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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-01-2018

Balance de 2017
Se repite la historia de traicin y muerte

Renn Vega Cantor
Rebelin


El problema en Amrica Latina es que la historia tiende a repetirse como tragedia. Eduardo Galeano


Es famosa esta afirmacin de Carlos Marx: Hegel dice en alguna parte que la historia se repite dos veces. Le falt agregar: primero como tragedia y despus como farsa. Este principio debera modificarse en Amrica Latina en general, y en Colombia en particular, diciendo que ac la historia se puede repetir muchas veces, pero siempre como tragedia.

Y este presupuesto resulta de una importancia crucial a la hora de analizar lo que viene sucediendo con los acuerdos de La Habana entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC, puesto que nuevamente, por ensima vez, se incumple en forma descarada lo que ha pactado el primero. Esa historia de incumplimientos y traiciones no es nueva, es ms que bicentenaria, puesto que se hizo realidad por primera vez en 1781, cuando el rgimen colonial espaol traicion las capitulaciones que haba firmado con el movimiento de los Comuneros y persigui y asesin pblicamente y con saa a Jos Antonio Galn, el principal lder popular de ese levantamiento. En ese momento se origin lo que puede denominarse el sndrome del incumplimiento y de la traicin por parte del Estado colombiano y las clases dominantes de lo que pactan y acuerdan con sectores de las clases subalternas. Ese sndrome viene acompaado de la persecucin y muerte de los opositores polticos, como lo rubrica lo sucedido en los ltimos 60 aos de la historia colombiana.

En esta perspectiva lo que acontece hoy en da no es indito, es simplemente la repeticin, aparentemente mecnica de algo ya conocido, en cuanto a su resultado. Lo que aparece como diferente estriba en la suposicin de una de las partes, las FARC, que esta vez el Estado si iba a cumplir, por las implicaciones que supone poner fin a una contienda armada de ms de medio siglo. Los hechos han demostrado que al bloque contrainsurgente existente en nuestro pas lo nico que le interesaba era desarmar a la insurgencia de las FARC, como lo ha dicho sin disimulo Juan Manuel Santos. Esto quiere decir, sin necesidad de leer entre lneas, simplemente que no se va a cumplir nada de lo pactado y que los acuerdos no pasan de ser letra muerta, papel higinico. Y a ese orden contrainsurgente le tiene sin cuidado que hasta la Organizacin de Naciones Unidas (ONU), garante de los acuerdos, critique ese incumplimiento.

Este es un incumplimiento en el que han participado los diversos componentes del bloque contrainsurgente: el ejecutivo, el parlamento, el sistema judicial, las fuerzas armadas, los medios de desinformacin, los partidos polticos ligados al establecimiento, e incluso sectores polticos que se supondran son de izquierda o alternativos (como el Polo Democrtico-MOIR y los verdes, con Claudia Lpez a la cabeza)Todas a una, como en fuente ovejuna, han actuado al unsono, para torpedear lo pactado, que fue solemnemente firmado no en una sino en dos ocasiones, primero en Cartagena, antes del plebiscidio (suicidio plebiscitario) de octubre de 2016, y luego en el teatro Colon de Bogot, tras introducir un sinnmero de modificaciones, aceptadas por las FARC, que ya de por s desnaturalizaban gran parte de lo acordado en cinco aos de negociaciones en La Habana.

No se trata en esta reflexin de entrar a discutir no porque no sea importante, sino porque ese no es el objetivo de este breve escrito el alcance limitado de los acuerdos firmados en Bogot en noviembre de 2016, alcance que ha sido presentado en forma exagerada por los voceros de la extrema derecha, desde el uribismo hasta el vargasllerismo, y sus voceros de prensa, encabezados por RCN, quienes sostienen con un cinismo extremo que esos acuerdos representan una entrega del pas a lo que ellos denominan el castro-chavismo.

El trasfondo de este enunciado mentiroso, al estilo de Josep Goebbels, no es otro que ambientar el incumplimiento, como lo han logrado con xito, y sobre lo que no debera haber duda, como lo demuestran algunos de los balances efectuados con motivo de cumplirse el primer ao del acuerdo del Teatro Coln. Uno de esos balances sostiene que, en trminos cuantitativos, el Estado ha cumplido solamente con un 18 por ciento de lo acordado, mientras que el cumplimiento de la contraparte, de las FARC, ha sido prcticamente del ciento por ciento. En efecto, mientras esta insurgencia ha entregado las armas, concentr sus frentes en zonas fijas, entreg un listado sistemtico de sus haberes, los puntos bsicos del acuerdo han sido irrespetados por el Estado.

As, en cuanto al tema agrario eje central del conflicto social y armado no hay nada que permita vislumbrar que se va a efectuar alguna reforma rural integral que favorezca a los campesinos y pequeos productores. En cuanto al anuncio de entregar tres millones de hectreas de tierras y de legalizar los ttulos de otros siete millones, hasta ahora lo hecho es, por decir lo menos, absolutamente ridculo: se han entregado unas 69 mil hectreas, sin saber cuntas corresponden a entrega y cuntas a restitucin y la Direccin de Acceso a Tierras report que durante 2016 compr 1.381 hectreas, correspondientes a 33 predios, para entregarlas a organizaciones campesinas (http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6821-la-reforma-rural-integral-a-fuego-lento).

Respecto a la poltica antidrogas, donde se planteaba una solucin integral a ese espinoso asunto, que no se concentrara en atacar al productor de hoja de coca y se tocaran los diversos eslabones de ese negocio multinacional, eso no ha pasado del papel. En la prctica se ha reafirmado el viejo criterio de la poltica anti-drogas hecha en Estados Unidos, y reafirmada ahora por el gobierno de Donald Trump, de golpear a los campesinos, como lo evidencia lo sucedido en Tumaco, con la masacre de pequeos cocaleros, llevada a cabo por miembros de los cuerpos represivos del Estado colombiano. Incluso, como van las cosas, no es de extraar que en el corto plazo se vuelva a poner en prctica la criminal poltica de fumigacin area con glifosato, como lo viene planteando el Fiscal General de la Nacin, una ficha del orden contrainsurgente, quien es uno de los principales opositores al cumplimiento de lo pactado con las FARC.

En cuanto a la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP), que fue presentada desde un principio como la novedad del acuerdo, y donde se planteaba abordar las responsabilidades de los financiadores de la guerra (los llamados terceros, como los empresarios, multinacionales, funcionarios pblicos, gobernadores y alcaldes), ha quedado hecha trizas, y ha terminado siendo un tribunal en donde se va a juzgar de manera exclusiva a las FARC.

Y con relacin a la participacin poltica lo hecho es vergonzoso, puesto que no ha habido ninguna reforma poltica ni tampoco se ha propiciado ni creado el ambiente para la participacin no solo de las FARC, sino de otros sectores polticos de las regiones, como lo demuestra la decisin del Paramento (perdn, Parlamento) de negar la aprobacin de las 16 Circunscripciones Especiales para la Paz, que deban facilitar la participacin de las vctimas.

No se ha cumplido nada en lo esencial. Y no solo eso, lo peor de todo, es que avanza un nuevo genocidio: el de los excombatientes de las FARC. O cmo puede calificarse lo que est en marcha en Colombia, ante la mirada cmplice en algunos casos y complaciente en muchos otros de gran parte de la mal llamada opinin pblica de este pas, del asesinato a mansalva, desarmados y en estado de indefensin, hasta el momento en que se redactan estas lneas, de un poco ms de 30 miembros de las FARC, a lo que se suma el asesinato de una decena de sus familiares.

El asesinato del primer miembro desarmado de las FARC, luego de la pretendida puesta en marcha de los acuerdos de La Habana no supuso ningn rechazo, como era apenas obvio, de los voceros del orden contrainsurgente, cuando ese hecho debi concitar la movilizacin masiva de la sociedad colombiana, para que ese no fuera el comienzo de un nuevo genocidio. Qu diferencia a lo sucedido en Argentina donde la movilizacin de importantes sectores de la sociedad ha impedido que se vuelva a legitimar la desaparicin forzada, que se ha intentado imponer nuevamente como prctica de terrorismo de Estado con el caso de Santiago Maldonado. Es esa accin activa lo que oblig a que en forma relativamente rpida apareciera el cadver de este dirigente popular, lo que desde luego es una noticia trgica, pero ese mismo hecho no hubiera sido posible sin una movilizacin que clama en contra de la impunidad de los crmenes de Estado.

El primer insurgente asesinado fue Luis Alberto Ortiz Cabezas, en Tumaco, el da donde fue vilmente ultimado en abril de 2017, solo quince das despus de haber salido de la crcel.

Y como fue una noticia ms de la crnica criminal de este pas, y una noticia muy secundaria, el asesinato de Luis Alberto Ortiz Cabezas, primer asesinado de las FARC, menos importante que los chismes y trivialidades de los famosos de origen colombiano (futbolistas que se divorcian o que estafan al fisco de diversos estados europeos, cantantes y actrices que exhiben como gran cosa sus asuntos personales en las mal llamadas redes sociales), eso dio pie a que siguiera existiendo la impunidad plena de esos crmenes y de esos criminales, que directa o indirectamente estn ligados al Estado y forman parte del orden contrainsurgente. Y que, adems, se supona que iba a dejar de existir luego de la desmovilizacin de las FARC. Pero qu va, los hechos han ido mostrando dolorosamente que en este pas se sigue aplicando la lgica de la Guerra Fra, que nunca ha terminado en Colombia, de eliminar al que es declarado como enemigo, y no importa que para ello haya que esgrimir los argumentos ms rebuscados y trados de los cabellos, como los presentados recientemente por el Ministro de Defensa (sic) (mejor sera llamar Ministro de Ofensas), Luis Carlos Villegas.

Al respecto este personaje sostuvo que los asesinatos que se vienen dando en Colombia con una terrible asiduidad no son resultado de una persecucin sistemtica y planificada, sino que en su Inmensa mayora "son frutos de un tema de linderos, de un tema de faltas, de peleas por rentas ilcitas". Dicho de otra forma, el Estado deja de cuidar la vida de los colombianos que, segn los cultores del supuesto Estado de Derecho que existira en Colombia, sera una de sus responsabilidades principales- y expresa con cinismo algo as como que esos asesinados estn bien muertos porque se lo merecen, al fin y al cabo, en algo deban andar, como siempre han dicho los asesinos, y sus cmplices mediticos, cuando se asesina a un estudiantes, un campesino, un sindicalista o cualquiera que est al margen de los verdaderos dueos de este pas. No sorprende que los opinologos de la prensa, como Semana, ese rgano por excelencia del orden contrainsurgente, legitimen los crmenes dicindoles a las FARC, por ejemplo, como lo hace un tal Mauricio Carradini, que no abusen de la victoria (sic) y no se vayan a ahogar en la sangre de sus propias batallas. (http://www.semana.com/opinion/articulo/mauricio-carradini-opinion-la-arrogancia-de-las-farc/547813)

Frente a lo que est aconteciendo con el asesinato de ex combatientes de las FARC, que repite adems la trgica historia de Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure, Toledo Plata y miles de ex guerrilleros asesinados luego de que distintos movimientos insurgentes firmaron acuerdos con el Estado (algo que modernamente comenz en 1953), s que resultan aplicables las palabras de Eduardo Galeano, cuando manifest con claridad meridiana: La amnesia implica impunidad, y la impunidad estimula el delito, tanto en trminos personales como colectivos. No se necesita ser un gran jurista para saber que si yo mato a mi vecino, y todo sigue igual, termino matando al vecindario entero, porque la impunidad tiene un efecto estimulante sobre el delito.

Lo acontecido en este 2017 con el acuerdo, el haberlo hecho trizas, no es algo de poca monta, porque tiene una trascendencia que va ms all de lo meramente coyuntural. Muestra, de un lado, que est en marcha un genocidio similar, y de pronto peor, que el de la Unin Patriota y A Luchar. Indica, de otra parte, que en este pas se repite la historia de incumplimiento y muerte por parte del bloque de poder contrainsurgente, que supone sembrar las semillas de nuevos-viejos conflictos nunca resueltos, es decir, se estn incubando nuevas guerras. De eso deben estar tomando nota el ELN, las mal llamadas disidencias de las FARC, y nuevos movimientos insurgentes que puedan formarse en el futuro prximo, para los que queda claro que en este pas de cultura traqueta no se respeta la palabra empeada.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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