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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-01-2018

Sigue encarrilado el tren de la paz?

Camilo Rengifo Marn
CLAE


Qu es la paz?, se preguntan hoy millones de colombianos, desilusionados, concientes de que la paz no debe ser reducida a la ausencia de guerra como supone el poder fctico y las elites, sino que debe significar la posibilidad de vivir y ejercer dignidad, solidaridad y emancipacin. Segn el Observatorio de Seguimiento a la Implementacin del Acuerdo de Paz (OIAP), el avance del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, es de apenas el 18%.

El presidente Juan Manuel Santos encabez el jueves 4 de enero una reunin con la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la internacional Comisin de Seguimiento, Impulso y Verificacin a la Implementacin del Acuerdo Final (CSIVI), que integran los expresidentes de Espaa y Uruguay, Felipe Gonzlez y Pepe Mujica verificadores internacionales desde marzo del ao pasado.

La reunin sirvi para tratar varios temas pendientes como la reincorporacin social y econmica de los excombatientes, la creacin de infraestructura para los municipios ms afectados por el conflicto, el avance del otorgamiento de las amnistas a los exguerrilleros que permanecen en las crceles y se analizaron los alcances del Decreto 2199 de 2017, del 26 de diciembre ltimo y que permite el trnsito de exguerrilleros de la Ley de Justicia y Paz hacia la Jurisdiccin Especial de Paz (JEP), quienes seran beneficiados con la libertad condicional aplicable a los delitos polticos y conexos.

Todo ello con la intencin primaria de que se puedan acoger a los procesos de reintegracin que se desarrollan desde la Agencia para la Reincorporacin y la Normalizacin (ARN). La idea es definir un demorado procedimiento para conocer los casos de los excombatientes que deseen hacer el paso y someterse a la JEP.

Sobre la mesa tambin estuvo el informe La paz en deuda, del Observatorio de Seguimiento a la Implementacin del Acuerdo de Paz (OIAP), un control en tiempo real de la implementacin, en lo que tuvo que ver con la adopcin de leyes, decretos, actos legislativos, directivas y otras normas por parte del Estado, donde se seala que los avances son ms contundentes cuando tienen relacin con la terminacin del conflicto armado que con la construccin de una paz estable y duradera.

El informe resalta que una de las principales dificultades de la implementacin se concentr en la resistencia del Congreso para cambiar la Constitucin. La implementacin normativa e institucional del 18,3 % en el primer ao es importante, pero insuficiente y pone en evidencia la falta de voluntad poltica y los mltiples obstculos que enfrenta el Acuerdo Final, y considera que lo que resta de la misma estar ligada a los resultados de las elecciones al Congreso y Presidencia, y que con stas el Acuerdo de Paz se somete a otra refrendacin.

El documento, de 67 pginas, por ejemplo, seala al gobierno que la construccin de paz estable y duradera no ser posible si no se desarrollan los puntos de reforma rural integral y de solucin al problema de las drogas ilcitas. Un ao despus de la firma no hay avances legislativos en asuntos como el acceso y la formalizacin de la tierra, es dbil la implementacin de los planes nacionales y es muy precaria la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) concebidos para hacer realidad la transformacin del campo colombiano.

Tras el encuentro, las FARC, como nuevo movimiento poltico, exigi a Santos ejercer potestades constitucionales extraordinarias para hacer respetar los acuerdos. Solicitaremos al Consejo de Seguridad elevar una consulta al Tribunal Internacional de Justicia sobre los deberes que adquiere un Estado frente a una declaracin unilateral de cumplimiento, respecto a un acuerdo de paz, sealaron.

Por su parte, y pese a los 'peros' presentados por la Farc, en el balance presentado por el Gobierno, se prefiere ver ms el vaso medio lleno y no medio vaco: "Los avances son muy claros: pusimos fin a un conflicto de ms de medio siglo, sentamos las bases institucionales y normativas y avanzamos decisivamente en la construccin de la paz", dijo Santos a la prensa.

En un tuit, el ex presidente lvaro Uribe pregunt por qu Felipe Gonzlez y Mujica insisten en apoyar la impunidad al narcoterrorismo de Farc, el robo del Plebiscito por parte de Santos (sobornado por Odebrecht), el camino castro-chavista para Colombia, a lo que el primero le record que l lo intent lograr un acuerdo paz: soy testigo, en Cartagena particip en una conversacin con un dirigente de las Farc para iniciar un proceso de dilogo.

Gonzlez habl de una devaluacin del proceso de paz que podra ser fruto de la campaa electoral que hay en el pas. Seal que cuando la contienda acabe habr un Congreso nuevo, un Gobierno nuevo, y, si el compromiso acompaa a su propia constitucionalidad, la paz habr ganado.

El consejo poltico nacional de las FARC an mantiene las precauciones de seguridad propias del proceso de reincorporacin, y recomienda mantener el espritu conspirativo no contra el Estado, sino para evitar que nos aniquilen. En ese mismo sentido, pidi a los militantes tener disciplina en los desplazamientos, no frecuentar sitios riesgosos y cuidar las comunicaciones.

La locomotora de la paz

Con la idea de la paz como una locomotora, impuesta desde el gobierno y los medios hegemnicos, se trataba de relacionar la dinmica de la paz con un tren por la dificultad de hacer irreversible su marcha, y con ello llegar al fin de las FARC, y enlazarla con la metfora de Juan Manual Santos de lo que llam las locomotoras de la inversin. Una paz ligada a las posibilidades de inversin extranjera, como oportunidad de negocios entre sectores empresariales.

Pero el camino a la paz que comenzara con los Acuerdo de La Habana de mediados de 2016 se enfrent a varias montaas y trochas espinosas difciles de franquear. La locomotora comenz a perder potencia el 2 de octubre de 2016, cuando gan el NO en un plebiscito para consultarle al pueblo colombiano si aprobaba los acuerdos a los que haban llegado el gobierno y las FARC.

El segundo acto de esta labor de ponerle palos a la rueda de la paz la protagoniz el poder fctico: las lites empezaron a modificar sustancialmente los acuerdos y a imprimir intencionalmente dos dinmicas en el proceso, como la renegociacin de los acuerdos, y los incumplimientos a la implementacin.

Para legitimar la renegociacin los grades medios sealaron una supuesta ideologa de gnero en los acuerdos, de que los acuerdos blindaban jurdicamente a los guerrilleros y se generaba una amplia impunidad para las FARC sobre hechos del conflicto, y se plante la negativa a otorgar participacin poltica a cualquier miembro de esa organizacin.

Para los analistas colombianos, la renegociacin vino en varios actos: cuando el uribismo logr quitarle poltica y jurdicamente a los acuerdos como principal abanderado del NO y cuando los acuerdos fueron renegociados porque fueron aprobados parcialmente por medio de actos legislativos gracias a una figura llamada decisin ejecutiva (fast track) donde el Congreso modific elementos de lo pactado y se abstuvo de aprobar la totalidad de leyes que agrupaban todo lo que estaba en los acuerdos.

Todo esto queda fielmente reflejado en el drama humanitario que padecen cientos de ex combatientes a los que no se les garantiz condiciones de vida acordadas en los acuerdos, ni mucho menos tienen certeza alguna de futuro. Segn un informe de la ONU, en las zonas veredales solo queda el 49% de los guerrilleros inicialmente cansados para la reincorporacin.

Un reciente informe de la Agencia de Renovacin del Territorio seal que, dentro del plan de vas terciarias para el posconflicto, al cierre de 2017 se habn construido 1.780 kilmetros de 2.406 que estaban planeados para intervenir (74 %).

Tambin hay incumplimientos verificados: en el avance real de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial ( PDET ), que beneficiarn a ms de siete millones de personas afectadas por la violencia, son la columna vertebral de la construccin de la paz , al revisar las estrategias y los alcances en los territorios de la poltica de sustitucin de cultivos de uso ilcito, y en la notoria ausencia de las lites a los ejercicios de verdad que se darn en el marco de la denominada JEP por su nuevo carcter de voluntariedad.

El panorama y futuro de las FARC, convertido ahora en partido poltico, es por dems incierto, lo que clausura al menos una de las vlvulas que alimenta el motor del tren de la paz. Si el proceso de implementacin sigue marcado por los incumplimientos por parte del gobierno y por una estrategia de las lites de renegociar y recortar las cosas que puedan beneficiar a las mayoras, con ello harn simplemente inviable este proceso y se esfumar la esperanza de pacificacin.

La situacin de los asesinatos de lderes populares, campesinos, sociales sigue siendo preocupante y de proporciones enormes: en los ltimos seis aos fueron asesinados 450 dirigentes, entre ellos reclamantes de tierras, defensoras de derechos ambientales y opositores a proyectos de minera e hidrocarburos, defensores de derechos colectivos de comunidades indgenas, afro, y campesinas. Indigna que el ministro de Defensa de Santos diga que esos asesinatos se deban a los de faldas.

Lo cierto que, ms all de acuerdos, persisten en Colombia los mecanismos de violencia privada, paramilitar y semioficial, apadrinada en sus ocho aos de gobierno por el expresidente lvaro Uribe, motivada por intereses de grupos polticos y econmicos que usufructuaron duante seis dcadas el conflicto , quienes propician y mantienen dinmicas de poder para asesinar y amenazar a lderes sociales y populares en los territorios.

Pese a la Colombia color rosa, edulcorada, que muestra la prensa hegemnica nacional e internacional, despus de Hait, Colombia es el segundo pas ms desigual del hemisferio, donde persiste una fuerte dinmica de concentracin de la propiedad rural, lo cual impide a miles y miles de campesinos acceder a suelos adecuados para cultivar. A inicios del milenio, durante el gobierno de Uribe, se despoj a millones de campesinos de sus tierras y se propici con ello la consolidacin de amplios latifundios de ganadera y monocultivo.

Mientras ocurren a diario asesinatos de lderes populares, la respuesta sistemtica del gobierno es la de negar las dinmicas del terrorismo de Estado a reexponer la hiptesis de las manzanas podrida, mientras niega pblicamente la comprobada existencia del paramilitarismo. Santos vive su peor momento en el gobierno, con poca credibilidad, pero sigue llenndose la boca con la palabra paz, y alimentando los bolsillos de las lites con los recursos de la inversin y cooperacin internacional para el posconflicto.

Dficil negociacin con el ELN

La fase pblica de negociacin entre el gobierno y el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN), con menos de un ao de instalada ha estado marcado por el carcter de la agenda de negociacin, por las reflexiones que ha generado al ELN la dinmica de incumplimientos del gobierno con las FARC, y por la concrecin del primer cese bilateral acordado en la historia entre las partes.

El primer punto de la agenda de negociacin -participacin de la sociedad- es una vieja reivindicacin asamblearia de participacin de la sociedad del ELN que disgusta al gobierno, ya que deja en evidencia la ausencia de un proyecto de nacin como principal problema de Colombia, ya que hay formas de representacin poltica excluyentes y desiguales.

Por ende, sealan, es necesario crear un ejercicio asambleario denominado convencin o gran dilogo nacional, para que all se pueden establecer consensos y rutas para definir un proyecto de nacin que permitan superar el conflicto social y armado que ha vivido Colombia desde su origen. Para el gobierno y la oligarqua no es estratgico abrir escenarios de participacin a la sociedad dado que la nica forma de participacin reconocida la electoral- ya est cooptada por sus intereses y maquinarias.

A principios de noviembre de 2017 tuvieron lugar los primeros ejercicios de participacin - audiencias preparatorias- donde delegados del ELN y del gobierno tuvieron oportunidad de escuchar a ms de 200 representantes de la sociedad, con sus propuestas y recomendaciones.

Quedan en medio del cese de fuego algunos asuntos que pueden hacen ms complejo concretar una prrroga del mismo, ya que se registraron tres situaciones en las que las fuerzas militares atacaron unidades del ELN (dos veces en Choc y una en Norte de Santander). En los prximos das se sabr si se renueva el cese bilateral y los trminos en los que se concretara.

El panorma de l continuidad del dilogo es por dems incierto por la proximidad de una nueva coyuntura presidencial y por la reciente renuncia de Juan Camilo Restrepo como jefe del equipo negociador del gobierno y el nombramiento de Gustavo Bell como su reemplazo.

La divisin de la izquierda

5Aun cuando son evidentes las diferencias y tensiones al interior del bloque hegemnico del poder poltico entre el santismo y el uribismo, en el campo contrahegemnico sucede algo similar, partiendo de la base que la izquierda y el campo alternativo (en su mayora) coincidieron en abrazar la consigna de la paz con justicia social como la principal bandera poltica.

Quiz por la diversidad de actores, de territorios y de perspectivas de resistencia no ha sido posible generar una propuesta prctica de consenso y articulacin real (un proyecto poltico comn) sobre lo que implicara esa consiga de la paz con justicia social en la realidad de Colombia, un pas que reclama propuestas concretas y salidas urgentes a problemas estructurales.

La paz ms que un discurso o una posibilidad, es un anhelo y una necesidad del pueblo, pero junto a ella est la necesidad de conquistar escenarios de derechos, de garantas y condiciones de dignidad para las grandes mayoras que han estado excluidas y no aguantan ms una realidad tan desigual e injusta como la que vive Colombia.


Camilo Rengifo Marn, Economista y docente universitario colombiano, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la )


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