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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-01-2018

Los presupuestos son responsabilidad de todos

Juan Francisco Martn Seco
Repblica de las ideas


Ao nuevo, presupuestos antiguos, ya que el 1 de enero, debido a la falta de consenso para aprobar los de este ao, se han prorrogado de forma automtica los de 2017. Alrededor de los Presupuestos Generales del Estado se ha levantado todo un andamiaje de mitos. En primer lugar, se les concede una importancia que en realidad no tienen. Se habla de cuadro de mandos, se le considera el documento ms importante que elabora el Gobierno, concrecin de su programa, expresin de su poltica, etc. Se les otorga un carcter reverencial, pero en el fondo su contenido es mucho ms modesto y tiene menos relevancia de lo que normalmente se piensa, porque es muy pequeo el margen de maniobra que existe de un ao a otro.

El error surge al considerar como parte de los presupuestos muchas cosas que en realidad no lo son. El gobierno de turno ha aprovechado siempre su aprobacin anual para incorporar toda clase de modificaciones legales que, de hecho, deberan tener vida propia e independiente de la ley de presupuestos. La razn de este sesgo hay que buscarla en que esta norma goza de una tramitacin parlamentaria especial y acelerada, distinta de cualquier otra ley, con lo que se acortan los plazos y se simplifican los requisitos del procedimiento.

Ao tras ao, la ley de presupuestos iba agrandndose hasta el punto de convertirse en un mnibus donde tena cabida cualquier medida, aunque nada tuviera que ver con las cuentas pblicas. El Tribunal Constitucional se pronunci en contra de esta corruptela, no obstante, como quien hace la ley hace la trampa, desde esa sentencia la ley de presupuestos recoge exclusivamente materias presupuestarias, pero se ha creado una ley nueva denominada de acompaamiento que, como su propio nombre indica, sirve de comparsa a los presupuestos, en la que se incluyen los asuntos ms dispares. Ahora bien, si prescindimos de estos aadidos y nos centramos estrictamente en los presupuestos, veremos que el margen de discrecionalidad no es muy elevado, tanto ms cuanto que nos movemos dentro de la Unin Monetaria y de las imposiciones de Bruselas.

Hay que comenzar sealando que la aprobacin recae exclusivamente sobre las partidas de gastos. El estado de ingresos, por el contrario, es solo una previsin de la recaudacin anual basada en el cuadro macroeconmico y en la normativa de los diferentes tributos. Es una tarea estrictamente tcnica y en principio no implica ninguna decisin poltica, a no ser que se pretendan modificar las normas fiscales, pero cualquiera de estos cambios no tiene por qu ligarse a la aprobacin presupuestaria. Otra cosa es que en ocasiones los gobiernos inflen las cifras de cara a cuadrar artificialmente el dficit. Pero las trampas nunca pueden ser la norma. Las previsiones podrn, adems, cambiarse a lo largo del ejercicio si se modifican los supuestos sobre los que est fundamentada la estimacin.

En cuanto a los gastos, la capacidad de decisin es menor de la que habitualmente se piensa. En el actual Estado de las Autonomas el grado de descentralizacin es muy elevado y, por lo tanto, las competencias que permanecen en manos del Estado son reducidas. Por otra parte, muchas de las partidas estn ya comprometidas en el momento de su aprobacin, o derivan de hechos o parmetros que se encuentran fuera de las decisiones del Gobierno o del Parlamento.

Los gastos financieros dependen de las condiciones del mercado o de la actuacin del Banco Central Europeo. La retribucin de los empleados pblicos presenta una fuerte inercia y su incremento anual suele venir en buena medida determinado por la negociacin con los sindicatos. Los gastos sociales, incluyendo las pensiones y el seguro de desempleo (dos de las partidas ms cuantiosas), se fijan de acuerdo con la legislacin vigente que, lgicamente, se puede cambiar, pero que no tiene por qu hacerse, tal como se est viendo, en la ley de presupuestos.

En cuanto a la inversin pblica, lo nico relevante es la cifra total, puesto que su composicin est condicionada por las infraestructuras ya en marcha y por la facultad que la ley presupuestaria concede a los diferentes gestores para realizar modificaciones entre las distintas partidas de gasto. Por ltimo, conviene no olvidar que los presupuestos se discuten bajo importantes restricciones, las que impone la cifra mxima de gasto, pero, sobre todo, los programas de Bruselas. Todo ello conlleva a que el nmero de variables relevantes sobre las que se puede actuar no sea muy cuantioso y su negociacin, perfectamente asumible por todas las formaciones polticas con representacin parlamentaria. Cosa distinta es la viabilidad de llegar finalmente a pactos.

Otro mantra que revolotea sobre los Presupuestos Generales del Estado es la creencia de que su aprobacin solo le importa al Gobierno. Paradjicamente, sin embargo, los gobiernos -y ms si son conservadores- se encuentran muy cmodos con un presupuesto prorrogado, ya que los ingresos van a incrementarse de cualquier modo de acuerdo con el crecimiento del PIB nominal (incremento real ms inflacin), mientras que las distintas partidas de gasto estn congeladas en la cuanta del presupuesto anterior, lo que le puede servir de excusa en su objetivo de estabilidad presupuestaria y en la aplicacin de la poltica restrictiva.

En esta lnea hay que remarcar el expolio que, por ejemplo, representa para los jubilados que sus pensiones no se actualicen de acuerdo con el ndice de precios, teniendo en cuenta que los ingresos del Estado s se incrementan automticamente con la inflacin. En realidad, se est gravando a todos los pensionistas con un impuesto que es acumulativo ao a ao y que representa una redistribucin de la renta en contra de este colectivo.

En nuestro pas la existencia del bipartidismo ha repartido durante largo tiempo los papeles con un carcter muy determinista. De las dos grandes formaciones polticas, al partido del gobierno le corresponda por principio la defensa y aprobacin de los presupuestos, y al de la oposicin, la censura radical -enmienda a la totalidad se ha denominado- sin mayores matizaciones. Cuando el gobierno tena mayora absoluta, el presupuesto se aprobaba sin ningn problema y sin que se aceptasen ms enmiendas que las que el partido mayoritario de forma graciable permita. El papel del Parlamento resultaba inoperante. En el caso de que la mayora no fuese absoluta, el gobierno buscaba el apoyo de un partido nacionalista y se actuaba de la misma manera, solo que entonces haba que pagar un buen peaje al nacionalismo de turno, peaje que lgicamente no costeaba el gobierno sino el resto de los ciudadanos cuyas Comunidades no contaban con partidos nacionalistas ni regionalistas.

Ha sido este terreno de juego el que nos ha conducido a la situacin actual de descontrol autonmico tanto en Catalua como en el Pas Vasco, territorios en los que el Estado est prcticamente ausente, y donde la Administracin central ha abdicado de muchas de sus competencias y, de lo que es peor, de sus deberes, con tal de no molestar a los nacionalistas. De otra manera sera difcil explicar cmo el Pas Vasco y Navarra, Comunidades con la mayor renta per cpita de toda Espaa, en lugar de ser contribuyentes sean receptores netos, y resultara desde luego imposible concebir el golpe de Estado que se ha producido en Catalua y todas las circunstancias que lo han propiciado.

Sin los acuerdos del Majestic de Aznar y sin las inconscientes promesas de Zapatero, el nacionalismo cataln nunca hubiese estado tan crecido y jams hubiese llegado a un grado tal de prepotencia que le hiciese creer que el nico estado y gobierno legtimo en Catalua era el de la Generalitat, y que el de Espaa no era cosa suya. Por eso resulta tan injustificado e indignante que Aznar pretenda dar ahora lecciones cuando gran parte de lo que sucede tiene en buena medida su origen en aquel hablar cataln en la intimidad.

Tras las pasadas elecciones generales creamos haber salido del bucle en que nos encerraba el bipartidismo. Pensbamos que sera el momento del Parlamento y que, ante un Congreso dividido, se impondran la negociacin y el dilogo; considerbamos que los presupuestos dejaran de ser cosa exclusiva del gobierno para convertirse en asunto de todas las fuerzas polticas, pues todas ellas se esforzaran para modificarlos de acuerdo con sus respectivas posiciones ideolgicas. No ha sido as. Ciertamente hemos superado los problemas de la mayora absoluta, pero no los derivados del chantaje nacionalista, puesto que los partidos han vuelto a las andadas de situarse de forma puramente nominalista en el esquema izquierda-derecha, negndose al pacto y a la negociacin con las fuerzas que consideran en el otro extremo del arco parlamentario.

La decisin de los partidos de definir su ideologa de forma nominalista por contraposicin a la de otros les conduce a negarse por principio no solo a pactar, sino ni tan siquiera a negociar los presupuestos. Sin embargo, las ms interesadas en su aprobacin deberan ser todas aquellas fuerzas polticas o instituciones que estn a favor de cambiar el statu quo en los diferentes captulos. La negociacin presupuestaria debera suponer una buena oportunidad para plantear determinadas reivindicaciones como la mejora en el tema de las pensiones, en el seguro de desempleo, en el gasto para la dependencia, en la inversin pblica, en la retribucin de los funcionarios, etc. La tramitacin de los presupuestos no da para mucho ms, pero tampoco para menos. Sera importante saber hasta qu punto estara dispuesto a ceder el Gobierno en todos estos temas. Podramos encontrarnos con que, a lo mejor, al final los presupuestos aprobados no seran los del gobierno, sino un mix de los del gobierno y de los de la oposicin.

Desde la oposicin, negarse al dilogo y al pacto supone renunciar a toda mejora, abdicar desde el principio a lograr que al menos parte de su programa pase del papel a la realidad, es dar por perdida la batalla antes de iniciada. La repulsa radical a negociar los presupuestos condena a los partidos de la oposicin a la inaccin y a la inoperancia, al tiempo que concede de nuevo el protagonismo a los partidos nacionalistas, con lo que se incrementarn los desequilibrios regionales y se acentuarn las fuerzas centrfugas con los efectos nefastos que se estn haciendo presentes en los ltimos aos.

Tiene razn Guillermo Fernndez Vara al afirmar que las negociaciones sobre Catalua le afectan como presidente de la Junta de Extremadura; al igual que habra que aadir que le concierne la fijacin del cupo del Pas Vasco y de Navarra. La aprobacin de los Presupuestos y los posibles acuerdos que para aprobarlos se vea obligado a realizar el Gobierno con los partidos nacionalistas tienen repercusiones en todas las Comunidades Autnomas. Los presupuestos son un sistema de suma cero y la subordinacin a su aprobacin de la financiacin autonmica no es ningn chantaje de Montoro, sino una realidad, por lo que es difcil entender que un partido que gobierna en varias Comunidades Autnomas, como el PSOE, se niegue a negociarlos. Claro que se entiende an peor que consideren una especie de blasfemia sentarse a discutir los presupuestos y sin embargo crean que es posible llegar a un consenso para modificar la Constitucin.

Fuente: https://www.republica.com/contrapunto/2018/01/11/los-presupuestos-son-responsabilidad-de-todos/



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