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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-01-2018

El contra de la institucionalidad colombiana a la justicia transicional

Carlos Meneses Reyes
Rebelin


El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacin y No Repeticin (S.I.V.J.R. NR) acordado por los plenipotenciarios del Estado Colombiano y los plenipotenciarios de la fuerza insurgente y beligerante de las Farc-ep, mediante el Acuerdo de La Habana y las modificaciones al mismo como resultado de los efectos polticos del triunfo del NO en el plebiscito, conforme a lo Acordado en el Teatro Coln; plasm los principios fundamentales del sistema universal de Justicia Transicional, como quiera son los principios de la Verdad, la Reparacin, la No Repeticin y la Justicia, el fin primordial de las Victimas en el Sistema Universal de la Defensa de los Derechos Humanos. Ya el solo principio de Justicia erradica la impunidad.

Bajo una metodologa de diseccin para la comprensin del asunto abordado, digamos que lo genrico es el sistema universal de Justicia Transicional, aplicado para la solucin de conflictos armados internos en Estados miembros de la ONU. Para el caso colombiano, lo especifico es la Jurisdiccin Especial de Paz (JEP) y la Conformacin del Tribunal de Paz para juzgar los delitos de lesa humanidad y crmenes de guerra, con ocasin del conflicto, por parte de las fuerzas armadas gubernamentales y las irregulares insurgentes y por terceros incursos en esos delitos durante y con ocasin del conflicto.

La Justicia Transicional, como instrumento de justicia universal, se inspira en los principios del ius cogens y el derecho de gentes. Obedece al marco jurdico del Derecho Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y a esas normas no se puede oponer la ley nacional o local (Lex Fori).

El Acuerdo Final para la terminacin del conflicto con las entonces fuerzas insurgentes de las Farc-ep, se firm entre las Altas Partes contendientes, resaltando que no se trat de un acto administrativo del ente estatal bajo el principio de legalidad (Estado de Derecho); sino inspirado en el Derecho Internacional Pblico, revistiendo el carcter de un Acuerdo Especial, plasmado en el artculo 3 comn de las Convenciones de Ginebra y depositado, una ves firmado, ante el Consejo Federal Suizo en Berna. El procedimiento de protocolizacin implic la inclusin del mismo a su incorporacin a nivel de documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; que procedi por declaracin unilateral de Estado por parte del presidente de la Repblica de Colombia y que, en acotacin de explicacin, tambin poda hacerlo las Farc-ep, mismas, como contraparte del Acuerdo y a tono con el reconocimiento de status beligerante que le cobijaba en el escenario internacional.

LA FALSARIA INGERENCIA DE LA RENEGOCIACIN DE LO ACORDADO.

Bajo el mandato del artculo 22 de la Constitucin Poltica(CP): La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y el presidente, como cabeza visible de la unidad nacional (Articulo 188 CP) al firmar el Acuerdo de Paz lo hizo a nombre de todos(as) los colombianos(as). Conforme a esa representacin ejerci la soberana, que reside en el pueblo colombiano y del cual emana el poder pblico (Articulo 3 CP). No firm como poder ejecutivo, sino como ejercicio soberano y popular. Las otras Ramas del Poder Pblico (Legislativo y Judicial) al no hacer parte de las conversaciones, ni de las negociaciones, ni firmar el Acuerdo Definitivo, saban que colaboraban armnicamente para la realizacin de sus fines (Articulo 113 CP).

Lo ideo-poltico predominante de la derecha militarista- cul vergonzantes- acudieron a la enredadera jurdica en la fase de implementacin de los Acuerdos, en contrava a los mandatos constitucionales citados, revisando lo Acordado, a tijeretazos modificarlo en los recintos del Legislativo y Judicial. Que falta de capacidad natural para juzgar correctamente; es decir, falta absoluta de sindresis. Detenimiento aparte correspondera en el anlisis del papel del Ministerio Pblico y de la Fiscala General a la cual no le corresponde ningn control constitucional.

LA JUSTICIA TRANSICIONAL ES UNA JUSTICIA DIFERENTE A LA JUSTICIA ORDINARIA.

No es que se trate de una justicia blanda. Obedece a una justicia restaurativa y a una justicia prospectiva, a futuro, a favor de las vctimas. Justicia aplicada a casos como el colombiano, en que un conflicto armado interno, a la luz del Derecho Internacional, al no ser derrotada ninguna de las contrapartes en conflicto, ni sometidas militarmente; para garantizar la no impunidad ante delitos de lesa humanidad y crmenes de guerra ocurridos durante el conflicto aplica esa justicia alternativa.

Es al Estado colombiano al que le corresponde responder por la implementacin de lo acordado ante los estrados de la Justicia Internacional. El dossier por la interferencia de la Rama Legislativa y Judicial del poder pblico en revisar y revocar lo Acordado ya es sub judice. El ejecutivo, en cabeza del presidente, tampoco hace uso de los instrumentos ante la conmocin que el evento causa tanto nacional como internacionalmente. Seamos elementalmente claros: La JEP, como instrumento del sistema internacional de Justicia Transicional, no tiene origen constitucional. Los Magistrados de la JEP no son nombrados por autoridad estatal ni del orden administrativo. No son empleados pblicos. Fungen como servidores pblicos. A manera de discusin planteo que No requieren de posesin para ejercer el cargo. Tampoco juramento de posesin del cargo; no obstante, como servidores pblicos estn sometidos a la Constitucin y Leyes de Colombia. Vale lo del formalismo impetrado. Lo Acordado defini con claridad que la JEP expedira su propio reglamento. Tal como lo explicar mas adelante, debieran hacerlo, puesto que la razn de ser de su existencia obedece al Sistema Universal de Justicia.

LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMIA Y DE INESCINDIBILIDAD EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL.

El sistema de hermenutica jurdica abarca no solo los aspectos de la interpretacin y aplicacin de las normas como tambin la comprensin de un sistema jurdico determinado. Bajo el entramado de lo del bloque de constitucionalidad la alta Corte Constitucional pis en terrenos fangosos, sentando el peor precedente en el desempeo de lo jurisdiccional. Careciendo de jurisdiccin dispuso acerca de la naturaleza de la JEP. Registro definiciones sobre el control estricto a los Magistrados de la JEP, subordinndolos a su desempeo. Cual cortesana de la extrema derecha militarista, acomod imposiciones por fuera de lo Acordado para que los guerrilleros, ya sin armas y desmovilizados, pudieren participar en poltica. Impuso la comparecencia voluntaria a la justicia transicional por parte de civiles, incursos en delitos de lesa humanidad y crmenes de guerra. Al as enunciarlo no implica desconocimiento a la Constitucin como norma de normas. Solo que la Corte Constitucional se inmiscuye en aspectos de soberana en el manejo de las relaciones exteriores, por el reconocimiento de los principios del derecho internacional y de los tratados internacionales aceptados por Colombia. Contradice en la motivacin de sus sentencias, el desconocimiento de la Justicia Transicional como instrumento del sistema de justicia universal. Craso error de por si inexplicable.

A la Jurisdiccin Especial de Paz (JEP) la rige el Principio de Autonoma. Consiste en el consentimiento informado que le otorga capacidad inherente para el cumplimiento de sus funciones. El Thema de sus funciones obedece a conocer de los delitos de lesa humanidad y crmenes de guerra. Bajo la egida del Principio de Autonoma los Magistrados de la JEP, ejercen las funciones propias del Juzgador. No existe soporte alguno para que la Corte Constitucional se inmiscuya en su funcionamiento, ni mucho menos en definir la naturaleza de la misma. La creacin misma de la JEP y el aval constitucional dado a la misma armoniza en el manejo de la compatibilidad. Hasta all se manej equilibrio y armona. Pero de all a imponerle rgimen, inhabilidades y supeditaciones al sistema universal de justicia creado no deja de ser un despropsito o disparate. Indito en la historia jurdica del pas el que la Alta Corte, consagre la impunidad, para que los particulares o civiles incursos en delitos de competencia de la justicia transicional, durante y con ocasin del conflicto armado interno, elijan al juez que ha de juzgarles. Obvio que a todas luces estas decisiones no tienen poder vinculante para los magistrados de la JEP.

A la Jurisdiccin Especial de Paz (JEP), tambin la rige otro principio fundamental: el Principio de Inescindibilidad. Conforme a este principio a una situacin concreta sub judice se le aplica un rgimen en su integridad. Lo de vagas interpretaciones de la Corte Constitucional viola el principio de inescindibilidad. No se predica solo que la ley que se adapte o corresponda al caso se aplique en su integridad. Tambin al caso en anlisis que para los delitos de competencia de la Justicia Transicional debe ser aplicada en su integridad todo este sistema de justicia y no para unos s y para otros no. La decisin de la Corte Constitucional defrauda la confianza de las vctimas; conlleva a resultados de interpretacin parcial y contradictoriamente distintos. Legitima al victimario. Obvio que a todas luces esta decisin no tendr poder vinculante para los magistrados de la JEP a quienes le compete es la aplicacin del rgimen de justicia transicional en su integridad.

Pareciere que la Corte Constitucional desconociere que tambin existe jurisdiccin internacional por delitos contra la Paz.

Resalto los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto de Roma y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg

Toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de l y est sujeta a sancin.

El hecho de que la persona que haya cometido un acto que constituya delito de derecho internacional haya actuado como Jefe de Estado o como autoridad del Estado, no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional.

El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior jerrquico no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opcin.

Los delitos enunciados a continuacin son punibles como delitos de derecho internacional:

Delitos contra la humanidad: El asesinato, el exterminio, la esclavizacin, la deportacin y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier poblacin civil, o las persecuciones por motivos polticos, raciales o religiosos, cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar un delito contra la paz o un crimen de guerra, o en relacin con l.

La complicidad en la comisin de un delito contra la paz, de un delito de guerra o de un delito contra la humanidad, de los enunciados en esos principios, constituye asimismo delito de derecho internacional.

Delitos de guerra: Las violaciones de las leyes o usos de la guerra, que La jurisdiccin universal establece la competencia para conocer de crmenes, independientemente del lugar en que se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la vctima. Se considera que la jurisdiccin universal se aplica a los principales crmenes internacionales, concretamente, los crmenes de guerra, los crmenes de lesa humanidad y el genocidio, cuya represin por parte de todos los Estados est justificada o es una exigencia por ser una cuestin de poltica pblica internacional y de algunos tratados internacionales.

En los juicios de Nuremberg se consagr, el que nadie puede alegar la condicin de Jefe de Estado, ni de haber actuado bajo ordenes jerrquicas, si tuvo la opcin de no cometer el delito para ser juzgado.

CONCLUSION.

En este aparte corresponde aludir al criterio de seleccin de los Magistrados de la JEP. El Comit de Seleccin defini la escogencia chocante para unos, no aceptada para otros. Pero lo cierto y admisible es que se cuenta con un Tribunal de Paz, para el funcionamiento de la Justicia Transicional en Colombia. Sobre esos Magistrados y magistradas pesa la responsabilidad y el compromiso de aplicacin del sistema de justicia analizado. A ellos les incumbe el salto cualitativo del avocatus, al calificado de juristas. Es a los magistrados as ungidos a quienes les compete calificar esos delitos. En modo alguno la meditica ni la Fiscala. A ellos corresponde mantener enhiesta los principios de la Justicia Transicional, en la elemental distincin de su autonoma e independencia en cuanto a lo sustantivo que breva en los principios de la justicia universal.

As surjan leyes y sentencias conversas de ideologa poltica distinta a la inspiracin de la jurisdiccin que ostentan, no os dejis amilanar y si en el entorno de lo procedimental encontrarais obstculos, contis con los principios y experiencias de vuestro criterio jurdico, para que por ningn motivo seis inferiores a las circunstancias!


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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