Portada :: Argentina
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-01-2018

Argentina sigue buscando verdad y justicia pese a los obstculos

Daniel Gutman
IPS


A 34 aos de la recuperacin democrtica, la Justicia de Argentina tiene ms de 500 causas en trmite por violaciones de derechos humanos cometidas durante la ltima dictadura militar (1976-1983). La elevada cifra habla de la vigencia del proceso de verdad y justicia, pero tambin de las demoras que oscurecen el escenario.

Desde que en 2003 se retomaron las investigaciones judiciales, se dictaron 200 sentencias, de las cuales solo 60 estn firmes, mientras que 140 se encuentran en distintas instancias de revisin.

As lo revel un informe de la Procuradura de Crmenes contra la Humanidad, actualizado a diciembre de 2017, que detalla que hay 856 personas condenadas y 110 absueltas.

Al mismo tiempo, hay otras 393 causas en trmite y la pauta de las demoras est dada porque 247 de ellas todava estn en instruccin, la etapa inicial del proceso judicial, que precede al juicio oral y pblico, en el que se determina la condena o absolucin de los acusados.

Los juicios por los crmenes de la dictadura en Argentina han sido un ejemplo para toda la humanidad, porque no hubo otro caso as en el mundo. Y es muy positivo que el Estado est transmitiendo hoy el mensaje de que los juicios siguen, destac Santiago Cantn, ex secretario ejecutivo de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en dilogo con IPS.

Sin embargo, las demoras son graves, porque estamos hablando de acusados que en la mayora de los casos tienen ms de 80 aos, puntualiz Cantn, actualmente secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la ms extensa y poblada del pas.

Que los juicios terminen es importante para todos: para que los acusados no se mueran con un manto de duda sobre ellos y para que las vctimas y toda la sociedad tengan justicia, agreg

La ltima dictadura argentina fue responsable de un plan criminal que incluy la instalacin de cientos de centros clandestinos de detencin, tortura y exterminio en todo el pas. Organismos de derechos humanos sealan que son 30.000 las personas desaparecidas y muertas por la represin ilegal.

Luego de la recuperacin democrtica, el presidente Ral Alfonsn (1983-1989) promovi la investigacin y el castigo de los crmenes. El punto culminante fue el clebre Juicio a las Juntas Militares, que tuvo como acusados a nueve altos jefes de las Fuerzas Armadas.

As, en 1985, el exgeneral Jorge Videla y el exalmirante Emilio Massera, hombres fuertes de la primera etapa de la dictadura, la ms brutal de la represin, fueron condenados a prisin perpetua.

Sin embargo, bajo presin militar, en 1986 y 1987, el Congreso Nacional dict las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que restringieron fuertemente las posibilidades de investigacin y condena. El crculo fue cerrado por el presidente Carlos Menem (1989-1999), quien en 1990 indult a Videla, Massera y al resto de los jefes militares presos.

Solo en 2001, un juez de primera instancia declar invlidas las dos leyes exculpatorias, con el argumento de que los de la dictadura fueron crmenes contra la humanidad y por lo tanto no pueden ser objeto de amnistas.

Esa decisin marc un cambio de poca, reafirmada en septiembre de 2003, cuando el Congreso, a instancias del presidente Nstor Kirchner (2003-2007), declar nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

A partir de all se retomaron las investigaciones judiciales y se removi el ltimo obstculo en 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunci por la imprescriptibilidad de los crmenes contra la humanidad y por la imposibilidad de perdonarlos.

Es muy importante que desde 2003 hasta hoy se hayan hecho 200 juicios, gracias al esfuerzo y el compromiso de vctimas y familiares, consider Luz Palms Zalda, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organizacin que promovi la primera declaracin de inconstitucionalidad de las leyes de amnista, en 2001.

Palms Zalda destaca algunos juicios en particular, como el del Plan Cndor, que finaliz en 2016 con 15 condenados, en el que se prob que existi un plan de represin poltica entre distintas dictaduras del Cono Sur.

Tambin valoriza especialmente el de los hechos ocurridos en la Escuela de Mecnica de la Armada (ESMA), el centro clandestino emblemtico de la dictadura, finalizado en noviembre pasado con 29 condenados a cadena perpetua.

All se probaron los llamados vuelos de la muerte, en los que fueron arrojadas al ro, por ejemplo, las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, dijo Palms Zalda a IPS.

La abogada, de todas formas, advierte que el proceso de justicia y memoria atraviesa diversas dificultades, que son responsabilidad de los tres poderes del Estado.

El CELS fue uno de los 13 organismos de derechos humanos argentinos que en octubre de 2017 denunciaron, en una audiencia ante la CIDH realizada en Montevideo, que el gobierno argentino debilit o desmantel dependencias oficiales dedicadas al relevamiento de documentos de la dictadura, con el fin de aportar pruebas a la Justicia.

Tambin dijeron que el Congreso no puso en funcionamiento la comisin bicameral que debe investigar las complicidades econmicas con la dictadura, creada por ley en noviembre de 2015.

Para el socilogo e investigador Daniel Feierstein, desde que Mauricio Macri asumi la Presidencia, en diciembre 2015, se constata con preocupacin el desmembramiento o recorte de reas de investigacin y el vaciamiento de fiscalas dedicadas a estas causas, segn dijo a IPS.

Adems, pareciera haberse creado un nuevo clima judicial que ha llevado a muchos tribunales a otorgar con facilidad prisiones domiciliarias a los genocidas, ha aumentado significativamente el nmero de absoluciones y se han rechazado prisiones preventivas en un contexto donde las mismas se incrementan para delitos de menor gravedad, agreg Feierstein.

Se trata entonces de un panorama contradictorio, con un proceso que parece continuar pero en condiciones cambiantes, que generan fuertes niveles de incerteza, alert.

El informe de la Procuradura, que pertenece al Ministerio Pblico Fiscal de la Nacin, precisa que desde que reanudaron las causas en 2003 hubo 2.979 imputados, de los cuales 1.038 estn detenidos, 1.305 libres, 37 prfugos y 599 fallecidos, de estos 100 con sentencia y 499, antes de ella.

Un dato significativo es que ms de la mitad de los presos (549) gozan del beneficio de arresto domiciliario, lo que en algunos casos ha despertado un fuerte repudio social.

Aunque se vayan a la casa, quedan condenados por la historia, por la sociedad y en algunos casos hasta por sus propias familias, subray Norma Ros, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en dilogo con IPS.

Hace algunos aos, nunca hubiramos imaginado todo esto. Y tal vez lo ms importante es que ya est largamente demostrado que no mentimos cuando denunciamos los crmenes de la dictadura, agreg.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2018/01/argentina-sigue-buscando-verdad-justicia-pese-los-obstaculos/



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter