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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-12-2017

Transicin a la dictadura

Eduardo Nava Hernndez
Cambio de Michoacn


Sin haber completado jams la llamada transicin a la democracia que nos llevara a un rgimen poltico similar al de las naciones ms adelantadas, con absoluta transparencia en los procesos y en los resultados de cada eleccin, Mxico ha ido ms y ms en una involucin que, no slo en el aspecto electoral sino en los de derechos humanos y corrupcin, nos acerca ms a situaciones como la de Honduras, Somalia, Siria u otros pases con fuertes conflictos sociales y polticos. Valga mencionar que nuestro pas ha empatado ya a la ltima nacin citada en cuanto a ejecucin de periodistas, una de las profesiones ms peligrosas de ejercer (si se ejerce bien) en Mxico.

Ya con anterioridad he expresado en estas pginas y en diversos foros la paradoja de la llamada transicin mexicana: no se trata de un proceso que parta propiamente de un proceso dictatorial (como Espaa, Chile, Argentina, Portugal, Brasil, Uruguay y otros pases) sino de uno que se trat de operar en un pas donde desde hace ms de setenta aos han gobernado civiles y donde desde hace un siglo no han dejado de realizarse elecciones cada tres y seis aos para renovar los poderes federales, locales y municipales. Un contrasentido aparente, pero que es una confesin de que el rgimen mexicano, a pesar de todo ello, nunca fue cabalmente democrtico sino autoritario, con ilusorio juego de partidos y oposiciones, pero siempre con predominio del partido del rgimen. Sin embargo, un elemento estaba excluido, el militarismo que fue sometido desde 1946 al poder civil, y quizs antes, desde 1935 en que Crdenas rompi con el maximato y someti al ejrcito al presidencialismo. En 1938 termin la ltima aventura militar, la de Saturnino Cedillo, que intent tras la expropiacin petrolera dar un fallido cuartelazo.

La transicin mexicana no parta, entonces, de una situacin de dictadura o militarismo sino de una democracia ilusoria, tras la que dominaban (y dominan) diversas formas de fraude, la represin a opositores y el control frreo de los medios de comunicacin masiva para anular cualquier brote de inconformidad que pusiera en cuestin el orden poltico. El corporativismo ha sido su complemento en el mbito popular, como un mecanismo de control de masas en el que los sindicatos ms numerosos (que no fuertes) y organizaciones campesinas y populares tambin estn encuadrados en el rgimen a travs de la corrupcin y de algunas prebendas.

Aunque lo cuestionaron, los masivos movimientos electorales y poselectorales de 1988, 2006 y 2012 no lograron modificar ese orden. En el 2000 pareci abrirse la etapa de la verdadera transicin con la alternancia en la presidencia de la Repblica, que ya haba sido anunciada con los gobiernos panistas en algunos Estados (Baja California, Guanajuato). Pero no fue as. En 2005 el proceso de desafuero contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrs Manuel Lpez Obrador, ordenado por el presidente Vicente Fox y pactado con el PRI, puso fin a la apenas esbozada transicin e inici la involucin que an hoy prosigue. El fraude electoral de 2006 fue la evidencia clara de que no habra ms avances en la democratizacin del pas y que los gobiernos panistas, como desde siempre los del PRI, estaban dispuestos a recurrir a los artificios electorales para conservar el poder e imponerse sobre sus adversarios.

Desde entonces, las viejas prcticas de compra y coaccin de los votos, manejo corporativo de los ciudadanos, corrupcin de las autoridades electorales, etctera, se han vuelto a imponer en al menos cuatro de los partidos que participan en el escenario poltico: el PRI, el PAN, el PVEM y el PRD.

Pero esa regresin poltico-electoral fue acompaada de algo an ms inquietante: la militarizacin del pas bajo el argumento de la lucha (guerra) contra el narcotrfico y la delincuencia organizada, iniciada por Felipe Caldern desde el comienzo de su gobierno y continuada por el de Enrique Pea Nieto. A once aos de distancia, la presencia castrense entre la poblacin civil no ha logrado refrenar las actividades ilcitas ni la violencia criminal, pero s ha dado lugar a mltiples violaciones a los derechos humanos y a la intimidacin de la poblacin. Hechos como los de Tlatlaya, Tanhuato, Iguala, Apatzingn, Nochixtln, Arantepacua y otros han constituido violaciones graves y crmenes a cargo de las fuerzas armadas y policas, siempre encubiertos bajo el argumento del combate a la delincuencia, y que han quedado virtualmente impunes, sin que ningn alto mando militar o policiaco haya sido procesado, menos an sentenciado por ello.

El sentido de la recin aprobada Ley de Seguridad Interior no es otro que poner a cubierto a los militares que, en las tareas de ataque a la delincuencia, e incluso de represin a personas o grupos ciudadanos, cometan abusos de autoridad o violaciones a derechos humanos. La secreca ser su defensa, ya que casi cualquier operacin podr realizarse de manera encubierta impidiendo a autoridades civiles, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general el acceso a la informacin sobre las mismas.

Pero hay ms. La mencionada ley, contra la que la Comisin Nacional de Derechos Humanos y diversas comisiones y defensoras estatales han anunciado que interpondrn controversias de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, permitir a las fuerzas armadas realizar funciones de inteligencia, espionaje, cateos y detenciones sin orden judicial, prcticamente de manera discrecional, afectando a la poblacin civil. No en balde la ONU a travs de los altos comisionados de Derechos Humanos, Contra las Ejecuciones Extrajudiciales, de Derecho a la Privacidad y del Derecho a la Libertad de Expresin, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, las comisiones nacional y estatales de derechos humanos de nuestro pas, los rectores de la UNAM, UdeG y Universidad Iberoamericana, abogados constitucionalistas, intelectuales y acadmicos, adems de ciudadanos en general, se han manifestado en contra de esta nueva norma, violatoria de los derechos humanos y sus garantas, y en particular de los artculos 1, 6, 39, 40, 41, 73, 115, 116 y 124 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Como si todo esto fuera poco, la Cmara de Diputados aprob por unanimidad, con el voto de todos los partidos y a propuesta del legislador priista Pablo Elizondo Garca, una reforma al artculo 1916 del Cdigo Civil Federal por la cual se considerar como ilcito el que alguien comunique, a travs de cualquier medio incluidos los electrnicos, a una o ms personas la imputacin que se hace a otra persona fsica o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra, descrdito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien. El sentido de la reforma fue incluir en el llamado dao moral los trminos cualquier medio incluidos los electrnicos, lo que hace pensar que se trata de un intento de censura a la libre expresin en las redes sociales.

La ahora llamada ley mordaza o ley antimeme se cierne amenazante contra periodistas, caricaturistas o meros usuarios de las redes que ejerzan la crtica, justificada o injustificada, Y si bien es difcil que una legislacin as, atentatoria contra la libertad de expresin, se pueda aplicar, su aprobacin en la cmara baja, en pleno inicio del proceso electoral federal, es una nueva manifestacin de autoritarismo que pretende acallar las voces que, desde el ciberespacio, cuestionan a gobernantes y dirigentes polticos. stos pretenden controlar incluso las expresiones de crtica y descontento en los medios virtuales.

La militarizacin de la vida civil a travs de la Ley de Seguridad Interior no es un mero cambio cosmtico o coyuntural sino una modificacin estructural en el Estado mexicano. Junto con su complemento la ley mordaza, acenta los rasgos autoritarios del rgimen, que se aleja del estado de derecho y de una legislacin garantista y se enfila cada vez ms a una semidictadura o dictadura encubierta, como la que ha existido por ejemplo en Colombia: un rgimen militar y represivo disimulado bajo un aparente civilismo y un orden constitucional. Esperemos estar an a tiempo de impedirlo.

Eduardo Nava Hernndez. Politlogo UMSNH.

Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc34967

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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