfico sea ms justificable en el escenario internacional y nacional, dadas las crticas recibidas. En 2016 Estados Unidos retuvo el 15% de los fondos destinados al financiamiento antinarcticos de Mxico tras el incumplimiento de Mxico con los criterios de derechos humanos que condicionan el financiamiento.

El gobierno de Enrique Pea Nieto no desconoce los datos de la realidad en trminos operativos, pero no se interesa en gestionar eficazmente la seguridad interior. Durante su gobierno se han construido 352 obras de infraestructura militar con una inversin de 25 mil millones de pesos, lo que equivale a ms del 300% de lo invertido por el gobierno de Felipe Caldern mientras el instituto Ethos Laboratorio de Polticas Pblicas afirma que Mxico aument el 61% en el gasto de seguridad interna en el perodo 2008-2015.

El estudio de Ethos estima que la cantidad de policas mexicanos aument en un 275% entre los aos 2006 y 2015. Segn datos de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen) Mxico tiene 367 policas cada 100.000 habitantes, ms que Estados Unidos, Brasil y Honduras. A pesar del aumento en la cantidad de policas, el propio Secretario de Gobernacin Miguel Angel Osorio Chong afirm en noviembre de 2017 que 600 municipios mexicanos carecen de polica, la mitad de las fuerzas existentes tiene menos de 20 miembros y el 40% de los oficiales gana menos de 4.600 pesos por mes (250 dlares).

Un aumento cuantitativo sin modificaciones cualitativas obliga a repetir incesantemente las afirmaciones sobre la corrupcin e ineficacia policial como si la misma no fuera expresamente construida desde el propio Estado.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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